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Los consumidores andaluces reclamaron un 33% más por problemas relacionados con el suministro de gas en 2011


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Departamento de Comunicación
Resumen de prensa del 20 al 24 de febrero de 2012



TITULARES:



  • Los consumidores andaluces reclamaron un 33% más por problemas relacionados con el suministro de gas en 2011

  • Las empresas vascas son las menos morosas de España

  • Criba de instaladores autónomos en Canarias

  • El Estado pagará las deudas de las administraciones con los proveedores

  • La Asociación empresarial de instaladores de Guipúzcoa visita la Oficina de Transferencia de Negocios de FAE

  • Endesa, Enagás, Repsol, Gas Natural Fenosa, CLH, Cepsa, ACS y FCC se unen en una fundación

  • Aumentan en Baleares las denuncias por las revisiones de gas ilegales

  • El Gobierno aprobará la línea contra la morosidad de las Administraciones


  • Los consumidores andaluces reclamaron un 33% más por problemas relacionados con el suministro de gas en 2011 (Europa Press, 20-II-2012)

Las reclamaciones presentadas por los consumidores andaluces en relación con el suministro de gas durante el año pasado se incrementaron en un 33 por ciento, pasando de las 300 registradas en 2010 a 398 en 2011, según el balance de quejas de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta correspondiente al pasado ejercicio.
Según indica la Junta en una nota, el uso de prácticas comerciales desleales, la no devolución de cantidades cobradas en exceso, una mala atención al cliente, solicitudes de baja no atendidas o irregularidades en la calidad del suministro son algunas de las causas que están detrás de las reclamaciones de los consumidores en este ámbito.
El suministro de gas (ciudad y envasado) es un servicio básico en el que los usuarios deben tener en cuenta los derechos que les asisten, especialmente el colectivo de personas mayores, que en muchas ocasiones son víctimas de engaños y fraudes vinculados a las revisiones de las instalaciones de gas.
La Junta ha precisado que ante las últimas informaciones ofrecidas por el Cuerpo Nacional de Policía en nuestra comunidad autónoma en relación a detenciones practicadas en distintas provincias andaluzas por fraudes en los que han sido víctimas personas de avanzada edad, la Dirección General de Consumo recuerda que "las empresas titulares del suministro de gas ciudad están obligadas a avisar de la visita para la revisión de las instalaciones con al menos cinco días de antelación".
En dicha comunicación con el usuario, la empresa informará del día concreto de la visita y de la empresa que realizará los trabajos de revisión, en el caso de que delegue esta tarea en otra distinta. Si no hay previo a viso, la persona consumidora podría encontrarse ante un fraude.
Igualmente, la Junta recuerda que "es importante tener en cuenta que el cobro de los trabajos de revisión de las instalaciones se deberá realizar generalmente con cargo a la factura del mes siguiente y no en el propio domicilio del usuario".
Apunta que "para el caso de usuarios de gas envasado o bombona, es importante saber que es necesaria una revisión periódica de la instalación, para la que deben ponerse en contacto con la empresa instaladora antes de que cumplan los cinco años desde la última" y considera que "es aconsejable, una vez que decida contratar los servicios para la inspección, consultar las tarifas de varias compañías y los presupuestos previstos, de manera que se pueda elegir la que más le convenga al interesado".
La Dirección General de Consumo apunta que "si los operarios de las empresas instaladoras son los que se acercan por el domicilio ofreciendo sus servicios, se recomienda realizar una serie de comprobaciones antes y después de contratar la prestación, tales como que el operario posee algún documento acreditativo de que trabaja para la firma que representa".
Asimismo, apunta que "se debe pedir un presupuesto (y una tarifa en caso de que se cobre por la elaboración del mismo); en el mismo deben detallarse, al menos, los trabajos que se van a realizar y su importe por cada concepto (mano de obra o piezas)". Debe incluir además la razón social de la empresa, el domicilio y el CIF. Ha recordado además que en ningún caso es obligatoria la contratación de un seguro de mantenimiento para obtener el certificado de revisión.
Para realizar cualquier tipo de reclamación sobre los trabajos realizados es imprescindible contar con la factura debidamente cumplimentada. Asimismo, se recomienda guardar cualquier tipo de información facilitada por el instalador. Del mismo modo, para cualquier duda los consumidores pueden contactar con el servicio multicanal 'Consumo Responde', en Twitter, Facebook, vía mail --consumoresponde@juntadeandalucia.es-- y en el teléfono 902215080.



  • Las empresas vascas son las menos morosas de España (21-II-2012)

Las empresas vascas, junto con las Navarras, son las menos morosas de toda España, según los datos facilitados por Axesor. Concretamente, el 7,42% de las compañías con sede en Euskadi registraron el pasado año algún tipo de demanda por impago, porcentaje que se sitúa como el segundo más bajo por detrás de Navarra (7,29%). El dato de empresas morosas del País Vasco está muy por debajo de la media española, que alcanzó en 2011 el 13,46%.
En cifras absolutas, Euskadi concentraba 4.356 empresas morosas al término de 2011, lo que supone 201 menos que en el año anterior. En el análisis detallado destaca Vizcaya, donde el volumen de sociedades con impagos se ha redujo en 278 empresas, si bien es el territorio donde más sociedades morosas se registran, hasta 2.788 (cerca del 63% del total). En el extremo opuesto, tanto Álava (503) como Guipúzcoa (1.065) aumentan la cifra absoluta de empresas con impagos (37 y 40 empresas morosas más, respectivamente).
Los datos del informe de Axesor correspondientes al conjunto de España muestran que la hostelería es el sector con mayor porcentaje de empresas morosas. El 21,12% de las sociedades de este área de actividad incurrieron en algún tipo de incidencia de impago (ratio de incumplimiento) en 2011. En segundo lugar se sitúa la construcción, donde el ratio de incumplimiento se sitúa en el 18,54%. Con 46.269 empresas morosas, este sector aporta el 25,25% del total de sociedades con impagos en España.
En cifras absolutas, el comercio al por mayor y al por menor es el segundo con mayor volumen de empresas morosas. Si bien la cifra se reduce respecto al año anterior, al término de 2011 este sector aglutina 34.788 empresas morosas, lo que se traduce en el 19% del total de las sociedades españolas con incidencias por impagos. En el extremo opuesto se sitúan las empresas pertenecientes al sector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con un ratio de incumplimiento del 3,8%. En la comparativa de las cifras de 2010, esta es la única actividad que ha experimentado un crecimiento en el ratio de incumplimiento. El resto de sectores tiene descensos interanuales en el número de sociedades activas morosas, siendo la construcción el sector donde más ha descendido este índice (un 3,85%).



  • Criba de instaladores autónomos en Canarias (El Día, 22-II-2012)

Que la construcción es motor de la economía canaria lo repiten con insistencia las patronales del sector. No les falta razón si se analizan la cantidad de profesionales cuya actividad depende de que se construyan casas. Los responsables de las instalaciones eléctricas, de gas, fontanería y aire acondicionado han sufrido un bajón de actividad muy cercano al de los propios constructores. Todos coinciden en señalar el daño que han sufrido por la morosidad de los contratistas y el creciente intrusismo que sufren ante la escasez de trabajos disponibles. El presidente de la patronal tinerfeña de instaladores eléctricos y de telecomunicaciones (Asinelte), Julián Santos, sitúa entre el 70% y el 80% el peso de la construcción en la actividad de los profesionales de este campo, que no se suben aún al carro de la rehabilitación y reforma de edificios: "Los proyectos de este tipo se centran en la fachada; el cableado, si se puede, no se cambia". De momento, apenas notan más pedidos y sí más competencia desleal de profesionales que esquivan la Seguridad Social y ofertan sus trabajos con un descuento del 40% sobre el precio del mercado. Santos considera que, ante la perspectiva de que la edificación no volverá a sus cotas previas a la crisis, los electricistas deben especializarse en eficiencia energética y energías renovables.
Similar tónica siguen los fontaneros e instaladores de gas. "El 80% ha cerrado y muchos de los que quedan en activo no están haciendo nada", subraya el titular de la patronal Apigaste, Álvaro Vera, cuya experiencia personal ejemplifica la realidad del subsector: de contar con 11 empleados en una sociedad limitada ha pasado a autónomo independiente. Los pagarés que nunca se llegan a cobrar, la inactividad reinante -"Piden diez presupuestos para una instalación de gas butano", señala- y el intrusismo paraliza a estos profesionales. Lo mismo dicen en la patronal Afriate, de aire acondicionado y agua caliente sanitaria: "No hay trabajo, ni siquiera de mantenimiento. Las empresas que lo tenían contratado lo están retirando y solo llaman para averías extremas. Ese segmento ha bajado un 50% y el de nuevas instalaciones está bajo mínimos, son rarísimas", reconoce el presidente de la asociación, Jesús Cedrés.



  • El Estado pagará las deudas de las administraciones con los proveedores (ABC, 22-II-2012)

Las miles de facturas impagadas que se agolpan en los cajones de los ayuntamientos y comunidades autónomas españolas quedarán liquidadas en apenas unas semanas. O al menos esa es la intención del Gobierno de Mariano Rajoy.
El próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará, en una decisión sin precedentes, un mecanismo legal que permitirá a empresas y autónomos cobrar todas las cantidades que les adeudan las administraciones, y que según los cálculos del Ejecutivo, podrían situarse entre 40.000 y 50.000 millones de euros.
En la operación participará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero también las principales entidades financieras del país, a las que podrán acudir los empresarios con esas facturas impagadas para cobrarlas.
El Gobierno pretende aprovechar la disminución del coste de colocar deuda en los mercados para obtener ese dinero y ponerlo en manos de los proveedores sin necesidad de pasar por los ayuntamientos o las comunidades autónomas morosas.
Aunque los detalles de la operación todavía se están ultimando, se trataría de hacer una emisión de deuda en los mercados, con aval del Estado español, y posteriormente la deuda la asumirían las comunidades o los ayuntamientos que las hayan contraído.
Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron a ABC que esta medida no incrementaría el déficit público de ayuntamientos y autonomías, ya que las deudas ya están reconocidas y contabilizadas en los años en que se contrajeron. Y tampoco se incrementaría la deuda global, ya que sería un apunte contable por el que pasaría de ser una deuda con proveedores a una deuda con los inversores.
Esta medida ahorraría enormes costes a las administraciones, que en estos momentos tienen cerrados los mercados de financiación, y que en caso de acudir a ellos tienen que pagar un enorme interés. Los bonos patrióticos emitidos por Cataluña o la Comunidad Valenciana han tenido un coste superior al 7% anual en títulos a plazos cortos, cuando ayer el Estado se financió a menos del 1% en letras a tres y seis meses, mientras en noviembre pagaba más del 5%.
Con esta medida el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende no solo salir en auxilio de las autonomías sino también dar oxígeno a la economía española y especialmente a muchas empresas, la mayor parte pequeñas y medianas, y a miles de autónomos, ahogados por los impagos de la administración.
La operación, que según explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Senado, está siendo ultimada con el Ministerio de Economía y Competitividad, debe permitir «a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas en el plazo de semanas, en los próximos meses».
Eso sí, a cambio de esta operación, el Ejecutivo llevará a cabo un exhaustivo control de las cuentas autonómicas y exigirá un cumplimiento estricto de los objetivos de déficit público y de los planes de ajuste presentados por gobiernos autonómicos y municipales para volver a la senda de la estabilidad presupuestaria.
Este nuevo mecanismo financiero sustituiría a los anunciados créditos del ICO, de 10.000 millones para autonomías y 5.000 para ayuntamientos. El cambio de modelo se explica por las nuevas condiciones de los mercados financieros. Los créditos del ICO hubieran sido un parche y no hubieran servido para saldar todas las deudas, y una emisión de este calibre sí lo puede hacer.
Eso sí, estas medidas son solo para las facturas impagadas hasta ahora, no para las que se puedan generar en el futuro.



  • La Asociación empresarial de instaladores de Guipúzcoa visita la Oficina de Transferencia de Negocios de FAE (Burgos) (Noticiasburgos.com, 22-II-2012)

Representantes de la Asociación Empresarial de Instaladores y Mantenedores de Guipúzcoa (INSTAGI) han visitado esta mañana la Oficina de Trasferencia de Negocios de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), para conocer cómo se está desarrollando este proyecto en Burgos y estudiar su posible implantación en Guipúzcoa, aplicada al sector profesional de la electricidad y la fontanería. 
Encabezados por su gerente, Jesús María Gómez Pescador, los representantes de INSTAGI han conocido todos los detalles del funcionamiento y los resultados de la Oficina de Trasferencia de Negocios de mano de la secretaria general de la Confederación, Emiliana Molero, y de las responsables técnicas del proyecto: Jimena Pérez y Angélica Riocerezo. 
La Oficina de Trasferencia de Negocios se puso en marcha en febrero de 2011 gracias a un convenio de colaboración suscrito entre FAE y el Ayuntamiento de Burgos, en el marco del Proyecto Urban, para conseguir que las empresas de la zona de influencia de la zona Urban ya existentes y consolidadas, que por diversas razones van a cesar su actividad o traspasar el negocio, contacten con nuevos emprendedores interesados en dar continuidad a estos proyectos, incluso manteniendo los puestos de trabajo. En 2012 el proyecto se ha ampliado a todo el territorio de la provincia de Burgos. 
Durante el pasado año la Oficina de Trasferencia de Negocios intervino en 95 proyectos, de los cuales once requirieron la elaboración de estudios económicos especializados. Se realizaron 300 asistencias puntuales y en la actualidad se está trabajando en más de 80 iniciativas, tanto para traspasar como para adquirir. 



  • Endesa, Enagás, Repsol, Gas Natural Fenosa, CLH, Cepsa, ACS y FCC se unen en una fundación (Europa Press, 23-II-2012)

Un grupo de ocho compañías relacionadas con la energía han constituido la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental que nace como "foro de discusión, análisis, investigación y asesoramiento" en este ámbito.
Las firmas que han constituido este foro son Endesa, la Fundación ACS, Enagás, CLH, la Fundación Repsol, Gas Natural Fenosa, Cepsa y FCC Energía.
La nueva institución tendrá su sede social en Barcelona. Su presidente será el presidente de Enagás, Antonio Llardén, según consta en la Orden por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con esta fundación, las empresas buscan "constituir un centro de referencia líder en el debate energético, configurado como uno foro de discusión, centro de análisis e investigación académica y de asesoramiento".
Así se propone "aportar nuevas ideas, mejorar la información, influir en la toma de decisiones públicas y privadas, tanto en el ámbito español como en el internacional, con especial atención en Latinoamérica".
Los vocales del patronato de la fundación son el presidente de Endesa, Borja Prado, la Fundación ACS representada por el director general corporativo del grupo, Antonio García Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes, y la Fundación Repsol, representada por el presidente de la petrolera Antonio Brufau.
También serán vocales el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, el copresidente de Cepsa, Santiago Bergareche, y FCC Energía, representado por el presidente del grupo, Baldomero Falcones. El patronato se completa con un vocal no patrono, puesto que ocupará Carlos Manubens Florensa.



  • Aumentan en Baleares las denuncias por las revisiones de gas ilegales (Diario de Mallorca, 23-II-2012)

La Dirección General de Industria y Energía alerta de que ha notado el aumento de las denuncias y de las consultas de ciudadanos que se quejan de revisiones de gas irregulares. El responsable de este departamento, Jaime Ochogavía, informó ayer que en los últimos tres meses han recibido ocho denuncias por inspecciones fraudulentas y numerosas consultas que no llegan a formalizarse en una denuncia. Por semana suelen recibir unas 30 consultas ya que, según detalló, unas ocho personas acuden a la semana a las oficinas de la dirección general para pedir información sobre este tema, mientras que suelen recibir unas cuatro llamadas diarias.

Ochogavía explicó que han detectado unas siete empresas que intentan suplantar las distribuidoras oficiales. Asimismo, añadió que su ámbitos de actuación se centran en las zonas rurales. También suelen aprovechar el verano para acudir a los apartamentos de la costa para llevar a cabo tales revisiones ilegales.


El responsable del departamento explicó que hay dos tipos de instalaciones: el gas suministrado por red, donde cada usuario tiene su propio contador, y la bombona de butano. En el caso de que el suministro sea a través de la red, la empresa distribuidora es la encargada de realizar una inspección cada cinco años. Ochogavía remarcó que debe ser la compañía que debe avisar previamente al usuario y también hizo hincapié que la tarifa de la revisión es de 43 euros más IVA. Eso sí, el cliente nunca debe abonar esta cuantía al inspector ya que se abona en la factura. El experto remarcó que como las distribuidoras suelen dejar una semana antes un aviso en las casas, las empresas fraudulentas aprovechan y acuden dos o tres días antes de la fecha oficial.


Las instalaciones que funcionan con bombonas se deben revisar cada cinco años pero es el propio usuario quien debe encargar dicha inspección a su empresa de confianza. No hay una tarifa fija, si no que es de libre mercado. Las empresas fraudulentas llegan a cobrar entre 200 y 3oo euros por revisión. Por ello, Ochogavía adelantó que intentarán pactar un precio con los instaladores de fontanería.





  • El Gobierno aprobará la línea contra la morosidad de las Administraciones (El Economista, 24-II-2012)

El Consejo de Ministros dará hoy carta de naturaleza al plan financiero por el que las empresas y autónomos podrán cobrar de los bancos las deudas impagadas por las Administraciones Públicas; una cifra que oscila entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros.
En su reunión de hoy, el Ejecutivo detallará esta nueva fórmula financiera, adelantada hace unos días por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con la que se quiere agilizar los pagos que adeudan tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos.
Según Montoro, este nuevo instrumento no supondrá un incremento en el déficit público, aunque el ministro reconoce que es posible que afloren facturas no reconocidas en la contabilidad.
Por su parte, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández, ha explicado que el nuevo procedimiento de financiación, arbitrado a través del ICO y de los bancos, contará con el concurso de "las más importantes entidades y es una pieza fundamental para recuperar el espíritu y el ánimo".
En cuanto al impacto en cifras que tendrá esta nueva línea contra la morosidad, la Federación de Autónomos ATA ha apuntado que las deudas de las Administraciones con los autónomos suman ya alrededor de 30.000 millones de euros. Otras fuentes, como la patronal de Castilla-La Mancha, Cecam, la elevan hasta los 50.000 millones de euros.
También hoy, el Consejo de Ministros aprobará -según anunció ayer en Roma Mariano Rajoy- el Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que sentenciará a las Administraciones Públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y que hasta entonces las obligará a ir reduciendo sus niveles de déficit y deuda para llegar a dicha meta.
La normativa, además, introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que las Administraciones deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020. Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del Producto Interior Bruto.
Por su parte, hoy también está prevista una reunión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde el holding acometerá la reorganización de su organigrama, para simplificar y reducir filiales, y donde se producirán los primeros relevos en las presidencias de las empresas públicas.
De la reunión, confirmada por Europa Press citando fuentes del organismo público, no ha trascendido información sobre las empresas públicas afectadas por los nombramientos, ni tampoco de quiénes serán los nuevos presidentes de las mismas. Aunque parece seguro que cambiarán, al menos, los máximos ejecutivos de Enresa, Enusa, Ensa y Hunosa.
La Sepi tiene asimismo pendiente la designación del nuevo representante de España en EADS, un cargo que está previsto que ocupe Josep Piqué -el actual presidente de Vueling-, en sustitución del exministro de Industria socialista Juan Manuel Eguiagaray, según todas las fuentes.
Además de EADS, la Sepi participa en empresas cotizadas como IAG, REE, Ebro Foods o Enagás.
En el caso de REE, donde posee el 20%, se espera que en la próxima junta de accionistas se produzca el relevo de Luis Atienza como presidente.
El nombre del actual consejero de la compañía, José Folgado, aparece citado como uno de los candidatos que tiene mayores opciones para sustituir a Atienza al frente de REE. También suena Antonio Garamendi.
En el consejo de administración de Sepi participan 17 miembros y tienen representación los ministerios de Presidencia, Hacienda, Economía, Industria, Empleo y Fomento, así como la Oficina Económica del presidente del Gobierno.


Del 20 al 24 de febrero de 2012




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