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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL


Magistrada Ponente:


MARGARITA CABELLO BLANCO


Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil doce (2012).

Discutido y aprobado en Sala de 3-10-2012.

REF. Exp. T. No. 11001 02 03 000 2012 02062 00

Se decide la acción de tutela promovida por José Orlando Aguirre Silva, Leidy Johana Ávila Cruz, Martha Elizabeth Arias Algarra, Carlos Julio Pérez Martínez, ServioTulio Castro Guerrero, Xiomara Contreras Cruz, Nubia Díaz Cuellar, Gloria Inelda Rojas Carrión, Elida Judith Escobar de Pinilla, Gustavo García Cortés, Abelardo García Segundo, Hugo Guerrero Díaz, Numael Hueso Fonseca, Yolanda Lemus Arrepiche, Leonardo Abella Beltrán, Dagoberto Plata Suárez, Germán José Osorio Ochoa, Ricardo Rey Hernández, María Zully Moreno, Marco Fidel Gómez Granda y Luis Armando Merchán Vergara, frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, integrada por los magistrados Alberto Romero Romero, Gabriel Mauricio Rey Amaya y Nubia Cristina Salas Salas, y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, actuación a la que fueron llamados Alina Rico Betancourth, Nidia Fierro Ávila, José Lisandro Garzón Hernández, He Yanzi, Ricardo Neisa Irreño, María Elvira del Pilar Torres de Gutiérrez, Jairo de la Rocha Montoya, Diana Janeth Barreto Castro, Giovanny Ardila Gil, María Arcila Barbosa, María Claudina Chulitra Moreno, Ana Josefa Cortés Cano, Criselda Díaz Durán, María Johana Franco Grajales, Primitiva Gallego Gómez, Juan Pablo Martínez Galeano, Benedicto Mejía Ramírez, Martha Cecilia Castro Bedoya, Judith Morantes Cantor, Gloiria Emilse Rocha Cruz, Arley Fernando Rojas Garzón, la Central de Vivienda “CENAPROV” y el Curador Ad litem de personas indeterminadas.




ANTECEDENTES

1.- Solicitan los gestores, a través de apoderado especial, el resguardo de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, toda vez que las autoridades acusadas presuntamente los quebrantaron en el juicio abreviado de pertenencia que iniciaron frente a los dos últimos convocados, al apreciar indebidamente las pruebas allegadas regularmente al expediente.


2.- Sustentan su petición en los siguientes hechos relevantes:
2.1.- Que en dicho trámite demandaron que se declare que adquirieron por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio las viviendas de interés social que cada uno posee en el Barrio Villas del Alcaraván de Villavicencio, desde hace más de cinco años en forma quieta, pública e ininterrumpida, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad.
2.2.- Que el estrado judicial cognoscente, mediante sentencia de 3 de diciembre de 2010, negó las pretensiones del libelo, a pesar de que halló acreditados los elementos estructurales de la pertenencia, apoyándose para ese efecto en un precedente del tribunal superior de ese distrito, según el cual las casas de carácter social, conforme con la Ley 9ª de 1989, son aquellas que se construyen en cumplimiento de planes de desarrollo municipales, concepto que tilda de equivocado.
2.3.- Que contra esa providencia interpusieron el recurso de apelación, pero la corporación de segundo grado la confirmó el 29 de junio de 2012, por no haber cumplido la parte actora la carga probatoria impuesta por la ley procesal, unido a que en el dictamen pericial allegado se aseguró que los predios reclamados por cinco (5) de los pretensores eran lotes en construcción, que los testigos fueron imprecisos y que los documentos no demostraron el animus y el corpus propios de la posesión.
2.4.- Que la ponderación de las pruebas efectuada por el tribunal accionado comporta una vía de hecho, en la medida que no existe ninguna tacha a los testigos y a los documentos arrimados, amén de que no es razonable que 34 de las viviendas pretendidas corran la misma suerte de los 5 inmuebles respecto de los cuales se constató su inhabitabilidad, por lo que se imponía el acogimiento de las súplicas de aquellos actores que sí ocupaban sus viviendas, con base en la experticia que dio cuenta de sus actos posesorios.
3.- Demandan, en consecuencia, que se revoquen los fallos atacados y, en su lugar, se profiera otro en el que se acojan las pretensiones declarativas de los demandantes y se ordene su inscripción en la forma prevenida en la ley.

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS
El Juez Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, tras advertir que la copia del escrito de tutela que recibió es ilegible, informó que ese despacho conoció el proceso de pertenencia en cuestión y una vez concluido el debate probatorio, dictó sentencia absolutoria el 3 de diciembre de 2010, apoyado en un precedente del Tribunal Superior de ese distrito judicial, la cual fue apelada por la parte actora y confirmada por esa corporación el 29 de junio de 2012, pero por otra razón, esto es, que las pruebas aportadas, tanto testimonial como documental, no acreditaron el derecho subjetivo reclamado sobre los bienes determinados.
Los magistrados encartados guardaron silencio.

CONSIDERACIONES
1.- La Corte ha predicado que la acción de tutela procede contra providencias y actuaciones judiciales, cuando constituyen una vía de hecho y el afectado no dispone de otro mecanismo de defensa judicial eficaz para combatirlas, en atención a que están amparadas por las presunciones de legalidad y de acierto, de suerte que, en principio, no le es dable al juzgador constitucional, en este trámite breve y sumario, reexaminar el caudal probatorio allegado al expediente, bajo el entendido que esa tarea es propia del juez natural, en desarrollo de la autonomía e independencia que la Carta Política le reconoce, pues es claro que sus calidades de instructor y gestor de la actividad probatoria lo hacen idóneo para llevar a cabo esa labor, a menos que deje de estimar un medio persuasivo cardinal o la apreciación que haga de los acopiados regularmente sea contraevidente, casos en los cuales es viable acudir a este instrumento residual en procura del amparo superior.
2.- La controversia planteada en este asunto consiste en establecer si las autoridades denunciadas, mediante sentencias de primera y segunda instancia, dictadas el 3 de diciembre de 2010 y 29 de junio de 2012, vulneraron las prerrogativas invocadas por los peticionarios, al denegar las súplicas de la demanda en el referido proceso abreviado de pertenencia, toda vez que les imputó haber incurrido en vías de hecho por no apreciar debidamente el material probatorio allegado legal y oportunamente al expediente.
3.- La solicitud de resguardo no será acogida, habida consideración que no se evidencian los errores mayúsculos imputados por los quejosos y, además, la acción de tutela no fue instituida como instancia adicional para retomar un debate que fue finiquitado por los cauces legales y ante los jueces naturales.
En efecto, el juzgado acusado negó las pretensiones del libelo de pertenencia, apoyándose en un pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, respecto a que los actores no demostraron que los predios pretendidos en usucapión eran viviendas de interés social, por cuanto no aportaron el correspondiente plan de vivienda desarrollado por el municipio, tema sobre el cual resulta inoficioso volver en esta ocasión, si se tiene en cuenta que dicha colegiatura, al desatar el recurso de alzada, reconsideró su posición inicial y prescindió de tal hermenéutica por no ajustarse al texto de las normas que regulan la materia ni a la teleología que las inspiró; sin embargo, como tal decisión, en todo caso, fue confirmada, aduciendo orfandad probatoria de la posesión alegada, entonces, a esta queja se restringirá el examen.
Nótese, al respecto, lo que adujo el fallo de segundo grado que ahora se ataca: “(…) a la luz del análisis probatorio recaudado en el proceso, concluye la sala, que los demandantes desatendieron la carga demostrativa que manda la ley, en esta especie de asuntos, pues como lo ha pregonado la doctrina jurisprudencial, es necesario acreditar plenamente que estos poseyeron el bien; y como se puede observar en el proceso, al confrontar el dictamen pericial (Fls 219 al 454 C-1) y las declaraciones rendidas por los testigos JUAN PABLO FERREIRA GARCÍA, APARICIO ALMANZA GARCÍA, FERNANDO POSADA CASTAÑEDA (Fls 184-185, 197-200, 456-466 C-1), se contrarían en la individualización de cada bien; pues, en la declaración del señor APARICIO ALMANZA GARCÍA (Fl 198 C-1) señala que ‘…MARIA ALICIA BARBOZA, hace 11 años vive allá, DIANA JANETH BARRETO CASTRO hace 7 años la conozco tiene una casa en el barrio,… MARIA CLAUDIA CILATRA MORENO, hace diez años vive ahí,… ANA JOSEFA CORTEZ CANO, hace 6 años que vive ahí,…GLORIA EMILSE ROCHA CRUZ, si la conozco hace 7 años construyó casa ahí’ y en el dictamen pericial se observa que estos bienes son lotes con maleza y/ o lotes en construcción sin adaptación para vivir, evidenciando la sala incoherencia entre lo dicho por los testigos y la realidad, situación similar con la declaración de los demás testigos, reflejándose en las declaraciones carencia de veracidad y uniformidad, para llegar a la plena convicción, sobre lo pretendido por los demandantes, tornándose esto a que los testigos sean sospechosos en su declaración ya que por favorecer a los demandantes inventan situaciones que no son de la realidad; por otro lado, sus relatos no fueron concretos en exponer con claridad y exactitud los hechos jurídicos de la posesión ejercida por cada uno de los demandantes, pues sus relatos fueron abstractos en determinar qué actos y qué fecha iniciaron los actores a ejercer la posesión sobre cada predio, convirtiéndose estas declaraciones frágiles para acreditar la posesión.
Así mismo, las pruebas documentales allegadas al plenario como lo son el pago de servicios de servicios públicos y de impuestos (fls. 219 a 454), no nos indica per se que pueda tenérseles como poseedores a los demandantes, pues tales pruebas no demuestran fehacientemente el animus y el corpus, elementos esenciales de la posesión, pues no indican a cabalidad que los demandantes hubieran ejercido la posesión del bien con ánimo de señor y dueño, por cuanto los recibos pueden ser pagados por un tercero, aún cuando se observa que alguno de estos recibos no han sido cancelados. En este caso, lo que se demuestra con estos documentos es que se está cumpliendo con el pago de una obligación al usufructuar los servicios públicos.

Pues bien, respecto de estas pruebas documentales allegadas al proceso, reseña esta corporación que no conduce inexorablemente a probar la posesión, por cuanto no certifican actos que lleven a la sala a la convicción de la posesión alegada, en cuanto al tiempo referido para obtener dominio sobre cada uno de los predios e igualmente si fueron sufragados directamente por los actores o no”.


Obsérvese, que la sentencia en cuestión no solo recordó las pautas que en materia de carga de la prueba y valoración del testimonio definió el legislador y la jurisprudencia, sino que examinó las declaraciones de terceros, los documentos y el dictamen pericial vertidos en el proceso y los apreció en conjunto y de acuerdo con el grado de convicción que le inspiraron, de manera que la conclusión a la que arribó de que tales probanzas no acreditaron la posesión alegada en la demanda, indistintamente de que la Corte la prohíje, no es susceptible de tildarla de error inexcusable, en la medida que no es absurda, antojadiza ni contraevidente, aparte de que la inconformidad de las partes contendientes con la decisión adversa no es suficiente para catalogarla como tal y, por ende, no justifica la intervención del juez de tutela, menos cuando en esta particular materia el funcionario judicial goza de una amplia libertad para ponderarlas.
A propósito de la vía de hecho, esta corporación ha reiterado que: “independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo análisis” (sentencia de 29 de febrero de 2012, exp. 2011-00477-01, reiterada el 12 de septiembre del mismo año, exp. 2012-01936-00).
En todo caso, se recuerda que el recurso de amparo no fue concebido como tercera instancia para revisar litigios zanjados por los jueces naturales, a través de los senderos previstos en la ley, de modo que los sujetos procesales, en principio, deben atenerse sin atenuantes a las decisiones adoptadas en su seno.
4.- En este orden de ideas, se desestimará la petición de salvaguarda constitucional.

DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la solicitud de tutela impetrada por los accionantes, a través de mandatario especial.
Reconocer al abogado José Alberto Leguizamo Velásquez como apoderado judicial de Ricardo Rey Hernández, María Zully Moreno, Marco Fidel Gómez Granda y Luis Armando Merchán Vergara, para los fines y en los términos conferidos en los respectivos poderes, obrantes a folios 233 a 235.
Comuníquese lo resuelto en este fallo a los interesados por el medio más expedito y, si no fuere impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

MARGARITA CABELLO BLANCO



RUTH MARINA DÍAZ RUEDA


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ


JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ




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