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Magistrado Ponente mauro solarte portilla


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Casación 20229

JAIRO MANCO ZAPATA



Proceso No 20229
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL


Magistrado Ponente

MAURO SOLARTE PORTILLA

Aprobado acta número 065




Bogotá. D.C., agosto cuatro (4) de dos mil cuatro 2004)

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de JAIRO MANCO ZAPATA, en contra de la sentencia proferida el 28 de mayo de 2002 por el Tribunal Superior de Antioquia, por medio de la cual confirmó la decisión del Juzgado Segundo del Circuito Especializado del mismo distrito judicial, que condenó al procesado a la pena principal de treinta y siete años de prisión, como autor del doble delito de secuestro extorsivo agravado en concurso con el porte ilegal de armas.



HECHOS

El día veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve, al concluir la jornada de trabajo como Gerente del Colegio Gimnasio Vermont en el Municipio de El retiro, José Rojas Rodríguez se dirigía hacia la ciudad de Medellín por la vía carreteable de Las Palmas, siendo interceptado por varios sujetos armados que lo obligaron a bajarse de su vehículo y lo retuvieron contra su voluntad hasta el día veinticinco del mismo mes, previo el pago de la suma de cinco millones de pesos y la promesa de cancelar dos millones setecientos mas en el transcurso de la semana siguiente.

El primero de junio del mismo año, cuando la empleada del servicio llevaba a la clase de cerámica a la niña Elisa Vásquez Cano, fueron abordadas por dos sujetos que se movilizaban en un taxi y llevadas hasta la Finca “El Peñasco” de la vereda “El Porchuelo” del Municipio de Girardota, en donde mantuvieron a la menor durante diez días mientras le exigían a su padre ciento cincuenta millones de pesos por su liberación.
Enteradas las autoridades del plagio, planearon el operativo que terminó con el rescate de la menor, logrando la captura entre otros, de Nelson Horacio Benítez Garcés, quien reveló la participación en el hecho de Francisco de Asís Hernández, quien a su vez admitió que JAIRO MANCO ZAPATA participó en la ejecución del secuestro.
Durante el curso de esta última investigación se tuvo conocimiento de la participación de MANCO ZAPATA en el secuestro de José Rojas Rodríguez.

ACTUACION PROCESAL

Para el efecto se seguirá las precisas líneas que al respecto trae el Señor Procurador delegado:


Primera causa:
Por la confesión de algunos de los sindicados que participaron en el secuestro de la niña Elisa Vásquez Cano, se tuvo conocimiento de la participación de algunos de ellos en el plagio de Camilo José Rojas Rodríguez, ordenado compulsar copias a manera de prueba trasladada a la investigación previa que la fiscalía tramitaba.
Como consecuencia de las anteriores decisiones se ordenó vincular a Francisco Asís Hernández y JAIRO MANCO ZAPATA, se los escuchó en diligencia de indagatoria y se dictó contra ellos medida de aseguramiento de detención.
Clausurada la instrucción, luego del intento fracasado de la defensa por obtener la preclusión a favor de MANCO ZAPATA, el despacho cerró la investigación y la calificó el 1 de enero de 2000, acusando al procesado por la comisión del delito de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal (artículos 268 del código penal, modificado por la ley 40 de 1993, agravado por el numeral 9, artículo 201 del código penal penal, modificado por el artículo 1 del decreto 3664 de 1986)).
La Fiscalía delegada ante el tribunal confirmó la acusación el 15 de mayo del mismo año.
Segunda causa:
Por el secuestro de la menor Elisa Vásquez Cano fueron capturados, Rubén Darío Paniagua Garcés, Maribel Benítez Graciano, Ana Rubiela Panesso Cartagena, Luis Alfonso Ramírez Pino, Nelson Horacio Benítez Garcés, José Vidales Hernández y José Joaquín Hoyos Betancur.
Al ser escuchado en diligencia de indagatoria, Nelson Horacio Benítez Garcés reveló la participación en los hechos de Francisco de Asís Hernández, quien a su vez destacó la intervención en los mismos de Jairo Manco Zapata. Contra ellos se dictó medida de aseguramiento por la probable comisión de los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Con posterioridad se les imputó adicionalmente el delito de rebelión y se revocó la referente al delito de porte ilegal de armas, al considerar que ella estaba amparada en su tenencia.
A instancias de los procesados Nelson Horacio Benítez, Ana Rubiela Panesso y Rubén Darío Paniagua, acepta la solicitud de sentencia anticipada y niega la de negociación de cargos que solicitó Luis Alfonso Ramírez Pino.
Finalmente, el 30 de mayo de 2000, luego de clausurar la investigación penal, la fiscalía acusó a JAIRO MANCO ZAPATA, Luis Alfonso Ramírez Pino y Francisco De Asís Hernández, como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado, y al último también por el de rebelión.
Los acusados interpusieron contra dicha decisión recurso de apelación que les fue adverso.
Al Juzgado segundo penal del circuito del Distrito Judicial de Antioquia le correspondió conocer del proceso penal en el cual primero cobró ejecutoria la resolución acusatoria; y al Juzgado Tercero Especializado del Distrito Judicial de Medellín la segunda de ellas. Empero, el tribunal Superior de Medellín ordenó que se tramitara bajo una misma cuerda la fase del juicio.
El día 5 de marzo de 2002, el Juzgado segundo del circuito especializado del Distrito Judicial de Antioquia, condenó entre otros, a JAIRO MANCO ZAPATA a la pena principal de 37 años de prisión, multa de 153 salarios mínimos legales, interdicción de derechos y funciones publicas por diez años, y al pago de los perjuicios morales y materiales causados con la infracción.
Apelada la decisión, el Tribunal Superior de Antioquia la confirmó mediante providencia del 28 de mayo de 2002. Contra esta determinación el defensor del procesado interpuso en forma oportuna el recurso extraordinario de casación.

DEMANDA DE CASACIÓN

Con base en la causal primera de casación, el defensor formula un solo cargo contra la sentencia del tribunal.


Cargo único.
Violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 66 numeral 7 del código penal de 1980, 61 y 64 numeral 1 del mismo código, y 6 y 56 del código penal de 2000.
Del texto del artículo 6 del código penal, el demandante destaca la importancia del principio de legalidad de los delitos y de las penas y los de irretroactividad y favorabilidad de la ley penal, para luego de referirse a ellos y de transcribir la importante elaboración doctrinaria de diversos autores sobre el tema, concluir que en el caso de los secuestros de Camilo José Rojas, ocurrido el día 29 de abril de 1999, y el de la niña Elisa Vásquez ejecutado el día 1 de junio del mismo año, se pasaron por alto los principios enunciados.
Afirma que en el código de 1980 se consagraba que la pena se tasaría en la forma indicada en el artículo 61 del código penal, razón por la cual el juzgador debía partir de la pena mínima contemplada en la respetiva disposición penal, y en caso de concurso, de la pena mínima contemplada para el delito mas grave. Sin embargo, a su juicio, el juez de instancia partió de una pena básica excesivamente superior al mínimo y muy cercana al máximo, lo que no habría ocurrido si se hubiese tasado la pena atendiendo las precisas directrices del artículo mencionado, es decir, la gravedad de la conducta, el grado de culpabilidad y las modalidades de la conducta punible, las circunstancias de agravación y atenuación y la personalidad del agente.
En su criterio, el principio de favorabilidad se habría respetado cabalmente si además de aplicar el texto de los artículos 169 y 170 del código de 2000, se hubiera interpretado correctamente el texto del artículo 61 del código derogado.
A renglón seguido, estima que se interpretó erróneamente el numeral 6 del artículo 67 del código penal de 1980, al considerar como agravante la situación allí contemplada (haber actuado en complicidad de otros), cuando lo cierto es que todos los condenados lo fueron a título de autores, extendiendo la norma a situaciones que ella no contempla.
Por último, estima que el juzgador debió de reconocer las situaciones de marginalidad, ignorancia y pobreza extremas que indujeron al justiciable a ejecutar el comportamiento y en consecuencia degradar la pena en los términos del artículo 59 de la ley penal nueva.
Estos defectos, a su juicio, llevaron al juez de instancia, y al tribunal al confirmar la decisión, a imponer una pena mas grave de la que en realidad merecía el procesado.
CONCEPTO DEL PROCURADOR CUARTO DELEGADO
En esencia el actor lo que pretende es la modificación de la pena impuesta, pero a ello se oponen las siguientes razones:
En primer lugar, el demandante no desconoce que el juzgado al dosificar la pena lo hizo con fundamento en el artículo 61 del decreto 100 de 1980, norma que en principio le resultaba mucho mas favorable al procesado y la cual no necesariamente le impone al juzgador la obligación de partir de la pena mínima.
En este sentido el juez graduó la pena atendiendo la gravedad de la conducta, y es obvio que estas determinaciones quedaron integradas al fallo de segunda instancia que lo confirmó en su totalidad.
Ahora bien, ciertamente que la falta de aplicación puede tener origen en una interpretación incorrecta de la ley, y si ese era el caso así lo ha debido plantear el casacionista; sin embargo, ni aún a pesar de que hubiese acertado en la técnica le asiste razón pues, la inteligencia de los artículos 61 y 67 del código penal le imponen al juez unos parámetros que lo desligan de la obligación de partir de la pena mínima.

De otra parte, no tendría reparo alguno “la violación directa de la ley por falta de aplicación de la norma que regula la atenuante por la buena conducta anterior, si se parte que efectivamente la sentencia de primer grado rechaza que las declaraciones sobre el recto proceder del procesado descarten su responsabilidad”, pero anunciando que las tendría en cuenta al momento de graduar la pena; sin embargo, el demandante no atinó a indicar este defecto y su incidencia en la determinación judicial de la pena.


En fin, no demuestra el actor que el tribunal le haya conferido un sentido distinto al texto del numeral 7 del artículo 66 del código penal.
En segundo término, interpretar el texto del artículo que regula la agravante por haber ejecutado la conducta en concurrencia con otros, en la forma que el actor lo indica, sería tanto como contrariar los criterios de la lógica y en especial el “argumentum ad majori ad minuris”.
En efecto, “la agravante responde desde un punto de vista teleológico, al mayor peligro o posibilidad de detrimento del bien jurídico tutelado cuando el ataque se produce por un grupo de personas, por la menor posibilidad de reacción de sus titulares y por esa razón la expresión “cómplice” no se debe entender en el lenguaje técnico jurídico penal de una de las formas de participación en sentido estricto, sino de intervinientes en sentido general.”
Por último, la demanda alude a la violación de la ley sustancial por no haberle reconocido al titular procesado la diminuente por haber obrado en condiciones de marginalidad, ignorancia y pobreza extremas, tras indicar los escasos años de primaria cursados por el sindicado, su habitat marginal y la incapacidad de comprender las consecuencias nocivas de su comportamiento.
Tal censura, debía de formularse por aparte y al amparo del cuerpo segundo de la causal primera, pues que la violación directa de la ley, que fue la causal seleccionada, le imponía desarrollar el cargo aceptando los hechos y los medios de prueba tal y como el juez los consideró, mientras que lo que en verdad se pretende es denotar la incorrecta valoración de los hechos y de las pruebas en torno a los supuestos de marginalidad, ignorancia y pobreza extremas.
Pide que el cargo se desestime.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Unico cargo. Violación directa de la ley por interpretación errónea de los artículos 61, 64-1 y 66-7 del decreto 100 de 1980, y 6 y 56 de la ley 599 de 2000.
Primero: Cuando se acude a denunciar la ilegalidad de la sentencia por errores de juicio por infracción directa de la ley (artículo 207 numeral 1 del código procesal penal), el censor debe admitir los hechos y la valoración probatoria que se hizo en la decisión cuya ilegalidad se combate, y desarrollar los cargos invocando, o bien la falta de aplicación de la ley, la aplicación indebida o la interpretación errónea de la misma.
En ese orden, cuando el modelo seleccionado es el de la interpretación errónea, lo primero que se debe aceptar es la correcta selección de la norma por parte del juzgador, para de allí destacar cómo se produce el defecto al conferirle a la disposición de derecho “significados jurídicos que no tiene o efectos que no causa.”1
En ese margen, el censor no atina a precisar, por afianzar la censura en la “indebida aplicación del principio de favorabilidad”, si fue que el tribunal erró al no conferirle al precepto del artículo 6 del código penal de ahora los alcances que de esa disposición se derivan, o si le confirió al artículo 61 unos efectos que no contiene. En fin, si de lo primero se trataba, debía de indicar cual fue la norma que dejó de aplicar el juzgador para de esa manera ignorar el principio de favorabilidad, con lo cual el asunto ha debido centrarse en la indebida aplicación de la ley y no en la interpretación errónea del precepto.
No obstante, luego de explicar en que consiste el principio de legalidad de los delitos y de las penas y el alcance del axioma de irretroactividad de la ley penal, el demandante concluye que el artículo 61 del decreto 100 de 1980 le imponía al juzgador el deber de partir en todo caso y siempre de la pena mínima al momento de realizar la dosificación punitiva. Pero la argumentación del demandante no indica cuál es la incidencia que tiene el principio de favorabilidad y porqué el tribunal dejó de reconocer los efectos benéficos de tal institución en el caso concreto.
De esta manera el censor se aleja del camino que escogió y la denuncia por errónea interpretación de los preceptos se queda en un enunciado que carece de la debida fundamentación, salvo que se interprete que lo que el recurrente quiso significar, fue que el tribunal debió dosificar la pena con apoyo en las nuevas normas que regulan la dosificación punitiva y no las del inmediato código ya derogado.
Pero como ya se expresó, esta última opción le obligaba al demandante a construir la proposición jurídica completa, indicando cuáles fueron las normas indebidamente aplicadas y cuáles las que debió adjudicar el juzgador al caso concreto, y no reducir el alegato al postulado de la errónea interpretación de la ley, que no corresponde a los supuestos ni a las premisas que le sirven de apoyo a la demanda.
Segundo: Aceptando que lo que el actor reclama es en esencia la interpretación errónea que hizo el tribunal de los artículos 61 (criterios para fijar la pena), 64-1 (atenuante por buena conducta anterior) y 66-7 (agravación por actuar con complicidad de otro) del anterior código penal contenido en el decreto 100 de 1980, y 6 (principio de favorabilidad) y 56 (circunstancias que disminuyen la punibilidad) del nuevo estatuto, al momento de graduar la pena, el despacho indicará el porqué no le asiste razón al impugnante.
Tercero: En principio se debe señalar que no se pueden plantear en abstracto criterios de favorabilidad con respecto al sistema de dosificación punitiva que consagran los códigos penales de 1980 y de 2000, como quiera que lo que puede ser benéfico para unos puede ser perjudicial para otros. Lo que si se puede destacar de uno y otro método, es que el consagrado en el código de ahora modula en forma mucho mas precisa la discrecionalidad del juez al dosificar la pena, y la limita al establecer objetivamente unos márgenes mucho mas precisos que apretan el margen de movilidad que era mucho mas amplio en el régimen del código derogado.
Ahora, si del examen concreto que entre uno y otro sistema se haga, resulta ser que es mas generoso el del nuevo estatuto, deberá preferirse éste en detrimento del otro por virtud del principio de retroactividad de la ley mas favorable; pero si es aquel el que mejores consecuencias trae para el justiciable, la norma anterior debe preferirse a la nueva, todo lo cual, como se ha dicho, le correspondía demostrar al demandante, en el marco de la indebida aplicación de la ley, y lo cual la Corte no puede suplir, salvo a riesgo de ignorar el principio de justicia rogada que a la casación le es inherente.
Tercero: El artículo 61 del código penal de 1980, disponía que el juez establecerá la pena de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la conducta, el grado de culpabilidad y las circunstancias de atenuación y agravación concurrentes; y el artículo 26 de la misma obra señalaba que en caso de concurso de hechos punibles se partirá de la pena para el delito mas grave, la cual se aumentará hasta en otro tanto, sin ir mas allá de la suma aritmética de ellas.
En modo alguno, como se ve, el código de 1980 dejaba al arbitrio del juez la fijación de la pena, pues se debía tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la conducta, es decir, el desvalor de acción y de resultado, como categorías omnicomprensivas de la forma de ejecución del hecho y del daño o peligro en que se manifiesta la antijuridicidad del comportamiento, en orden a brindar una respuesta proporcional a la agresión causada.
Bien puede decirse con palabras de la Sala, que la norma corresponde y se articula con “la libertad de configuración de que dispone el legislador para señalarle a las diversas especies de delitos diferentes consecuencias punitivas de acuerdo, entre otras razones, con la naturaleza del bien jurídicamente protegido”, y con la “facultad que le confiere al juzgador para que en cada caso valore las circunstancias concretas que rodean el hecho específico, atendiendo por ejemplo la intensidad del injusto, que bien puede medirse por los efectos nocivos de la conducta que se reprime.” 2
Conducta, lesividad y proporcionalidad, se constituyen así en el primer presupuesto de la determinación judicial de la pena.
En un segundo momento al juez le correspondía, como también ahora, establecer el grado de culpabilidad, es decir, el dolo, culpa o preterintención conque se actuó, como “formas de culpabilidad”, según el entendimiento de la elaboración teórica de corte neoclásico muy propia del código derogado.
En tercer lugar, debía considerar el juez la personalidad del procesado, no desde luego en perspectiva de su especial peligrosidad, sino en la forma como se hubiese manifestado aquella en la ejecución de la conducta punible.
En cuarto lugar, considerar las agravantes y atenuantes, en su relación con los desvalores de acción y de resultado, el grado de culpabilidad, o la personalidad del procesado, y no por fuera de las categorías dogmáticas indicadas, pues si se observa, para citar solo un ejemplo, el haber obrado por motivos altruistas es tema que tiene relación con el desvalor de acción, así como el procurar hacer menos nocivas las consecuencias del hecho es tema que tiene vinculación con la degradación de los efectos perniciosos de la conducta frente al bien jurídico, en el marco de los desvalores de acción y de resultado que conforman el injusto.
Todo ello, desde luego, en orden no solo a establecer la pena para el delito único, sino para la conducta mas grave, y para la que adhiere a ésta, cuando de regular la pena para el caso de concurso de conductas punibles se trata, como es el que caso del que ahora ocupa la atención de la Sala.
Cuarto: Al dosificar la pena, el juzgador seleccionó, atendiendo el principio de favorabilidad, los textos de los artículos 169 y 170-1 del código penal actual, los cuales establecen para el delito de secuestro extorsivo, una pena que oscila entre veintiocho (28) y cuarenta (40) años de prisión, cuando quiera que la conducta se ejecuta sobre una persona menor de edad.
Consideró además, que la conducta se ejecutó por un número plural de personas, situación que “incrementa la posibilidad de éxito de la empresa criminal”. En consecuencia, fijó la pena mínima, para la primera y mas grave conducta, en treinta (30) años de prisión.
De acuerdo con lo expresado en la decisión de primera instancia, que conforma una unidad temática e inescindible con la decisión de segundo grado, se tuvo en cuenta, para expresarlo en los términos arriba indicados, la gravedad de la conducta en el desvalor de acción y de resultado que representa, al ejecutarse sobre una persona que por su escasa edad no tenía la más mínima posibilidad de resistirse a la ejecución del comportamiento.
En este sentido, el artículo 44 de la Constitución Política señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y reclaman por lo tanto de la especial protección por parte del estado, de modo que no puede ser desproporcionado, sino razonable el trato que el juez hizo de esa particular situación en tanto la conducta refleja un contenido mayor de injusto.
Quinto: Si a lo anterior se suma que para incrementar la pena básica en dos años, se tuvo en cuenta además la circunstancia de agravación consignada en el numeral 7 del artículo 64 del código penal anterior (obrar en complicidad con otro), la interpretación que del tema hicieron el juez y el tribunal son razonadas y justificadas, al tiempo que legitimas, pues responden al mayor desvalor de acción que se manifiesta en la forma de ejecución de la conducta punible.
Claro que al defensor lo que le preocupa es que se haya interpretado equivocadamente el texto de la agravante, pues a su juicio ella solo es aplicable para el autor que actúa en complicidad de otro, mas no para quienes obran como autores. Sin embargo, semejante argumento no resiste el menor análisis. En efecto, como bien lo anota el Ministerio Público, “la agravante responde, desde un punto de vista teleológico, al mayor peligro o posibilidad de detrimento del bien jurídico, cuando el ataque se produce por un numero plural de personas.”
En ese sentido, lo que busca la cláusula de agravación genérica es sancionar la ejecución dolosa del acto mediante el concurso de personas en sentido general, y no diferenciar criterios de participación en sentido estricto, como la jurisprudencia y doctrina lo han entendido 3 , y como de manera mucho mas puntual el código de ahora lo ratifica en el numeral 10 del artículo 58, al considerar como causal genérica de agravación de la pena el “obrar en coparticipación criminal”, para evitar esas sutiles diferencias de quienes acudiendo al trazo lingüístico de la ley pretenden reducir el campo de cobertura de la norma citada.
Si a ello se agrega que por el segundo delito de secuestro y por el porte ilegal de armas, el juez incrementó la pena en siete años, cuando de acuerdo con el artículo 26 la podía incrementar hasta en otro tanto, sin llegar a superar la suma aritmética de ellas, la proporcionalidad entre grado de injusto y pena es simétrica, teniendo en cuenta la gravedad de las conductas que concursaban.
Sexto: No cabe duda que de haber aplicado el nuevo sistema las consecuencias no hubiesen sido mas benéficas. En efecto, el delito de secuestro agravado, tal y conforme lo señalan los artículos 169 y 170-1, se sanciona con una pena de prisión de entre 28 y 40 años, pero como se presenta una circunstancia de agravación genérica (el haber obrado en complicidad con otros), el juzgado debía ubicarse en los dos cuartos medios, es decir, entre 31 y 37 años de prisión (artículo 61 de la ley 600 de 2000). Luego, ya el punto de partida indica una distancia perjudicial para los efectos de favorabilidad, pues el juez tomó como base los 28 años de prisión (pena mínima) y no los 31 años que debía considerar con el nuevo sistema. De manera que la conducta, por haberse ejecutado sobre una persona menor de edad y con la participación de un grueso número de personas, conllevaría una pena no menor de 32 años de prisión.
A esta última cifra, que corresponde a la del delito mas grave (artículo 31 del código penal) se le incrementaría 7 años de prisión como respuesta al otro delito de secuestro extorsivo (28 a 40 años de prisión) y al de porte ilegal de armas (1 a 4 años de prisión), suma que corresponde a la gravedad de las conductas que concurren (secuestro extorsivo y de porte ilegal de armas), razón por la cual la pena no sería inferior a 39 años de prisión, la cual es superior a la que se estableció con el anterior sistema.4 Como consecuencia, la aplicación de las normas que hicieron las instancias respeta los efectos del principio de favorabilidad, en lugar de ignorarlo.
Séptimo: Si no tiene razón el censor frente a la graduación que de la pena hizo el juzgador, menos le asiste al considerar que el tribunal inaplicó el artículo 56 del código penal de ahora.
En primer término, si de cuestionar la infracción directa de la ley por este aspecto se trataba, ha debido el demandante seleccionar como punto de partida de su argumento la falta de aplicación de la ley, pero solo en la medida que el tribunal hubiese reconocido valor a las condiciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en su aptitud de influenciar el contenido de la acción, lo cual no ocurrió, por lo cual la censura se convierte en un discurso que solo refleja el deseo del demandante por lograr vanamente la disminución de la pena, haciendo énfasis en situaciones no contempladas en la decisión.
De todo ello se sigue que las inconsistencias de la demanda son tan variadas, que ellas por sí mismas conducen a la desestimación del cargo.

Por lo expuesto, LA CORTE SUPRMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,


RESUELVE

No casar la sentencia de fecha y origen indicados.


Contra esta decisión no proceden recursos.

Cópiese, Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

HERMAN GALAN CASTELLANOS

SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ ALFREDO GOMEZ QUINTERO

Excusa justificada

EDGAR LOMBANA TRUJILLO ALVARO O PEREZ PINZON

MARINA PULIDO DE BARON JORGE L QUINTERO MILANES

YESID RAMIREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA

TERESA RUIZ NUÑEZ



Secretaria


1 Sentencia de casación del 4 de febrero de 2000. Radicación 17168. M.P. Jorge Anibal Gómez Gallego.

2 Sentencia del. 4 de abril de 2002. radicación 11940. M.P. Alvaro Orlando Pérez Pinzón.

3 Sentencia de octubre 26 de 2000. Radicación 14534. M.P. Jorge Córdoba Poveda

4 Sentencia de casación de junio 2 de 2004. Radicación 20116. Ms.Ps. Mauro Solarte Portilla y Herman Galán Castellanos.





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