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Luz salamanca forero


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República de Colombia


Casación No.28.639

LUZ SALAMANCA FORERO
Corte Suprema de Justicia



Proceso No 28639

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 224
Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil siete.

VISTOS

Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora de la procesada LUZ SALAMANCA FORERO, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 23 de julio de 2007, confirmatoria de la emitida el 19 de abril de 2007 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, en la cual se condenó a la acusada a la pena principal de 400 meses de prisión, como determinadora del delito de homicidio agravado. Allí mismo se decretó la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un lapso de 20 años, se ordenó el pago del equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, a favor de la madre de la víctima, por concepto de perjuicios morales, fue determinado el comiso de un arma y su munición, y se negaron a la procesada los subrogados de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria. A su vez, se absolvió a John Nelson Gutiérrez Urrego, de los cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, y a LUZ SALAMANCA FORERO, del cargo por el delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal.


HECHOS


En el fallo atacado, se narró lo ocurrido, de la siguiente forma:

A las 7 p.m. del 4 de julio de 2005, en la carrera 43 frente al N° 91 A-06, Barrio Río Negro, EDWIN MAURICIO COMBITA se negó a cancelar a LUZ SALAMANCA FORERO la deuda de $ 7.000; ésta se retiró y regresó con 5 individuos, entre ellos JHON NELSON GUTIÉRREZ, quien le disparó en la cabeza a COMBITA, a consecuencia del (sic) cual dejó de existir”.




DECURSO PROCESAL


Previa solicitud de la fiscalía, con fecha del 5 de junio de 2005, el Juzgado 5° Penal Municipal de Bogotá, con funciones de control de garantías, dispuso la captura de LUZ SALAMANCA FORERO.


Operada ella, el 6 de junio de 2005 se efectuaron las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. En curso de estas, se imputó a LUZ SALAMANCA FORERO, el delito de homicidio agravado, cargo al cual no se allanó, y se dispuso en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva en sitio de residencia.
Presentado el escrito de acusación y una adición al mismo, el 15 de septiembre de 2005 se dio comienzo a la audiencia de formulación de acusación, en cuyo desarrollo el defensor de LUZ SALAMANCA FORERO, pidió nulidad y la libertad de su representada, solicitando también al juez de conocimiento, se declarase impedido. Las peticiones fueron negadas y, en consecuencia, el profesional del derecho recusó al funcionario.
El 17 de febrero de 2006, se continuó con la audiencia de formulación de acusación. Allí, se atribuyeron a LUZ SALAMANCA FORERO, los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal.
El 7 de abril de 2006, tuvo lugar la audiencia preparatoria, en la cual se aceptaron algunas pruebas y negaron otras al defensor de LUZ SALAMANCA FORERO. Respecto de esto último interpuso el profesional del derecho el recurso de reposición siendo satisfechas sus pretensiones con la resolución del primero.
El 8 de septiembre de 2006, se celebró la audiencia de juicio oral, al final de la cual el Juez de Conocimiento anunció el sentido del fallo en el siguiente sentido: absolver a Jhon Nelson Gutiérrez Urrego, de todos los cargos por los cuales se le acusó, y condenar a LUZ SALAMANCA FORERO, por el delito de homicidio agravado, a la vez que se le absuelve del delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal.
Se citó para la lectura del fallo, a efectuarse el 28 de septiembre de 2006, pero allí la víctima manifestó su deseo de que se adelantase el incidente de reparación integral, dándose comienzo al mismo.
El 3 de noviembre de 2006, se celebró la segunda y última audiencia del incidente de reparación integral.
El 19 de abril de 2007, se dio lectura a la sentencia de primer grado, apelada allí por la representación de la víctima y en notificación posterior por la parte defensiva.
Finalmente, el 23 de julio de 2007, se profirió la sentencia de segunda instancia objeto del recurso de casación a cargo de la defensa de LUZ SALAMANCA FORERO, como quiera que confirmó íntegramente la decisión de primer grado.

SÍNTESIS DE LA DEMANDA


Primer cargo
Con amparo en la causal segunda, se ataca la sentencia de haber sido proferida en un proceso viciado de nulidad, con desconocimiento del principio de imparcialidad y violación del derecho de defensa.
Al efecto, divide la recurrente en dos apartados la controversia.

El primero de ellos, para significar la presunta falta de imparcialidad del juez de conocimiento que en primera instancia adelantó el trámite del juicio, “ante el rechazo de las pruebas solicitadas por el defensor de ésta (la procesada, aclara la Corte) en la audiencia preparatoria, con las cuales pretendía demostrar la inocencia de la acusada”.

Pese a lo anunciado, en sustento del cargo ninguna alusión se hace a que de verdad se rechazasen finalmente las pruebas pedidas por el defensor de la acusada, sino que se controvierte similar comportamiento en lo que toca con los testimonios solicitados por la fiscalía, los cuales estima conducentes y pertinentes la recurrente, pese a que el juzgador los consideró superfluos.

Advierte la impugnante, así mismo, que con su actitud el juez se “abrogó” la posibilidad de especular acerca del contenido del testimonio de los declarantes inadmitidos y junto con ello “Al negarle al acusador los testimonios mencionados, impidió el contradictorio con los acusados”

En punto de los testigos expertos negados a la fiscalía, estima la casacionista que “por esta vía se negaron los testimonios de la defensa tendientes a impugnar la credibilidad de los testigos de la fiscalía”.

A renglón seguido, en el cometido de señalar la parcialidad del juez de conocimiento, critica que en curso de uno de los interrogatorios realizados durante la audiencia de juicio oral, el funcionario increpase al Ministerio Público para que hiciese preguntas directas y no repetitivas.

Ya en el segundo apartado del primer cargo, la recurrente se ocupa de criticar la labor desarrollada por su antecesor en el cargo de defensor, pues, a pesar de “su buena voluntad”, no apeló la decisión de negarle algunas pruebas, encaminadas a demostrar la inocencia de la procesada, conformándose con cambiar uno de los testigos y adicionar el testimonio de otro. Después, renunció, en la audiencia del juicio oral, al testimonio de la acusada y de uno de los declarantes.

Estima la casacionista que el defensor anterior demostró “ausencia de pericia o habilidad” y “no utilizó los instrumentos apropiados que concede la ley para hacer efectivo, real o material el derecho de defensa técnica”

Para soportar estas afirmaciones, acude a lo ocurrido en la audiencia de formulación de acusación, en la cual el defensor solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a su protegida legal, pero recibió una recriminación del juez por desconocer la forma en que se postula esa solicitud.

Algo similar sucedió ante el Tribunal, cuando pretendió el defensor sostener su solicitud de recusación en contra del juez de primera instancia, pero el magistrado indebidamente le solicitó ceñirse estrictamente a lo deprecado.

Ello, lucubra la censora, pudo minar “la conciencia profesional defensiva del defensor de la acusada”, impidiéndole cumplir adecuadamente su función en la audiencia preparatoria y el debate del juicio oral, donde “cometió la torpeza” de renunciar a que su defendida “manifestara la verdad de lo ocurrido”.

Dentro del acápite que rotula “Fundamentos jurídicos del cargo”, la impugnante trae a colación las normas del bloque de constitucionalidad que regulan el principio de imparcialidad, así como los artículos de la Carta Política consagratorios de este principio y del derecho de defensa.

A renglón seguido, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional, referida a los efectos de negar las solicitudes probatorias, y de la Corte Suprema de Justicia, atinente al derecho de defensa.

Acorde con lo referenciado en precedencia, solicita la demandante, se case la sentencia, decretándose la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia preparatoria.



Segundo Cargo

Por la vía subsidiaria, se acusa a la sentencia de segundo grado, de haber incurrido en violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho por falso juicio de identidad.

Así lo postula la recurrente: “porque al valorar el mérito del testimonio de JULIO ROBERTO CÓMBITA HERNÁNDEZ desfigura el hecho que revela la prueba al quitarle una parte al hecho dándole un alcance de absoluta credibilidad como testigo de cargo que no tiene”.

Algo similar predica de lo testimoniado por Aurora Ordoñez y Luis Francisco Guayambuco.

En sustento del cargo, remite la recurrente a las normas que regulan la apreciación probatoria –arts. 380 y 404 de la Ley 906 de 2004-, para significar de ello que la sentencia “hace inferencias erróneas, por cuya razón se llegó a una decisión contraria al ordenamiento jurídico”.

Buscando, así, acompasar la crítica con la adecuada fundamentación del cargo, la impugnante resume, conforme su particular óptica, lo que dijeron los tres testigos en cita, para después, frente a cada uno de ellos, resumir, también con sus palabras, lo que de ello extrajo probatoriamente el tribunal, concluyendo que la valoración “riñe con los criterios legales para la apreciación de este medio probatorio”, entre otras razones, porque otorga credibilidad a los testigos sin tener en cuenta los intereses que los asisten.

Concluye la demandante, que si el Tribunal hubiese apreciado correctamente las pruebas, habría absuelto a la procesada con base en el principio In Dubio Pro Reo, ya que aplicó “indebidamente el artículo 381 del C. de P.P.”.

En consonancia con lo anterior, solicita la impugnante se case la sentencia y, en consecuencia, se emita sentencia absolutoria a favor de la acusada.


CONSIDERACIONES DE LA CORTE


Previo a examinar los cargos planteados por la casacionista en contra de la sentencia objeto de impugnación, es necesario destacar cómo, con el advenimiento de la Ley 906 de 2004, se ha buscado resaltar la naturaleza de la casación en cuanto medio de control constitucional y legal habilitado ya de manera general contra todas las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales, cuando quiera que se adviertan violaciones que afectan garantías de las partes, en seguimiento de lo consagrado por el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, así redactado:

Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia”


Precisamente, en aras de facultar efectivo el cumplimiento de tan caros propósitos, la Ley 906 de 2004, faculta a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, de la potestad de superar los defectos que pueda contener la demanda, a efectos de que pueda emitirse pronunciamiento de fondo –art. 184, inciso 3°-.

Es posible, sin embargo, inadmitir la demanda si, como postula el inciso segundo de la norma citada: “el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso”.

Atendidos estos criterios, ha señalado la Corte1:

De allí que bajo la óptica del nuevo sistema procesal penal, el libelo impugnatorio tampoco puede ser un escrito de libre elaboración, en cuanto mediante su postulación el recurrente concita a la Corte a la revisión del fallo de segunda instancia para verificar si fue proferido o no conforme a la constitución y a la ley.

Por lo tanto, sin perjuicio de la facultad oficiosa de la Corte para prescindir de los defectos formales de una demanda cuando advierta la posible violación de garantías de los sujetos procesales o de los intervinientes, de manera general, frente a las condiciones mínimas de admisibilidad, se pueden deducir las siguientes:

1. Acreditación del agravio a los derechos o garantías fundamentales producido con la sentencia demandada;

2. Señalamiento de la causal de casación, a través de la cual se deja evidente tal afectación, con la consiguiente observancia de los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios del motivo casacional postulado;

3. Determinación de la necesariedad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso en el ya citado artículo 180 de la Ley 906 de 2004.

De otro lado, con referencia a las taxativas causales de casación señaladas en el artículo 181 del nuevo Código, se tiene dicho que:

a) La de su numeral 1º –falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso-, recoge los supuestos de la que se ha llamado a lo largo de la doctrina de esta Corporación como violación directa de la ley material.

b) La del numeral 2º consagra el tradicional motivo de nulidad por errores in iudicando, por cuanto permite el ataque si se desconoce el debido proceso por afectación sustancial de su estructura (yerro de estructura) o de la garantía debida a cualquiera de las partes (yerro de garantía).

En tal caso, debe tenerse en cuenta que las causales de nulidad son taxativas y que la denuncia bien sea de la vulneración del debido proceso o de las garantías, exige clara y precisas pautas demostrativas2.

Del mismo modo, bajo la orientación de tal causal puede postularse el desconocimiento del principio de congruencia entre acusación y sentencia3.

c) Finalmente, la del numeral 3º se ocupa de la denominada violación indirecta de la ley sustancial –manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia-; desconocer las reglas de producción alude a los errores de derecho que se manifiestan por los falsos juicios de legalidad –práctica o incorporación de las pruebas sin observancia de los requisitos contemplados en la ley-, o, excepcionalmente por falso juicio de convicción4, mientras que el desconocimiento de las reglas de apreciación hace referencia a los errores de hecho que surgen a través del falso juicio de identidad –distorsión o alteración de la expresión fáctica del elemento probatorio-, del falso juicio de existencia –declarar un hecho probado con base en una prueba inexistente u omitir la apreciación de una allegada de manera válida al proceso- y del falso raciocinio –fijación de premisas ilógicas o irrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana crítica-.

La invocación de cualquiera de estos errores exige que el cargo se desarrolle conforme a las directrices que de antaño ha desarrollado la Sala, en especial, aquella que hace relación con la trascendencia del error, es decir, que el mismo fue determinante del fallo censurado.”

Establecidas las premisas básicas de evaluación, se abordará en detalle la demanda de casación, de conformidad con los cargos planteados por la casacionista.


1- Primer cargo.

Con un completo desconocimiento de la adecuada fundamentación en sede de casación, la demandante aborda conjuntamente como una sola causal de nulidad, dos situaciones absolutamente diversas, sin establecer entre ellas subsidiaridad.


En primer lugar, ataca la imparcialidad del juez de conocimiento de primera instancia, para lo cual destaca las que estima actuaciones que inequívocamente conducen a determinar un dicho factor.
Sin embargo, poco se preocupa la demandante por significar el sentido y trascendencia de los hechos puntuales que destaca, pues, en su correcto sentido, la Corte advierte que la actuación reseñada del funcionario corresponde a la propia del cargo que se le ha encomendado, en cuanto director de la legalidad de la actuación y la igualdad de las partes.
Desde luego que al juez le compete, resalta la Sala, verificar, en punto de los principios de eficiencia, celeridad, legalidad y economía procesal, que las pruebas pedidas por las partes sean no sólo lícitas, conducentes y pertinentes, sino suficientes, adecuadas y no reiterativas.
Y, entonces, si como aquí sucede, el funcionario, conforme lo ordena la Ley 906 de 2004, respecto del desarrollo de la audiencia preparatoria, luego de escuchar el sustento de las partes, decreta la práctica de determinados medios probatorios y niega la de otros, otorgando los recursos de reposición y apelación, nada distinto a la efectiva materialización de la función a él atribuida ha realizado, cuando suficientemente explicó su decisión.
A este efecto, si la defensa se hallaba descontenta con lo resuelto por el funcionario, pues, bastaba recurrir, como efectivamente lo hizo, a la impugnación, gracias a la cual parte de sus expectativas probatorias fueron satisfechas, obviando interponer el recurso de apelación, en muestra inequívoca de que aceptaba lo decidido por el funcionario.
Mal puede ahora la recurrente, por ello, acudir a la vía casacional para tratar de demostrar una inexistente parcialidad del juez, apenas aduciendo una etérea posibilidad de que las pruebas negadas pudieran tener eco en la pregonada inocencia de su representada legal, en afirmación carente de respaldo y surtida a partir de simples lucubraciones, cuando es claro que en el momento procesal oportuno el profesional del derecho que asistía a la procesada se conformó con lo obtenido a través del recurso de reposición.
Pero, además, la controversia planteada por la impugnante asoma si se quiere absurda y carente de legitimidad, dado que se soporta no en la supuesta negativa del juez de conocimiento a aceptar practicar las pruebas pedidas por la defensa, sino en similar decisión operada en contra de la fiscalía.
En este sentido, si se tiene claro, en seguimiento del principio adversarial, caro a la sistemática acusatoria consignada en la Ley 906 de 2004, que dentro de la particular teoría del caso asumida por las que se entiende partes opuestas, fiscalía y defensa, cada una de ellas acude a la audiencia preparatoria a solicitar las pruebas con las que buscan soportarla, resulta un despropósito significarse afectada, la parte defensiva, porque el funcionario judicial negó varias medios probatorios pedidos por la fiscalía, en tanto, huelga anotar, precisamente esos elementos de juicio se entienden de cargos, encaminados a soportar la acusación y, en consecuencia, la negativa del juez, lejos de afectar a la acusada, debe entenderse favorecerla.
Por lo demás, si se verifica que el juez negó pruebas a ambas partes, lo menos que puede decirse es que actuó de manera completamente imparcial.
Y si, igualmente, la Fiscalía, a pesar de haber interpuesto recurso de apelación en contra de esa decisión, obvió acudir a la correspondiente audiencia de alegación oral ante la segunda instancia, y ello ocasionó que se declarara desierto el recurso, de ninguna manera ese que se entiende acto de parte por antonomasia, por esencia desistible, puede ser utilizado por la casacionista para fundar una inexistente parcialidad del juez y mucho menos, el supuesto perjuicio que ello le causó.
Incluso, para redondear el tema, desafía elementales principios lógicos advertir, para soportar el presunto perjuicio, que la imposibilidad de obtener la comparecencia de los testigos de cargos, solicitados por la fiscalía, impidió “el contradictorio con los acusados”, o convocar a los declarantes de la defensa que se encargarían de “impugnar la credibilidad de los testigos de la fiscalía”.
Y la razón es simple, dado que, si a la fiscalía compete demostrar la acusación, o mejor, la existencia del delito y la responsabilidad en el mismo de la procesada, el hecho de que no concurran o no se acepten sus testigos, determina que esas no serán pruebas a esgrimir en contra de la acusada y, en consecuencia, ninguna necesidad existe de establecer el contradictorio respecto de los atestantes rechazados, o impugnar su credibilidad.
Bien poco tiene que anotar la Sala en lo que corresponde a las citas referidas a la forma en que el juez de primera instancia limitó la forma de interrogar del Ministerio Público, no sólo porque nada irregular se aprecia en lo transcrito por la censora, advirtiendo ello apenas el cumplimiento que hizo el funcionario de sus labores de dirección de la audiencia, sino en atención a que se desconoce cuál es la trascendencia que ello puede tener respecto de la suerte procesal de la representada legal de la demandante o cómo debe entenderse que hubo parcialidad a favor de una de las partes.
Es claro, finalmente, que ante la carencia de soporte fáctico o argumental para sustentar algún cargo que permitiera derrumbar la doble presunción de acierto y legalidad de que se hallan revestidos los fallos de ambas instancias, la recurrente echó mano de una improbable parcialidad del juez, soportada con simples conjeturas y evidentes desaciertos lógicos y jurídicos, suficientes para inadmitir el cargo de esta forma planteado.
Algo similar cabe predicar de su propuesta casacional encaminada a determinar inadecuada o insuficiente la tarea defensiva que adelantó el profesional del derecho actuante previo a la asunción del cargo por la impugnante.
De entrada se aprecia que lo argumentado corresponde no a la demostración de un abandono de la gestión encomendada o de un ostensible desconocimiento profesional que redundó en contra de los intereses de la asistida legal, sino a la óptica particular que adopta la impugnante en su interés por sacar avante algún medio que faculte anular lo hasta ahora adelantado.
No puede entenderse adecuado, al efecto, el tipo de critica que ejecuta la casacionista, como quiera que, resulta obvio, cuando lo sucedido es que se condena de manera directa a la procesada, como determinadora del delito, sin hallar a su favor alguna causal justificatoria o atenuante del hecho, siempre será posible, por la vía simplemente argumentativa que se funda en especulaciones de lo que pudo haberse hecho o cómo los testigos habrían de cambiar el panorama probatorio, significar más idóneo cualquier otro tipo de estrategia defensiva.

Porque, debe resaltarse, la sistemática acusatoria comporta unas actuaciones y momentos que necesariamente ha de considerar el profesional del derecho para adoptar la que entienda mejor estrategia, fruto también de conocer cuáles son los medios a la mano de la contraparte.

Para el caso concreto, a manera de ejemplo, la impugnante critica que su antecesor no hubiese recurrido en apelación la negativa a aceptar alguno de sus testigos, o mejor, el cambio de ellos conforme la fortuna que tuvo lo alegado por el camino de la reposición, y que después, en curso del juicio, desistiera de presentar como testigo a la acusada.

Sin embargo, se desconoce cuáles fueron las razones para que así lo decidiera el defensor y de primera mano no puede aducirse que ello por sí mismo condujo al resultado nocivo: la emisión de sentencia de condena, cuando ni siquiera se traen a colación los motivos y pruebas que soportaron esa decisión, para contrastarlos con la certidumbre de lo debido demostrar y no solamente la especulación de lo que pudo haberse manifestado por la procesada y quienes supuestamente aupan su versión.

Al efecto, razona la Corte, si ocurrió que varios de los testigos solicitados por la fiscalía fueron desestimados por el juez de conocimiento y después no fue posible sustentar la apelación interpuesta en contra de esta decisión, perfectamente pudo asumir el defensor, ante esta contrariedad de la fiscalía, que era mejor adelantar una defensa pasiva, ocupada apenas de impugnar o controvertir la veracidad de los únicos testigos de cargos que quedaban en pie. Mucho más, cabe destacar, si de antemano se conoce el riesgo intrínseco en presentar como su propio testigo a la acusada, aún si ella puede ofrecer una versión distinta de lo sucedido.

Ahora, que la actuación del defensor no hubiese rendido los frutos queridos, es asunto que de ninguna manera sustenta la tesis de precariedad o ausencia defensiva, en tanto, elemental asoma que la función del abogado asoma de medio y no de resultado, debiendo criticarse la simple inercia o pasividad ajena a cualquier estrategia y no que se intente por los medios legales, así no tenga eco la propuesta, favorecer la condición sub iudice del procesado, ora buscando se le declare inocente, ya pretendiendo se dejen de lado medidas coercitivas o facultando se aminoren sus efectos.

Y es este, precisamente, el tipo de comportamiento profesional que la Sala advierte desplegado por el anterior defensor de la procesada, quien siempre estuvo atento a sus intereses, intervino activamente en todas las diligencias para las cuales se le convocó, interpuso recursos e incluso, debe destacarse, obtuvo algunos beneficios procesales, uno de ellos, gracias al cual hoy no se halla en confinamiento carcelario su representada.

Apenas por vía ejemplificativa, la simple revisión del expediente, detallada en el acápite del decurso procesal, permite advertir cómo el defensor al momento de desarrollarse la audiencia preliminar de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, cuando el Fiscal deprecó ordenar en contra de la procesada se le recluyera en establecimiento carcelario, abogó por la sustitución en sitio de residencia y obtuvo del juez de control de garantías su anuencia para el efecto.

A su vez, en la audiencia de formulación de acusación deprecó la libertad de su asistida por vencimiento de términos, solicitó la nulidad de lo actuado y recusó al juez de conocimiento, acudiendo luego ante el Tribunal, para sustentar la recusación.

Solicitó después la revocatoria de la medida de aseguramiento y en la audiencia preparatoria interpuso el recurso de reposición frente a la decisión del juez de negar algunas de las pruebas por él pedidas, obteniendo satisfacción en la impugnación.

Previo a la realización del juicio oral, deprecó aplazamiento de la diligencia con el ánimo de preparar mejor la defensa. Y ya en curso la audiencia, participó amplia y activamente, presentando alegaciones, e interrogando y contrainterrogando a los testigos. En curso del incidente de reparación integral fue relevado del cargo.

La sucinta relación de lo desarrollado por el profesional del derecho, permite advertir que nunca abandonó su función o dejó expósita a la procesada, independientemente, se repite, de cuál entendió mejor estrategia defensiva o la fortuna que tuvieron sus intervenciones.

Bien poco aportan, en contrario, los asuntos meramente episódicos destacados por la demandante para señalar la supuesta incompetencia de su antecesor en el cargo, como quiera que refieren ellos a aspectos si se quiere normales dentro de la sistemática acusatoria, que se caracteriza por el debate y la dialéctica, en curso de los cuales perfectamente puede intervenir el Juez o Magistrado para encauzar de la que entiende mejor manera la discusión, sin que ello represente, como lo enseña la práctica judicial diaria, evidente desconocimiento o carencia de fortalezas en el profesional del derecho que asume la representación de la acusada, como de ordinario ocurre también con la fiscalía y el Ministerio Público.

Sobre el tópico, ya la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse, del siguiente tenor5:

Porque no se trata de que el recurrente, quien ahora asume la tarea de representación legal del acusado, anteponga su particular criterio, conocimientos o perspectiva profesional, a la de su antecesor en el cargo, para ver de encontrar falencias o yerros que no superan el campo de la simple especulación, sin establecer siquiera cómo la que se entiende mejor estrategia hubo de tener más positivos efectos a favor del procesado.

Mucho menos cuando, como sucede aquí, la crítica no va dirigida a la inactividad real o presunta del defensor anterior, sino a su supuesta incompetencia profesional, misma que pretende demostrarse a través del mecanismo si se quiere descontextualizado, de atomizar la intervención global del profesional del derecho, haciendo referencia a aspectos coyunturales que generaron objeciones de la contraparte, aceptadas por la Jueza directora de la audiencia de juicio oral.

Apenas en agraz la implementación del nuevo sistema acusatorio, desde luego que, como lo pregona el recurrente, se hace necesaria una profunda capacitación de quienes profesionalmente intervienen en el proceso.

Pero, precisamente por su naturaleza germinal, no es esta una actividad que deba entenderse acabada o signifique asumir en manos de determinados profesionales el conocimiento completo de la dinámica procesal y las técnicas propias del juicio oral.

Todo lo contrario, como la experiencia lo enseña, incluso cuando las modificaciones procesales son mínimas, el periodo de acomodamiento y decantación del mejor proceder, es amplio y proceloso, sin que los errores propios de la implementación puedan ser atribuidos a la incapacidad profesional del funcionario o la parte que los cometen.

Porque, es necesario precisarlo, la vigencia de la Ley 906 de 2004, ha demostrado que las novísimas instituciones allí insertas, así como la forma de adelantar las distintas audiencias, emergen aspectos las más de las veces problemáticos, propensos a disímiles interpretaciones y posturas, sin que exista en muchas de ellas, al presente, una postura sólida y unificada que permita aseverar que la práctica contraria obedece a la incompetencia, ignorancia o incuria de quien así actúa.

Sólo la práctica, y desde luego la jurisprudencia de esta Corporación, permitirán que a futuro los tópicos hoy discutibles o de difícil factura, alcancen un punto óptimo de discernimiento y operatividad en la dinámica procedimental.

En el entretanto, asoma bastante discutible la postura del impugnante, cuando de las dificultades propias de la implementación del sistema, recurrentes y generales como la práctica diaria lo enseña, pretende extractar la supuesta incompetencia de su antecesor en el cargo sólo porque dentro de las técnicas propias del juicio, algunas de sus intervenciones fueron objetadas y la jueza consideró adecuada la objeción.

Basta ver la intervención del defensor en desarrollo de la presentación de su teoría del caso, para colegir que, cuando menos, la objeción planteada por la fiscalía, y la aceptación de ella por parte de la Jueza, asoman discutibles, si se considera la naturaleza abierta de una dicha argumentación y lo pretendido por el defensor, no otra cosa diferente a referenciar los antecedentes románticos de víctima y victimario, a efectos de significar que se demostrará consentida la relación sexual.

Y otro tanto ocurre con las objeciones presentadas en curso de su interrogatorio al procesado, presentado como testigo, sin que pueda asumirse a partir de esta actividad y lo ocurrido en el decurso del juicio, que de verdad se hallaba huérfano de defensa letrada el acusado, cuando, además, asoma si se quiere natural y propio de la técnica del juicio, que se presenten objeciones, fundadas e infundadas, y ellas se resuelvan favorable o desfavorablemente.

Porque, es necesario precisar, la reiteración en las objeciones, dentro del campo virgen de técnicas de oralidad atrás descrito, si bien, puede significar, como referencia el recurrente, algún tipo de falencia en el interrogatorio o intervención de la parte en contra de la cual se proponen, también es posible que refleje similares limitaciones en el proponente de las mismas.

Es claro, igualmente, que a la definición de adecuada o inadecuada defensa, no puede llegarse por la vía fragmentaria e inconexa pretendida por el casacionista, si a la par el análisis global y conjunto del comportamiento procesal del defensor anterior y sus efectos, permite advertir que finalmente pretendió hacer valer una teoría del caso efectivamente propuesta y cabalmente desarrollada a través de la presentación y controversia de pruebas, aunque la pretensión resultó fallida, no por ostensibles yerros u omisiones, sino en atención a que el despacho fallador dio plena validez y efectos a las pruebas de cargos presentadas por la fiscalía.”



Se desestimará también, por lo anotado, el segundo de los aspectos que dentro del mismo cargo de nulidad, propuso la demandante.

2. Segundo cargo.
Se dijo en el proemio de esta respuesta, y se reitera, que no obstante el advenimiento de la Ley 906 de 2004, siguen siendo válidas las manifestaciones que en sede de la Ley 600 de 2000, se han hecho respecto de la necesaria fundamentación que han de tener los cargos planteados en casación, dado que no se trata de una instancia más de discusión probatoria, sino de un mecanismo excepcional establecido para restañar el daño que causan decisiones injustas e ilegales.
En consecuencia, como quiera que a la Corte arriban los fallos de ambas instancias prevalidos de la doble connotación de acierto y legalidad, el ataque debe hacerse de forma precisa, indicando el yerro o violación ostensible, dentro de los cargos que ya de antaño representan respeto por necesarios principios de lógica y fundamentación.
Para el caso, entonces, la censora dice recurrir a la causal que indica la existencia de un error de hecho por falso juicio de identidad, pero basta apreciar el desarrollo que desde la misma invocación de las normas aplicables hace del cargo, para advertir cómo se desvía de lo propuesto y, finalmente, incursiona en los terrenos del falso raciocinio, pero bien poco hace para soportar adecuadamente la crítica, que ostensiblemente deriva en un simple alegato de instancia mediante el cual procura anteponer su particular apreciación, desde luego interesada, de lo que la prueba supuestamente enseña, para anteponerla a la más autorizada de las instancias.
Apenas para claridad de la recurrente, debe destacarse, como reiterada y pacíficamente lo tiene dicho la sala, que la controversia surgida a partir del falso juicio de identidad representa demostrar, en un plano meramente objetivo, que el Tribunal tergiversó, cercenó o adicionó el contenido material de lo dicho por el testigo, para lo cual asoma fundamental, precisamente en razón a la naturaleza de lo propuesto, transcribir lo que expresamente contiene el dicho del testigo, a fin de confrontarlo, también efectuando la correcta y expresa transcripción, con lo que de ello dijo el fallador. Ya luego, se agrega, es menester demostrar la trascendencia del yerro, realizando una nueva evaluación probatoria conjunta en la cual se introduzca la verdadera forma de leer lo expresado por la prueba.
Nada de ello realizó la impugnante, quien, como se anotó atrás, citó las normas que regulan la forma de valoración o apreciación del testimonio para luego resumir, con su particular deducción, lo que entiende debe extractarse de los testimonios recabados, enfrentándolo a lo que estimaron los falladores sobre el particular.
En este cometido, la recurrente controvirtió la credibilidad de lo afirmado por los testigos de cargo, y definió adecuado a la verdad lo sostenido por los de descargo, pasando por alto con ello que en nuestro sistema rige el concepto de libertad probatoria, sometido en su análisis al principio de la sana crítica y, en consecuencia, no es dable atacar en casación la valoración que de esos factores hicieron las instancias.
Y, si lo pretendido es demostrar un yerro en el raciocinio, se hacía indispensable, acorde con elementales factores de fundamentación que gobiernan el cargo, significar si ello devino consecuencia de pasarse por alto o aplicar indebidamente las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica o los principios científicos, destacando en cuál de ellos operó el vicio y cómo debe hacerse valer el adecuado, para después, en aras de determinar la trascendencia del error, revalorar el conjunto probatorio a fin de demostrar que ello acudiría a favor de la procesada, ya obligando un fallo absolutorio, ora atemperando el tipo de responsabilidad inicialmente deducida.
De esta manera, con plena vigencia para lo que se examina, lo estableció la corte6:
Si se denuncia falso raciocinio por desconocimiento de los postulados de la sana crítica, se debe indicar qué dice de manera objetiva el medio, qué infirió de él el juzgador, cuál mérito persuasivo le fue otorgado, señalar cuál postulado de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia fue desconocido, debiéndose indicar cuál es el aporte científico correcto, la regla de la lógica apropiada, la máxima de la experiencia que debió tomarse en consideración y cómo, y finalmente, demostrar la trascendencia del error indicando cuál debe ser la apreciación correcta de la prueba o pruebas que cuestiona, y que habría dado lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto y opuesto al ameritado”
Tampoco habrá de admitirse, por lo anotado, el segundo y último de los cargos que nutren la impugnación.
Cuestión final.
Habida cuenta de que contra la decisión de inadmitir la demanda de casación procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el Art. 186 de la Ley 906/04, impera precisar que como dicha legislación no regula el trámite a seguir para que se aplique el referido instituto procesal, la Sala ha definido las reglas que habrán de seguirse para su aplicación7 como sigue:

a) La insistencia es un mecanismo especial que sólo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por cuyo medio la Sala decida no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que ésta reconsidere lo decido. También podrá ser provocado oficiosamente por alguno de los Delegados del Ministerio Público para la Casación Penal -siempre que el recurso de casación no hubiera sido interpuesto por un Procurador Judicial-, el Magistrado disidente o el Magistrado que no haya participado en los debates y suscrito la providencia inadmisoria.


b) La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público a través de sus Delegados para la Casación Penal, o ante uno de los Magistrados que haya salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de inadmitir la demanda o ante uno de los Magistrados que no haya intervenido en la discusión.
c) Es potestativo del Magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días.

d) El auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la admisión de la demanda.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,

RESUELVE



1- INADMITIR la demanda de casación presentada en nombre de LUZ SALAMANCA FORERO, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo del presente proveído.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del demandante elevar petición de insistencia en relación con el punto.


Cópiese, notifíquese y cúmplase.


ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Comisión de servicio

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS


AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS


YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA


JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria

1 Auto del 2 de noviembre de 2006, Radicado 26.089

2 Cfr. auto de casación del 24 de noviembre de 2005, radicación 24.323.

3 Cfr. auto de casación del 24 de noviembre de 2005, radicación 24.530.

4 ib. radicación 24.530

5 Sentencia del 25 de abril de 2007, radicado 26.381

6 Sentencia del 26 de junio de 2002, Radicado 11.451

7 Providencia del 12 de diciembre de 2005. Rad. 24322.


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