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Magistrado Ponente: gustavo josé gnecco mendoza


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

Radicación No. 23250


Acta No. 53

Bogotá D. C., veintidós (22) de julio de dos mil cuatro (2004).
Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contra la sentencia del Tribunal de Pasto, dictada el 14 de noviembre de 2003 en el proceso ordinario laboral que promovió CARMEN ALICIA BURBANO DE TORRONTEGUI contra la entidad recurrente.
I. ANTECEDENTES
Carmen Alicia Burbano de Torrontegui demandó al Seguro Social con el fin de que se declare que ha estado afiliada a esa entidad desde julio de 1967 hasta febrero de 2000 y por ello debe liquidarse su pensión vitalicia de vejez de conformidad con las cotizaciones que realizó durante los dos últimos años su empleador, el señor José Torrontegui Alda, y para que, en consecuencia, se condene al Seguro a pagarle las mesadas pensionales reajustadas desde el 26 de abril de 2000, fecha en la cual se le reconoció su condición de pensionada, como también una mesada equivalente al promedio de las cotizaciones realizadas durante los dos últimos años de vinculación laboral y los incrementos de ley para cada año.
Para fundamentar esas pretensiones afirmó que fue afiliada al Seguro Social desde el mes de agosto de 1967 hasta el 2 de noviembre de 1974, como trabajadora dependiente de Avianca y desde el 5 de marzo de 1986 hasta el 30 de febrero del 2000 como trabajadora del establecimiento denominado El Aldeano de propiedad del señor José Torrontegui Alda; que realizó las cotizaciones respectivas para obtener el derecho a la pensión de vejez; que mediante Resolución 001799 del 2000 el Seguro Social le reconoció la pensión de vejez pero no tuvo en cuenta todas las cotizaciones realizadas, por lo que interpuso los recursos de reposición y apelación que fueron resueltos mediante Resolución 1029 del 25 de abril de 2001; que si bien esa Resolución corrigió los errores cometidos en el primero de los actos administrativos mencionados, persistió en negarle la pensión sobre la base real de cotización; que el último empleador es propietario de una fábrica debidamente registrada en la Cámara de Comercio, por lo cual se descarta la existencia de fraude alguno.
Al contestar la demanda el Seguro Social admitió los hechos relacionados con la afiliación y las cotizaciones para la pensión, así como la vinculación con las empresas Avianca y El Aldeano. Pero dijo que no se incurrió en error en la liquidación de la pensión, pero como observó que el incremento de los últimos salarios anuales fue muy superior al promedio reconocido por cualquier empresario en Colombia, aplicó analógicamente el Decreto 1818 de 1996 en lo relacionado con el salario base de liquidación, descartando las variaciones que excedieron el 40% del salario inmediatamente anterior. Con base en lo anterior, se opuso a las pretensiones.
Tramitado el litigio, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, mediante sentencia del 25 de julio de 2003, condenó al Seguro Social a pagar a la demandante la pensión de vejez en cuantía de $1'414.730.00 a partir del mes de julio de 2003, los incrementos de ley, las mesadas adicionales de junio y diciembre y las mesadas retroactivas desde el 10 de mayo del 2000, así como las costas.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
En contra de la providencia anterior la parte demandada interpuso el recurso de apelación y el Tribunal de Pasto, en la sentencia aquí acusada la confirmó.
Para ello tuvo en cuenta las resoluciones del Seguro Social y el cálculo matemático que ha utilizado la jurisprudencia para establecer la base de las pensiones de jubilación.
III. EL RECURSO DE CASACIÓN
Lo interpuso el Seguro Social que pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal respecto del monto de la mesada pensional reconocida en favor de la demandante, para que en sede de instancia modifique la del Juzgado en el mismo punto y, en su lugar, disponga que la cuantía de la pensión es de $1.383.876.00.
Con esa finalidad la entidad recurrente formula un cargo contra la sentencia del Tribunal, que no fue replicado.
El cargo acusa la aplicación indebida indirecta del artículo 36, inciso 3°, de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 13, 23, 29 y 128 de la Constitución Nacional, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, 11, 12, 14, 57 y 60 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, 5° del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, 1 y 12 del Acuerdo 049 de 1990, 11, 12, 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, 14, 18, 30, 31, 33, 64, 141 y 146 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 2, 6, 50, 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Afirma que esa violación de la ley fue consecuencia de haber incurrido el Tribunal en la comisión de los siguientes errores de hecho manifiestos:

“1) Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que la mesada pensional decretada en favor de la demandante asciende a $1'414.730,00.


“2) No dar por demostrado, estándolo, que la mesada pensional decretada en favor de la demandante debe ser de $1 '383.876,00” (folio 29 del cuaderno de la Corte).

Y dice que esos errores derivaron de la apreciación errónea de las resoluciones de folios 7,16 a 18, 35 a 37 y 89 a 95.


Para demostrar los errores de hecho dice:
“Una atinada apreciación de dichos medios lo habría llevado (al Tribunal) a obtener el ingreso base de liquidación a partir de la cotización realizada por cada uno de los años que corren entre el 10 de abril de 1996 y el 1 de enero de 2000. Aplicando la disposición pertinente (artículo 36 de la Ley 100 de 1993), el cálculo del ingreso base de liquidación obliga a multiplicar el valor cotizado en cada período por el IPC correspondiente al mismo con el fin de derivar el valor cotizado actualizado. Dicho valor se multiplica luego por el número de días cotizados en el respectivo año y luego se replica la operación para cada período.
“En este orden de ideas y sumando los productos del cálculo correspondiente a cada año, se obtiene un total de $2.592.106.719, guarismo que al ser dividido por el número de días de cotización, que de acuerdo con las pruebas indicadas en el cargo es de 1.461, genera el Ingreso Base de Liquidación, es decir, la suma de $1'774.200.00.
“Como el ad quem, al realizar dichas operaciones, derivó un valor distinto ($1'931.506,04), cuando, como queda demostrado, el IBL correcto sólo asciende a $1'774.200,00, su error es manifiesto.
“Ahora bien, como la legislación aplicable establece que el monto de la mesada pensional corresponde al 78% del Ingreso Base de Liquidación, aspecto reconocido por el sentenciador y sobre el cual no hay debate, la mesada a que tiene derecho la señora Carmen Alicia Burbano de Torrontegui es de $1'383.876.00” (folios 29 y 30 del cuaderno de la Corte).

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A pesar de que en el cargo se sostiene que la sentencia del Tribunal incurrió en error de hecho por no haber dado por demostrado que la base de la liquidación es la suma de $1.774.200.00 y no la suma de $1.931.506.04 y que ese error derivó de la errada apreciación de las resoluciones de los folios 7, 16 a 18, 35 a 37 y 89 a 95, en realidad le imputa a la sentencia del Tribunal un error puramente aritmético, pues se cuestiona el resultado de las operaciones realizadas por ese fallador para obtener el monto del Ingreso Base de Liquidación de la pensión conferida a la demandante.
Si en realidad el recurrente hubiera invocado un error derivado de la errada apreciación de la prueba, en particular, de las resoluciones citadas, su planteamiento habría sido diferente: habría indicado que el Tribunal alteró el contenido o alcance de ellas, pero no lo hizo, pues se limitó a señalar el número de días de cotización que tales probanzas acreditan, sin puntualizar un desacierto del Tribunal respecto de ese hecho y simple y llanamente adujo, como quedó dicho, que el cálculo matemático efectuado por el sentenciador no se corresponde con la realidad, tal como surge de la siguiente manifestación: “Como el ad quem, al realizar dichas operaciones, derivó un valor distinto ($1’931.506,04), cuando como queda demostrado, el IBL correcto sólo asciende a $1’774.200,oo, su error es manifiesto” (folio 30 del cuaderno de la Corte).
Ahora bien, de tiempo atrás ha dicho esta Sala de la Corte que el error puramente aritmético debe proponerse ante el juez que dicta la providencia, sin que sea posible, antes de agotar esa instancia, acudir al recurso extraordinario de casación.
Así, en sentencia del 11 de octubre de 2001 (radicación 14713) expresó:
Salta a la vista que la discrepancia del impugnante con la decisión de instancia, estriba única y exclusivamente en un error aritmético, que no es susceptible de ser considerado en casación, porque, como lo ha dicho reiteradamente esta Sala, el recurso extraordinario no está instituido como sucedáneo para corregir yerros que pueden ser subsanados en las instancias mediante otros mecanismos jurídicos especialmente previstos para el caso, como son la aclaración, corrección y adición de las sentencias, consagradas en los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en lo laboral por la remisión expresa del artículo 145 del C. de P. L.”.

El cargo, en consecuencia, se desestima.


En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Pasto, dictada el 14 de noviembre de 2003 en el proceso ordinario laboral que promovió CARMEN ALICIA BURBANO DE TORRONTEGUI contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
Sin costas en el recurso de casación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN CARLOS ISAAC NADER
EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ



CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ

MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA

Secretaria



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