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Magistrado ponente: juan martin suarez quevedo


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REPUBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D. C.

SALA DE DECISION PENAL

MAGISTRADO PONENTE: JUAN MARTIN SUAREZ QUEVEDO





Radicación

:

1100160000132006–00320–02

Procedencia

:

Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C.

Procesado

:

Joffre Mario Quevedo Díaz

Denunciante

:

De oficio

Delito

:

Extorsión

Decisión

:

Confirma

Aprobado acta No.

:


096

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil siete (2007).


ASUNTO:
Se decide el recurso subsidiario de apelación, interpuesto contra la providencia de 18 de octubre de 2006, proferida por el Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, D. C., a través de la cual le negó el otorgamiento del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena al sentenciado JOFFRE MARIO QUEVEDO DIAZ.
ASPECTOS RELEVANTES:
En sentencia de 30 de Junio de 2006, el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Bogotá D. C., condenó a JOFFRE MARIO QUEVEDO DIAZ, a las penas de 12 meses de prisión y multa de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como autor penalmente responsable del delito de extorsión agravada; además le irrogó la sanción de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena privativa de la libertad. Igualmente le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria, por lo que se ordenó expedir la correspondiente orden de captura en contra del sentenciado, con la finalidad de hacer efectiva la pena.
Esta sentencia fue objeto del recurso de apelación, el que posteriormente se desistió, siendo aceptado este pedimento por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante proveído de 25 de julio de 2006.

Remitido el expediente al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, sin haberse obtenido la aprehensión del procesado, éste designa defensor de confianza, quien en escrito presentado el 2 de octubre de 2006, solicita la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.


El Juzgado de Ejecución de Penas, le negó a QUEVEDO DIAZ, el mecanismo sustitutivo reclamado, providencia objeto de los recursos de reposición como principal y el subsidiario de apelación.

DECISIÓN APELADA:
La Juez 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en determinación de 18 de octubre de 2006, tomando en cuenta los fundamentos de la petición, señaló que de acuerdo con la ley procesal penal, es al Juez de conocimiento que conoce del proceso en 1ª ó 2ª instancia, a quien corresponde decidir al momento de la sentencia acerca del otorgamiento o negación de este “subrogado”, lo cual se cumplió en la sentencia, en donde se negaron los mecanismos sustitutivos de la pena de prisión, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, razón por la cual el petente debe estar a lo allí resuelto.

Asimismo negó la conversión de la pena de multa en arresto arguyendo al efecto que ésta no fue impuesta como única y, en el caso bajo examen es concurrente con la principal privativa de la libertad.


La anterior decisión fue objeto del recurso de reposición como principal, el que se resolvió negativamente por el Juzgado de instancia en providencia de 27 de noviembre de 2006, donde se ratificó el criterio que fuera plasmado en la decisión inicial, para de esta manera conceder el recurso de apelación propuesto como subsidiario y que es precisamente el que ocupa la atención del Tribunal.

POSTULADOS DEL APELANTE:
Afirma quien disiente de la sentencia, que solicitó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, fundamentado en aspectos concretos de hecho y de derecho, los que no fueron analizados por el Juzgado a quo, so pretexto de hacer remisión a lo ya expresado en la sentencia.
Reitera que su representado cumple a cabalidad los requisitos del art. 63 del Código Penal, de un lado por la cantidad de pena impuesta y por el otro, porque sus antecedentes personales, familiares y sociales, no tienen tacha alguna no merecen reproche, y que por el contrario de los estamentos en que interactúa y se desenvuelve, se aprecian sus cualidades humanitarias.
Aduce que allegó al proceso una serie de pruebas documentales que corroboran sus afirmaciones y por lo tanto se hace necesario que se analice el aspecto subjetivo, con el consecuente otorgamiento del mecanismo solicitado, pues al presentar las aludidas pruebas testimoniales, pretendía demostrar que a favor de su representado se reúnen las exigencias de la Ley 750 de 2002 – padre cabeza de familia -
Requiere finalmente, que se modifique lo atinente a la conversión de la multa en arrestos regresivos, toda vez que el art. 40 del Código Penal así lo permite, además porque su representado carece de recursos económicos para poder cancelar tan elevada suma de dinero, esto sin contar que indemnizó a la víctima por los perjuicios ocasionados.
Con fundamento en lo precedente, reclama que se revoque la decisión interlocutoria de primera instancia, en aquello que fue objeto del recurso.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:
Acorde con el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal – Ley 600 de 2000 –, norma aplicable en este caso, tratándose de la apelación, el Superior tiene competencia para analizar aquellos aspectos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación
El objeto del recurso de apelación se concreta en la concesión, de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y/o de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena privativa de la libertad, así como de la conversión de la pena pecuniaria de multa en arrestos progresivos de fin semana.
Al analizar los argumentos expuestos por el apelante y contrastándolos con los fundamentos que sirvieron de soporte a la Juez a quo para tomar sus determinaciones, se concluye que efectivamente la Jueza 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, no puede motuo proprio modificar lo ya resuelto en la sentencia, pues aquello que pretende el censor es que se valoren las mismas situaciones de hecho y de derecho que ya fueron objeto de análisis en la sentencia, que no sobra decir, se encuentra ejecutoriada, lo que conllevaría al juzgado de Ejecución de Penas a la reforma de la misma, facultad ésta que no le fue otorgada por la ley.
Ha de decirse que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, solamente puede proceder a hacer una nueva valoración de los mecanismos antes referidos , en razón de la aplicación del principio de favorabilidad, cuando los sentenciadores negaron estos beneficios penales bajo la consideración de que la pena impuesta excedía los parámetros objetivos, motivo por el cual se abstuvieron de valorar los denominados subjetivos, ya que tal situación no implica reforma, a la sentencia sino aplicación del principio constitucional y legal ya enunciado – favorabilidad -, caso que aquí no se presenta, puesto que el Juzgado Sexto con Funciones de Conocimiento al negar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, valoró el aspecto subjetivo del sentenciado en virtud a que se reunía el requisito de orden objetivo o del quantum de la pena.
Igualmente, frente a este instituto jurídico, como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, corresponde a un tema que debe resolverse al interior de la sentencia y al hacerse el pronunciamiento correspondiente, el Juez encargado de la ejecución de la misma no puede entrar a hacer un nuevo pronunciamiento, salvo frente a la promulgación de nueva ley al respecto, que permita dar aplicación del principio de favorabilidad.
Ocurre igual, en torno a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena privativa de la libertad, pues en este caso en particular, esta prerrogativa fue negada en la sentencia por no satisfacerse el aspecto objetivo y además porque no se acreditaba en el procesado la condición de padre cabeza de familia (fl. 10 c. o.), razón por la cual no puede volverse a adentrar la justicia en una controversia que ya fue superada y finiquitada mediante sentencia, se reitera, debidamente ejecutoriada.
Para reforzar lo precedente, se trae a colación pretérito pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal:
1. La Corte ha señalado, y se reitera, que cuando el tema de la prisión domiciliaria ha sido definido en la sentencia no podrá ser objeto de nuevo examen en la fase de ejecución de la pena, salvo que acontezca un tránsito legislativo que torne mas favorables las exigencias para la concesión del subrogado penal.
La prisión domiciliaria –se dijo en otra oportunidad1— fue introducida en el actual Código Penal, Ley 599 de 2000, como una extensión de la figura de la detención domiciliaria, en este caso para favorecer al condenado, cuyo otorgamiento debe ser decidido en la sentencia según se colige del contenido de los artículos 38 del Código Penal y 170 del Código de Procedimiento Penal, disposiciones normativas que aluden a que dicho pronunciamiento debe hacer parte del fallo. Lo que resulta atendible como quiera que se trata de un derecho del procesado cuando cumpla con los presupuestos señalados, por lo que a partir de su vigencia es obligatorio un pronunciamiento en tales eventos.
Aunque pareciera derivarse del contenido del artículo 486 del Código de Procedimiento Penal al señalar que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ‘podrá revocar o negar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de al libertad’, que tiene facultad para decidir sobre el particular, sin embargo, debe precisarse que los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad son los previstos por el Capítulo III, del Título IV, artículos 63 y siguientes del Código Penal, susceptibles de ser aplicados con posterioridad a la condena en firme. Además, el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal al atribuirles competencia a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad sólo les asigna tal facultad en aplicación del principio de favorabilidad debido a una ley posterior, ya que en todo caso su intervención se genera una vez cobre ejecutoria la sentencia. Y el mismo artículo 38 del Código Penal establece que les corresponde el control de tal medida, lo que presupone su previo otorgamiento.
Por consiguiente, decidido el tema en la sentencia no podrá ser objeto de una nuevo estudio a menos que se presente un tránsito legislativo que torne mas favorables las exigencias puntualizadas por la actual normatividad. Y de no haberse planteado por ser la sentencia anterior a la ley 599 de 2000 o reclamarse el beneficio de la ley 750 de 2002 para las mujeres cabeza de familia o los hombres en similar situación en consideración a los menores de edad, determinación que, entonces, corresponderá al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de acuerdo con lo analizado”.2
Se avizora entonces, que al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que adquiere competencia con la ejecutoria del fallo, solamente le está permitido pronunciarse sobre la prisión domiciliaria cuando un cambio legislativo varíe favorablemente las circunstancias que fueron consideradas por el sentenciador para negarla; cuando el asunto no haya sido objeto de decisión en la sentencia, o, en los eventos previstos en el artículo 461 del Código de Procedimiento Penal, respecto de la sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva
De manera que si para este caso, el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, resolvió en la sentencia mediante la cual condenó a JOFFRE MARIO QUEVEDO DIAZ, negarle la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria bajo argumentos que no fueron cuestionados por la vía del recurso de apelación – incluido el hecho de que no era considerado padre cabeza de familia –, el Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, no podía pronunciarse nuevamente sobre este específico tema, como así lo indicó en la parte motiva de la decisión recurrida y como tampoco puede hacerlo ahora el Tribunal.

Sin embargo, en el numeral segundo de la decisión de primera instancia irregularmente se decidió negar por improcedente la suspensión condicional de ejecución de la pena por improcedente, cuando la primera instancia ha debido abstenerse de pronunciarse respecto de tal petición, circunstancia por la que será modificada en este aspecto la decisión impugnada.



Finalmente, en lo que tiene que ver con la conversión de la pena pecuniaria de multa en arrestos los fines de semana, señalará esta Sala de Decisión Penal que para el caso concreto, tal aspecto es viable tratándose de los mecanismos sustitutivos de la pena de prisión (suspensión condicional de ejecución de la pena y libertad condicional) consagrados en los artículos 63 y 64 del Código Penal, modificados por los artículos 4º y 5º, respectivamente, de la Ley 890 de 2005, esto es, que cumplidos los presupuestos objetivo y subjetivo exigidos para su concesión, se puede analizar lo referente a la multa como requisito condicional; pero dado que en este caso la suspensión condicional de ejecución de la pena fue negada en la sentencia por el factor subjetivo y no por la falta de pago de la multa, no es procedente en este evento estudiar la conversión en arrestos progresivos como así lo dejó sentado la Corte Constitucional3; pues en este caso la misma correspondería al Juez de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad cuando se verifiquen los demás presupuestos de la libertad condicional (art. 64 C.P.).
Por manera, que igualmente frente a este tópico la funcionaria de primera instancia ha debido abstenerse de pronunciarse, en el entendido que aún no era la oportunidad legal y procesal para abordar el estudio acerca de su procedencia, situación que asimismo impone revocar el numeral tercero de la parte resolutiva de la decisión recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., en Sala de Decisión Penal,



R E S U E L V E :
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia apelada, en el sentido de abstenerse de pronunciarse frente a la petición de suspensión condicional de ejecución de la pena presentada por el defensor del sentenciado MARIO JOFRE QUEVEDO DÍAZ.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la citada decisión, para en su lugar abstenerse de pronunciarse en torno a la solicitud de sustitución de la pena de multa por la de arrestos progresivos, acorde con lo considerado en la parte motiva.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JUAN MARTIN SUAREZ QUEVEDO

Magistrado

MARTHA LUCIA TAMAYO VELEZ JORGE ENRIQUE TORRES ROMERO


Magistrado Magistrado

1 . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto – segunda instancia 21.579, noviembre 19 de 2003, M.P., Dr. HERMAN GALÁN CASTELLANOS.

22 C.S.J.Sala de Casación Penal, auto de 2 de marzo de 2005. Radicado 23347. M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas.

3 C. Constitucional. Sent. C-194 de 2005. M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA.



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