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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

MARGARITA CABELLO BLANCO


Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012).


Discutido y aprobado en Sala de 10-10-2012



Ref. : T. No. 11001-22-15-000-2012-00591-01


Se decide la impugnación formulada contra el fallo proferido el 5 de septiembre de 2012, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual concedió la acción de tutela promovida por Reinel Gómez Riveros frente al Comandante General del Ejército Nacional, trámite al que fueron vinculados el Ministerio de Defensa Nacional, Grupo de Atención al desmovilizado –GADH- y el Batallón de Selva No. 51 “Gr José María Ortega”.


ANTECEDENTES

1º.- El gestor demandó la protección de los derechos fundamentales de petición y debido proceso, presuntamente vulnerados por la entidad acusada al no “RESPONDER de manera precisa concreta de fondo y eficaz” la solicitud impetrada.



2º.- Se extrae de su confuso escrito, como fundamento de su queja constitucional, en síntesis, que elevó ante la entidad querellada y el Ministerio de Defensa Nacional una petición, a efectos “que se me paguen los resultados obtenidos por parte de la fuerza pública ejército nacional, que fueron certificados, pero según el Ministerio de Defensa, tienen inconsistencias de las cuales desconozco su procedimiento y que pertenece a trámites ante las entidades por ser material [de] información reserva[da]”, pero a la fecha no lo ha cumplido.
3º.- Que la precedida solicitud le fue contestada en forma “negativa”, ya que la remitió por “competencia”, cuando la directiva ministerial No. 16 del 23 de julio de 2007, establecida por el Ministerio de Defensa determina, entre otras cosas “que la ejecución del programa y la misión particular del comandante general de las fuerzas militares QUIEN deberá impartir las instrucciones para que a través de sus comandantes antes brigadas se solicite al PAHD EL PAGO DE BONIFICACIONES relacionadas con información, armamentos, caletas, etc.”.
4º.- Solicitó, en consecuencia, conminar a la entidad acusada para que dé una debida respuesta, ya que la ofrecida “fue incompleta”.
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO
1º.- El Coordinador, Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, Brigadier General Germán Saavedra Prado, informó que el accionante efectivamente colaboró en forma voluntaria en “la entrega de material de guerra y explosivos”, por lo que en esa condición presentó petición el 2 de marzo de 2012, solicitando “información acerca del estado actual del trámite de reconocimiento de bonificación económica ante el Ministerio de Defensa Nacional, por haber colaborado con la Fuerza Pública”; así las cosas, por Oficio No. 2150 de 26 de marzo de 2012, “requirió y trasladó al comandante del Batallón de Selva No. 51 ‘Gr. José María Ortega’ la solicitud elevada con el fin que ese Batallón se pronunciara de fondo con respecto a lo afirmado, al ser este Batallón el competente y directo responsable, de conformidad a lo establecido en la Directiva Ministerial No. 16 de 23 de julio de 2007”, y mediante comunicación No. 2151 de la misma calenda notificó al peticionario informándole “la imposibilidad jurídica de esta Dependencia, en adelantar el trámite de reconocimiento de bonificación económica ante el Ministerio de Defensa Nacional, por no cumplirse los requisitos establecidos”.
Añadió que en la susodicha “Directiva Ministerial” se estableció las “instrucciones a los Comandantes de las Unidad[es] Militares y/o de Policía, con el fin que elaboren un ‘acta o certificación’ que contengan las firmas del Comandante de la Brigada, Comandante de la Unidad Táctica, Segundo Comandante de la Unidad Táctica, Oficial y/o Suboficial de l Unidad Táctica y el desmovilizado con su impresión dactilar; en la que se deje constancia de la colaboración voluntaria efectuada por el desmovilizado individual”.
De igual manera, se estableció en el documento en precedencia que para que la certificación surta el correspondiente trámite administrativo de reconocimiento de bonificación económica ante el Ministerio de Defensa Nacional es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos”: i) “improntas del material de guerra relacionado en la certificación de resultados operacionales”; ii) “Registro fotográfico del material relacionado en la certificación de resultados”; iii) “fotocopia del oficio con disposición a la Fiscalía, con sello de recibido, en la cual se indique todo el material señalado en la certificación de resultados operacionales”; “Experticia técnico o dictamen pericial acerca del material explosivo, sustancias químicas o narcóticos, con el fin de determinar las características esenciales del material reportado, ya que la bonificación económica puede variar dependiendo de lo certificado”.
Adujo que en la dependencia a su cargo reposa registro de la “certificación de resultados No. 1227/MD-CGFM-CE-DIV4-BR22-BASMO-S2 de 04 de noviembre de 2010, en la cual se avala por el Comandante del Batallón de Selva No. 51 ‘Gn. José María Ortega”, la colaboración voluntaria efectuada en la entrega de material de guerra y explosivos”, no obstante esta fue devuelta por oficio No. 1302 de 28 de febrero de 2011, por presentar “inconsistencias”, la que a la fecha no ha sido contestada. En estos mismos términos contestó al actor la petición presentada el 28 de marzo de 2012, pues mientras no se obtenga cabal respuesta a lo requerido, no es posible “proceder al reconocimiento de la bonificación económica”.
Por lo anterior, acotó, que la responsabilidad recae exclusivamente en la “Unidad Militar y/o Policía ante la cual se efectuó la colaboración, por lo que el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, tan sólo se encarga de verificar jurídicamente los requisitos exigidos en dicha directivas, para que una vez cumplidas los mismos, poder iniciar el respectivo trámite administrativo ante el Ministerio de Defensa Nacional”, de ahí que solicitó ser excluida de este trámite constitucional, habida cuenta que no es la competente para satisfacer dicha solicitud. (fls. 87 a 96)
2º.- Por su parte, el Director de Inteligencia del Ejército Nacional, señaló, en breve, que en oportunidad dio respuesta a la petición del quejoso con Oficio No. 108574/MDN-CGFM-CE-JEOPE-DINTE-AJ de fecha 02 de marzo de 2012, notificado por correo. No obstante, esa comunicación fue devuelta, se advierte que de ella conoció su destinatario, pues la aportó junto con el libelo. Por lo demás, la referida solicitud la trasladó al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional y el Segundo Comandante del Batallón de Selva No. 51 ‘Gral. José María Ortega’, actuación esta que comunicó al actor, por lo que pidió denegar el amparo rogado. (fls. 78 y 79 ib.)
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El juez constitucional de primer grado concedió la solicitud de amparo, ordenando, de un lado, a la Comandancia del Ejercito Nacional y al Ministerio de Defensa- Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado que, en el término de 48 horas siguientes, “impartan las órdenes que sean del caso para darle impulso al trámite pendiente con respecto a la solicitud relacionada con el pago de las bonificaciones reclamadas por el accionante y, adicionalmente tome medidas conducentes para hacer cumplir dichas órdenes en caso de que el funcionario competente no cumpla las mismas”; y, de otro, dispuso que el Comandante del Batallón de Selva No. 51 que, en el mismo plazo, proceda de “manera directa o por intermedio de cualquiera de sus dependencias, inicie el trámite necesario para proceder a aportar la documentación faltante con el fin de que, al accionante se le dé respuesta de fondo a lo solicitado”.
Lo anterior por cuanto, a pesar que está acreditado que el accionante ha elevado peticiones (17 de febrero de 2012, 24 de agosto de 2010 y 13 de julio de 2010) ante la Comandancia General del Ejército Nacional, Ministerio de Defensa y al Programa de Atención al Desmovilizado, en su respectivo orden y, han sido contestadas, lo cierto es que ninguna de dichas entidades dentro del ámbito de su competencia, “en especial el Batallón de Selva No. 51, al cual se le dio traslado de la misma para que la resolviera, [no] han conferido un trámite efectivo para atender la solicitud, siendo este un procedimiento que debía ser coordinado a través de las instancias superiores del funcionario competente, esto es, la Comandancia General del Ejercito y el Ministerio de Defensa, con el fin de resolver de fondo y de forma definitiva las solicitudes elevadas a través del ejercicio del derecho de petición”, amén que este último organismo no ha dado respuesta a la petición que en su momento fue traslada por dicha cartera ministerial. (fl. 66 a 71).
LA IMPUGNACIÓN
La interpuso el Asesor Jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual reiteró lo dicho en la contestación de tutela. De otra parte, puntualizó que no existe prueba alguna que demuestre que vulneró el derecho de petición que alega la accionante.
Finalmente, adujo que en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Ministerial No. 16 de 23 de julio de 2007, le corresponde a las Unidades Militares o de Policía elaborar el “acta o certificación” que contengan “las firmas del Comandante de la Brigada, Comandante de la Unidad Táctica, Segundo Comandante de la Unidad Táctica, Oficial y/o Suboficial de la Unidad Táctica y el desmovilizado con su impresión dactilar; en la que se deje constancia de la colaboración voluntaria efectuada por el desmovilizado individual”. Del mismo modo esta certificación debía cumplir los siguientes requisitos: i) “improntas del material de guerra relacionado en la certificación de resultados operacionales”; ii) “Registro fotográfico del material relacionado en la certificación de resultados”; iii) “fotocopia del oficio con disposición a la Fiscalía, con sello de recibido, en la cual se indique todo el material señalado en la certificación de resultados operacionales”; “Experticia técnico o dictamen pericial acerca del material explosivo, sustancias químicas o narcóticos, con el fin de determinar las características esenciales del material reportado, ya que la bonificación económica puede variar dependiendo de lo certificado”.
En este orden de ideas, la dependencia a su cargo reposa registro de la “certificación de resultados No. 1227/MD-CGFM-CE-DIV4-BR22-BASMO-S2 de 04 de noviembre de 2010, en la cual se avala por el Comandante del Batallón de Selva No. 51 ‘Gn. José María Ortega”, la colaboración voluntaria efectuada en la entrega de material de guerra y explosivos”, no obstante esta fue devuelta por oficio No. 1302 de 28 de febrero de 2011, por presentar “inconsistencias”, la que a la fecha no ha sido contestada.
Por lo demás, respondió “jurídica y de fondo” la petición del actor, mediante oficio No. 2151 / MDVPAI-DP-GAHD-BONIFICACIONES-1.10 de 26 de marzo de 2012 (fl. 108), en la que se le informó que “el expediente que contenía la certifación de resultados, había sido devuelto al Batallón de Selva No. 51 ‘Gr. José María Ortega’, mediante el oficio No. 1302 / MDN – GPAHD-AYUD-BONIF-29.26 de 28 de febrero de 2011”, pues debe entenderse que hasta tanto no se obtenga cabal respuesta a lo requerido, no es posible “proceder al reconocimiento de la bonificación económica”; empero, a la fecha no ha recibido contestación alguna. En estos términos, pidió, ser excluirla del amparo concedido.
CONSIDERACIONES

1º.- Recuerda la Corte que la acción de tutela es un instrumento constitucional de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991 con el objeto de que cada persona por sí misma o a través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos taxativamente señalados por el legislador.


Tal mecanismo de protección, acorde con el referido precepto, es de carácter residual y subsidiario porque sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2º.- El derecho de petición es una de las garantías fundamentales que nuestro ordenamiento constitucional –art. 23 de la C.P.- y legal le brindan a las personas para hacer efectivos los garantías de información y participación, cuyo alcance ha sido decantado por la jurisprudencia, precisando que es la facultad de su titular de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades para obtener una respuesta que debe satisfacer los requerimientos de claridad, precisión y congruencia, además de ser notificada oportuna y debidamente, so pena de infringir su núcleo esencial.

3º.- Para el caso que ocupa la atención de la Corte, debe advertirse que la queja constitucional se centra en que, según lo afirma, al reclamante se le han vulnerado sus derechos de petición y debido proceso, pues el Comandante General de las fuerzas Pública del Ejercito Nacional no ha respondido su solicitud de “manera precisa[,] concreta[,] de fondo y eficaz”, a efectos de que se le pague la bonificación económica por la colaboración voluntaria efectuada ante la Comandancia del “Batallón Selva No. 51 ‘Gr. José María Ortega”, pero que el Ministerio de Defensa objetó, por cuanto la certificación expedida por aquella compañía presentaba “inconsistencias”.


4º.- En cuanto a la actuación acusada, la Sala advierte que las explicaciones presentadas por la entidad impugnante no son suficientes ni satisfactorias en orden a solucionar el problema que aqueja al actor, pese a que la misma dio una respuesta, indicando que “de conformidad con lo preceptuado en los artículos 6, 33 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con la Resolución 6530 de de 1995 del Ministerio de Defensa, dentro de los términos de ley, cordialmente me permito responder en forma definitiva el derecho de petición impetrado, allegándole sendas copias de los oficios mediante los cuales se trasladó su petición por competencia, a la Brigada de la Selva No. 2 y al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado GAHD”.
Sobre la materia señalada la jurisprudencia de la Corte ha precisado que “[p]ara que en la práctica se cumpla con la finalidad ontológica de dicha garantía fundamental, es indispensable que se satisfagan no sólo con el requisito de la prontitud en atender la petición, sino que la autoridad debe dar ineludible resolución a esta, lo cual implica dar al petente una respuesta que aborde el fondo de lo solicitado, bien sea positiva o negativamente, pero en todo caso sin evasivas, porque ‘(…) no tendría sentido si se entendiera que la autoridad ante quien se presenta una solicitud respetuosa cumple su obligación notificando o comunicando una respuesta apenas formal en la que no se resuelva sobre el asunto planteado. El derecho de petición lleva implícito un concepto de decisión material real y verdadera no apenas aparente. Por tanto, se viola cuando, a pesar de la oportunidad de la respuesta, en ésta se alude a temas diferentes a los planteados o se evade la determinación que el funcionario debe adoptar’ (Corte Constitucional, sentencia T-575 de 1994 y T-187 de 1995).
Bajo el contexto planteado comparte esta instancia los argumentos en que el juez constitucional de primera instancia fundó la concesión del amparo, pues no puede considerarse satisfecho el núcleo esencial del derecho de petición elevado por el accionante, a fin de obtener el pago de los beneficios contemplados en la ley por entrega de información y material de guerra, a favor de las personas que se reincorporaron a la vida civil, con la respuesta que le ofreció el Jefe del Área de Bonificaciones del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, comoquiera que en efecto en el oficio No. 109-113230/MDVPAIDPGAHD dicho funcionario se limitó a informar que se expidieron dos certificaciones -incluidas en la planilla 84- ‘que se encuentran en revisión para posteriormente ser enviada al Ministerio de Defensa Nacional para el pago’ (fl. 6, cdno. 1), sin exponer en forma clara, precisa y detallada, el procedimiento interno que se le debe imprimir a ese tipo del solicitudes, el trámite administrativo que le falta surtir a su requerimiento y el mayor plazo que podría tardar el pago del beneficio económico reclamado”. (T. exp. 2010-00003-01 de 15 de marzo de 2010).

5º.- Al respecto, es oportuno acotar que la “Directiva Permanente” No. 16 de 23 de julio de 2007 del Ministerio de Defensa Nacional, estableció que sobre el Comandante General de las Fuerzas Militares recaían las funciones de emitir las instrucciones pertinentes dirigidas a los diferentes organismos encargados de dar aplicabilidad al “procedimiento de pago de bonificaciones económicas…para el desmovilizado que haga entrega de material de guerra, intendencia, comunicación o de cualquier otro elemento que facilite a los grupos armados al margen de la ley el desarrollo de actividades ilícitas, así como de sustancias o drogas estupefacientes y los insumos y la maquinaria para su elaboración”, entre otras, a la “Unidad Militar ante la cual se presenta el desmovilizado,…para que le informe acerca de los beneficios económicos a los que de ser así podría acceder…”, de donde advierte la Sala que se trata de un trabajo a ejecutar en forma coordinada y solidaria entre la entidad superior y el funcionario competente y, por ende responder por esos mismos actos frente al ciudadano a efectos de ofrecer una respuesta de fondo a la petición impetrada.


6º.- En este orden de ideas, observa la Corte que si bien, el Ministerio de Defensa Nacional no ha incurrido, en principio, en la falta adversa que afronta el querellante, pues la omisión obedece a la respectiva unidad militar “Batallón de Selva No. 51” que realizó el procedimiento y obtuvo como resultado la colaboración del accionante, también lo es que al conceder el amparo deprecado, se impone que a través del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, que depende de la citada cartera ministerial, adopte la determinación, de manera urgente, en cuanto autorizar o no el pago de la compensación a que tenga derecho el actor conforme la información que registre aquel Organismo.
Entonces, como en el asunto que concita el estudio de la Corporación no se dio una contestación con las características que exige la jurisprudencia nacional, independientemente de que la respuesta que sea dispensada en forma negativa o positiva, para que se pueda entender satisfecho o cumplido el núcleo esencial del derecho de petición, se impone ratificar el fallo objeto de impugnación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de tutela de fecha y procedencia que anteceden.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del presente fallo.

Notifíquese



FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

MARGARITA CABELLO BLANCO

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ




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