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Luis gabriel miranda buelvas


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL




LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Magistrado Ponente
Radicación No. 25602

Acta No. 13
Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil once (2011).

Procede la Corte a resolver la primera instancia en la acción de tutela instaurada por EDUARDO ALFONSO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, PAULINA HERNÁNDEZ TETE, JORGE ANTONIO BARRIOS TORRES, NOEMÍ JOSEFINA MARTÍNEZ DE BARRIOS, ALEJANDRO ÁLVAREZ MENDOZA, NANCY CECILIA ESCORCIA ZAPATA, JUAN MÁRQUEZ GARCÍA, ISABEL DURÁN MEZA, JOSÉ MANUEL NAVARRO JULIO y LOURDES DE LA HOZ DE NAVARRO contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA.


I. ANTECEDENTES

La parte accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, “a la confianza legitima” y a la igualdad, los cuales considera vulnerados presuntamente por el Tribunal accionado.


Afirman que Eduardo Alfonso Hernández Jiménez, Jorge Antonio Barrios Torres, Alejandro Álvarez Mendoza, Juan Márquez García y José Manuel Navarro Julio interpusieron demandas ordinarias laborales contra el Instituto de Seguros Sociales, en sus condiciones de pensionados, a través de las cuales buscaban el reconocimiento del incremento pensional del 14% y 7% por su cónyuge, y sus menores hijos, procesos que les correspondieron por reparto a los Juzgados Primero y Quinto Laborales del Circuito de Barranquilla.
Surtido el trámite de primera instancia, los jueces del conocimiento profirieron sentencias en las que declararon probada la excepción de prescripción en relación con los incrementos causados y absolvieron al ISS de las pretensiones salvo en el caso de Eduardo Alfonso Hernández Jiménez, en la que condenó a la demandada al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales del 14% y 7%, por su compañera permanente y su hijo discapacitado sobre la pensión mínima a partir del 1º de marzo de 2005, y hasta que subsistan las causas que le dieron origen.
Inconformes con las referidas decisiones el ISS interpuso recursos de apelación, y por proveídos del 15 y 16 de diciembre de 2010 y 31 de enero de 2011, la Sala de Decisión del Tribunal accionado confirmó los fallos, salvo en el caso de Eduardo Alfonso Hernández Jiménez, en la que revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada la excepción de prescripción en relación con los incrementos causados y absolvió a dicho Instituto de sus pretensiones.
Cuestiona la parte accionante, las sentencias de segunda instancia proferidas por el Tribunal accionado dentro de los procesos referenciados, porque desconocen “el espíritu y alcance de las normas contenidas en los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049/90 aprobado mediante De (sic) 758/90”.
Igualmente aducen que mediante “precedentes jurisprudenciales verticales”, proferidos “en casi todo el País los Jueces y Tribunales Laborales”, bajo idénticas situaciones fácticas y jurídicas, “han concedido el derecho a los incrementos pensionales”, en la forma solicitada por los petentes.
Por lo anterior, solicitan al juez de tutela conceder el amparo impetrado y, como consecuencia de ello, se ordene a la Corporación accionada “revocar las sentencias de fecha 15 y 16 de diciembre de 2010 y 31 de enero de 2011 y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda”.

II. TRÁMITE
Por auto de 28 de abril de 2011, esta Sala de la Corte avocó el conocimiento de la acción de tutela, ordenó comunicar al Tribunal accionado, y demás intervinientes, dentro de los procesos cuestionados, para que se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja constitucional; sin que las partes se hayan manifestado al respecto.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de la Sala que al juez constitucional le está vedado injerirse en asuntos del exclusivo resorte de los jueces naturales, para examinar el juicio hermenéutico que sobre las normas hagan los mismos, y mucho menos para acoger la que estime más plausible entre las diferentes interpretaciones posibles, por cuanto mal puede intervenir en las funciones asignadas por la Constitución y por el legislador al funcionario de conocimiento.
En efecto, la Sala Laboral del Tribunal accionado, luego de precisar el asunto que debía resolver, revocó la sentencia de primera instancia dentro del proceso que Eduardo Alfonso Hernández Jiménez le adelantó al ISS y declaró probada la excepción de prescripción en relación con los incrementos causados y absolvió al ISS de sus pretensiones, teniendo en cuenta la documental allegada; al considerar que “…el IS.S. le reconoció la pensión de vejez al actor en estricto cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, la cual no obra como prueba en el presente proceso que permita determinar a la Sala cuáles fueron las normas aplicadas por dicho despacho judicial”.
De otro lado, frente a las demás sentencias de segunda instancia que confirmaron la decisión de primera instancia dentro de los procesos de: i) José Manuel Navarro Julio consideró “…teniendo en cuenta que en el informativo no milita otro medio de prueba que demuestre dependencia económica de la citada señora con el actor, no es dable concluir que le asiste el derecho pretendido…”; ii) de Jorge Antonio Barrios Torres argumentó que “… la acción frente a estos incrementos se encuentra prescrita de conformidad con lo estatuido en los artículos 488 C.S.T. y 151 del C.P.L.”; iii) de Alejandro Álvarez Mendoza afirmó que “… al accionante le fue reconocida pensión de vejez a través de resolución No. 002598 de septiembre 30 de 2002 (…) y, el agotamiento de la vía gubernativa se produjo el día 13 de noviembre de 2009, es decir, cuando habían transcurrido más de tres años desde el reconocimiento de la pensión, configurándose así el fenómeno de la prescripción” y iv) finalmente en el trámite que inició Juan Márquez García determinó que “… el ISS le reconoció la pensión de jubilación por medio de la resolución No. 003935 de 1996, (…) el agotamiento de la vía gubernativa se produjo el día 25 de marzo de 2010, es decir, cuando habían pasado más de tres años desde el reconocimiento de la pensión, configurándose la prescripción”.
Analizadas las sentencias, considera la Sala que en el presente caso el Tribunal accionado no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, toda vez que sus decisiones están soportadas en las pruebas y en la interpretación de las normas que gobiernan el asunto sometido a su consideración frente a la situación fáctica que razonablemente dilucidó, motivo por el cual no es posible tildarlas como abiertamente arbitrarias o caprichosas, pues, simplemente son el fruto del ejercicio de las atribuciones constitucionales que le corresponden.

De otra parte, una vez se ha examinado los fallos cuestionados, así como cotejado con las copias de las providencias con respecto a las cuales considera la parte actora vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, encuentra la Sala que la tutela no está llamada a prosperar, pues los Juzgados y las Salas de decisión que profirieron cada uno de los proveídos reseñados, se fundaron en reflexiones y consideraciones que consultaron las reglas mínimas de razonabilidad jurídica, situación que impide al juez de tutela interferir, so pretexto de tener una nueva o mejor interpretación, cuando éstas se apoyaron en las disposiciones que rigen la materia y las pruebas allegadas al proceso.


Aunado a lo expuesto, las decisiones que se acusan de ser contradictorias, fueron proferidas frente a distintos supuestos fácticos y jurídicos y las mismas fueron falladas por diferentes Corporaciones y Juzgados, que, en todo caso, están investidas de autonomía judicial y, por ende, sus providencias pueden no ser compartidas entre ellas, sin que por esto pueda hablarse de vulneración alguna al citado derecho.
Por último, esta Sala reiteradamente ha sostenido que al juez constitucional le está vedado injerirse en asuntos del exclusivo resorte de los jueces naturales, para examinar el juicio hermenéutico que sobre las normas hagan los mismos, y mucho menos para acoger la que estime más plausible entre las diferentes interpretaciones posibles, por cuanto mal puede intervenir en las funciones asignadas por la Constitución y por el legislador al funcionario de conocimiento.
En consecuencia esta Sala negará el amparo constitucional impetrado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:
PRIMERO.- NEGAR la protección solicitada en la presente acción de tutela por Eduardo Alfonso Hernández Jiménez, Paulina Hernández Tete, Jorge Antonio Barrios Torres, Noemí Josefina Martínez de Barrios, Alejandro Álvarez Mendoza, Nancy Cecilia Escorcia Zapata, Juan Márquez García, Isabel Durán Meza, José Manuel Navarro Julio y Lourdes de la Hoz de Navarro contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla.

SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.
TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.
Notifíquese y cúmplase.

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO

ACLARACIÓN DE VOTO DEL

MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA
Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998:
“Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci­cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.
“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio­nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara­do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti­tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.
Con el acostumbrado respeto,

Fecha ut supra.



GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA




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