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Los criterios para la selección de los artículos periodísticos, no reflejan ninguna postura del Ministerio de Defensa Nacional, y solamente buscan facilitar el acceso de prensa nacional y extranjera


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Los criterios para la selección de los artículos periodísticos, no reflejan ninguna postura del Ministerio de Defensa Nacional, y solamente buscan facilitar el acceso de prensa nacional y extranjera.

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Fecha del 28/08/09

NOTICIA DESTACADA


  1. LA REPÚBLICA PÁG. 3

Hoy llega el presidente Chávez. Reciprocidad. Tabaré Vázquez viajará a Venezuela el mes próximo; visitará la franja del Orinoco.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


  1. CRONICAS PÁG. 6

La ley de Defensa apunta a defender los intereses estratégicos, lo que excede lo estrictamente militar'. Crónicas de un Almuerzo Dr. José Bayardi.


  1. CRONICAS PÁG. 7

Manejo de fondos de misiones de paz daría pie a 'algún tipo de investigación'
FUERZA AEREA

  1. ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 13

Pluna S.A. dice que el Código Aeronáutico la ampara. ANTE EL PEDIDO DE RUTAS DE BQB QUE YA VUELA LA AEROLÍNEA NACIONAL
DERECHOS HUMANOS


  1. LA REPÚBLICA PÁG. 6

Entregan documentos del Esmaco. Archivo de la Nación


  1. CRONICAS PÁG. 2

UNASUR en Bariloche. 'No intervención', suena a lavarse las manos


  1. CRONICAS PÁG. 4

Mujica promete investigar para conocer la verdad sobre los desaparecidos


  1. CRONICAS PÁG. 6

'Anulación de la ley de Caducidad sacará el estigma que hoy pesa sobre los militares'


  1. CRONICA PÁG. 8

En setiembre trasladarán los restos de Artigas. Plenario del Senado lo sancionará


  1. BRECHA PÁG.9

Impunidad en cámara lenta. BARDESIO Y SOFÍA SE BENEFICIAN CON LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN.


  1. BRECHA PÁG. 13

Un imperativo ético, una necesidad política. ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD


  1. BRECHA PÁG. 14

TRÓCCOLI ESPERA EL ERROR. Fiscal Capaldo envía exhorto a Uruguay
ARTÍCULOS:



  1. LA REPÚBLICA PÁG. 3

Hoy llega el presidente Chávez. Reciprocidad. Tabaré Vázquez viajará a Venezuela el mes próximo; visitará la franja del Orinoco.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, arribará hoy al país a fin de inaugurar el nuevo centro oncológico, que contó con financiamiento venezolano. El presidente Vázquez aceptó la invitación para visitar Venezuela en setiembre, en el marca de la Cumbre Sudamérica-Africa.
Vázquez y Chávez coincidirán hoy en el hotel Llao Llao de la turística ciudad de Bariloche, donde se producirá la reunión extraordinaria de jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Allí se analizará el acuerdo militar Colombia-Estados Unidos, que permite el despliegue de tropas norteamericanas en bases militares de Colombia. Al término de la misma, que se estima se produzca a media tarde, ambos jefes de Estado viajarán a Montevideo. Si bien la agenda está sujeta a lo que ocurra en Argentina, la llegada de Chávez y Vázquez al centro oncológico se produciría alrededor de las 18.30 horas. De este modo, Chávez visitará hoy por sexta vez Uruguay con el cometido de inaugurar las obras del Instituto Nacional del Cáncer y retornaría mañana a su país.'


Se trata de la sexta visita oficial que realizará el mandatario venezolano a tierra uruguaya durante la administración Vázquez, es decir desde 2005 a la fecha. La vez anterior fue el 7 de agosto de 2008. Se ha manejado, aunque no oficialmente, la posibilidad de que el mandatario venezolano se traslade a Pueblo Bolívar, ubicado en Canelones. A la vez, se estima que a pesar de su apretada agenda Chávez pueda visitar las obras realizadas en el Hospital de Clínicas y la inauguración de las trasmisiones del satélite Simón Bolívar, aseguraron informantes.
Uruguay podrá hacer uso del 10% de las emisiones del satélite, lo cual permitirá ampliar los programas de desarrollo informático y tecnológico, y a la vez, obtener información para prevenir desastres naturales.

Reciprocidad

En reciprocidad, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, aceptó una invitación de Chávez y realizará una visita oficial a Venezuela a mediados de setiembre, confiaron fuentes del Poder Ejecutivo. El mandatario uruguayo también recorrerá la faja del río Orinoco, donde Ancap y Petróleos, de Venezuela (Pdvsa) trabajan en sociedad. Su visita coincidirá con la II Cumbre América del SurAfrica, que se celebrará en Caracas entre el 14 y el 19 de setiembre. El evento reuniría a todos los gobernantes de los 54 países africanos y de los 12 sudamericanos.

Vázquez aceptó la invitación de su par venezolano, Hugo Chávez, de realizar una visita a Caracas y a la Faja del Orinoco en setiembre, aseguraron a LA REPÚBLICA altas fuentes oficiales. La gira de Vázquez obedece, por un lado, a la invitación que recibió de parte de Chávez, pero también "como un gesto de reciprocidad ante las seis visitas que realizó el mandatario venezolano a Uruguay".


Uno de los puntos más atractivos de la gira de Vázquez a Venezuela será la visita a la faja petrolífera del río Orinoco, una fuente de reservas de hidrocarburos líquidos de las más grandes del mundo que comprende una extensión de SS.314 km2 y un área de explotación actual de 11.593 km2.
Los acuerdos entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela surgieron en agosto de 2005, cuando el presidente Chávez anunció que el trabajo de prospección de una parte de la Faja del Orinoco se realizará en forma conjunta entre Ancap y Pdvsa. En dicha instancia Chávez señaló que ese tipo de acuerdos forma parte de la política exterior que desarrolla su gobierno, la cual busca relaciones internacionales basadas en la "complementariedad, cooperación y solidaridad".

En dicha instancia Chávez aseguró que el convenio energético bilateral "no implica la entrega de reservas uruguayas depositadas en el Banco Central del Uruguay. No le estamos pidiendo ni un centavo, sólo estamos solicitando personal técnico y operativo, pues aquí existe un interés geopolítico y económico con el fin de contribuir con el desarrollo de la región". En agosto de 2005 Chávez dijo en Montevideo que el petróleo del Orinoco "alcanzaría para unos 25 años, cifra que se queda corta, en verdad. Si ese petróleo lo destináramos sólo para el Uruguay, tomando en cuenta el consumo actual del Uruguay, si lo colocamos en 50 mil barriles diarios de petróleo allí habría petróleo para mil años".



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  1. CRONICAS PÁG. 6

La ley de Defensa apunta a defender los intereses estratégicos, lo que excede lo estrictamente militar'. Crónicas de un Almuerzo Dr. José Bayardi
"Hay que tener la capacidad de defender intereses estratégicos desde el punto de vista militar, pero muchas veces la defensa de la soberanía va mucho más allá que lo estrictamente militar" .
Una reforma programática del actual gobierno, del porte de la encarada a nivel de la salud o de la enseñanza, fue consagrada a través de la ley de Defensa, que fue casi ignorada por la población y no concitó la atención de los medios. La norma define lo que el país entiende por defensa en un enfoque que excede estrictamente lo militar porque apunta a defender los intereses estratégicos, lo que puede demandar la intervención de otras carteras como la Cancillería o Economía.

Por Teddy Alvarez


¿Cuál puede ser la causa del desinterés de la gente sobre un tema de tanta trascendencia?, ¿Cuáles son los temas centrales que presenta la ley?, ¿Cómo recibieron los militares la nueva norma?, ¿Qué proceso de discusión se desarrolló antes de remitir el proyecto al Parlamento? Bayardi respondió puntualmente a estas y otras preguntas que conforman esta "Crónicas de un Almuerzo", que acompañamos con un excelente almuerzo en Paninis.


- Se aprobó la ley de Defensa, pero no tuvo la misma trascendencia pública que otras reformas como por ejemplo la de la salud o de la educación. ¿A qué se debe esta especie de indiferencia?


- La poca trascendencia pública que ha tenido se debe a que los temas de defensa en términos generales y a lo largo de la historia legislativa, académica y de la propia sociedad han quedado relativizados. A lo largo de la historia institucional del Uruguay los temas de la defensa siempre estuvieron sustraídos del debate público, apartados del debate parlamentario en los momentos de crisis y diría que son nulos a nivel académico.

- Pero era una reforma que integraba el programa de gobierno del FA...

Este era un proyecto de ley que efectivamente estaba planteado desde el punto de vista programático, para dotar al país de una ley marco de defensa. Se trabajó de manera importante desde 2006 cuando fue programada en detalle. Como no, había muchos recursos presupuéstales se hizo con el apoyo de Naciones Unidas para el Desarrollo. Se hicieron dos seminarios y uno internacional, que contó con la participación y ponencias de académicos, militares y políticos, de dos áreas: una la latinoamericana con intervención de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela y la otra internacional: España, Portugal y Sudáfrica.

- ¿España y Portugal por raíces históricas?

Efectivamente, por la matriz sobre la cual se habían construido reglamentos y códigos que vienen desde Carlos V de España. ¿Y por qué Sudáfrica? - Porque tanto España, Portugal como Sudáfrica habían tenido transformaciones muy importantes desde la salida de la dictadura o del corte de políticas segregacionistas.

- ¿Y los seminarios nacionales?



  • Allí se invitaron a referentes de los partidos políticos, por ejemplo participaron los Dres. Sanguinettí y Lacalle. También hubo mesas temáticas de debate, que funcionaron en el Instituto Militar de Estudios Superiores, que se realizaron de junio a diciembre de 2006. Con el aporte de la Facultad de Ciencias Sociales se sistematizó la memoria de los debates y durante 2007 se hizo el anteproyecto de ley marco de Defensa Nacional que fue presentado en febrero de 2008 al Parlamento, ingresando al Senado.




  • Allí yo actuaba ya como ministro y junto con Menéndez, que era el subsecretario concurrimos varias veces a Comisión de Defensa de esa cámara -muchas veces sin actas- para intercambiar ideas y opiniones. ¿Se le hicieron cambios en el trámite parlamentario? Se introdujeron modificaciones que fueron aceptadas por el gobierno, a través de aportes fundamentalmente del Partido Nacional y del senador Penadés, en particular. Ese proyecto aprobado por el Senado fue el que se sancionó el 18 de agosto pasado en la Cámara de Diputados.



-Tuvo un amplio apoyo...

- Destaco que fue un proceso de construcción que tuvo mucho apoyo parlamentario y en las mesas de debate se dio participación a legisladores, a organizaciones sociales, no solo a los militares o a los académicos. Participaron familiares de los detenidos, el Servicio de Paz y Justicia, del ámbito académico, las universidades -de la República y Montevideo- la central sindical y los empresarios, aunque éstos no asistieron en la medida que esperábamos, quizás como consecuencia de lo expresado en la primera respuesta: el tema de la Defensa se vive como ajeno. - ¿Cómo fue la participación militar? - Fue bastante restringida porque solo asistieron los representantes del comandante en jefe o que representaban áreas de la organización militar, a los que se les garantizó que lo que manifestaran en esa mesa no iba a tener repercusión en su vida profesional.


- ¿Cómo se logró esto?


- Pudimos imponer el principio de no asignación, es decir podíamos decir afuera del ámbito del debate lo que se había expresado adentro, pero no se podía designar quién lo había dicho. Se manejó en forma reservada y logró el acuerdo de todos los partidos políticos, más allá que algún artículo no se haya acompañado. ¿Cuáles son los aspectos sustantivos de esa iniciativa? Uno es la definición de lo que entiende el país como Defensa Nacional, que es mucho más que la defensa militar de un país.


Quiere decir que defender intereses estratégicos por parte de un país implica exceder lo militar, que marca una forma extrema de defender los intereses estratégicos. Que necesariamente debe existir...

- Sí. Hay que tener la capacidad de defender intereses estratégicos desde el punto de vista militar, pero muchas veces la defensa de la soberanía va mucho más allá que lo estrictamente militar.


- ¿Quiere decir que la Defensa en esa concepción no queda circunscripta a su Ministerio sino que de pronto debe intervenir la Cancillería, por ejemplo?

- Debe intervenir Relaciones Exteriores porque la defensa de los intereses estratégicos va más allá de lo militar. Sin duda que la Cancillería tiene un papel bien importante que desempeñar. - ¿Hay otras carteras que podrían asumir protagonismo en ese marco? - Se puede ver que la defensa de los intereses estratégicos, por ejemplo la estabilidad económica, es competencia de la cartera de Economía y Finanzas. Pero esto es una definición.

- ¿Cuál es el segundo aspecto más resaltable?

- Organizar por primera vez al Ministerio de Defensa en forma diferente a lo que lo venía siendo en la ley orgánica. Porque no solo desde la dictadura de la década del 70', sino desde antes, era un Ministerio que venía integrado dentro de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Esto es de alguna forma un contrasentido, que la parte de conducción política y estratégica del Ministerio estuviera organizada dentro de las Fuerzas Armadas. - ¿Cómo queda esto con la nueva ley?




  • Se saca al Ministerio de esa posición. En la ley se abren 3 áreas: un área de la Dirección General de. Asuntos Políticos, de la Defensa; otra que es un área administrativa que es la del Ministerio y una tercera que es el área del Estado Mayor. - Esta última área generó algunos debates en el Parlamento... - En efecto, nosotros habíamos puesto al Estado Mayor de la Defensa como un órgano asesor, no porque no compartiéramos como finalmente quedó, sino por darle cierto grado de progresividad a la norma, la que después podría ser complementada. Pero se definió que ese Estado mayor atendiera en una línea de mando todo lo que tiene que ver con el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas.
  • - Un criterio ya común en el mundo...



Se abre ahora el capítulo de organizar con la participación en la acción de las tres fuerzas, la Armada, el Ejército y la Aviación. Cuando los comprometa desde el punto de vista conjunto -creo que los va a comprometer cada vez más de ahora en adelante- van a tener un comando propio, que va a depender de un oficial general, que será elevado a oficial de 4 estrellas, el mismo rango que los jefes de cada fuerza y que va a atender la operativa conjunta. Cada una de las fuerzas va a alistar dentro de su especificidad, los recursos humanos que el accionar conjunto demande.

-Esto supone un gran impacto en la organización militar...


Va a permitir unificar la logística, la educación para la acción conjunta y las comunicaciones, que hoy no tenemos unificadas. Es una transformación bien importante. ¿Qué otra transformación merece particular destaque?

-Se tomaron decisiones en materia de la justicia militar que son muy importantes. El ámbito de la justicia militar había quedado separado del ámbito del Poder Judicial en una interpretación que no comparto, en la medida en que la justicia militar en el marco de los derechos individuales y de la aplicación de los códigos debiera estar sujeta a una esfera jurisdiccional que no dependiera tanto del poder administrador. La ley determina que esto hay que acordarlo con la Suprema Corte de Justicia.
- ¿También se ajusta la definición del delito militar?

- La norma dispone una categorización de los delitos militares. Solo pueden cometer delitos militares los militares, o sea que los civiles no podemos cometer delitos militares. En la época de la dictadura la interpretación de que los civiles podíamos cometer delitos militares se extendió y miles fueron juzgados por la justicia militar, que no demostró que diera garantías sino que fue llevada adelante. A partir de acá, solo pueden ser juzgados por la justicia militar, los militares.

¿En todos los casos?
Los militares que cometan delitos comunes, deben ser juzgados por la justicia ordinaria, porque en realidad no importa si tiene o no uniforme: una persona que por ejemplo, cometió un delito de hurto, debe ser juzgado por la justicia ordinaria.

Creo que estas son transformaciones que van a impactar positivamente y que esta iniciativa, como toda ley, es muy dinámica, por lo que habrá que seguirla reglamentando y eventualmente seguir introduciéndole cambios. Volver al indíce




  1. CRONICAS PÁG. 7

Manejo de fondos de misiones de paz daría pie a 'algún tipo de investigación'
-Misiones de paz generan dolores de cabeza adicionales...

- Desde que yo era subsecretario, con la Dra. Berrutti decidimos convocar a la Auditoría Interna de la Nación para que como un objetivador externo analizara los movimientos económicos que se registraban en el Ministerio de Defensa. Ya en 2005 comenzó a trabajar en el Ministerio, que tiene unas cuantas unidades ejecutoras. Comenzó con la 001 que es la Dirección de Secretaría, el Ministerio central propiamente dicho y empezó a trabajar ahí con todo lo que era el manejo de los recursos en el área del Ministerio.


- Después siguió con las armas...

A partir de allí comenzó a trabajar en otras unidades ejecutoras, en 2006 en el Ejército Nacional, auditando distintas formas de manejar los recursos dentro de esa arma. En 2006 y 2007 hizo como un primer informe sobre el manejo de los fondos provenientes de Naciones Unidas, así que no empezó de entrada con este tema.

Primer informe que dio pie a algunos cambios...

- En 2008 con el punto de partida de un primer informe sobre Naciones Unidas, nosotros propusimos al Parlamento nacional algunas normas para poder manejar de futuro esos fondos, que hasta el momento eran manejados por las fuerzas, no por el Ministerio. En la Rendición de Cuentas del año pasado quedó establecido que los fondos iban a ser manejados por la Unidad 001, que es el Ministerio y para ello formamos una Unidad de Gestión Financiera y una Auditoría Interna que depende del ministro.

- ¿Qué se hizo?

- Lo que hubo fue un seguimiento de esos fondos, algunas consideraciones preliminares cuando se venían analizando y nosotros introdujimos los cambios en la última ley de presupuesto para manejarlos centralmente desde 2009 y al futuro. También elevamos en marzo de este año al Tribunal de Cuentas pidiendo un mecanismo para manejar esos fondos que más allá del Tocaf nos permitiera cierta flexibilidad, porque son fondos para operaciones. A veces nosotros necesitamos hacer gastos urgentes porque tenemos 2.500 hombres desplegados entre Haití y el Congo, pero eso no ha sido aprobado todavía por el Tribunal.


-Pero hay entonces claramente dos períodos: uno hasta fines de 2008 y otro que se abre a partir de enero de 2009 con la participación directa del Ministerio...

- A partir de ahora lo estamos manejando con mayor participación de los organismos de contralor financiero, aunque recordemos que las misiones con gran volumen de contingentes comenzaron en 1992 con despliegue en Camboya.


- En consecuencia...

- Creo que ha sido un proceso que ha visto debilidades, irregularidades del manejo de los fondos aunque no fueron fondos que se manejaran desde el punto de vista presupuestal. Seguimos investigando de acuerdo con lo que nos instruyó la propia Auditoría Interna de la Nación para terminar de dar respuesta a sus informes finales y seguramente esto amerite llevar adelante algún tipo de investigación, para llevar transparencia a todo lo que fue en el pasado el manejo de estos fondos.


-¿Qué novedades tiene sobre el atraso en los pagos de las Naciones Unidas?
- En términos históricos, siempre Naciones Unidas fue pagando de atrás. Dos o tres meses trasados. Cada misión tiene sus propios fondos, en los que tales países ponen dinero para tal o para cual misión. No salen de los fondos presupuéstales de Mociones Unidas sino de los fondos particulares que los países construyen de acuerdo con su voluntad.

- Pero ahora el atraso se agravó.

En Haití estamos con uno dé los atrasos más importantes. Casi similar a los mayores atrasos que se han dado en el pasado, pero en este caso determinado -fundamentalmente en 2008- por la crisis internacional que ha afectado profundamente a los países desarrollados cooperantes. Hoy tenemos con respecto a Haití un atraso que está en los 12 a 13 meses y con el Congo, respecto al personal hubo un aporte de febrero, marzo, abril y mayo, aunque nos faltan los aportes de reembolso de materiales.
¿No se ve ninguna salida en lo inmediato?

Dicen que para octubre los reembolsos que hace Naciones Unidas no se van a poner al día pero van a tener un empuje importante. Ese es el compromiso que tenemos con el representante de las Naciones Unidas desde hace unos días. Volver al indíce




  1. ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 13

Pluna S.A. dice que el Código Aeronáutico la ampara. ANTE EL PEDIDO DE RUTAS DE BQB QUE YA VUELA LA AEROLÍNEA NACIONAL
"SÓLO PIDO que se respete la ley. A mí no me cabe ninguna duda que así será", dijo ayer Matías Campiani al ser consultado sobre el pedido de rutas por parte de BQB que ya son operadas por Pluna, por ejemplo, entre Montevideo y Aeroparque. De esta manera, el gerente general de la aerolínea marcó sus diferencias ante la posición de la Dinacia, que dio el aval para que BQB también opere esas rutas, decisión que tendrá que ser avalada o rechazada por la Junta Aeronáutica, el máximo órgano político en materia de aeronavegación comercial que se reúne la semana próxima.

Campiani apeló a un argumento jurídico, el Código Aeronáutico. El artículo 23 de dicho texto sostiene que "no se autorizará la superposición de los servicios de transporte aéreo dentro y fuera de


la República a cargo de empresas nacionales, salvo que -a juicio del Poder Ejecutivo, previo asesoramiento del Comando General de la Fuerza Aérea- las necesidades de los usuarios o el interés nacional así lo justifiquen". "Cuando invertimos en el país existía una serie de normativas legales y esperamos que se respeten esas normativas.
Esto es, que no se permitirá la superposición de frecuencias donde ya existen vuelos, salvo que haya una necesidad nacional o de los usuarios, es decir que no alcance la oferta para lo que es la demanda", dijo Campiani. A juicio del empresario, el proyecto de BQB "puede ser muy complementario al de Pluna" tal como estaba pensado con la base en Colonia, pero "compartir el mercado que hoy tenemos creo que no tiene ningún sentido para nadie". Campiani adelantó que se reunirán con las autoridades para analizar este tema.


No obstante, desde la empresa se sostiene que Pluna no le teme a la competencia ya que de hecho lo hace con Aerolíneas Argentinas, GOL, TAM o LAN, sino que mediante la actual posición dominante de Buque-bus en el cruce del Río de la Plata "puede subsidiar su proyecto de aerolínea regional con pasajes subsidiados y fundir a Pluna", quedándose así con el cien por ciento del mercado de transporte en el Río de la Plata.
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  1. LA REPÚBLICA PÁG. 6

Entregan documentos del Esmaco. Archivo de la Nación
Los ministros José Bayardi (Defensa) y María Simón (Educación) entregarán hoy al mediodía al Archivo General de la Nación documentos complementarios que pertenecieron al Estado Mayor Conjunto (Esmaco) durante los años de dictadura, y que contienen información sobre militantes de izquierda. Se trata de información complementaria a los documentos del archivo del Esmaco que fueron encontrados en el año 2006 en un armario en su sede central de la calle Eduardo Víctor Haedo, por parte la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, los que fueron desclasificados y pasados de microfilmado (una antigua técnica de documentación) a formato digital.
En aquel entonces, la secretaria de Estado determinó trasladar al ministerio esos rollos de microfilme, con el objetivo de iniciar un proceso de protocolización y digitalización de los contenidos de esos documentos. Posteriormente se designaron dos especialistas y recursos materiales especiales para procesar y digitalizar los microfilmes hallados. Luego, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, entregó al Archivo General de la Nación aquellos documentos del Esmaco. Se trataba de 12.000 microfilmes con cientos de miles de documentos, pertenecientes a células militares y policiales de la dictadura.
Los documentos digitalizados que serán entregados hoy al AGN son complementarios a los encontrados en 2006, los cuales también fueron encontrados en la sede del Esmaco y contienen historias personales de cada uno de los militantes de izquierda que fueron presos durante la dictadura. Es decir, entre otros datos, se detalla "qué sitios frecuentaban, dónde vivían y en qué sectores políticos militaban"; toda esta información fue sistematizada a lo largo de 24 meses. No obstante, se ha logrado comprobar que también algún material ha sido destruido por parte de los militares, indicaron fuentes de Defensa Nacional.
La directora del Archivo General de la Nación, Alicia Casas, dijo ayer a LA REPÚBLICA que los documentos que recibió el año pasado fueron "organizados, se abrieron los protocolos y se realizaron las actas correspondientes". Remarcó que se trata de "un paso grande para la democratización del acceso a la información pública en Uruguay, en cumplimiento de la Ley 18381 referida al Derecho de Acceso a la Información Pública". Aclaró que dicha ley también protege la información personal, "es decir que, si bien se preserva la información personal, lo institucional debe ser de dominio público".

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  1. CRONICAS PÁG. 2

UNASUR en Bariloche. 'No intervención', suena a lavarse las manos
Dos laboratorios de Argentina y España descartaron que restos humanos encontrados en la localidad de Vichadero (Rivera) en 2005 pertenezcan a María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman y desaparecida en nuestro país desde 1976, señalaron a CRÓNICAS fuentes Judiciales. Los análisis fueron solicitados por el juez del caso, Pedro Salazar, al Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada (España) y por la familia Gelman al Laboratorio Litmo de Córdoba (Argentina).
Los informes remitidos a la justicia por parte del médico español José A.Lorente Acosta y del argentino Carlos María Vullo, son coincidentes en que el cráneo encontrado en un cementerio de la localidad uruguaya de Vichadero, en el departamento de Rivera y junto a la frontera no Brasil, no perteneció a la nuera de Gelman, agregaron los informantes. El antropólogo uruguayo Horacio Solla, determinó tiempo atrás en base a un estudio antropomórfico, que los restos hallados "con un 90 por ciento de certeza" correspondían a María Claudia García de Gelman.
La nieta de poeta argentino, Macarena Gelman, hija de la desaparecida, se sometió a análisis en Montevideo para suministrar las muestras de sangre necesarias para los estudios genéticos realizados en Argentina y España. La argentina María Claudia García de Gelman, fue detenida en Buenos Aires en 1976, cuando tenía 19 años y estaba en avanzado estado de gestación. Posteriormente, fue trasladada de manera clandestina a Montevideo, poco después dio a luz una niña en el Hospital Militar de la capital y luego desapareció.

Hace un año la Justicia, a pedido de la familia, decidió reabrir el caso. El abogado de la familia Gelman, José Luis González, solicitó ala Justicia que se cite a declarar a los ex comandantes en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Enrique Bonelli, y José Pedro Malaquín, para tratar de aclarar como fue trasladada de manera clandestina María Claudia desde Buenos Aires, y al ex comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, para tratar de obtener información sobre su destino.


Además, pidió que se interrogue al general Raúl Gloodtdofsky, al aviador Uruguay Araujo Umpiérrez, al periodista Roger Rodríguez, que hizo una investigación sobre el caso Gelman, y al ex soldado Julio César Barboza, que integró los cuadros del servicio de inteligencia militar. Macarena Gelman fue criada por la familia de un policía uruguayo ya fallecido que la adoptó y sigue viviendo con la esposa de éste. La joven fue localizada por su abuelo paterno en el 2000 y dos años después recobró su identidad. Volver al indíce



  1. CRONICAS PÁG. 4

Mujica promete investigar para conocer la verdad sobre los desaparecidos.
El candidato a la Presidencia del Frente Amplio. José "Pepe" Mujica, dijo que en Uruguay se quiere conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985) pero subrayó que en lo personal no le interesa "tener a ancianos militares presos".
"Quedaron muchas investigaciones truncas y creemos que hay que hacerlas avanzar", puntualizó Mujica en una entrevista que publicó el diario chileno La Nación, en la que aludió al término o continuidad de la llamada 'Ley de Caducidad' o 'punto final' en materia de derechos humanos.
La vigencia de esa ley, que data de 1986, será sometida a la opinión popular junto con las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 25 de octubre, cuando los electores recibirán una papeleta adicional con dos preguntas relevantes. Una es sobre el derecho a voto que tienen los uruguayos que viven en el exterior, calculados en unos 900 mil y la otra sobre la ley de Caducidad, que ha impedido investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1985.
"Lo fundamental es la verdad histórica", dijo en la entrevista Mujica, que el pasado 18 de agosto estuvo en Santiago, donde fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet. "Más que para la justicia, queremos buscar la verdad histórica. Los uruguayos queremos saber cómo fueron las cosas, queremos la verdad de cómo ocurrieron los atropellos de los derechos humanos", remarcó. Dijo que si es elegido presidente, instalará una comisión investigadora, como se hizo en Chile y Sudáfrica.
"A mí no me interesa la gente presa, me interesa la verdad. Porque la verdad es la forma superior de castigo para los que son responsables de los atropellos. Ya han pasado muchos años desde los hechos y detesto tener a ancianos presos", manifestó Mujica. Agregó que Uruguay "quiere la verdad sobre su pasado. Porque tampoco le podemos seguir contrabandeando una responsabilidad a los militares actuales; algo que es carga de otros, eso es de nunca acabar. Por eso hay que investigar", concluyó.

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  1. CRONICAS PÁG. 6

'Anulación de la ley de Caducidad sacará el estigma que hoy pesa sobre los militares'.
¿No parece un contrasentido que se impulse la nulidad de la ley de Caducidad y al mismo tiempo se reconozca que esa misma norma posibilitó el enjuiciamiento y prisión de altos oficiales militares de la época de la dictadura, comenzando por Gregorio Álvarez? - En realidad la fuerza política que está en el gobierno siempre tuvo una posición contraria a la ley de Caducidad y así lo votó en el '86 y luego hizo camparía en contra en el plebiscito del 89. En la campaña electoral del 2004, siendo una fuerza política contraria a la mencionada ley, en realidad se hizo un compromiso de que no se iba a tocar en este período de gobierno.
Y la ley funcionó..

El gobierno aplicó su interpretación de la ley de Caducidad, que comparto plenamente, porque entiendo que la forma lógica de aplicarla en el pasado debió ser que el Poder Judicial investigara y si había un delito, lo presentara al Poder Ejecutivo para que decidiera si estaba contemplado o no.


- ¿Excluía a los mandos? He leído mucho al respecto y hay interpretaciones que dicen que los mandos no necesariamente están contenidos en la ley de Caducidad y hay otras que dicen que sí. Más allá de la discusión semántica, entiendo que no deben estar contenidos.

-¿Por qué?

Porque la disciplina militar y el cumplimiento de las órdenes es consustancial con la profesión. Si nadie termina teniendo responsabilidades y el mando excluye su responsabilidad al decir que está contenido en la ley de Caducidad, yo sostengo que es poco honorable mandar de esa manera. Siempre uno tiene que hacerse responsable de sus órdenes para cubrir a los subalternos.
¿Usted apoya la eliminación de la norma?

Lo más importante para el país es eliminar la ley del sistema jurídico uruguayo, en primer lugar porque hay delitos que se siguen cometiendo hoy ¿Cómo es eso? El delito de desaparición forzada es imprescriptible, en consecuencia ese delito se sigue cometiendo y va a poder ser investigado por la justicia. La ley opera como un estigma para el sistema jurídico uruguayo. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que hay que sacarla - de nuestro sistema jurídico, pero además, es un estigma para los propios militares.


¿En qué sentido? Porque el 98 o 99% de los actuales cuadros de las Fuerzas Armadas en la época de la dictadura no estaba o estaba ingresando a la Escuela Militar ya a la "salida de la dictadura. Le funciona como un estigma. La ley de Caducidad cubre a los militares, porque en realidad no tienen por qué cargar con la mochila de eventos en los que la responsabilidad la tuvieron otros. Afecta más bien a la institución militar...Soy de los que piensan que las instituciones no son responsables, que los responsables somos los hombres y mujeres que hacemos buenas o malas instituciones. No debería cargarse con ese estigma. Volver al indíce




  1. CRONICA PÁG. 8

En setiembre trasladarán los restos de Artigas. Plenario del Senado lo sancionará
La Comisión de Diputados votó el traslado de los restos del prócer José Gervasio Artigas. La aprobación fue por mayoría y contó con los votos en contra de la oposición. El asunto será sancionado por el Plenario de la Cámara de Representantes en la primera semana de setiembre. Este miércoles la Comisión de Legislación, Constitución y Código de Diputados aprobó el traslado de los restos de Artigas desde el Mausoleo al Edificio Independencia. La próxima semana se estudia su aprobación definitiva en el Plenario.

El presidente de la Comisión de Constitución, Javier Salsamendi, dijo a Montevideo Portal que el proyecto fue aprobado "con los votos del Frente Amplio y con los votos en contra de los diputados del Partido Nacional", en referencia a los legisladores Alvaro Lorenzo y Gustavo Borsari.


Pero para. lograr una aprobación definitiva que permita el traslado de los restos hay que esperar a la primera semana de setiembre cuando el asunto sea tratado en el Plenario.La iniciativa apunta a derogar la normativa de los años setenta que definió alojar los restos de Artigas en el Mausoleo.
Este proyecto generó polémica entre los partidos de oposición que se manifiestan a favor de que los restos permanezcan donde están. El Partido Nacional señaló que el traslado es "inconveniente, inoportuno y sin sentido", y sostienen que las razones del gobierno para llevar adelante esta iniciativa son "motivos de pobreza franciscana donde no fundamentan nada". "Lo único que dice es que deroga un decreto de. ley del gobierno de facto que dispuso alojar los restos de Artigas en el Mausoleo". Este proyecto también cuenta con el rechazo de agrupaciones nativas que realizaron una marcha a caballo desde diferentes puntos del interior del país para manifestar su posición ante la iniciativa del presidente Tabaré Vázquez.
Traslado

El diputado oficialista Edgardo Ortuño defendió la aprobación del traslado de los restos del prócer, para colocarlo en un "ambiente democrático y republicano", y abierto a la ciudadanía.


El legislador de la Vertiente Artiguista dijo que está "abierto a la presencia y a la difusión de estos ideales entre nuestra población, que es el objetivo central que ha planteado el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Con esta iniciativa, insisto, busca dar un reconocimiento en el Uruguay democrático a Artigas, que supere el intento de memoria que la dictadura militar llevó adelante".

Señaló que la dictadura "encerró a José Artigas en el Mausoleo" y lo dejó desprovisto de cualquier frase que reflejara su pensamiento. Ortuño afirmó "el compromiso democrático del ideario artiguista con la justicia social y con la libertad. Lo segundo, y también trascendente y rechazable, fue utilizar la figura de Artigas para justificar el período de facto, lo que está de manifiesto en el propio discurso de inauguración del Mauso leo. Nosotros no tenemos duda de que esa visión del artiguismo vacío, al servicio de una visión extremadamente militarista de nuestra historia, no representa a los uruguayos".

García Pintos

El diputado colorado Daniel García Pintos dijo que entre los tres motivos planteados por el gobierno para el traslado -la construcción del mausoleo durante la dictadura, la existencia de humedad y la peligrosa estructura de la escalera- son insuficientes. "Fue construido en la época militar el Mausoleo. Yo me pregunto: si también fueron construidos en la época militar los accesos a Montevideo, los puentes internacionales sobre el Río Uruguay, las represas hidroeléctricas más grandes -que son las de Salto Grande y Palmar-, ¿nosotros dejamos de usar la energía eléctrica en nuestras casas?".

Frases para Artigas

Ocho célebres frases de José Gervasio Artigas fueron las elegidas por la comisión multipartidaria designada con esa finalidad y que estarán presentes en el nuevo destino que el gobierno de Tabaré Vázquez decidió para los restos del prócer.Las mismas fueron divulgadas tras la firma del acuerdo entre los representantes de los partidos políticos que conformaron esa comisión y que debía expedirse antes del 16 de agosto. El traslado de los restos del prócer al Edificio Independencia abrió una polémica que incluso movilizó a sociedades anti vistas de Uruguay, las que a caballo llegaron a la Plaza Independencia y fueron recibidas por el mandatario uruguayo.


Pero pese a ello y a los pedidos de los partidos de oposición, el gobierno aprobó el nuevo destino de los restos de Artigas. "La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo". "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Vosotros estáis en pleno goce de vuestros derechos: ved ahí el fruto de mis ansias y desvelos, y ved ahí también todo el premio". "Los más infelices serán los más privilegiados".
"Es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla". "El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos". "Se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable".

"Sean los orientales tan ilustrados como valientes". Volver al indíce




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Impunidad en cámara lenta. BARDESIO Y SOFÍA SE BENEFICIAN CON LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN
Si el ex agente policial Nelson Bardesio no fuera extraditado en menos de 83 días, el caso de Abel Ayala podría quedar impune, dos semanas después caducaría el de íbero Gutiérrez y al mes el de Castagnetto. La lentitud judicial es acompasada por el desinterés del gobierno uruguayo en este proceso por crímenes contra la humanidad.
WALTER PERNAS
EL LENTO PROCESO de extradición que se sigue en Argentina contra el ex integrante del Escuadrón de la Muerte Nelson Bardesio, plantea un escenario jurídicamente peligroso: el ex represor puede quedar impune a pesar de su responsabilidad en las actividades criminales del grupo parapolicial y para-militar de los años setenta.Al cumplirse un año de la presentación en Buenos Aires del pedido de extradición contra el ex agente policial, no hay noticias de su efectivo envío a Uruguay para ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Ni siquiera se dictó sentencia definitiva.
Sin embargo, el gobierno uruguayo no ha dado al caso la calidad de asunto de Estado, ni de asunto prioritario para los intereses del país, por cuanto no se interesó formalmente en el proceso, es decir no nombró abogado en Argentina, ni mandato a ningún representante diplomático a fin de que se presente ante la justicia de ese país a reclamar celeridad en el juicio.El problema es que la posibilidad de juzgar a Bardesio está cercada por los plazos de prescripción, que aparecen como una barrera infranqueable, de acuerdo a la jurisprudencia nacional en casos de violaciones a los derechos humanos durante el período autoritario.
Al llegar el pedido de extradición a Buenos Aires quedaban más de 450 días para que el caso de desaparición más antiguo que se le adjudica a Bardesio cumpliera el plazo de prescripción, pero a partir de hoy, viernes 28 de agosto, sólo faltan 83 días.La justicia argentina debería dictar un fallo favorable a la extradición y cumplir con el traslado de Bardesio antes del 21 de noviembre, de lo contrario el caso de desaparición del estudiante Abel Ayala podría quedar al margen del juicio. De ser así, los familiares del desaparecido no podrían ejercer efectivamente el derecho de justicia.
A pedido del fiscal Ricardo Perciballe, la jueza Graciela Eustachio solicitó la extradición de Bardesio por los delitos de desaparición forzada (en los casos de Ayala y Héctor Castagnetto) y homicidio muy especialmente agravado (por los asesinatos de Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini).Sin embargo, los tribunales de apelaciones uruguayos no han acogido el delito de desaparición forzada -que es imprescriptible-, y para las situaciones de personas desaparecidas por la represión han cambiado la figura penal por la de homicidio muy especialmente agravado.
La jurisprudencia indica que el homicidio muy especialmente agravado, en estos casos, prescribe a los 26 años y ocho meses de cometido, descontando el período de la dictadura en que el Poder Judicial no pudo actuar libremente. Ayala desapareció el 17 de julio de 1971. Se cumplirían 26 años y ocho meses el 21 o 22 de noviembre de 2009.* Ramos Filippini fue asesinado el 31 de julio de 1971, por cuanto el caso prescribiría el 4 o 5 de diciembre de 2009. La desaparición de Castagnetto se produjo el 17 de agosto de 1971: el plazo se cumple el 21 o 22 de diciembre de 2009*El asesinato de íbero Gutiérrez tuvo lugar el 8 de febrero de 1972, y el período de prescripción se cumpliría el 2 o 3 de julio de 2010.
Los 83 días que faltan para la primera eventual prescripción es un tiempo muy escaso, a juzgar por la burocracia judicial de países como Argentina y Uruguay. Muchas veces, bajo el Leitmotiv de respetar las garantías del debido proceso -que naturalmente deben existir-, se excusa la parsimonia de un sistema que no debería ser pusilánime ante crímenes de la naturaleza que se le imputan a Bardesio, o bien se ocultan las chicanas jurídicas que seguramente procurará la defensa del ex integrante del Escuadrón.. Si bien la sentencia que debe dictar la Corte Suprema de Justicia argentina es inapelable, Bardesio puede pedir aclaraciones del fallo de extradición (siempre que fuera concedida).
Además, en general, el traslado del requerido no se efectiviza inmediatamente, salvo que haya un interés especial del Estado requirente, circunstancia que al menos por ahora no se ha configurado. SOFÍA AL ESPEJO. Esta lectura sobre la situación judicial de Bardesio bien vale para el caso de otro ex integrante del Escuadrón de la Muerte, Miguel Sofía. De hecho, este ex represor -ahora empresario- tiene mayores ventajas para eludir a la justicia, puesto que se encuentra prófugo, posiblemente en el exterior.-Una vez que se lo detenga -si esto ocurre- comenzará el proceso formal de extradición, que puede durar más de un año, en caso de desarrollarse con mucha celeridad.
Para entonces prescribirían todos los casos de homicidios muy especialmente agravados que se le adjudican a Sofía (Gutiérrez y Ramos Filippini), y en caso de mantenerse la tendencia del tribunal de apelaciones de no aplicar el delito de desaparición forzada, también quedaría impune por el caso de Castagnetto.**
En el caso de Bardesio, la jueza Eustachio podría alegar jurídicamente que el arresto preventivo al que está sometido el ex represor en Argentina interrumpió el plazo de prescripción, y que por tanto puede ser juzgado sea cual fuere el momento en que se lo envíe a Uruguay. No obstante, esa postura - de asumirla- sería motivo de un gran debate jurídico que seguramente tendría al abogado Miguel Langón como insignia de la confrontación en defensa de los violadores de derechos humanos, debiéndose, de prosperar la discusión, recurrir al dictamen de los tribunales de alzada.
La magistrada también podría aplicar el delito de desaparición forzada tratando de fundar su fallo a fin de que el tribunal de apelaciones decida mantener la carátula de tal delito imprescriptible. Pero al menos gran parte de este debate se ahorraría, en el caso de Bardesio, si la justicia argentina lo extraditara efectivamente en las próximas semanas. Para ello serían imprescindibles las acciones diplomáticas uruguayas, hoy ausentes. El caso de Sofía es más complejo, en tanto se sigue escondiendo -a fin de que se cumplan los plazos de prescripción-, y su búsqueda es infructuosa.
La detención de este represor, en donde se encuentre, también debería ser declarado asunto de Estado, y eso implica la acción del gobierno, pero también de la justicia, que ha demorado meses en pedir su captura internacional. * Se vence el 21 si el plazo de prescripción se paralizara el 27 de junio de 1973 (día del golpe de Estado), y el 22 si se contara sólo hasta el 26 de junio de 1973. El conteo se reanuda a partir del 1 de marzo de 1985, cuando se restableció la democracia. La incertidumbre es válida para todos los crímenes del Escuadrón, en tanto ocurrieron en la época predictatorial.
** Sofía no está imputado por el caso de Ayala. Volver al indíce


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Un imperativo ético, una necesidad política. ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD
FELIPE MICHELINI*
Profundas razones éticas, jurídicas, políticas y de oportunidad, nos convocan a promover activamente la reforma constitucional para anular la ley de impunidad. De aprobarse la misma se erradicará de nuestro ordenamiento la norma mamarracho. Poner la papeleta rosada significa repudiar y denunciar una vez más los crímenes horrendos y repugnantes como la desaparición forzada, la ejecución y asesinato de personas indefensas, el robo de niños y niñas, la tortura sistemática, la detención prolongada, el trato cruel, inhumano y degradante, así como el tormento de miles de compatriotas, responsabilidad directa del terrorismo de Estado, coordinados en la región con las dictaduras militares a través del plan represivo de exterminio de opositores denominado Cóndor.
Votar por Sí es reestablecer el imperio del derecho desde el punto de vista sustantivo y desplazar una concepción formalista y vacua de la norma jurídica. La ley de caducidad viola el principio de igualdad ante la ley al garantizar la impunidad de acciones que constituían, en el momento de cometerse, inequívocamente crímenes en el derecho nacional y en el internacional. Apoyar la anulación reestablece el principio de separación de poderes y de independencia del Poder Judicial.
No es aceptable en una democracia plena que el Poder Judicial deba consultar al Poder Ejecutivo para cumplir sus cometidos y que las causas criminales avancen de acuerdo a la voluntad política. Es cierto que el gobierno del Frente Amplio hizo que muchos casos adelantaran, dentro de una política de verdad, justicia y memoria, pero ello no legitima la ley sino que confirma la necesidad de su anulación.

La reforma constitucional permitirá que Uruguay se adecué a las normas internacionales que el país ha aceptado libre, soberana y voluntariamente.


Se cumplirá así con múltiples resoluciones concretas e inequívocas como la resolución 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la resolución en 1994 en el caso Rodríguez c/ Uruguay del procedimiento del Comité de Derechos Humanos del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Algunos muestran como un atributo de orgullo del país el haber cumplido gravosos compromisos financieros con obligaciones internacionales contraídas libremente, a pesar de las enormes dificultades económicas y sociales. Es paradójico que son los mismos que sostienen exactamente lo contrario cuando se trata de derechos humanos.
Desde la política, con el propósito de transformar pautas culturales profundas de Uruguay, la anulación es estratégica. Eliminar como concepto articulador y ordenador de nuestra sociedad la impunidad, a través de la cual algunos decidían vida, hacienda y dignidad del resto de los ciudadanos comunes y corrientes que a nada tenían derecho, es apostar a una república sin privilegios. El vaciamiento de la Constitución, el arrasamiento de las instituciones y las libertades públicas, primero con el pachecato y sus medidas prontas de seguridad, y luego el golpe de Estado y la implementación del terrorismo de Estado, se basaron siempre en el terror y el miedo, que la norma de impunidad afirma y consolida.
Es necesario recordar que la instalación de la dictadura estuvo directamente vinculada a evitar la actuación en el Senado de la comisión investigadora sobre torturas que iba a comenzar a analizar la aplicación sistemática de tormento a los detenidos. Ubicarse fuera de la ley a través de la impunidad fue un objetivo primario del régimen cívico militar en la concreción del golpe de Estado que una democracia no puede permitirse. Dar vuelta atrás la página de la historia sin leerla una y mil veces y dejar que esta norma continúe en el ordenamiento jurídico es simplemente justificar la tortura.
Vale la pena recordar que luego de la dictadura de Terra también triunfó la tesis de olvidar sin saber la verdad, y vaya paradoja que muchos de los golpistas de esa época fueron actores principales de junio de 1973. Mantener esta ley espuria es recordar y recordarnos permanentemente ese terror, que reflejado en el ordenamiento jurídico no hace más que continuar con el martirio y la humillación no ya de un determinado número de personas detenidas desaparecidas, sino del conjunto del pueblo uruguayo. Sostener el Nunca Más terrorismo de Estado para Uruguay es solamente compatible con la anulación.
Las raíces de la izquierda vienen de muy lejos y son bien profundas. Sin embargo, décadas de compromiso por la justicia y la igualdad son interpeladas hoy por algunos que creen que ser de izquierda es como una carrera de gerente en el andamiaje del Estado. Por ello, la lucha por la anulación tiene un valor agregado para la izquierda, ratificatorio de su esencia, en que a pesar de haber asumido responsabilidades de gobierno, continúa honrando su impulso transformador de una sociedad más justa.
A los militantes anónimos que dieron todo de sí para erradicar privilegios e inequidades, a las víctimas y mártires del pueblo uruguayo, incluidos los asesinados durante el pachecato, a todos ellos, antes que a nadie, va dedicada esta gesta. Articulo elaborado con base en notas tomadas de la intervención en el panel de la Fundación Vivían Trías el 17 de agosto de 2009. Volver al indíce

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TRÓCCOLI ESPERA EL ERROR. Fiscal Capaldo envía exhorto a Uruguay.
El FISCAL ITALIANO Giancarlo Capaldo envió a la justicia uruguaya un exhorto por el cual informa que dio por concluida la investigación preliminar por los crímenes de lesa humanidad vinculados al Plan Cóndor, y pide que se notifique de tal hecho a todos los indagados en Uruguay, en virtud de que finalmente iniciará juicio ante los tribunales de Roma. Tal investigación preliminar es una fase propia de los procesos acusatorios (en los que la indagatoria queda a cargo del fiscal, y no del juez) como el que rige en Italia. Luego de esa etapa, y si hay méritos, la fiscalía debe plantear el juicio, como en este caso.
A Capaldo le llevó once años la investigación -lo que a todas luces parece excesivo-, sin embargo ahora está dispuesto a llevar el asunto ante los jueces. En el escrito que llegó a manos de la jueza Fanny Canessa señala que se debe notificar del caso a los indagados Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco. Gregorio Alvarez, José Nino Gavazzo y a los demás militares presos en Uruguay por violaciones a los derechos humanos.
La situación de estas personas -privadas de su libertad en cumplimiento de una condena o factible condena en algunos casos- vuelve en principio imposible el juicio en Italia: los indagados deberían cumplir las penas de más de 20 años de penitenciaría en Uruguay y luego eventualmente ser extraditados. para lo cual parece difícil que les alcance la vida. Tampoco podrían ser condenados en rebeldía, es decir sin estar presentes en Italia, o al menos ese fallo no tendría validez para Uruguay, cuya Constitución no permite ese tipo de procesos.
El exhorto, que tiene algunas imprecisiones, pide que se notifique a Antranig Ohanessian -sujeto a extradición a Italia, pero en Buenos Aires- y a Jorge Tróccoli, que Capaldo sabe que se encuentra en libertad ambulatoria en su propio país, luego del malogrado proceso de extradición ante el Tribunal de Roma. Sin embargo, este punto no es menor para los intereses de la justicia uruguaya, que ha reclamado que de no extraditarlo se juzgue al represor en Italia. Si bien se han realizado gestiones informales y formales para que el de Tróccoli se procese como un caso único -nombrando un nuevo fiscal para la causa-,
Capaldo piensa enjuiciarlo como parte de la megacausa por la que pretende que se encarcele a uruguayos, argentinos, chilenos, paraguayos y bolivianos, entre otros. En ese sentido, las debilidades que eventualmente pudiera haber en los otros casos podrían ayudar a Tróccoli, a pesar de que existe profusa prueba documental y testimonial en su contra. Según supo Brecha, este aspecto preocupa S las autoridades diplomáticas uruguayas y también a actores del sistema judicial identificados con la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la época represiva.

FK.


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