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Magistrado ponente : dr. Jose marcelino triana perdomo clase de accion : tutela clase de providencia : sentencia


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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Primera de Decisión
Neiva, octubre veintiocho (28) del año dos mil ocho (2008).

MAGISTRADO PONENTE : DR. JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO

CLASE DE ACCION : TUTELA

CLASE DE PROVIDENCIA : SENTENCIA

ACCIONANTE : JORGE LUIS CLAROS CLAROS

DEMANDADA : REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EXPEDIENTE NUMERO : 410012331000-2008-00303

ACTA NUMERO : 097 DE LA FECHA




  1. LA DEMANDA

El señor JORGE LUIS CLAROS CLAROS interpone acción de tutela contra la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, con el fin de que se ordene la expedición inmediata de su cédula de ciudadanía solicitada por primera vez, el día 26 de abril de 2007.


II. HECHOS
Refiere que el 26 de abril de 2007, tramitó en la Registraduría del Estado Civil de Isnos su cédula de ciudadanía, sin que hasta la fecha haya sido expedida.
En el País y en el Municipio de Isnos, se han desarrollado procesos electorales como los del pasado 8 de julio y 28 de octubre, para los cuales no pudo participar por carencia de dicho documento.
III. DERECHOS VULNERADOS
Señala que se le han vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad y a la participación en la conformación del poder político en Colombia, consagrados en los artículos 13 y 40 de la C.P.

  1. ADMISION Y TRAMITE

Por auto del 17 de octubre de 2008, el Tribunal dio trámite a la acción disponiendo que se notificara a las partes esta decisión, se tuvieran como pruebas los documentos allegados por el actor y se solicitara información a la Registraduría del Estado Civil, sobre los motivos para la no expedición de la cédula de ciudadanía del peticionario.


Con la demanda se allegó fotocopia de la contraseña entregada por la Registraduría del Estado Civil de Isnos, en donde aparece que el accionante tramitó el 26 de abril de 2007 por primera vez, la expedición de su cédula de ciudadanía número 1.084.253.514 (fl. 3).
El Registrador del Estado Civil de Isnos, con Oficio sin número del 21 de octubre de 2008, informó lo siguiente: “(…) este funcionario le tramitó por primera vez el documento de identidad No. 1.084.253.514 al citado señor CLAROS CLAROS JORGE LUIS en el mes de abril de 2007. 2.- Una vez cumplido el trámite esta oficina envía el material mensualmente al Centro de Acopio en la ciudad de Neiva, para seguir con lo correspondiente a la captura de datos, como es la triada (foto, huella y firma).3.- Una vez surtido el paso segundo el Centro de Acopio remite dicho material a Oficinas Centrales en la ciudad de Bogotá, para su elaboración. 4.- A la fecha no llega a esta oficina la cédula de ciudadanía de la citada ciudadana, con ello quiero dejo (sic) constancia que no es negligencia de este funcionario pues dicha demora se presenta en oficinas centrales en Bogotá D.C. (fl. 14).
La Registraduría Nacional del Estado Civil no se ha pronunciado respecto a la demanda.

  1. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los Jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.


Esta acción solo será procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Respecto a la mora en la expedición de la cédula de ciudadanía, la Honorable Corte Constitucional, en un asunto similar al que nos ocupa y que por ende resulta aplicable, en un reciente pronunciamiento reiteró el término de un año como tiempo máximo para que la Registraduría Nacional del Estado Civil expida y entregue al interesado dicho documento. Así se refirió sobre el punto1:
En la Sentencia T-532/01 ésta Sala avaló un cierto término de tolerancia, que rodea el año, como un periodo comprensible en la elaboración y entrega de la cédula de ciudadanía. En aquella oportunidad la Sala determinó que:
“De un lado, la adopción de un programa de implementación tecnológica inicialmente puede resultar traumático, como todo cambio, y conllevar inconvenientes en la prestación del servicio. No obstante, superados esos impases, ese programa debe reportar una multiplicidad de beneficios pues ello es lo que explica su implementación. De otro lado, no cabe duda que la carencia de los insumos requeridos en el proceso de cedulación puede originar retrasos como los aquí reportados y que esos retrasos se pueden mantener hasta tanto exista disponibilidad de tales insumos. Finalmente, es cierto que un debate electoral a nivel nacional implica un gran esfuerzo estructural y funcional para una entidad como la Registraduría Nacional del Estado Civil y que la prioridad institucional que impone puede conllevar la suspensión del proceso de cedulación.”
Y concluyó “De este modo, si bien se está ante un retardo en el servicio público de cedulación y ante una limitación de los derechos políticos de los actores en razón de tal retardo, los inconvenientes técnicos derivados del programa de modernización tecnológica y de la carencia de insumos y el grado de exigencia implícito en una jornada electoral de carácter nacional, despojan a ese retardo de la relevancia requerida para que proceda el amparo invocado.”
Como antes se ha mencionado, en ese proceso el retraso de la Registraduría Nacional en la entrega de las cédulas de ciudadanía bordeaba el año. Término que la Sala encontró justificado para el desarrollo de servicio público encomendado a esa entidad. El límite temporal de un año se configura, pues, en un periodo razonable para que la entidad nacional pueda diseñar y elaborar la cédula según las altas exigibilidades relativas a la seguridad del documento, sin que con ello, se vulnere el ejercicio de los derechos fundamentales a la identidad y la participación política de los ciudadanos.
Incluso éste plazo máximo de un año, para la elaboración y entrega de la cédula, se corresponde con las intuiciones ciudadanas en el sentido de que duplica el asignado para la vigencia de la contraseña, a saber, de seis meses. Así el ciudadano contará con un documento provisional por un semestre para identificarse, la contraseña, y una vez vencido éste, podrá disponer de una constancia por un periodo igual”.
En el sub lite está acreditado con la contraseña allegada (fl. 3), que el señor Jorge Luis Claros Claros solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la oficina de esta ciudad, la expedición de la cédula de ciudadanía desde hace casi año y medio, tiempo suficiente para el trámite de este documento y sin embargo no ha sido diligenciada, situación que a criterio de la Sala constituye una omisión de la organización electoral que viola los derechos constitucionales fundamentales invocados en este caso, que naturalmente deben ser protegidos a través de la presente acción.
En consecuencia, se dispondrá la tutela de los derechos del señor Jorge Luis Claros Claros relacionados con la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, derechos que se han visto limitados por la no expedición oportuna de su cédula de ciudadanía, no así el relativo al derecho a la igualdad cuya violación no se demostró.
Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E
Primero. Tutelar los derechos fundamentales del señor JORGE LUIS CLAROS CLAROS, relacionados con la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en contra de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
Segundo. Como consecuencia de la decisión anterior, se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, si no lo hubiere hecho, expida y entregue al accionante en un término no superior a un (1) mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, la cédula de ciudadanía, informando al Tribunal el cumplimiento de lo aquí dispuesto.

Tercero. Notificar este fallo al demandado y a la parte actora de manera personal o por el medio más expedito.
Cuarto. Si la presente sentencia no fuese impugnada, remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO RAMIRO APONTE PINO

Magistrado Magistrado

JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ



Magistrado



1 Sentencia T-497/06, 29 de junio de 2006, M. P. Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO, actor Juan Carlos Galvis Murallas Vs. Registraduría Municipal del Estado Civil de Lebrija –Santander.



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