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Magistrado ponente


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RADICADO 22.470 TUTELA

MANUEL BERNAL VARGAS



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS


APROBADO ACTA No. 073
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre del dos mil cinco (2005).


ASUNTO

Se resuelve la acción de tutela presentada por el señor MANUEL BERNAL VARGAS contra los magistrados que integran la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, trámite al que igualmente fueron convocados la juez 4ª penal del circuito especializado de descongestión de la misma ciudad, en calidad de accionada, y el director del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, como tercero interesado.



ANTECEDENTES

Mediante sentencia del 31 de marzo del año en curso, la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo dictado el 19 de marzo del 2004 por el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Descongestión de la misma ciudad, en virtud del cual se declaró extinguido el derecho de dominio que tenía el señor MANUEL BERNAL VARGAS sobre un inmueble ubicado en esta capital.


Para el señor BERNAL esas decisiones constituyen vías de hecho por defecto fáctico, pues fueron múltiples los errores en que incurrieron los juzgadores en la valoración de la prueba. No sólo se desconoció la existencia de la promesa de compraventa firmada con la sociedad vendedora, INNOVAS S. C. A., sino el hecho acreditado por la perito del C. T. I. de que los dineros pagados entraron efectivamente a las arcas de la sociedad y además se probó el ingreso de casi $ 40 millones que recibió al hacer efectivo un CDT. También la perito constató que en los libros contables de INMOBILIARIA VÁSQUEZ S. C. A. INNOVAS S. C. A. aparece un registro por más de $ 53 millones, por concepto de cruce de cuentas de honorarios que fueron abonados al precio de la casa.
No se le puede exigir que conociera el origen de los recursos de las sociedades a las que prestaba sus servicios de contador público, porque ellas se constituyeron antes de 1984; su designación se produjo en 1998 y para 1994, año en que se retiró del Banco de la República, el señor MATTA BALLESTEROS no había sido condenado. Si en 1998 para la justicia penal era un hecho notorio la situación del señor MATTA, no se entiende cómo las sociedades pudieron entonces seguir funcionando sin tropiezos, presentar declaraciones de renta y ejercer el comercio sin limitaciones. Insiste que desconocía el origen de los recursos pero aún sabiéndolo, agrega, estaba amparado por el secreto profesional.
A lo anterior añade: i) que demostró su capacidad económica derivada de los ingresos que percibía a título de honorarios profesionales y arriendos, pues era propietario del 50% de tres inmuebles; ii) que probó el ánimo de señor y dueño de la casa adquirida a la sociedad, no sólo mediante los recibos de los gastos en que incurrió para hacerle reparaciones por valor aproximado a los $ 42 millones, sino de los testimonios del arquitecto y del contratista que intervinieron de alguna forma en esas refacciones y, iii) que mediante dictamen grafológico del 3 de mayo del 2001 rendido por una perito del C. T. I., se acreditó la autenticidad y legalidad del trámite surtido en la Notaría 4ª de Bogotá, probando que la documentación se presentó allí el 28 de junio de 1999.
Por todas esas razones, interpuso acción de tutela contra los funcionarios judiciales que decretaron la extinción del derecho de dominio que tenía sobre el inmueble adquirido a la mencionada sociedad, con el propósito de que el juez constitucional le restablezca sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, ordenando la revocatoria de las sentencias cuestionadas.
Quien fungió como juez especializado se opuso a las pretensiones de la demanda. Dijo que el actor intervino en el proceso de extinción de dominio y ejerció sus derechos de contradicción y defensa; que el fallo no constituye una vía de hecho, y que la acción de tutela no es procedente para discutir las decisiones judiciales como si se tratara de una instancia adicional a las que ya agotó.
También se pronunció la juez 4ª especializada, quien informó que el despacho judicial que profirió el fallo fue suprimido y el asunto le fue asignado para dar respuesta a la tutela, aunque sólo remitió copia de las sentencias correspondientes. Los magistrados guardaron silencio.
El subdirector de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes dijo que el Fondo citado como tercero no fue parte en la acción judicial y por lo tanto no puede efectuar ningún pronunciamiento sobre las garantías que se dice fueron lesionadas.

CONSIDERACIONES



1. Procedencia excepcional de la acción de tutela por defectos en la valoración probatoria.
Aunque ciertamente, por regla general, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reabrir debates ya superados en las instancias, la afirmación no es absoluta pues bien puede ocurrir, en casos excepcionales claro está, que la solución del litigio sea irrazonable o arbitraria porque la respuesta judicial desborde los marcos de la juridicidad o se adopte con desprecio de las garantías debidas a todas las personas.
Así también ocurre con la valoración de las pruebas. En general, no puede un recurso de amparo ser utilizado para controvertir la apreciación judicial respetuosa de las reglas de la sana crítica y de los niveles de convicción exigidos para decidir, pero sí resulta ser un instrumento eficaz para dejar sin efecto los fallos que se fundan en el puro subjetivismo del juez o, inclusive, que desconocen la realidad probatoria que existe en el proceso.
Es lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al desarrollar la teoría de las vías de hecho, ha denominado “defecto fáctico”, que se configura cuando se aplica el derecho “sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
Como tal es la crítica que hace el demandante, aparece conveniente examinar el sustento probatorio que se tuvo en cuenta para declarar la extinción del derecho de dominio a que se contrae este asunto.
2. La valoración de la prueba contenida en las sentencias cuestionadas.
Después de referirse a la calidad de narcotraficante de Juan Manuel Matta Ballesteros y a la constitución, a través de su familia, de sociedades comerciales con recursos provenientes de esa actividad, el A quo expuso respecto de la situación del demandante:
5.70 El vínculo de MANUEL BERNAL VARGAS, para con la sociedad INNOVAS S. C. A., es el de simulador de contrato de compra y venta, de una parte, porque acreditado quedó, como que hay prueba de ello, no canceló el valor de la venta del inmueble pactado con la compañía; y por otra, pese a que por el vínculo laboral con la compañía le fue brindada facilidad en la fórmula de contrato, su marcada profesión, como que era el revisor fiscal de la compañía, le exigía el conocimiento del origen de cada una de las acciones e inversiones, lo mismo que el capital y bienes lícitos que debía operar en la empresa.
5.71 No puede, ahora, exigir el señor BERNAL VARGAS a través de su apoderado, el reconocimiento legal de un contrato que jamás se perfeccionó –no hubo pago del valor de la cosa-, mucho menos, pretender el convencimiento del pago de más de 80 millones de pesos por el inmueble vendido, cuando según su propio dicho, la empresa INAGROVAS S. C. A., COVAR S. C. A. y la misma INNOVAS S. C. A., le adeudaron honorarios durante más de un año.
5.72 Su fuente de ingresos quedó al igual que el contrato de compra y venta simulados, pues, no hay prueba de certificaciones ni balances que así lo acredite; tampoco hay prueba de que la suma de 86 millones de pesos haya estado en manos del señor BERNAL; y menos, que se haya entregado a la compañía. La pretensión del opositor carece de respaldo y por lo mismo no está llamada a prosperar. La buena fe no está acreditada, como debe ser, en materia de extinción del derecho de dominio.
Por su parte, el Ad quem señaló:
4.4. En respuesta a las apreciaciones del Dr. Arnulfo Bolívar Calderón en pro del ciudadano Manuel Bernal Vargas, se avizora en su caso una escritura pública No. 2080 de octubre 5 de 1998 con matrícula inmobiliaria No. 140-6949, sin que exista prueba que demuestre esa cancelación. Y las comparaciones que rechaza el censor en torno a que la finca El Danubio localizada en esa región, con similar extensión a ésta, vendida también en ese entonces por la misma sociedad por el monto de 120.000.000.oo, circunstancias carentes de lógica, que contribuyen a que se perfile el instituto de la simulación, como también se configura ésta en relación al garaje y al apartamento 201 ubicado en esta ciudad en la calle 68 No. 5-51, que si bien presentan matrículas inmobiliarias Nos. 140-4712 y 140-4407 (fs. 97-100 c. o. # 8), no aparece por parte alguna escritura pública que de cuenta de la probable negociación, se pretendió dar la apariencia de transacciones o negocios jurídicos dentro del marco de la legalidad, cuando en realidad no lo eran, aspirando con ello engañar al Estado colombiano, para efecto de sustraerse a la extinción de dominio de las propiedades, no vislumbrándose por ende, la calidad deprecada por el censor para proceder a remover el fallo de instancia.
3. Improcedencia del amparo en el caso concreto.
Como quedó reseñado en el numeral anterior, dos fueron las razones fundamentales para declarar la extinción de dominio:
a. Que el contrato de compraventa suscrito entre el señor BERNAL VARGAS y la empresa INNOVAS S. C. A. fue simulado, pues no hay prueba de la capacidad económica del comprador o, por lo menos, de que hubiera tenido en su poder $ 86 millones y los hubiera entregado a la sociedad.
b. Que el señor BERNAL, dada su calidad de revisor fiscal de la sociedad, conocía el origen de los bienes de la empresa.
Dejando de lado el debate probatorio que pretende plantear de nuevo el demandante para controvertir la primera de las conclusiones señaladas, la segunda, apoyada en un hecho que el propio accionante ha afirmado, es por sí misma suficiente para tomar la medida adoptada por los jueces de instancia, porque ciertamente no puede alegarse buena fe exenta de culpa cuando se sabe que la sociedad propietaria del bien derivó sus recursos de la actividad ilícita que desarrollaba el verdadero dueño de la empresa.
Y tenía qué saberlo el señor BERNAL, pues precisamente por la naturaleza de la labor que desempeñaba tenía acceso a todos los documentos de la entidad, a la historia de su constitución, a la composición de las cuotas sociales, a los negocios que realizaba y a las relaciones con las otras empresas del grupo familiar, de manera que no podía serle ajeno tampoco el nombre del señor Matta Ballesteros, incluido en las escrituras y en los registros de la sociedad primigenia, como bien lo examinó el juez de primer grado.
La excusa que aduce el demandante, amparándose en un pretendido secreto profesional que no existe, no es admisible ni aún a título de error porque una cosa es la imposibilidad de revelar el conocimiento privilegiado que se tiene en razón del ejercicio de una profesión, y otra muy distinta que precisamente debido a ese conocimiento el profesional está enterado de la procedencia ilícita de los dineros con los que se compró un inmueble que él mismo pretende adquirir.
En estas condiciones, aún aceptando que no hubo simulación y que el comprador en efecto canceló el precio del bien, la ilicitud del objeto, que conocía, no le permite reclamar la protección de ningún derecho relacionado con esa negociación.
En consecuencia, el amparo solicitado no será concedido.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. Negar el amparo solicitado por el señor MANUEL BERNAL VARGAS.


2. Ordenar que si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARINA PULIDO DE BARÓN

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN

JORGE L. QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER ZAPATA ORTIZ

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria





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