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Luis gabriel miranda buelvas


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C

República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

ORTE SUPREMA DE JUSTICIA


SALA DE CASACIÓN LABORAL
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Magistrado Ponente
Radicación No. 49435

Acta No.004

Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012).

Se resuelve el recurso de queja interpuesto contra el auto dictado el 2 de julio de 2009 por el Tribunal Superior de Barranquilla, mediante el cual negó el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

I. ANTECEDENTES

ABRAHAM RAFAEL MAESTRE VEGA, AMILKAR RAMÍREZ MURGAS, ANTONIA LETICIA PUCHE ESPEJERO, ANTONIO MAURICIO CUELLO DAZA, ARMANDO MENDOZA MERCADO, ARNELIO SOTO CORZO, BELINDA AMPARO ORTIZ CARRILLO, CÉSAR ENRIQUE PÉREZ DANGOND, CICERÓN BARROS SAURIT, CLARA ROSA SUÁREZ DE QUINTERO, DARÍO ENRIQUE SOLANO BRITO, DAVID EDUARDO RAMÍREZ REDONDO, EDGARDO RAFAEL SUÁREZ BARRIO, ELIZABETH MARÍA PIMIENTA BARROS, ELVIRA BEATRIZ QUINTANA SOCARRÁS, EMÉRITO SEGUNDO GÓMEZ SOLANO, HERIBERTO JOSÉ MORÓN BARROS, ERICK FERNANDO MANCILLA ESTRADA, ESTHER MARÍA SALOMÉ VERGARA, FIDEL ALEJANDRO ZÚÑIGA LÓPEZ, FIDENCIO ENRIQUE SANTIAGO CHARRIS, FRANCISCO AURELIANO CABELLO SARMIENTO, GUILLERMO GONZALO SALINAS, IDAMIS MARÍA ALMENAREZ URECHE, IDELFONSO IGLESIAS SANTIAGO, IRMA BEATRIZ LÓPEZ SUÁREZ, JAIME ALBERTO ARIAS REDONDO, JAIME ENRIQUE MANJARRÉS CERCHAR, JAIME RAFAEL BUENO ROMERO, JAIRO PÉREZ CORREA, JORGE ECHEVERRÍA JIMÉNEZ, JOSÉ ARRIETA CAMARGO, JOSÉ CARLOS AÑEZ, JOSÉ EDUARDO DELUQUE BRITO, JOSÉ LUIS FRAGOZO URBIALES, JOSÉ MANUEL MOJICA ENRÍQUEZ, JOSÉ MARÍA BARNIZA MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA GIL CARRILLO, JOSÉ RODRÍGUEZ ARENAS, JOSÉ VICENTE GÁMEZ MÉNDEZ, JOSÉ ANTONIO CAMPO LOAIZA, JUAN ALVARADO PALOMINO, JUAN MANUEL REDONDO CALDERÓN, LAUDITH SIERRA BARROS, LIBIA ELENA OLIVILLA BRACHO DE GALLO, LUÍS ENRIQUE CAICEDO CHIRINO, LUIS JOSÉ GRIEGO IGUARÁN, LUÍS ÁNGEL PÉREZ MOLINA, MANUEL GUILLERMO PÉREZ ACOSTA, MARÍA JOSEFINA PÉREZ HERNÁNDEZ, MARIELA FUENTES, MIRONEL SOLANO NÚÑEZ, NEVAS MEJÍA DE BACCA, NIDIA JULIO DE FREYLE, OMILSIA ELENA QUINTERO MUÑIZ DE PÉREZ, PABLO CUELLO VALLE, PEDRO NEL JIMÉNEZ MEJÍA, RAFAEL AMAYA CUJÍA, RAFAEL BRACHO BONILLA, RAFAEL DAZA DAZA, RAFAEL IGUARÁN SALTAREN, RAFAEL RODRÍGUEZ OLMEDO, RAMIRO FRÍAS MARTÍNEZ, RODOLFO AYALA ARREGOCÉS, ROSALÍA POLO WISMAN, SABINA ESTHER CATAÑO MENDOZA, TEOBALDO PÉREZ FONSECA, WILFREDO SOLANO ZAPATA, WILLIAM VILORIA ROA, BORIS RAFAEL PACHANO NIEVES Y EDUARDO SÁNCHEZ HERRERA llamaron a juicio a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., para que fuera condenada a pagarles el reajuste de las mesadas pensionales causadas durante el 2000, 2001 y 2002, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación.

Al conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia absolutoria de primera instancia, el juez de la alzada la revocó, y en su lugar, condenó a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar los reajustes convencionales sobre el valor de las mesadas pensionales causadas a favor de los demandantes en un 5.77% para el año 2000, 6.25% para el 2001 y 7.35% para el 2002; igualmente condenó a indexar los respectivos valores; absolvió a la llamada en garantía ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.

Mediante escrito de folio 812 A 814, el apoderado de los actores solicitó adición de la sentencia y por memorial obrante a folios 815 a 821 interpuso el recurso extraordinario de casación. De la misma manera la demandada Electricaribe S.A. E.S.P. el 21 de septiembre de 2009, interpuso el recurso extraordinario (folios 222 y 223).

El Tribunal por sentencia complementaria del 12 de noviembre de 2009 resolvió que los reajustes ordenados se hacen extensivos a los años subsiguientes al 2002, hasta cuando se den las situaciones de hecho y de derecho que ha dado lugar a la condena impuesta.


Por auto del 2 de julio de 2009, el Tribunal denegó el recurso extraordinario por considerar que “la cuantía del interés jurídico para recurrir en casación que le asiste a la demandada, lo constituye el valor de la condena impuesta por el ad quem en segunda instancia, en este caso el valor de las diferencias generadas con los reajustes de las mesadas pensionales de conformidad con la Ley 4ª de 1976, a partir del año 2000 y hasta cuando los motivos de hecho y derecho que los originan subsistan. Pues bien, en el presente caso la Sala estima necesario señalar que de los setenta y un (71) accionantes, únicamente a unos pocos se les pudo establecer la edad, y esto fue con base en los datos consignados en Resoluciones proferidas por el I.S.S., debido a que en el plenario no militan las suficientes pruebas que conduzcan a determinar ese dato estadístico, , de los demás pensionados; por lo que una vez realizadas las operaciones matemáticas del caso, se pudo constatar que ninguno de los actores alcance el quantum mínimo para acceder al recurso extraordinario de Casación, siendo entonces ilustrativo que se traiga a colación los guarismos obtenidos (…)”
Al resolver el recurso de reposición contra la precedente providencia el juzgador de segundo grado reiteró sus argumentos en el sentido de no contar con las suficientes pruebas que permitan establecer la edad de los actores a efectos de determinar la cuantía del interés jurídico.
Para sustentar el recurso de queja el apoderado de la demandada, en síntesis, afirma:


  1. Los aspectos adversos son: los reajustes e incrementos impuestos respecto de las pensiones de los demandantes para los años 2000 a 2002, los cuales se hicieron extensivos para los años subsiguientes y la indexación de los valores resultantes de lo anterior.

b) El perjuicio para la demandada o su interés jurídico para recurrir deriva de la condena impuesta por el ad quem, la cual supera los $1.100.000.000.oo, que en su conjunto representa un solo gravamen, sin posibilidad de distribución alguna; agrega que de acuerdo al artículo 86 del C.P.T. y S.S. la suma que permite identificar esa cuantía es la del proceso en sí mismo, en su globalidad, y no solamente la que interese a una de las partes.


c) La indexación de las condenas incrementa el monto del detrimento patrimonial que se pretende evitar.
d) Es necesario tener en cuenta la proyección futura del costo de la sentencia; aquí no se puede soslayar la edad de vida probable del pensionado, y como consecuencia, la sustitución a los que tengan vocación jurídica para ello.
e) En el expediente existen elementos que permiten identificar la vida probable de los demandantes.
f) Finalmente, invoca el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009 para que la Corte seleccione esta sentencia con el fin de adelantar sobre la misma el estudio que corresponda con miras a ejercer cabalmente el control de legalidad del caso.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La jurisprudencia del trabajo ha determinado que tratándose de la parte demandante el interés jurídico económico para recurrir en casación se establece por el agravio representado en la diferencia entre el valor de las pretensiones que planteó en su demanda inicial y el de las que fueron concedidas; en tanto, el interés jurídico para la parte demandada lo constituye el valor de las condenas impuestas por la sentencia recurrida.

En relación a lo expuesto por la recurrente sobre que la cuantía en su conjunto representa una sola condena para la demandada, advierte la Sala que frente a la pruralidad de demandantes, el interés jurídico de la demandada está determinado por las condenas impuestas de manera individual, de tal manera que en la cuantificación del agravio que sufre la accionada con la sentencia impugnada, resulta improcedente sumar la condena de cada demandante.

También precisa la Sala que si bien es cierto a folio 72 (Cuaderno de la Corte) obra informe secretarial del 8 de noviembre de 2010, según el cual las copias autenticadas del proceso “se encuentran a disposición de la parte demandada a efectos de su retiro, por el término de tres (3) días, los cuales inician a partir del noviembre de 2010 a las 8:00 a.m y finaliza el día 11 del mismo mes y año a las 6:00 p.m”, también lo es que la fijación del correspondiente aviso se efectuó el “9 de noviembre de 2010”, por lo que el término de los tres (3) días a los que se refiere el artículo 378 del C.P.C. aplicable al juicio laboral por disposición del 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se iniciaba el 10 y terminaba el 12 del mismo mes y año.

Así las cosas, en razón a que el recurrente retiró las referidas copias el 12 de noviembre de 2010, el plazo para presentar el recurso vencía el 22 del mismo mes, fecha en la que según el informe de la Secretaria de esta Sala, “fue recibido en esta secretaría”, (fl. 21 del cuaderno de la Corte); por manera que, no le asiste razón al apoderado de los demandantes sobre una supuesta extemporaneidad del recurso.

Ahora, en el presente caso, como ya se anotó, el Tribunal condenó a Electricaribe S.A. a reajustar a los actores las mesadas pensionales causadas durante el 2000, 2001 y 2002, en cuantía equivalente al 5.77%, 6.25% y 7.35%, respectivamente, que corresponde a las diferencias entre lo incrementado por la demandada y lo ordenado, según el sentenciador, en la convención colectiva de trabajo (15%); a la indexación de los valores resultantes; además, ordenó que los aludidos reajustes se hicieran extensivos a los años subsiguientes al 2002.

Estimó el juzgador de segundo grado que en el plenario no militaban las pruebas suficientes que permitiera establecer la edad de algunos de los demandantes, para de esa manera cuantificar el agravio causado a la accionada y en los que se pudo constatar ninguno de los actores alcanzaba el quantum mínimo para acceder al recurso extraordinario de casación.

Sin embargo, al efectuar una revisión de las diligencias se encuentra la información que echó de menos el Tribunal, esto es, la fecha de nacimiento de los actores; y al efectuar las respectivas operaciones matemáticas encuentra la Corte que la cuantía de los perjuicios causados por la sentencia a la parte accionada por cada demandante supera los 120 salarios mínimos legales mensuales vigente para la fecha de la sentencia, por lo que es evidente el desacierto en el que incurrió el Tribunal, tal como se puede constatar en el siguiente cuadro:

De manera que al constatar el error del Tribunal lo procedente será conceder el recurso de casación a la parte demandada por existir interés jurídico para recurrir.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

R E S U E L V E:




1.- DECLARAR MAL DENEGADO el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. contra la sentencia dictada el 31 de agosto de 2009, complementada por la del 12 de noviembre del mismo año, dictadas por el Tribunal Superior de Barranquilla, en el proceso que le sigue ABRAHAM RAFAEL MAESTRE VEGA y OTROS, y en su lugar, lo concede para ante esta Corte.

2.- Por la Secretaría hágasele saber lo resuelto al Tribunal de Barranquilla para que remita el expediente a esta Corporación. Agréguese la actuación al expediente original.


Cópiese, notifíquese y cúmplase,


LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS



JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO




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