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Magistrado ponente stp1304-2015 Radicación N


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 2
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

MAGISTRADO PONENTE



STP1304-2015

Radicación N° 77921

Aprobado acta N° 46


Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015).
V I S T O S

La Sala decide en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por el ciudadano FABIO EDISON DÍAZ PANCHE a través de apoderado judicial contra las Fiscalías Tercera Seccional de la Unidad de Descongestión para la Ley 600 de 2000 de Cundinamarca y Dieciséis Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por presuntas lesión de sus derechos constitucionales. Fueron vinculados los presuntos implicados como las víctimas acreditadas dentro del asunto penal.



ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Según lo refieren las diligencias, a partir de la denuncia formulada el 21 de junio de 2007 por el señor JUSTO PASTOR PANCHE LADINO, la Fiscalía Segunda Seccional de Ubaté inició la correspondiente investigación por la presunta comisión del delito de fraude procesal, actuación a la cual fueron vinculados mediante indagatoria a los señores DANILO PANCHE LADINO, JOSÉ RAMIRO, PABLO ENRIQUE PANCHE GONZÁLEZ, GREGORIO PEÑA MOJICA y MARÍA DEL CARMEN FETIVA PANCHE.

Mediante resolución del 5 de septiembre de 2012, el despacho fiscal al momento de resolver la situación jurídica de los vinculados, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y precluyó la investigación por atipicidad de la conducta. Las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía Tercera Seccional de la Unidad de Descongestión para la Ley 600 de 2000 de Cundinamarca para continuar el trámite de notificaciones, los que una vez culminados se archivó las diligencias.

El apoderado de la parte civil, solicitó desarchive de la investigación y nulidad del trámite de notificaciones por cuanto nunca fue informado de la existencia de la anterior resolución, solicitud resuelta desfavorablemente mediante auto del 1º de agosto de 2013. Por tales circunstancias acudió a la acción de tutela, oportunidad en la cual, la Fiscalía al momento de dar contestación advirtió la existencia de los errores aducidos por el togado en la notificación de la providencia, por lo que decretó la nulidad y ordenó correr nuevamente los términos en debida forma. Por tal razón, el Tribunal Superior de Cundinamarca negó la acción de tutela por tratarse de un hecho superado.

Revividos los términos, el apoderado de la parte civil interpuso recurso de reposición en subsidio el de apelación contra la resolución que precluyó la investigación, los que se abstuvo de resolver el despacho fiscal y en su lugar mediante proveído del 19 de junio de 2014 precluyó la investigación por causal objetiva de prescripción, por cuanto la misma se había originado desde el mes de marzo de 2013.

La anterior decisión fue recurrida por la parte civil, a través de los recursos ordinarios de reposición y apelación, el primero resuelto por el mismo despacho el 8 de septiembre de 2014 en el cual no repuso y el segundo decidido por la Fiscalía Dieciséis Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca mediante auto del 21 de octubre del mismo año, con el cual confirmó en su integridad la preclusión por prescripción.

En tales condiciones el ciudadano FABIO EDISON DIAZ PANCHE en calidad de víctima, acuden por intermedio de apoderado al mecanismo excepcional, tras considerar que las Fiscalías Tercera Seccional de la Unidad de Descongestión para la Ley 600 de 2000 de Cundinamarca y Dieciséis Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, incurrieron en vías de hecho al interior de las diligencias penales reseñadas.

Del escrito se infiere que la inconformidad del accionante se contrae principalmente a la mora con la que actuó la Fiscalía delegada de Ubaté en el trámite de la investigación lo que generó la prescripción de la acción penal y la indebida adecuación típica del aspecto fáctico, por cuanto los hechos investigados también lo eran por el delito de fraude procesal, comportamiento que al aumentarse según las previsiones de la Ley 890 de 2004, la acción penal no ha prescrito, por lo que reclama, continuar con la investigación y compulsar las copias pertinentes de ser necesario.



TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Por auto del 2 de febrero de 2014, se avocó el conocimiento de la referida demanda de tutela y se dispuso remitir copia de la misma a los despachos judiciales accionados para que ejercieran el derecho de contradicción y defensa.

Frente a tal requerimiento la Fiscalía Tercera Seccional de la Unidad de Descongestión para la Ley 600 de 2000 de Cundinamarca después de expresar en extenso la carga laboral del despacho y las principales decisiones adoptadas dentro del sumario 25910, el cual finalizó con prescripción de la acción penal, solicita se declare improcedente la acción de tutela por cuanto en ningún momento se han desconocido los derechos del accionante.

A su vez, la Fiscalía Dieciséis Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, allegó copia de la resolución de segunda instancia a través de la cual confirmó la decisión que precluyó la investigación por prescripción



CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por la Fiscalía Dieciséis Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, de la cual es su superior funcional.

Referente a la acción pública que nos ocupa ha de precisarse que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De tal suerte que, cuando no exista otro medio de defensa judicial para buscar la eficacia del derecho atacado o amenazado, surge la acción de tutela como única medida a disposición del titular de aquél, con el fin de llevar a la práctica la garantía que en abstracto le ha conferido la Constitución.

En torno al caso particular que concita la atención de la Sala, la solicitud de amparo promovida por FABIO EDISON DIAZ PANCHE, se orienta a trastocar la firmeza de la resolución que decretó la prescripción de la acción penal y en consecuencia dispuso el archivo de la investigación que se adelantaba contra DANILO PANCHE LADINO, JOSÉ RAMIRO, PABLO ENRIQUE PANCHE GONZÁLEZ, GREGORIO PEÑA MOJICA y MARÍA DEL CARMEN FETIVA PANCHE.

En este orden de ideas, emerge trascendente precisar acerca de la temática planteada mediante sentencia C-534 del 1º de octubre de 1992 por la Corte Constitucional, cuando declaró inexequible, entre otros, el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, y por ello, resulta improcedente dirigir esta acción contra sentencias ejecutoriadas o providencias que pongan término a un trámite judicial, en atención a que, por sus especiales características de subsidiariedad y residualidad no puede ser ejercitada como mecanismo para conseguir la intervención del juez constitucional a fin de derribar la res iudicata que aquellas adquieren, dado que tal pretensión desnaturaliza su esencia y socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcionales que rigen la actividad de los funcionarios judiciales de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política.

Así entonces, tal postulado general, que no es absoluto, puede ser exceptuado en la medida que el mecanismo constitucional se puede ejercitar contra decisiones que hayan logrado su consolidación con abierto desmedro de derechos fundamentales derivados del proceder antijurídico del funcionario judicial, que actúa sin sujeción al ordenamiento, comportamiento que se ha entendido tiene su fuente en el vicio denominado vía de hecho, siendo que, en tales circunstancias el amparo constitucional resulta imprescindible para obviar la materialización de un perjuicio irremediable, razón por la cual la medida que se adopte tiene una vigencia estrictamente temporal.

De esa manera para referirnos al asunto objeto de estudio, advierte la Sala que la decisión censurada, en cuanto atañe a decretar la prescripción de la acción penal y ordenar el archivo de la investigación, cuenta con una motivación razonable, apoyada en la interpretación de la normatividad aplicable en aquella actuación, y a la vez expone los motivos por los que consideró en el caso de estudio se impone tal determinación, es esto es, tras considerar que la investigación se tramitó por el delito de estafa y el último acto se ejecutó el 14 de marzo de 2005, concluyó que para el mes de marzo del 2013, la acción penal se encontraba prescrita, en tanto había transcurrido un término superior a los 8 años fijados en el máximo del injusto penal investigado.

Es evidente, que el tema de discusión está circunscrito a un asunto de interpretación normativa en punto de la decisión que el funcionario accionado adoptó en soberano ejercicio de su autonomía, al conocer de las diligencias adelantadas en contra de DANILO PANCHE LADINO, JOSÉ RAMIRO, PABLO ENRIQUE PANCHE GONZÁLEZ, GREGORIO PEÑA MOJICA y MARÍA DEL CARMEN FETIVA PANCHE, circunstancia que imposibilita al juez de tutela para inmiscuirse en lo que, sin lugar a dudas, es tema propio y exclusivo de las autoridades competentes que actúan como jueces naturales.

El razonamiento del funcionario que conoció el asunto no puede controvertirse en el marco de la acción de tutela, toda vez que en manera alguna se percibe ilegítimo, arbitrario, caprichoso o irracional, como se quiere hacer ver. Por tanto, es claro que el accionante busca cuestionar el raciocinio jurídico de los funcionarios competentes al protestar por el sentido de su decisión, siendo que, frente a tal cometido la tutela no es el medio apropiado.

Si se admitiera que el Juez de tutela verifique la juridicidad de los trámites, o los supuestos desaciertos en la apreciación de las pruebas o en la interpretación de las normas jurídicas por los funcionarios judiciales, no solo se desconocerían los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, de independencia y sujeción exclusiva a la ley, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural, y las formas propias del juicio penal contenidos en el artículo 29 Superior.

Así las cosas, para la Sala la improcedencia de las pretensiones formuladas en la demanda de tutela es la decisión que corresponde adoptar, habida cuenta que no se evidencia quebranto de los derechos fundamentales invocados por el accionante y no se vislumbran actuaciones que configuren una verdadera e inocultable vía de hecho en la decisión reprochada, al punto que sea el juez de tutela el llamado a intervenir para impedir la trasgresión de derechos fundamentales que surjan con ocasión de tal irregularidad.

Ahora bien, en cuanto la inconformidad que presentada el apoderado del accionante, respecto de la adecuación típica sobre la cual debió contabilizarse los términos de prescripción, basta indicar que corresponde a la Fiscalía determinar el aspecto fáctico a través de los cuales pueda establecer los presupuestos establecidos como delito dentro del ordenamiento jurídico penal, es así que en vigencia de la Ley 600 de 2000 la calificación jurídica puede variar en la fase de instrucción o del juzgamiento, no obstante si considera que la investigación se adelantó o debió adelantar por el delito de fraude procesal debe acudir a la Fiscalía de conocimiento para lograr pronunciamiento por dicho comportamiento, no obstante, desde ya debe advertirse que resulta desacertado pretender el aumento punitivo de la Ley 906 de 2004, en la medida que la misma opera únicamente para los delitos cometidos en vigencia de la Ley 906 del mismo año, en los territorios donde entró a regir conforme lo estableció el artículo 530 ibídem.

Finalmente se precisa en cuanto a la pretensión final invocada en la demanda, que se opone a la naturaleza de esta acción pública, erigida en mecanismo de protección de los derechos fundamentales, su utilización para propiciar investigaciones penales o disciplinarias, en consecuencia, si el demandante estima que se configura falta en el ámbito de dichas materias, puede directamente formular la queja o denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Lo dicho en precedencia conduce a concluir razonablemente que en el presente caso, las pretensiones que bajo el amparo de la acción de tutela formula el apoderado del ciudadano FABIO EDISON DÍAZ PANCHE devienen improcedentes.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



R E S U E L V E

1. NEGAR por improcedente las pretensiones de la demanda de tutela promovida por el apoderado del ciudadano FABIO EDISON DÍAZ PANCHE, por las razones expuestas en la anterior motivación.

2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez se encuentre en firme el fallo.

Notifíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



Secretaria



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