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Luís de Ridder Limitada


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  • Fallo: “Luís de Ridder Limitada” S.C.A.- (Calificaciones, personas jurídicas).- http://fallos.diprargentina.com/2007/05/manuela-rosas-de-egea.html

Buenos Aires, junio 9 de 1994.

Considerando:

1) Que contra la sentencia de sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que, al confirmar lo resuelto en la instancia anterior, rechazo el incidente promovido por el síndico de la quiebra Luís de Ridder Limitada, que perseguía la exclusión de la Corona del Reino Unido de Gran bretaña como sucesora singular de un acreedor de la fallida, el funcionario concursal vencido interpuso el recurso extraordinario cuya denegación dio origen a la presente queja.

2) Que la Cámara estimo que el crédito verificado por la sociedad de derecho ingles Knowles and Foster Lt. en el concurso de la sociedad argentina- declarada en quiebra posteriormente- no podía ser calificado como bien vacante toda vez que la legislación argentina disponía que el activo de una sociedad liquidada y extinguida quedara a disposición de los ex socios. En el “sub. lite”, habida cuenta de que el acreedor era una sociedad regida por el derecho ingles, correspondía aplicar ese derecho a los bienes adquiridos por el ente antes de su disolución. De ello resultaba que el acreedor originario había sido sucedido por un ente del país de la constitución de la sociedad, a saber, por la Corona Británica, a quien le correspondían dichos bienes conforme a la prueba producida.

3) Que el sindico de la quiebra reclama la apertura del recurso extraordinario por cuestión federal típica (art. 14 inc. 3 de la Ley 48), que se fundamenta en la violación de los intereses de la quiebra en virtud de una inteligencia equivocada de las normas dictadas por el Congreso Nacional, lo que conduce, a su juicio, a otorgar una ilegítima preferencia a una potencia extranjera para el ejercicio de actos de soberanía sobre bienes mostrencos situados en la Republica. Aduce así mismo vicio de sentencia arbitraria.

En el memorial de Fs. 203/208 critica el razonamiento de la Cámara con argumentos que pueden resumirse así: el Tribunal argentino debe admitir la calificación de los bienes como vacantes atribuida por el Derecho Ingles; tal como dictaminó el agente Fiscal, no corresponde dilucidar un problema societario sino que se trata de bienes a los que corresponde aplicar art. 2342, inc. 3 y 3588 y su nota del Cód. Civil, que sido ignorados por el a quo; el razonamiento de la alzada es dogmático y esta privado de base legal, pues no puede reputar que un crédito corresponde a los socios cuando éstos ya no existen como consecuencia de la disolución del ente; el fallo incurre en omisión de pronunciamiento y violenta el espíritu y los fines de la acción revocatoria, a la que se hizo lugar en beneficio de los acreedores del fallido y no de la Corono Británica.

4) Que el litigio versa sobre la oposición del síndico de una quiebra al pago de un dividendo a la Corona Británica, que ha fundado en el dominio que correspondería al Estado argentino sobre los bienes reputados vacantes y que justifica el rechazo de toda otra pretensión que comportase el ejercicio de un acto de soberanía por parte de un Estado extranjero. En atención a que la controversia se ha planteado en términos que comprometen derechos que eventualmente podrían ejercerse con fundamento en los atributos de la soberanía argentina, y que la decisión ha sido contraria a la pretensión que el recurrente sustentó en tales derecho, cabe concluir que se ha suscitado cuestión federal bastante para la intervención de esta Corte por la vía extraordinaria.

5) Que el derecho de un acreedor verificado a percibir el dividendo concursal se rige por la Ley aplicable a la quiebra, en el caso, la Ley argentina, que dispone que ese derecho no caduca sino en las condiciones del art. 221 de la Ley 19.551, es decir, ante la desidia del acreedor en percibir el dividendo, circunstancia que no se configura, ni ha sido invocada por ninguna de las partes.

6) Que el acreedor verificado en una sociedad constituida en el extranjero que se rige en cuanto a su existencia y forma por la Ley del lugar de su constitución, y que regula asimismo lo concerniente a la liquidación, disolución, extinción de la personalidad jurídica y destino del activo societario una vez extinguido el ente social.

En virtud de la Ley inglesa designada por la norma de conflicto argentina, cuando se disuelve una sociedad, todos los bienes y derechos de cualquier índole en posesión o mantenidos en fideicomiso por ella inmediatamente antes de la disolución, se consideran bienes vacantes y por lo tanto pertenecen a la Corona.

7) Que las precedentes disposiciones de derecho extranjero, solo justifican el título en virtud del cual la Corona Británica se presenta en jurisdicción argentina en ejercicio de los derechos del acreedor a quien sucede singularmente, según la Ley aplicable a la extensión del patrimonio y la personalidad del ente que verifico originalmente un crédito. Tal pretensión no violenta el espíritu de la Ley argentina, toda vez que no se configuran las circunstancias fácticas que darían lugar a alguna pretensión de la autoridad argentina fundada en el dominio eminente estatal ante el abandono del anterior titular.

8) Que es una pretensión de principio la afirmación relativa a la aplicación de la Ley del lugar de su situación para las cosas que carecen de dueño por estar abandonadas o cuyo dueño se desconoce, cuando precisamente en meollo de la cuestión radica en la previa calificación del problema como atinente a bienes vacantes o al derecho societario, opción esta última seguida por la Cámara, tal conclusión no está viciada de dogmatismo pues permite sortear el abuso de pretender la aplicación de normas argentina sobre bienes mostrencos a una situación que el legislador argentino no ha comprendido en dicha categoría. No se configuran los presupuestos básicos que dan derecho al Estado argentino.

9) Que no parece razonable sostener que la Corona ejerce una pretensión basada en su soberanía y en el dominio eminente de ella sobre bienes no ubicados dentro de su territorio. La pretensión de la Corona se sustenta en el derecho ingles, aplicable a una cuestión societaria cual es el destino del activo de una sociedad liquidada e extinguida.

10) Que finalmente no concierne al tema “sub examine” la situación regulada en el art. 3588 del Código Civil, en razón de que el Derecho argentino no admite la asimilación entre la noción de heredero y el carácter de cesionario o sucesor singular de una persona jurídica extinguida. La preferencia de la pretensión soberana del Estado argentino frente a toda pretensión sucesoria de un Estado extranjero, presupone la existencia de una herencia vacante, situación distinta a la de autos.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario, y se confirma el fallo en cuanto fue materia de agravio.-




  • Fallo: “Enrique Bayaud s/ Sucesión”.- (Calificaciones).- http://fallos.diprargentina.com/2007/05/manuela-rosas-de-egea.html

Marzo25/1981.

Marta Bayaud adoptó el 22 de mayo de 1962 ante el Tribunal de Pau, Francia y bajo la forma de la adopción simple a Susana Largade, falleciendo aquélla en enero de 1971, y su hermano Enrique en agosto de 1975, ambos en la referida localidad y país.


En mayo de 1977 Susana Lagarde, por apoderado, se presenta ante la justicia provincial para promover el juicio sucesorio de su tío adoptivo Enrique Bayaud, solicitando en su carácter de sobrina por adopción del causante se dicte declaratoria de herederos a su favor sobre la tercera parte indivisa de los bienes inmuebles que denuncia situados en la Provincia de Buenos Aires.
A fs. 48 el juez de primera instancia, considerando que el art. 10 del C. Civil constituye una excepción al principio sentado por el art. 3283 del mismo ordenamiento, aplica el art. 20 de la ley 19.134 y desconoce vocación hereditaria a la sobrina adoptiva del causante. Tal pronunciamiento es confirmado por la Cámara 1º de Apelación de La Plata a través de su sala 1º a fs. 59.-
Dicha decisión confirmatoria es impugnada por el apoderado de Susana Largade mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 64 en el que alega la violación de los arts. 32, 20 y 25 de la ley 19.134, 10 y 3283 y concordantes del C. Civil, de la ley francesa de adopción 66-500, como así de los arts. 364 y 368 y concordantes del C. Civil francés. Señala el apelante que la sentencia niega vocación hereditaria a su mandante en su carácter de hija adoptiva de una hermana del causante en relación a los bienes inmuebles relictos en la sucesión de éste. Arguye que la interpretación restrictiva de la alzada da al art. 32 de la ley 19.134 es errónea ya que la norma establece un claro supuesto de remisión o reenvío expreso de una ley argentina a una ley extranjera, por lo que ésta queda incorporada a nuestro derecho formando parte de la ley suprema de la Nación (art. 31 de la Const. Nac.) Debió pues aplicarse el art. 368 del Cód. Civil francés (según ley 66-500 del 11-7-66) que otorga al adoptado los mismos derechos sucesorios que a un hijo legítimo respecto a la familia del adoptante. Según el recurrente la admisión de un reenvío expreso con tal alcance hace perder relevancia a los argumentos que el decisorio eslabona con pie en los arts. 20 y 25 de nuestra ley de adopción, máxime que en virtud de la citada ley francesa sus disposiciones resultan aplicables a las adopciones simples realizadas antes de su vigencia. Por último, el impugnante entiende que tratándose de un caso de reenvío no es menester probar la ley extranjera ya que el supuesto queda subsumido en la excepción contemplada por la última parte del art. 13 del Cód. Civil temperamento que en definitiva ha sido admitido por los jueces de las instancias inferiores al decidir la especie sin proveer la prueba ofrecida por su parte.
El fundamento principal de la sentencia impugnada reside en que el reenvío que establece el art. 32 de la ley 19.134 no tiene el alcance que pretende la presentante ya que el mismo sólo comprende el conjunto de los derechos y deberes de adoptantes y adoptados entre sí, limitación que excluye la vocación hereditaria, ya que ésta no concreta derechos y deberes entre causantes y herederos y no establece entre ellos posibilidad de reciprocidad alguna o de vínculo jurídico. La ley claramente se refiere a otros derechos que sí en cambio relacionan vincularmente a adoptante y adoptado, como son por ejemplo los relativos al derecho y al ejercicio de la patria potestad, a los alimentos, etc.
Entiendo que tal interpretación es errónea fundamentalmente porque prescinde de los propios términos de la ley (art. 16 C.Civil). De la simple lectura del precepto se desprende que comienza por hacer referencia a la situación jurídica de adoptante y adoptado, y es sabido que la expresión indica un modo permanente de estar alguien con respecto a otro que habilita a aquél o titular para el ejercicio indefinido de poderes o prerrogativas mientras tal situación subsista.

De conformidad al reenvío que establece el art. 32 de la ley 19.134 los derechos hereditarios del adoptante y adoptado quedan regidos en las adopciones realizadas en el extranjero por la ley del domicilio del adoptado.


Tratándose de una adopción realizada en el extranjero el art. 3283 impone que toda la situación jurídica resultante de dicho vínculo quede sometida a la ley del domicilio del adoptado al tiempo del acto, comprendida la vocación hereditaria que dicha legislación le atribuye sobre todos los bienes que componen el acervo sucesorio y sin que quepa hacer distinción respecto a los inmuebles con apoyo en lo dispuesto por el art. 10 del Código civil.

Primera Instancia: sobre la base de lo dispuesto por el art. 10 del Código Civil que constituye una excepción al principio que fluye de su miliar 3283, se le desconoció vocación hereditaria a Susana Largade.


Cámara de Apelación: el a quo mantuvo ese decisorio.-


Corte Suprema: el problema interpretativo radica en que la recurrente goza de adopción simple y esta calificación en nuestro derecho, no crea vínculo de parentesco entre el adoptado y la familia de sangre del adoptante sino a efectos expresamente determinados y por tanto su vocación sucesorio con relación a los bienes relictos en las sucesiones de los parientes del adoptante está limitada a lo que prevé el art. 25 de la ley. El equívoco reside en asignar a la denominación simple de la ley francesa el mismo alcance que a la categoría simple de la ley argentina. Si en esta última la vocación sucesoria tiene los alcances restringidos su derecho se extiende a la línea colateral. Lo que importa no es la denominación sino los efectos de la adopción y en las instancias anteriores se ha infringido los arts. 20,25 y 32 de la ley 19.134. Por lo tanto se hace lugar al recurso interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se declara a Susana Largade única heredera del causante.



  • Fallo: “Antón c/ Bartolo”.- (Calificaciones).-

En Goldschmidt

El problema consistía en calificar el derecho del cónyuge supérstite como figura del régimen matrimonial de bienes o como figura sucesoria.

Un matrimonio maltés se casó en Malta. Luego se trasladó a Argelia (entonces Francia), donde el marido adquirió inmuebles y donde, en 1889, falleció,

La viuda exigió el usufructo de una cuarta parte de la propiedad del marido, basándose en los arts. 17 y 18 del Código Rohan, que en la época crítica regía en Malta. Si estas disposiciones forman parte del régimen de bienes, la viuda gana el pleito, ya que a dicho régimen es aplicable. Según el Dipr. francés, el derecho del primer domicilio conyugal. Pero… si los mencionados preceptos, en cambio, perteneces al Derecho Sucesorio, la viuda pierde el litigio, puesto que el juez habrá de aplicar derecho francés, -sea como derecho del último domicilio del de cujus (muebles), sea como lex situs (inmuebles); y el derecho francés, desconocía en aquel momento el pretendido derecho de la viuda, ya que el derecho sucesorio del cónyuge supérstite en concurrencia con herederos “sucesibles” data, en Francia, desde 1891, desde cuya fecha le corresponde una parte determinada en usufructo.

Ahora bien, el Código Rohan incluye las disposiciones en el capítulo sobre matrimonio, mientras que el derecho francés las considera como parte del derecho sucesorio.

La Corte de Apelaciones de Argelia dio la razón a la viuda. Se calificó pues, según la Ley aplicable al régimen de bienes en el matrimonio (lex causae) y no según el derecho del Juez francés (lex fori).-




  • Fallo: “Sulim Melman” .- (Calificaciones).- http://fallos.diprargentina.com/2007/05/manuela-rosas-de-egea.html

4 de octubre de 1963, Cámara Civil y Com. de Bahía Blanca.

Se libra una orden de pago en Montevideo (Uruguay) sobre un banco de Nueva Cork (Estados Unidos). Esta orden se endosa luego en Argentina por el establecimiento vitivinícola Sulim Merman S.A., demandado en éste proceso, a un segundo endosante quien, a su vez, también en argentina, lo endosa al actor, quien , por último, lo endosa, igualmente en la República en procura, al Banco Argentino de Comercio.

A éste último se notifica que la orden fue protestada por falta de pago en Nueva Cork según la Ley local; sin embargo, el Banco Argentino de Comercio, o al menos el actor, no notifican el protesto a los anteriores endosantes. El actor, al tropezar en el ejercicio de su acción regresiva contra la demandada con la negativa de ésta, pide la apertura de la quiebra por estado de cesación de pagos.

Urge saber, si al caso es aplicable la obra de Montevideo. Si la orden de pago constituyese una letra de cambio, cada declaración cambiaria se regiría, conforme al principio de la autonomía, por el derecho del país en el cual la declaración haya sido emitida. Por tanto, la validez de la emisión de la orden de pago se regiría por el derecho uruguayo, mientras que sobre la validez y los efectos de los endosos imperaría el derecho argentino. Como ambos actos han tenido lugar en países ratificantes del Tratado de Montevideo, el mismo resultaría sin duda alguna, aplicable. Todo cambiaría si creyéramos que la orden de pago constituyese un cheque. Ya que, en éste supuesto, parece que habríamos de acudir a la Ley del Estado en que el cheque debe pagarse. Como tal Ley sería la de Nueva York, el Tratado de Montevideo sería a todas luces inaplicable.

Queda, pues, por saber si la orden de pago librada en Montevideo sobre un Banco de Nueva Cork, es una letra de cambio o es un cheque. Pero, debe conocerse con anterioridad, cual es el derecho comercial que nos suministrará las definiciones de los términos, “letra de cambio” y “cheque” empleados en las normas indirectas.

Resulta que la Ley uruguaya sobre cheques y cuentas corrientes bancarias, calificaría la orden como letra a la vista. Según el derecho argentino, en cambio, la orden de pago parece configurarse como cheque, que si bien en el momento crítico no se admitía como librado desde o sobre argentina, era aún entonces válido librándose desde Uruguay cobre Nueva York.

Finalmente, la sentencia califica la orden, según el derecho comercial uruguayo, como letra; llega, así, al principio de la autonomía y aplica, en fin de cuentas, a los endosos el derecho argentino, por haberse realizado en éste país.-



    • Fallo: “Oreiro Miñones José s/ Sucesión”.- (Cuestión Previa).- http://fallos.diprargentina.com/2007/05/manuela-rosas-de-egea.html

1ra instancia- Buenos Aires, 27 de agosto 1973.

Y vistos: por haberse omitido en el auto de declaratoria d herederos proveer expresamente a lo solicitado, corresponde dictar el pertinente pronunciamiento.

Y considerando: 1) El causante Don José Oreiro Miñones otorgó poder y licencia marital suficiente y especial a su esposa, doña Maria Modesta Da Cal Fernández de Orebro, para adoptar como hija de ambos a la menor Ester Da Cal Miñones por ante el Sr. Cónsul general de España en nuestro país.

La Sra. Da Cal Fernández de Orebro se trasladó a España y procedió a adoptar a la referida menor en los términos que da cuenta la escritura pública debidamente legalizada de fecha 1 de agosto de 1968.

Los adoptantes- el causante y la cónyuge supérstite- tenían, al tiempo de haberse efectuado la adopción, domicilio conyugal en la ciudad de Buenos Aires.

La menor adoptada tenía domicilio legal en España, por estar allí domiciliado su padre, atento lo dispuesto por el art. 40 del Código Civil español y art.64 de la Ley de Enjuiciamiento española de 1881.

2) De las circunstancias fácticas expuestas, surge el problema de resolver acerca de la validez de la adopción otorgada en España por adoptantes con domicilio en Argentina, de una menor domiciliada en España al tiempo de la adopción.

3) el Derecho Internacional Privado aplicable. En primer lugar cabe señalar que la adopción de marras fue efectuada el 1ro de agosto de 1968, o sea, anterior a la fecha en que entro en vigencia la Ley19.134. Dicha Ley en su art. 34, contiene una disposición transitoria, según la cual, las adopciones anteriores a la vigencia de ésta Ley, quedan sometidas al régimen de adopción simple, pero podrán ser convertidas en adopciones plenas a pedido de los adoptantes.

dos son las cuestiones iniciales, a saber: a) si ésta norma se aplica solamente a adopciones celebradas en nuestro país o si también comprende las otorgadas en el extranjero; b) si la disposición impone su aplicación inmediata a las adopciones anteriores.

Sobre el primer aspecto, se observa que el art. 34 se encuentra ubicado en el capítulo de los “efectos de la adopción conferida en el extranjero”, lo que daría lugar a pensar que dicha norma sería aplicable aún en el supuesto que ocupa, no obstante sea de fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley.

En lo que hace al segundo punto, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 3 del Código Civil, en su actual redacción por la Ley 17.711, la Ley a partir de su entrada en vigencia sería de aplicación “aun a las consecuencias de situaciones y relaciones jurídicas existente”. Sin embargo cabe destacar que ésta aplicación “inmediata”, no significa que deba tener efecto retroactivo.

Por tal motivo, es que la presente adopción, efectuada antes de la vigencia de la Ley 19.134, no se rige por esa Ley, sino por la anterior. Pero como ésta Ley anterior, no contiende normas de Dipr. Parece configurarse una laguna jurídica. En tal situación estimo, que frente a la ausencia de convenio con España y de normas no convencionales de Dipr argentino en materia de adopción en la Ley 13.252, se hace aplicable análogamente Tratado de Montevideo de 1940.


  1. La prueba del derecho extranjero.

Según el art. 13 del C.C. “la aplicación de las leyes extranjeras, en los casos que éste Código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptuase las leyes extranjeras que se hicieran obligatorias en la República por convenciones diplomáticas o en virtud de ley especial”.

Las normas que sita la interesada a Fs. 44/46 sobre el régimen de la adopción actualmente vigente en España, la ha compulsado personalmente el proveyente, en base a la edición oficial del Ministerio de Justicia, siendo la trascripción efectuada fidedigna.



  1. Validez de la adopción en el derecho español.

La escritura de adopción de Fs. 6/12 se encuentra debidamente legalizada ante el consulado argentino la Coruña, España, con los recaudos pertinentes. En dicho instrumento se relaciona el auto del Juez español por el cual se conduce autorización judicial para el otorgamiento de la escritura de adopción, del 24 de julio de 1968, cuyo testimonio expedido el 31 del mismo mes y año tuvo a la vista el notario autorizante, con expresa constancia de haberse dado cumplimiento a las disposiciones del Código Civil español, en especial el art. 176, que regula los trámites previos judiciales, con lo cual se acredita por vía indirecta y suficiente la sentencia española.

  1. Validez de la adopción en el derecho argentino.

La adopción de la menor efectuada por el causante y su cónyuge en España, también se ajusta alas disposiciones argentinas, Ley 13.252, aplicable al caso. Además, ha cumplido con la formalidad de instrumento público. Por todo ello, al coincidir el derecho español y el argentino de adopción, en calificarla como válida, corresponde considerarla ajustada a derecho, por aplicación del referido art. 23 del tratado de Montevideo de 1940.

La adopción es sustancial y formalmente válida para el Derecho Internacional Privado argentino y, consecuentemente, plenamente válida en nuestro país.



  1. Emplazamiento jurídico familiar de la adoptada.

La menor adoptada ostenta tanto para el derecho español como el argentino el estatus jurídico- familiar de hijo legítimo. Según el art.174 del Código Civil español dice “la adopción produce parentesco entre el adoptante, de una parte y el adoptado y sus descendientes legítimos, de otra, pero no respecto de la familia del adoptante, con excepción de los dispuesto sobre impedimentos matrimoniales”. Por su parte, el art. 12 de la Ley 13.252 contenía un texto análogo.

  1. Vocación hereditaria de la adoptada en nuestro país.

En lo que hace al derecho aplicable a la vocación sucesoria de la adoptada en España, hay que recurrir a las normas de Derecho Internacional Privado argentino. De acuerdo con el art. 3286 argentino, la capacidad para suceder se rige por el derecho del domicilio del pretendiente sucesor al tiempo del fallecimiento del autor de la sucesión. Como la menor adoptada, tenia su domicilio legal también en ésta capital, va de suyo que su capacidad para suceder se rige por el derecho argentino; ello, con independencia de la validez de la adopción conferida en el extranjero.

El causante falleció en Buenos Aires en marzo de 1971, es decir con anterioridad de la entrada en vigencia de la Ley 19.134. Por tal motivo es que no resultan aplicables sus disposiciones relativas a la sucesión del adoptante por el adoptado, habida cuenta de que de acuerdo al derecho argentino, la capacidad para adquirir una sucesión debe tenerse al momento en que la sucesión se difiere.



  1. Derecho al patrimonio del causante.

El último problema a considerar consiste en el derecho de sucesión de la adoptada al patrimonio de su padre adoptivo. Según lo dispone el art. 3283 del Código Civil argentino, el derecho del domicilio que el difunto tenía a su muerte rige el derecho de su sucesión. Como el causante tenía su último domicilio en la República, resulta que el derecho sucesorio argentino es el que califica la presente sucesión.

Ahora bien, en el derecho sucesorio argentino carece de validez la cláusula inserta en la escritura de adopción, por la cual se convienen los derechos hereditarios de la adoptada en un tercio de la herencia de cada uno de los adoptantes, por importar en sus alcances un pacto de herencia futura. Si se entendía que dicho pacto es una institución hereditaria, tampoco sería válido, por no ajustarse a las formas exigidas por el derecho español del lugar de su otorgamiento, para los testamentos en acto público “abierto”. Dicha institución hereditaria también sería inválida según el derecho argentino. En primer lugar por no respetar la legítima sin preterición de heredero, lo que tornaría inaplicable el art. 3715, reformado por la 17.711. En segundo término, por cuanto se habría violado la prohibición de instituir heredero por medio de mandatario, ya que tendría ese significado la cláusula por medio de la cual el causante, a través de su cónyuge mandataria para la adopción, fijó en un tercio de la herencia la vocación hereditaria de la menor adoptada.

Siendo ello así, dicho pacto resulta ineficaz para el Derecho Internacional Privado argentino, por la cual la adoptada debe ser considerada sucesora universal del causante, como heredera forzosa, conjuntamente con la cónyuge supérstite, si hubiera bienes propios, y sin perjuicio de los derechos que ésta última le correspondan como socia de la sociedad conyugal, en cuanto a los bienes gananciales.

Por éstas consideraciones y disposiciones legales citadas, resuelvo: Aclarar el auto de declaratoria de herederos en el sentido de que se declaran únicas y universales herederas de don José Orebro Miñones a su hija adoptiva María Ester Orebro y Da Cal y a su esposa doña María Modesta Da Cal de Orebro o María Modesta dal Cal Fernández de Orebro, si hubiera bienes propios y sin perjuicio de los derechos que la Ley le acuerda a la cónyuge supérstite en cuanto a los gananciales. Notifíquese personalmente o por cédula.-




    • Fallo: “Grimaldi Concepción Di Paola”.- (Cuestión Previa).- http://fallos.diprargentina.com/2007/05/manuela-rosas-de-egea.html

Cámara Civil de Capital federal, 1948.

El causante, Miguel Grimaldi, italiano, había adoptado en Italia a la joven Concepción Di Paola, conforme el viejo Código Civil de Italia de 1865, art.213 y ss. Falleció en 1943, en Italia, donde tenía su domicilio. Dejó un inmueble en calle Córdoba 6543 de Buenos Aires, y una cuenta en el Banco Germánico para Sudamérica con la suma de $ 2.202,73.

Muerto el padre, la hija adoptiva inició la demanda sucesoria en Argentina para ardir el inmueble y el dinero. El Juez rechazó en primer grado, la petición de herencia, sosteniendo que la adopción era contraria al orden público argentino, ya que Vélez la había rechazado en el art.4050 y su nota del KC., y “el espíritu de la legislación” consagrado en el art. 14 inc.4 de Código Civil, lo impedía.

La Cámara no considero que la adopción fuera violatoria de nuestro orden público, por la sencilla razón de que luego de dictado el fallo de primera instancia, había entrado en vigencia la Ley de Adopción Nº 13.512, pero sin embargo., rechazó el pedido en relación al inmueble situado en argentina, por estimar que el derecho que rige la sucesión, es el derecho argentino como Ley de la situación, y nuestro derecho no conocía la adopción en aquella fecha.-

En relación al dinero, en cambio, hizo lugar al pedido, por considerar que la sucesión de los muebles se sometía a la Ley del último domicilio del causante, por imperio de la Ley argentina, arts. 11 y 3283 CC.


- Fallo: “Ponnoucannammalle c/ Nadimountoupoule”.- (Cuestión Previa).-

http://fallos.diprargentina.com/2007/05/manuela-rosas-de-egea.html
Se trataba de un ciudadano ingles, Pajaniappathevar, que vivía en la India, domino británico y que cuando falleció, dejó bienes inmuebles en Cochinchina, territorio de Francia en aquella época. Tenía dos hijas legítimas, una había fallecido, dejando un hijo legítimo; la otra hija, vivía. Además, había adoptado un niño llamado Soccalingam, también ya fallecido antes que su padre adoptivo. El adoptado tenía a su vez, un hijo legítimo llamado Paquirissamy.

El causante dejo los inmuebles a su nieta legítima, hijo de su hija legítima premuerta, también dejo un legado a la hija legítima que aun vivía y nada para su nieta adoptiva, hijo de su hijo adoptivo premuerto.

Promovieron la demanda, tanto Paquirissamy, el nieto adoptivo desheredado, en representación de su padre premuerto (representado por su madre), como la hija legítima que aun vivía, invocando la violación del art. 3 ap. 2 del Código francés.

Argumento del nieto adoptivo: el nieto, representado en el juicio por su madre, la Sra. Pounnoucannamalle argumentó que su padre había sido adoptado conforme a la Ley hindú que regía la adopción, por lo que era válida, y que conforme la Ley francesa que regulaba la sucesión- como Ley de la situación aplicable a los inmuebles- los hijos adoptivos heredaban en igualdad de derechos con los hijos legítimos.

Argumento de la hija legítima: la hija viva, sostuvo que había sido afectada su legítima, porque el legado que le había dejado su padre, no cubría la parte que por Ley le correspondía sobre los bienes del causante.

Razonamientos de la Corte: si se hubiera planteado solamente la cuestión de la adopción, la justicia francesa hubiera declarado su validez, por remisión a la norma conflictual que dispone el imperio de la Ley personal del adoptante y del adoptado, en el caso la Ley hindú (derecho ingles). Pero el caso se complicó, porque sucedía que, conforme a la Ley francesa, no podía adoptar quien tuviera hijos legítimos. Esta prohibición, era desconocida por el derecho hindú, que regía la adopción.

La Corte dijo que según el art. 3 ap. 2 del CC, los inmuebles sitos en Francia, incluidos aquellos poseídos por extranjeros, se hallaban sometidos a la Ley francesa, de lo que se seguía que la devolución hereditaria se hallaba regida por la Lex Situs, cualquiera que fuera el estatuto personal del causante o de sus herederos. Agregó la Corte, que, tal como fue fallado por el Tribunal de Apelación, la adopción no podía tener efectos en Francia en el presente caso, toda vez que el adoptante tenía, al tiempo de la adopción, hijos legítimos, y una adopción en tales circunstancias era contraria a lo que dispones el art. 344 del Code, que por afectar el estado de las personas, cae dentro del ámbito de orden público.

Para Goldschmidt, es inaceptable que una misma cuestión (la adopción) pudiera tener una solución tan distinta, según se la tratara en forma aislada o en forma simultanea con la otra cuestión (la sucesión).




    • Fallo: “Manuela Rosas de Egea” C.S.J.N.- (Fraude).- http://fallos.diprargentina.com/2007/05/manuela-rosas-de-egea.html

Suprema Corte.

Buenos Aires, 12 de mayo de 1969:

Considerando: 1) Que la sentencia de Fs. 26 reconoce derecho de pensión a favor de la actora casada en 2das nupcias en Méjico con un afiliado a la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Independientes, a pesar de aun hallarse vigente su matrimonio anterior celebrado en la Argentina. Contra ese pronunciamiento interpone recurso extraordinario el Consejo Nacional de Previsión Social, el que procede porque, no obstante discutiese la validez de semejante matrimonio en nuestro país, lo cual entraña un problema de derecho común, el guarda intima y directa relación con la norma federal discutida, que es el Art. 25 inc. A de la Ley 14,397, en cuanto acuerda derecho de pensión a la viuda del afiliado.

2) Que la actora contrajo matrimonio en Méjico con este el 6 de septiembre de 1960, siendo ella divorciada y él viudo. Antes de había casado en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 3 de septiembre de 1938.

3) Que se plantea entonces, el problema relativo a la validez en nuestro país de un matrimonio, celebrado en el extranjero, a pesar de mantenerse el vinculo resultante de otro anterior, contraído en la republica.

4) Que el A quo, sentenció en el sentido de que el matrimonio celebrado en Méjico en las circunstancias aludidas, debe considerarse valido hasta tanto se declare su nulidad por tribunal competente; de manera que no puesta en movimiento la acción tendiente a obtener tal declaración, la peticionante en autos debe considerarse viuda, a los efectos de adquirir el beneficio provisional que gestiona.

5) Que esta Corte entiende, en cambio, que, sin necesidad de obtener la nulidad de matrimonio extranjero, las autoridades nacionales tienen facultad para desconocerle valor dentro del territorio de la Republica. El acto de que se trata incluso puede ser valido según las Leyes del país donde se celebro, al que no cabe imponer el régimen jurídico argentino, sin afectar elementales principios de soberanía; pero ello no significa que nuestro país deba aceptar la extraterritorialidad de un acto tal, si el se opone a sustanciales principios de orden público interno e internacional según nuestro derecho positivo.

6) Que no es dudoso que tal es lo que ocurre en el caso de autos, porque, según el Art. 7 de la Ley de Matrimonio Civil 2393, la disolución del matrimonio celebrado en la Argentina sólo puede tener lugar según las Leyes del país y, aunque se realizara según las Leyes de otro distinto, ello no autoriza a ninguno de los esposos a contraer nuevas nupcias. No se podría pretender aplicar la Ley extranjera en un supuesto como el contemplado porque no hay duda que ella es incompatible con el espíritu de nuestra legislación civil (art. 14 inc. 2 del código respectivo).

7) Que la diferencia entre la declaración de nulidad de un acto celebrado en el extranjero y la negativa de la validez del mismo dentro de la República, no es teórica, ni tampoco sutil. El régimen de nulidades en el matrimonio es específico y tiene reglamentación propia dentro de la recordada Ley 2393; de tal manera que es limitado el número de las personas con derecho a obtener su declaración y no puede, salvo la excepciones consagradas, demandarse luego del fallecimiento de uno de los esposos (art. 86 de dicha Ley). Quiere decir que, incluso en el caso de autos, resulta probable que nadie tenga acción ni interés en solicitar la nulidad; de pronto carecería de legitimación activa la Caja recurrente, que no puede entonces pedir de forma previa su declaración, sin perjuicio de negarle validez dentro del territorio de la Republica, al solo efecto de desestimar el beneficio provisional a quien no es acreedor de él.

8) que aunque los Tratados de Derecho Civil de Montevideo no son aplicables al caso, por no ser signataria la Republica de Méjico, estima el Tribunal que sus principios, a los que adhirió nuestro país, coinciden con los de Derecho Internacional Privado expuestos anteriormente. En efecto: ellos someten la existencia y validez del matrimonio a la Ley del lugar de su celebración, pero permiten a los Estados signatarios no reconocer los viciados por ciertos impedimentos, entre los que se cita el de ligamen. Es decir que un país que mantiene la indisolubilidad del vínculo matrimonial, como el nuestro, puede negarse a reconocer el celebrado en el extranjero, cuando una de los cónyuges se caso en la Argentina, si el matrimonio aquí celebrado subsiste (arte. 11 del Tratado de 1889 y 13 del de 1940). Se trata de un antecedente que coincide con la interpretación de ésta Corte.

9) Que en las condiciones expuestas, como no se discute que la actora se caso en Méjico, a pesar de no estar disuelto su matrimonio anterior en la Argentina, aunque fuese divorciada según dice la partida de aquel país y resulta de la nota marginal aludida en la de Avellaneda, es evidente que realizo a sabiendas un acto en abierto fraude contra la Ley argentina, por lo que mal puede ampararse en el mismo para asumir, a los efectos provisionales, el carácter de viuda de su segundo esposo. Cabe alegar que ella no alude para nada la nulidad de su primer matrimonio.

Por ello, mas lo dictaminado por el Sr. Procurador General, se revoca la sentencia apelada, en cuanto fue materia de recurso extraordinario.



    • Caso: “Condesa de Charaman - Chimay”.- (Fraude).-

En Goldschmidt

La condesa de Charaman-Chimay, casada con un oficial francés, el duque de Beauffremont, consiguió la separación de su marido el 1 de agosto de 1874 a causa de hábitos perversos de aquél.

La duquesa se nacionalizó en Sajonia-Altenburgo (Alemania), y se divorció allí inmediatamente después. El 24 de octubre de 1875 la duquesa volvió a casarse en Berlín con el príncipe Bibesco, rumano de nacionalidad, regresando de inmediato a Francia como princesa Bibesca.

Beaufremont pidió ante los Tribunales franceses la anulación del segundo matrimonio. La Cour de Cassation dio la razón al actor, invocando, entre otras razones, la prohibición del fraude a la Ley.-

- Fallo: “Mandl Federico s/ Sucesión”.- (Fraude).- http://fallos.diprargentina.com/2007/05/manuela-rosas-de-egea.html

“Libro de casos” DIPr: Noodt Táquela, Maria Blanca, La Ley, 2da Edición


CNCiv., sala C. 3 de marzo de 1981.

2º- En la “constancia personal de pasaporte argentino renovado” agregada en fotocopia a fs. 612, cuyo contenido es coincidente con la que obra en los archivos de la sección consular de la Embajada de la Republica de Viena, aparece firmado por el interesado; el 3 de diciembre de 1976, que se domiciliaba en Avenida del Libertador 2234, Buenos Aires, Republica Argentina, que se dirigía a “residencia temporaria en Austria”, y que es argentino naturalizado.

Según reconocen ambas partes, es cierto que en marzo de 1977 el causante cayo gravemente enfermo y fue internado en el Sanatorio de la Pequeña Compañía habiéndose diagnosticado un mieloma múltiple, aunque discrepan los interesados acerca del motivo que origino el traslado del causante a Austria.

A fs. 330/333 obra fotocopia de un testamento y su traducción, que habría sido redactado a maquina y firmado por el causante de Viena el 22 de abril de 1977.

A fs. 346/347 se agrega constancia del otorgamiento de ciudadanía austriaca a partir del 12 de agosto de 1977.

En las certificaciones y su traducción, la Municipalidad de Abastos, Schwarzau en las montañas, consta que el causante tuvo domicilio en Graben 106 de esa Municipalidad desde el 28/8/77 hasta el 6/9/77, y a partir de esa ultima fecha, hasta su fallecimiento en Viena 4 Argentinierstrasse nº 26. Siendo que falleció el día 8/9/77.

La constancia de pasaporte argentino renovado, en el sentido de que su domicilio se hallaba en esta Republica y que su residencia en Austria seria temporaria, contrasta con la actitud asumida con posterioridad al momento en que cayo gravemente enfermo, en la ciudad de Buenos Aires.

Aun cuando fuera admitido que el causante pasaba largas temporadas en las distintas residencias que poseía en varios países y que en ellas hubiera tenido muebles, ropa, etc., lo bien provisto que se encontraba el departamento de Av. del Libertador, no solo en cuanto al mobiliario, sino especialmente la cantidad de ropa que se menciona en el inventario, permite considerar que, hasta que se enfermo, pocos meses antes de morir, ese era el asiento principal de su residencia, característica que define el domicilio real de las personas.

Al presentarse el recurrente, expresa que el causante a partir del 30 de abril de 1977 tuvo su domicilio en la ciudad de Viena, pero también surge que ese fue el domicilio del causante desde dos días antes de su fallecimiento.

Por otra parte, los hijos del causante al oponerse a la incompetencia articulada, mencionan a la incidentista como “quinta cónyuge” de su padre. Sumado a que expresan que su padre, casado en terceras nupcias, instalo su hogar conyugal en la Republica Argentina en 1940.

Una de las cláusulas del testamento del causante, en su traducción dice: “Ciertas partes ponen en duda la validez de matrimonios posteriores que he contraído, y también la legitimidad de algunos de mis descendientes. Es únicamente por precaución que fijo que todas las disposiciones a favor de mi esposa M. y a favor de los descendientes nombrados en 3 tienen validez aun para el caso inesperado que mi matrimonio con M. sea declarado nulo”.

Esta situación familiar del testador y la circunstancia de haber instituido como única heredera a aquella, pudiendo afectar el régimen sucesorio vigente en nuestro país, ante lo prescripto por los artículos 3282 y 3284 del cód. Civil, llevan a la convicción de que el causante tomo en consideración cual era la legislación sucesoria mas convenientes a sus propósitos y actuó en consecuencia, utilizando voluntariamente la regla de conflicto y modificando los puntos de conexión que aquella impone.

El art. 3283 dispone que el derecho sucesorio al patrimonio del difunto es regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenia a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros. el art. 3284 establece también la jurisdicción del juez del ultimo domicilio del causante.

La gravedad del estado de salud y particular situación familiar del causante, hacen presumir su propósito de eludir las normas imperativas de la República mediante el cambio de nacionalidad y de domicilio, intentados poco tiempo antes de su muerte.

Se puede concluir que el causante pretendía conseguir mediante el cambio de nacionalidad y domicilio, colocarse bajo un régimen sucesorio más ventajoso.

La utilización voluntaria de los puntos de conexión de la norma indirecta con la intención de eludir la aplicación de las normas argentinas, priva de efectos al cambio de nacionalidad y domicilio por haber sido fraudulentos, por lo que debe considerarse como ultimo domicilio del causante, el inmediatamente anterior al hecho fraudulento, es decir el argentino.

Finalmente se resuelve confirmar la resolución de Fs. 558 con el alcance señalado, esto es, declarando, la competencia del Juez de esta jurisdicción para conocer en el proceso, y que la sucesión debe regirse por derecho argentino. Con costas al apelante.-



    • Caso: “Franz Forgo”.- (Reenvío).-

En Goldschmidt

Franz Xaver Forgo nació como hijo extramatrimonial en 1801, en Baviera. Cuando tuvo cinco años, su madre, Ana María Ditchl, lo llevó a Francia, donde ella contrajo matrimonio con un hombre francés, convirtiéndose en francesa.

Forgo se quedó toda su vida en Francia, se casó con una rica francesa, le sobrevivió, y murió sin descendencia en 1869, en Pau. No hizo testamento.

El litigio se entabló entre los colaterales de la madre y el Fisco francés, en torno al patrimonio relicto mobiliario sito en Francia. Los colaterales de la madre, invocaban derecho bávaro, según el cual podían heredar parientes colaterales, mientras que el Fisco se basó en el derecho francés, con arreglo al cual, colaterales de los padres de hijos extramatrimoniales de heredan.

El caso se complica aún más por haber tenido Forgo su domicilio de hecho en Francia, pero su domicilio legal aún en Baviera.

Los Tribunales franceses que se ocupaban de éste caso, aplicaban, en primer lugar, derecho bávaro como derecho del domicilio de derecho de Forgo; luego, en segundo término, entendían por derecho bávaro, no el derecho civil bávaro, sino el Dipr. bávaro, que, a su vez, somete la sucesión al derecho del último domicilio de hecho del causante; por ende, y en tercer lugar, los Jueces franceses se consideraban “reenviados” al derecho francés, que identificaban con el derecho civil francés.

El litigio fue ganado, por tanto, por la administración francesa de Dominios.-


    • Fallo: “BARCELONA TRACTION LIGHT AND POWER COMPANY”.- (Sentencia del Tribunal de La Haya, 5/02/1970).-

Barcelona Traction era una empresa canadiense con Sede en Barcelona, con la mayoría de los empleados de nacionalidad belga. La empresa se declaró en quiebra. Solicitando Bélgica la reparación por el daño sufrido a los empleados belgas ante el CIJ.

El daño fue causado por del Estado Español, pero por la protección diplomática de sus nacionales. En el asunto la CIJ decidió que Bélgica no tiene ius standi por recurrir los hechos que implora.

 

En la sentencia en el asunto de la Barcelona Traction (1968) la CIJ afirmaba que debe hacerse una distinción esencial entre las obligaciones de un Estado respecto de la comunidad internacional en su conjunto y las obligaciones respecto de otro Estado en el ámbito de la protección diplomática. Por su propia naturaleza, las primeras obligaciones mencionadas conciernen a todos los Estados. Habida cuenta de la importancia de los derechos en cuestión, cabe considerar que todos los Estados tienen un interés legitimo en su protección; se trata de obligaciones erga omnes.



 Como afirmara la CIJ en el asunto de la Barcelona Traction (1970), <>

 

La corte considera que la adopción de la tesis de la protección diplomática de los accionistas como tales, al abrir la vía a reclamaciones diplomáticas concurrentes, podría crear un clima de confusión y de inseguridad en las relaciones económicas internacionales. El peligro seria tanto mayor cuanto que las acciones de las sociedades con actividad internacional se encuentran muy diseminadas y con frecuencia cambian de manos. Tal vez cabria alegar que, si el derecho de protección correspondiente a los Estados nacionales de los accionistas no fuera considerado sino como subsidiario en relación con el Estado nacional de la sociedad, el peligro de inconvientes de la naturaleza indicada seria menor. Sin embargo, la Corte debe hacer constar que la esencia de un derecho subsidiario es el no nacer sino en el momento en que cesa de existir el derecho originario. Toda vez que el derecho de protección correspondiente al Estado nacional de la sociedad no puede ser considerado como extinguido por el hecho de no haber sido ejercido, no es posible admitir que en caso de no ejercicio los Estados nacionales de los accionistas tendrían un derecho de protección subsidiario en relación con el derecho del Estado nacional de la sociedad.- 




    • Fallo: “Banco de Londres y Río de la Plata”.-



    • Fallo: “Maria Beatriz Valle Inclan”.- (Cambio de estatutos).-

Durante la Guerra Civil española, Maria Beatriz, quien era menor de edad, fue enviada por su madre viuda, a diversos países, llagando finalmente la menor a la República Argentina.

Una vez en Argentina, Maria Beatriz, cumplió 22 años, adquiriendo así la mayoría de edad para nuestra República en virtud del derecho argentino, pero continuaba siendo menor según el derecho español, teniendo la madre domicilio en España.

La madre, requiere a Maria Beatriz que retorne a España, siendo que la misma no quería volver. Fue así que la madre reclama a la Autoridades argentinas que obligasen a su hija a repatriarse, ya que ella se negaba fuertemente a obedecer a su madre.

La sentencia argentina, en virtud de los artículos 138 y 139 de nuestro Código Civil, considera a Maria Beatriz mayor de edad, negándose de ese modo a darle lugar a la petición de la madre.



    • Fallo: “Berman”.- (Cambio de estatutos).-

La Señorita Berman llegó a Tel Aviv, Israel, siendo mayor de 18 años de edad. Como deseaba casarse y sus padres no le otorgaban la correspondiente autorización, creía necesario regresar a Buenos Aires, donde la familia estaba domiciliada, a fin de solicitar ante el Juez competente la venia judicial en un Juicio de Disenso. Pero como para regresar necesitaba una pasaporte argentino, el cual el Consulado no le quería extender por considerarla menor de edad y porque sus padres no consentían su expedición, la Srta. Berman como primera medida solicitó al Juez de Buenos Aires que autorizara al consulado argentino a concederle el pasaporte para poder regresar a buenos Aires.

El Juez de primera instancia resolvió que el Consulado de la República Argentina en Israel, está autorizado para proveer a la solicitante la documentación necesaria para su regreso a la República, con la salvedad que, a su arribo, debería quedar a disposición del suscripto. Contra ésta resolución se alzó el padre de la causante. Entretanto, el Asesor de Menores de Cámara había formulado un nuevo planteamiento, pues sostenía que, domiciliándose la hija en Israel, donde era mayor de edad según el derecho de ese Estado, ya que en el mismo la mayoría se adquiere a los 18 años, corresponde la revocación del auto apelado y el archivo de las actuaciones. Así se resolvió, aplicándose por analogía los arts. 138 y 139 del Código Civil.-


    • Fallo: “López Tabeada José”.- (Incapaces).-

José López Tabeada, había sido declarado incapaz judicialmente por padecer una enfermedad mental en 1928, en España. Un año mas tarde, quien había sido declarado incapaz emigra solo a la argentina, donde estaba viviendo desde entonces, trabajando para mantenerse por sus propios medios y sin la asistencia de ningún curador.

Radicado en nuestro Estado, José solicitó a los Tribunales argentinos que levantasen la interdicción española. el problema estaba en conocer si los Tribunales argentinos tenían jurisdicción internacional para tal medida.

el fallo estatuye que en los conflictos que se plantean entre el domicilio en un lugar y la residencia en otro, la Ley ha acordado competencia excepcional al Juez de la residencia, sea para decretar medidas conservatorias urgentes, sea para adoptar otras medidas en forma subsidiaria, inclusive la Declaración de Interdicción. además se dijo que no es incompetente el Juez argentino para entender en su rehabilitación, si es que dicho incapaz llegó a la República 28 años atrás, y se desempeñó desde entonces como si fuera plenamente capaz, y sin el consejo de familia a cuya tutela se lo había sometido en España, hiciera valer jamás su autoridad sobre él en éste lapso de tiempo.-




    • Fallo: “Zuker”.- (Incapaces).-

Ésta persona, era un menor de edad demente, el cual estaba internado en un sanatorio de Suiza, bajo la patria potestad de su padre, quien hasta el momento de su muerte estaba domiciliado en Buenos Aires.

A los pocos meses da la muerte de su padre, el menor adquirió la mayoría de edad y el Juez suizo tomó inmediata intervención y designó curadora a una señora que, en vida del padre, desempeñaba en ese país funciones de vigilancia. con la sentencia del Juez suizo que acreditaba su personería, compareció la mencionada curadora a la sucesión del padre, abierta en el país. De inmediato los tíos del menor, impugnaron el nombramiento de la curadora así como su personería, aludiendo que emanaba de un Juez incompetente en la esfera internacional, en razón de que el juez competente para el discernimiento de la tutela y la curatela era el juez del último domicilio del padre, que se encontraba en Argentina.

El juez al que se habían presentado, hizo lugar a la oposición y por aplicación de los arts. 400 y 475, resolvió la cuestión a favor de la competencia argentina y desconoció eficacia a la sentencia extranjera.-




    • Fallo: “Zapata Timberlake Maria Marta Guadalupe”.- (Matrimonio).-

“Libro de casos” DIPr: Noodt Táquela, Maria Blanca, La Ley, 2da Edición

Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 3-11-1988.


Si bien el debate no se planteó en una sucesión, la cuestión estaba implícita, larvada, porque el esposo de una de las partes intervinientes, Ernestina Herrera de Noble (Roberto Noble) había fallecido, y la acción de nulidad intentada por Marta María Guadalupe Zapata Timberlake, perseguía el in disimulable propósito de reclamar el cuantioso patrimonio del difunto (fundador del diario Clarín de Argentina), ya que Roberto Noble había estado casado con MMGZT. Nulo el matrimonio de MGZT con Carlos José Federico Stehlin, era válido el matrimonio posterior de MMGZT con Roberto Noble y por ende era nulo el posterior de éste con Ernestina Herrera. La nulidad sería absoluta, por el impedimento de ligamen anterior subsistente, art. 84 ley 2393; art. 219 CC ( RN-MGZT) . Y si era nulo de mala fe, EH de N. no tendría derechos hereditarios ni tampoco gananciales, perteneciendo toda la herencia a MGZT como única esposa legítima.

M.M.G.Z.T. demandó por nulidad de matrimonio contra C.J.F.S. por la causal de bigamia, pues sostiene que al tiempo de contraer matrimonio en Buenos Aires el 27-1-1955, su cónyuge manifestó ser soltero cuando en realidad era casado y tenía un matrimonio subsistente en el extranjero, como surge de la partida acompañada que acredita su casamiento con Vivianne Cochery celebrado en el Estado de Nueva York en 1942 (se identificará de ahora en más como matrimonio S-C).

Intervino como tercero E. H.de N. , quien adujo que la sentencia podía eventualmente lesionar un derecho propio, dado que la actora demandaba la nulidad de su matrimonio para hacer valer luego el que ella habría celebrado con R.N. (su fallecido esposo), y, consecuentemente, atacar de nulidad el matrimonio EH-RN- .

El matrimonio S-C había sido disuelto en Méjico en 1944, por la causal de incompatibilidad de caracteres, y V.C. se casó luego en París en 1947.

La actora, MMGZT, adujo que la disolución mejicana del matrimonio CJFS-VC no tuvo la virtualidad de hacer readquirir la aptitud nupcial a CJFS, porque debió de obtener previamente el exequátur de la sentencia extranjera de divorcio, y, además, tal pretendida disolución era contraria al orden público argentino.

Además, que el juez mejicano había violado la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, competente por tener allí su domicilio S-C-

Tanto la Cámara Nacional Civil(Bossert, Conde, Nilve) como la CSJN consideraron que debe valorarse el orden público a la luz de las concepciones vigentes al día del fallo, tanto en el examen de las leyes argentinas que se dicen violadas como en el examen de la exclusividad de la jurisdicción y que el divorcio vincular estaba reconocido en Argentina tanto al momento de contraer matrimonio la actora MMGZT con CJFS- en enero de 1955, según la ley 14.394 en su art. 31, que introdujo el divorcio en el país, en su texto anterior al decreto de “suspensión” de septiembre de 1955, como al tiempo actual luego de la reforma de la ley 23.515 ( la sentencia de la CSJN, recuerdo, es de 1988). Y en cuanto a la jurisdicción del juez mejicano, dijo la Corte que era legítimo ponderar el cambio jurisprudencial operado en los tribunales neoyorquinos a partir del caso “Rosenthiel” de 1965, que ya no exigía que el domicilio estuviera en la jurisdicción en la que se obtenía el divorcio para reconocerle validez.-



    • Fallo: “Rufina Barazal Prieto c/ Barazal Maria”.- (Adopción).-

“Libro de casos” DIPr: Noodt Táquela, Maria Blanca, La Ley, 2da Edición
1) Rufina Barazal, fu adoptada en España, como hija del causante de la sucesión demandada y su cónyuge supérstite, quienes le concedieron el derecho de utilizar sus apellidos y se obligaron a instruirla como heredera de los bienes de que pudieran disponer, como si fuera hija legítima de los mismos. Fallecido tiempo después el de cujus, la adoptada se presenta reclamando la porción que le correspondería en la herencia, derecho que le desconoce la cónyuge supérstite, fundándose en la circunstancia de que el causante falleció sin instituirla heredera, de donde solo existiría un “contrato” de adopción, no perfeccionado luego con una disposición testamentaria. La sentencia que acogiere las pretensiones de la actora, es recurrida por la demandada.

2) No se alegaba en absoluto que el acto de adopción no sea válido por sus formas, por lo que cabe partir, en la materia de que se trata, de la plena validez del dicho acto, tanto mas cuanto que respecto de ésta cuestión resulta aplicable la regla locus regit actum y que de acuerdo al derecho español el acto de la adopción se ajusta a las formalidades y disposiciones que las Leyes de dicho país establecen. En consecuencia, debe aceptarse que Rufina Barazal adquirió el carácter de hija adoptiva de los cónyuges, y que por cierto, no choca contra nuestras disposiciones civiles de orden público.

3) Aceptado que la actora fue adoptada como hija del causante, su derecho a sucederle, producido el fallecimiento de Barazal, resulta regido exclusivamente por la Ley argentina, por haberse encontrado aquí el último domicilio del difunto. Y conforme a la ley argentina la adoptada se equipara a un hijo legítimo, con los derechos hereditarios correspondientes a tal.

La distinción que intenta la apelante, es inaceptable. En primer lugar, porque, como se dijera, rigiéndose por la ley argentina el derecho a la sucesión de l causante, no interesa que la Ley española pudiera requerir otro requisito, luego de la adopción, para que naciese el derecho hereditario de la adoptada, si es que aquí no es necesario, ya que frente a nuestro derecho, la calidad de hijo adoptivo es indivisible.

El inmueble relicto reviste carácter ganancial, dada la forma y época de su adquisición, de donde frente el carácter de hija adoptiva de la actora no existe legítima alguna que pueda resultar afectada.

Corresponde confirmar la sentencia apelada tanto en lo principal como en lo que concierne a la imposición de costas, extensivas a ésta alzada.





    • Fallo: “VOLKER MULLER C. MARGARITA GARCÍA BATISTA”. Cám. Civ. Y Com. San Isidro.- (Restitución de Menores).- http://fallos.diprargentina.com/2007/05/manuela-rosas-de-egea.html

En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los días del mes de agosto del año dos mil, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. ROLAND ARAZI, GRACIELA MEDINA y MARIA DEL CARMEN CABRERA DE CARRANZA, para dictar sentencia en los autos “MULLER, VOLKER C/GARCIA BATISTA, MARGARITA S/RESTITUCION DE MENOR, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS”, y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: DRA. GRACIELA MEDINA, ROLAND ARAZI y CARMEN CABRERA DE CARRANZA , resolviéndose plantear y votar la siguiente cuestión:
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