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Magistrado ponente: jorge mauricio burgos ruíZ


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL



MAGISTRADO PONENTE: JORGE MAURICIO BURGOS RUÍZ

Tutela No. 32203




Acta No. 30

Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil once (2011)


Decide la Corte sobre la impugnación interpuesta por la apoderada judicial del accionante JOSÉ GREGORIO MONTAÑEZ CAMACHO contra la providencia proferida por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el 4 de marzo de 2011, dentro de la acción de tutela promovida por la accionante contra el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LOS PATIOS y la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA.


I -. ANTECEDENTES


1. A través del presente mecanismo preferente y sumario la mencionada accionante solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas dentro del proceso ordinario civil de indemnización de perjuicios que instaurara junto con Freddy Quintero Cáceres contra Cemex Colombia S.A..


Manifiesta el accionante que instauró el mencionado proceso ordinario con el fin de que le fueran resarcidos los perjuicios causados con la instalación unas líneas de alta tensión de conducción de energía eléctrica en un predio de su propiedad, las que lo atravesaron y dada su ubicación, impidieron la continuación de un proyecto de vivienda que allí se desarrollaba.
Advierte que nunca fue informado sobre la instalación de las redes de alta tensión, lo que tan solo se pudo constatar cuando se levantaron los planos topográficos del bien inmueble.
El juez de primera instancia desestimó las pretensiones de la demanda al considerar que tal solicitud debió haberse reclamado en el proceso de servidumbre que se adelantara con anterioridad al ordinario de indemnización de perjuicios, decisión que fue recurrida en apelación por los demandantes, recurso que fue resuelto por el tribunal accionado, quien en sentencia calendada de 13 de octubre de 2010, dispuso confirmar la decisión proferida por el a quo.
Se duele el peticionario de las decisiones proferidas tanto en primera como en segunda instancia, frente a las que pretende se declare la nulidad de lo actuado, pues considera que el juez de primera instancia “pasó por alto darle aplicación al artículo 86 del código de procedimiento civil, en cuanto al trámite que legalmente le correspondía a la demanda, es decir el del proceso abreviado y no el de un ordinario como ocurrió”, hecho que conlleva a una nulidad insaneable que debió ser declarada de oficio.
Por consiguiente, solicita al juez constitucional amparar el derecho fundamental deprecado y, como consecuencia de ello, se revoque el fallo objeto de alzada y en su lugar, se declare la nulidad solicitada.
2. Mediante providencia del 4 de marzo de 2011, la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA denegó la protección suplicada al considerar que “…Evaluado el caso concreto, la Corte concluye que la acción de tutela interpuesta por el señor JOSÉ GREGORIO MONTAÑEZ CAMACHO contra el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios y la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, por virtud de lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, resulta improcedente, dado que para definir las pretensiones formuladas la ley procesal civil tiene previsto otro medio idóneo de defensa judicial”.

3. Inconforme el accionante con la anterior decisión, la impugnó a través de apoderado judicial, mediante escrito visible a folio 118 del cuaderno de tutela, sin que se hubiere allegado sustentación del mencionado recurso.




II-. CONSIDERACIONES


La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales.


Debe tenerse en cuenta que la tutela fue establecida como un mecanismo de defensa judicial, subsidiaria, preferente y sumaria dirigida a la protección inmediata de los derechos fundamentales de los asociados de los abusos de las autoridades y por excepción, de los particulares.
Revisando los hechos que motivaron la presentación de esta acción constitucional y que se constituyen en el fundamento del escrito de impugnación, se ha de indicar que el accionante contaba con otros mecanismos de defensa judicial, lo que, conforme al numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, es causal de improcedencia de este amparo ante la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial.
Revisada la presente acción, aparece innegable que el peticionario no adelantó al interior del proceso que motivó la interposición de esta acción de tutela, el incidente de nulidad que hoy peticiona ante la justicia constitucional, dejando vencer esa oportunidad para controvertir la decisión que fue adversa a sus pretensiones; por lo que teniendo en cuenta la naturaleza residual y subsidiaria de este instrumento especial, no es posible su impetración como instrumento jurídico para subsanar deficiencias que por la incuria del accionante o la de su apoderado, dieron lugar a consecuencias adversas a sus intereses dentro del proceso judicial adelantado y, frente a las cuales, se repite, no ejerció de manera adecuada los recursos y mecanismos que la ley le otorga para controvertir las decisiones judiciales que no considera ajustadas al ordenamiento legal.
Máxime, como lo anotó la Sala de Casación Civil de esta Corporación en el proveído acusado “…Lo anterior se deriva de que si el objeto de la acción impetrada apunta a que el Juez constitucional declare “la nulidad procesal de todo lo actuado” en el citado asunto ordinario “en razón a que se pasó por alto darle aplicación al artículo 86 del código de procedimiento civil, en cuanto al trámite que legalmente le correspondía a la demanda” (fl. 10), y, con independencia de la viabilidad y al margen del desenlace que tenga la respectiva solicitud de nulidad procesal, es incontrovertible que tal súplica tiene previsto en el ordenamiento jurídico el mecanismo del incidente como instrumento adecuado para establecer si se estructuran unos vicios de ese particular temperamento, se está entonces ante una discusión de carácter estrictamente legal que ciertamente escapa al escenario de la acción de tutela porque atañe con una problemática propia de los Jueces naturales competentes”.
En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras consideraciones, no hay lugar a revocar el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,



RESUELVE

1-. CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el ´4 de marzo de 2011, dentro de la acción instaurada a través de apoderada judicial por JOSÉ GREGORIO MONTAÑEZ CAMACHO contra el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LOS PATIOS y la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA.


2-. COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3-. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE MAURICIO BURGOS RUÍZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS C ARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO



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