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Magistrado ponente


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Tutela Impugnación: 65.215

LUIS JONATHAN PALACIOS HERNANADEZ.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No.1.

MAGISTRADO PONENTE

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ


APROBADO ACTA No. 062-

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013)




ASUNTO

Sería del caso decidir la impugnación formulada por Luis Jonathan Palacios Hernández, contra el fallo del 29 de enero de 2013, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela interpuesta contra los Juzgados 8° Penal Municipal y 14 ° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, si no fuera porque se observa que en la primera instancia se incurrió en causal de nulidad que afecta todo lo actuado.



HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1. El 8 de octubre de 2010, el Juzgado 8° Penal Municipal del Bogotá condenó al accionante a la pena de 144 meses de prisión al encontrarlo responsable del delito de hurto calificado y agravado. Igualmente, negó cualquier tipo de subrogado penal. El fallo en mención no fue apelado por las partes.


2. La vigilancia de la sanción correspondió al Juzgado 14° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, autoridad ante la cual el accionante solicitó la redosificación de la pena en virtud del artículo 269 del Código Penal (indemnización de perjuicios), la cual fue negada mediante proveído del 8 de mayo de 2012.
3. Por virtud del recurso de apelación interpuesto por el actor, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante proveído del 8 de octubre de esa anualidad, le impartió confirmación.
4. Inconforme con lo anterior, Luis Jonathan Palacios Hernández acude a la acción de tutela contra los Juzgados 8° Penal Municipal y 14° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Bogotá, con el propósito de insistir en la rebaja punitiva prevista en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000.
5. La Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad avocó conocimiento de la acción y mediante fallo del 29 de enero de 2013, declaró improcedente la solicitud de amparo.

6. El fallo de tutela fue impugnado por la parte accionante, razón por la cual fueron remitidas las diligencias a esta Corporación.



CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela fue consagrada por el Constituyente de 1991 para la protección de los derechos fundamentales frente a su amenaza o vulneración por parte de las autoridades o de los particulares en los casos señalados en la ley, y se caracteriza por su informalidad, es decir, que su trámite es ajeno a formalidades procedimentales, sin embargo ello no es óbice para que previo a cualquier determinación el funcionario judicial analice lo relacionado con la competencia, porque si logra establecer que no la tiene, conforme a las previsiones establecidas en el Decreto 1382 de 2000 deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad respectiva para que se pronuncie de fondo.
2. En el asunto sub-examine, a pesar de que en la demanda presentada por Luis Jonathan Palacios Hernández se indica que la acción va dirigida contra los juzgados antes referidos, lo cierto es que de la lectura de su texto, también resulta comprometido lo decidido en sede de segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad que hoy funge como juez constitucional de primera instancia, pues es evidente que resolvió el recurso de apelación contra el auto que negó la rebaja de pena por indemnización de perjuicios a la víctima prevista en el artículo 269 del Código Penal.
Así las cosas, se hace necesario vincularlo por el hecho de intervenir en el proceso penal adelantado contra el actor, con el fin de garantizarle su derecho de defensa puesto que su decisión podrían resultar comprometida.
De modo que, la competencia para conocer y resolver la acción estaba, y está, radicada en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 del 2000:
2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal. (Subrayas fuera del texto original).
En consecuencia, se invalidará todo lo actuado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a partir del auto por medio del cual se admitió la acción de tutela (16 de enero de 2013), y se ordenará el envío de las diligencias a la Secretaria de la Sala Penal de esta Corporación para su asignación como asunto de primera instancia. Las pruebas conservan su validez.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,


RESUELVE


Primero. Declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Superior de Bogotá a partir inclusive de su auto del 16 de enero de 2013. Las pruebas practicadas conservan su validez.

Segundo. Por la Secretaría de la Sala asignasen las diligencias como acción de tutela de primera instancia.

Notifíquese y cúmplase.



GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Magistrado

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

Magistrado


Nubia Yolanda Nova García


Secretaria





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