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Ley No. 6872 la asamblea legislativa de la república de costa rica, decreta: Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos capítulo I disposiciones generales artículo 1


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Ley No.6872
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,
DECRETA:
Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente ley es la de prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, con el propósito de garantizar el ejercicio honrado y decoroso de la función pública.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se considerarán servidores públicos las personas que presten servicios a la Administración Pública o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva.
Asimismo, serán considerados servidores públicos, también para los efectos de esta ley, las personas que en interés o por nombramiento del Estado, sus instituciones y empresas, desempeñen funciones en actividades y compañías que correspondan a la actividad de derecho privado de la administración.

Para este efecto, considéranse equivalentes los términos "servidor público", "empleado público", "funcionario público" y demás denominaciones afines o similares.


ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a los servidores públicos, aun cuando los actos que den lugar a ello se hayan cometido o intentado cometer en el extranjero, sin perjuicio de las normas sobre extraterritorialidad contenidas en el Código Penal.

Quedan a salvo las prerrogativas e inmunidades que la Constitución Política otorga a los miembros de los supremos poderes. La Asamblea Legislativa admitirá o no las acusaciones que se interpongan contra ellos, de conformidad con el inciso 9) del ARTÍCULO 121 de la Constitución Política.


ARTÍCULO 4.- En ningún caso se tendrá por enriquecimiento ilícito el simple aumento del valor de los bienes oportunamente declarados e inscritos, ni la mejora de los mismos por la incorporación del esfuerzo y trabajo del propietario o de sus rentas y productos conocidos.

Todos los miembros de los supremos poderes, excepto del Poder Legislativo, estarán obligados a declarar sus bienes, al iniciar el ejercicio de sus cargos y al cesar en ellos. La ley establecerá las condiciones, métodos y procedimientos que garanticen el pleno ejercicio de las funciones y responsabilidades que la Constitución le confiere a la Asamblea Legislativa y a los diputados.


ARTÍCULO 5.- El resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho ilícito del servidor público, de sus coautores, cómplices e instigadores, deberá obligatoriamente ser intentado por la Procuraduría General de la República o, en su caso, por el ente respectivo.
ARTÍCULO 6.- El delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo, producirá la pérdida, en favor del Estado, del ente respectivo o del particular, de los objetos o valores provenientes de su realización, o que constituyan para el agente un provecho derivado del mismo delito. Se autoriza a los entes públicos para donar, a las municipalidades de los cantones donde se encuentren ubicados o localizados, bienes requisados que hayan pasado a su propiedad conforme lo indica este artículo, para que puedan ser usados en obras de bien común o de beneficencia pública.
CAPÍTULO II
Del registro de declaraciones de bienes
ARTÍCULO 7.- La Contraloría General de la República establecerá un registro de declaraciones juradas de bienes de los servidores públicos, en el cual deberá constar la declaración jurada de los bienes, rentas y derechos de los funcionarios y empleados que la Constitución Política, las leyes y el ente contralor determinen como obligados a ello, conforme lo disponga el reglamento que la Contraloría deberá dictar al efecto.

Para los fines de este artículo, el ente contralor proveerá a los servidores obligados a declarar de las fórmulas de declaración de bienes, tanto iniciales como anuales, las que tendrán el carácter de declaración jurada para todos los efectos legales.


ARTÍCULO 8.- La Contraloría General de la República determinará, por vía de reglamento, cuales, rentas y derechos del servidor público deberán necesariamente ser incluidos en las fórmulas de declaración de bienes. El servidor declarante deberá indicar los bienes, rentas y derechos que constituyen su patrimonio, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, en forma clara, precisa y detallada, consignando su valor.

El Contralor General de la República y el Subcontralor deberán enviar copia fiel de sus declaraciones a la Asamblea Legislativa.


ARTÍCULO 9.- El hecho de que un servidor no se halle incluido en la enumeración a que se refiere el párrafo primero del artículo 7, no inhibe a la Contraloría General de la República para hacer las investigaciones que estime pertinentes, a efecto de establecer el posible enriquecimiento ilícito de cualquier servidor público.

La Contraloría General de la República podrá revisar e investigar los negocios y actividades privadas de los servidores sujetos a esta ley, durante la substanciación de una sumaria administrativa. Todo ente público queda autorizado para solicitar a la Contraloría que se investigue su administración, cuando considere que existen irregularidades que puedan dar lugar a una denuncia formal, sin perjuicio de que la Contraloría pueda hacerlo por propia iniciativa.


ARTÍCULO 10.- Los datos que consten en el registro a que se refiere el artículo 7 son confidenciales, sin perjuicio de las informaciones que requieran el Ministerio Público, el juez, el propio interesado o las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 11.- Para determinar la existencia del enriquecimiento ilícito de un servidor público, se considerarán, entre otros factores, los siguientes:

a) Sus recursos personales.

b) La cuantía de los bienes con que ha acrecentado su patrimonio, en relación con el importe de sus ingresos y con el de sus gastos ordinarios, todo de acuerdo con el modo de vida que lleve.

c) La ejecución de actos o procedimientos que pudieran considerarse irregulares dentro de las funciones del cargo que desempeña.

ch) El monto de sus bienes al momento de la investigación, en relación con los manifestados en la declaración de bienes señalada en la presente ley.
ARTÍCULO 12.- Todo servidor público obligado a declarar sus bienes, deberá hacerlo ante la Contraloría General de la República dentro de los veinte días siguientes a aquél en que asuma el cargo. Para efectos de actualización del registro, también deberá presentar, en la segunda quincena del mes de mayo, una declaración anual en la fórmula correspondiente, en la que consten los bienes adquiridos durante el período, así como las mejoras de los ya declarados y las variaciones que hubiere tenido en su patrimonio, consignando el origen de los recursos y su monto.
ARTÍCULO 13.- El servidor público afecto a esta ley, que dentro del término señalado incumpliere la presentación de la declaración inicial de bienes, cesara automáticamente en el ejercicio del cargo. Igual sanción se aplicará el servidor que omitiere presentar la declaración anual de bienes, después del término que por vía de prevención le fije la Contraloría General de la República.

Si el omiso fuere alguno de los miembros de los supremos poderes, la Contraloría General de la República lo comunicará a la Asamblea Legislativa, a efecto de que ésta tome las resoluciones pertinentes, de conformidad con lo que dispone la Constitución Política y la legislación vigente. En los demás casos, la comunicación la hará el organismo contralor al superior jerárquico del funcionario que ha incumplido.


ARTÍCULO 14.- La Contraloría General de la República podrá examinar y verificar con todo detalle la exactitud y veracidad de las declaraciones cuando lo estime oportuno, de conformidad con los procedimientos y facultades que le otorgan la Constitución Política y las leyes. En caso de detectar irregularidades que pudieran constituir delito, hará del conocimiento del Ministerio Público el estudio técnico realizado y los documentos correspondientes.
ARTÍCULO 15.- En cualquier momento, la Contraloría General de la República podrá pedir cuentas de sus bienes o del incremento o utilidad de los mismos a los servidores públicos y éstos, dentro del término que aquella les fije, deberán aportar la información y documentación solicitada.
ARTÍCULO 16.- Dentro del término de un mes después de haber cesado en sus funciones, y con sujeción a los requisitos establecidos para ello, los servidores a que se refiere el artículo 7 están obligados a hacer una nueva declaración jurada de bienes, rentas y derechos, en la que consignarán las variaciones que hubiere experimentado su patrimonio desde la última declaración jurada.

La renuencia a cumplir con esta obligación dará lugar a que la Contraloría realice una investigación sumaria, a efecto de determinar si en las variaciones del patrimonio del ex servidor existen irregularidades que pudieran constituir delito. De ser así, el ente contralor hará del conocimiento del Ministerio Público los resultados de esa investigación.


ARTÍCULO 17.- Ningún ex servidor podrá ser nombrado en un cargo público mientras no demuestre haber cumplido debidamente con la obligación que establece el artículo anterior.
ARTÍCULO 18.- El auditor de cada entidad o, en su defecto, el jefe de personal, deberá informar obligatoriamente a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días siguientes a cada nombramiento, el nombre y las calidades de los servidores que ocupen cargos para cuyo desempeño se requiera la declaración jurada de bienes, con indicación de la fecha en que esos funcionarios iniciaron sus funciones.

Dentro de igual plazo, cada entidad deberá informar la fecha en que, por cualquier circunstancia, los servidores obligados a declarar concluyan su relación de servicio.

La desobediencia de esta obligación será considerada falta grave para todos los efectos legales.

La destitución del auditor de cada uno de los ministerios, entidades públicas y empresas públicas de derecho privado, requerirá la aprobación de la Contraloría General de la República.



(El párrafo quinto de esta norma, fue declarado inconstitucional y anulado por resolución de la Sala Constitucional No.2934 de las 15:27 horas del 22 de junio de 1993).

Una vez al año, la Contraloría convocará a un congreso de auditores de la Administración Pública, con el objeto de revisar procedimientos y fijar normas que tiendan a mejorar el efectivo control de los procedimientos administrativos de los entes públicos.


CAPÍTULO III
Del Procedimiento
ARTÍCULO 19.- Para el juzgamiento de los delitos relativos al enriquecimiento ilícito se seguirá el procedimiento de instrucción formal, regulado en el Código de Procedimientos Penales. En todo caso, el juicio deberá celebrarse ante un tribunal superior.
ARTÍCULO 20.- Corresponde exclusivamente a la Contraloría General de la República, conforme con su ley orgánica, levantar sumaria administrativa secreta en averiguación de los hechos sancionados por esta ley, sin perjuicio del derecho a denunciar y plantear las demás acciones judiciales o administrativas que conforme con el derecho puedan ejercer los particulares.

En la substanciación de la sumaria, los servidores, entes y organismos públicos, están obligados a suministrar a la Contraloría todos los elementos probatorios a su alcance, así como a permitirle y facilitarle el acceso a los mismos y a colaborar en la forma más amplia.

Los servidores y ex servidores públicos estarán obligados a rendir declaración bajo juramento, con las garantías señaladas en los ARTÍCULOs 36 de la Constitución Política y 276 del Código de Procedimientos Penales.

Cuando la Contraloría considere que existen elementos de prueba para acreditar la existencia del enriquecimiento ilícito, trasladará la sumaria al Ministerio Público.

La negligencia u ocultamiento de hechos, informes o datos, en que incurra el servidor público, será considerada falta grave y se sancionará conforme con la legislación laboral aplicable, sin perjuicio de mayores responsabilidades que puedan derivarse de esta ley o de la legislación penal común.

Toda persona está obligada, sin incurrir por ello en responsabilidad, a instar en forma confidencial la iniciación de la sumaria administrativa ante la Contraloría, cuando tenga conocimiento de hechos que puedan constituir enriquecimiento ilícito. La Contraloría acogerá la instancia si a su juicio contiene datos que permitan su intervención.


ARTÍCULO 21.- El servidor denunciado, sujeto a esta ley conforme con el artículo 2, podrá ser suspendido en su relación de servicio, según las circunstancias, o bien, podrá solicitarse su suspensión cuando la ley obligue a este trámite. Tal suspensión no podrá ser acordada por un lapso mayor de tres meses; sin embargo, podrá extenderse hasta por un lapso igual, si se dictare auto de procesamiento y prisión preventiva. El auto de elevación a juicio, una vez firme, suspende de inmediato al servidor público en el ejercicio de su cargo; y la prórroga extraordinaria o el sobreseimiento hacen cesar la suspensión.
CAPÍTULO IV
De las incompatibilidades
ARTÍCULO 22.- Los ministros de Gobierno, los viceministros y los presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes de los entes descentralizados o de las empresas públicas, no podrán ejercer profesiones liberales ni cargos de administración, dirección o representación de empresas privadas o públicas, salvo cuando esta representación sea otorgada por ley.

Los ministros o viceministros podrán formar parte de juntas directivas, comisiones, consejos o demás organismos colegiados, cuando la ley expresamente así lo indique.


ARTÍCULO 23.- Los funcionarios y empleados de los poderes del Estado y de las instituciones autónomas, de las universidades y de las municipalidades, que devenguen porcentajes de su salario o sumas de otra índole como indemnización por el no ejercicio particular o privado de su profesión, no tendrán derecho a percibir honorarios por los servicios profesionales que brinden en el ejercicio de sus funciones. Las sumas que correspondan al Estado por honorarios, se destinarán al fondo especial a que se refiere el párrafo primero del artículo 100 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ARTÍCULO 24.- Los nombramientos de notarios públicos, en calidad de servidores de los entes descentralizados y de las empresas públicas, deberán hacerse por concurso, mediante análisis de atestados.
ARTÍCULO 25.- Los servidores públicos que incumplieren las prohibiciones contenidas en el presente capítulo, serán obligatoriamente removidos de sus cargos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponderles.

Para tales efectos se seguirán los procedimientos que al efecto establece la Ley General de la Administración Pública.


CAPÍTULO V
De los delitos y sanciones
ARTÍCULO 26.- Incurrirán en el delito de enriquecimiento ilícito y serán sancionados con prisión de seis meses a seis años, los servidores públicos que en el ejercicio de un cargo público, o dentro del año siguiente a la cesación de su relación de servicio:

a) (Declarado incostitucional y anulado por resolución de la Sala Constitucional No.1707-95 de las 15:39 horas del 28 de marzo de 1995).

  1. Mejoren su situación económica en las circunstancias descritas, habiendo cancelado deudas o extinguido obligaciones que afectaban su patrimonio.

c) (Declarado inconstitucional y anulado por resolución de la Sala Constitucional No.1707-95 de las 15:39 horas del 28 de marzo de 1995).

ch) Consientan, faciliten o intervengan de cualquier modo, por su influencia, conocimiento o función, en el enriquecimiento de un tercero, funcionario público o no.

d) Incurrirán en igual delito y serán sancionados con la misma pena, los miembros de los supremos poderes que dicten o promulguen leyes, decretos, acuerdos o resoluciones, en que se otorguen beneficios para su exclusivo provecho, o para sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.


  1. (Declarado inconstitucional y anulado por resolución de la Sala Constitucional No.1707-95 de las 15:39 horas del 28 de marzo de 1995.

f) Igualmente sufrirá las sanciones que procedan, cualquier persona física o jurídica que se preste para que, por su medio, se logre realizar el delito.
Cuando los delitos a que se refiere la presente ley se realicen a través de una persona jurídica, o con su participación, la responsabilidad se atribuirá a sus personeros, gerentes, administradores o directores que hayan participado o consentido en la acción, sin perjuicio de que las consecuencias civiles del delito recaigan, además, sobre la sociedad o compañía.
ARTÍCULO 27.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial para el cargo que desempeña, por igual tiempo, todo aquel que incurriere en falsedad u ocultamiento al hacer las declaraciones ante el registro de declaraciones de bienes.
ARTÍCULO 28.- El servidor público que violare la confidencialidad o el secreto a que se refieren los artículos 10 y 20 de la presente ley, será destituido de su cargo sin responsabilidad para el Estado.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
ARTÍCULO 29.- Se deroga la ley que obliga a los funcionarios públicos a declarar sus bienes, No.1166 del 14 de junio de 1950 y sus reformas.
ARTÍCULO 30.- Refórmase el artículo 100 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contecioso-Administrativa para que en adelante se lea así:
ARTÍCULO 100.-
1. Con la totalidad de las costas personales que deban abonarse a la Administración del Estado y de las demás entidades públicas, se constituirá un fondo especial, a la orden del Tribunal, para atender el pago de costas, tanto personales como procesales, que se impongan a la misma Administración.

2. La circunstancia de que los fondos mencionados en el párrafo I no alcancen para cubrir determinadas costas personales impuestas a la Administración del Estado, no impedirá que el interesado formule directamente el cobro ante ésta.

3. Los tribunales podrán reducir, prudencialmente, el monto de la garantía de costas a cargo del administrado, cuando así lo justifiquen, tanto las condiciones económicas o personales de éste, como la cuantía o naturaleza del asunto u otras circunstancias igualmente calificadas.

4. Para el pago de las costas, en todo caso, regirán los artículos 78, 79 y 81.”


ARTÍCULO 31.- (Declarado inconstitucional y anulado por resolución de la Sala Constitucional No.2934 de las 15:27 horas del 22 de junio de 1993.)
ARTÍCULO 32.- Rige a partir de su publicación y deroga y modifica las disposiciones legales que se le opongan.
Transitorio I.- A la mayor brevedad posible, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deberán asignarle a la Contraloría General de la República de los fondos necesarios para el cumplimiento de los fines de la presente ley.
Transitorio II.- El artículo 23 y la reforma al artículo 100 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contenida en el artículo 30, no serán aplicables a los juicios en que, al entran en vigencia la presente ley, ya se haya dictado sentencia que contenga condenatoria en costas, a favor de la Administración Pública, aunque no se encuentre firme.
Transitorio III.- Para el cumplimiento de la presente ley, la Contraloría General de la República fijará un plazo no mayor de tres meses, dentro del cual los actuales funcionarios deberán acatar las disposiciones contenidas en su artículo 12.
Comuníquese al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa.- San José, a los veinticinco días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y tres.
JORGE LUIS VILLANUEVA BADILLA

Presidente.
JAVIER BOLAÑOS QUESADA, MARÍA LIDYA SÁNCHEZ VALVERDE

Primer Secretario Segunda Secretaria
Presidencia de la República.- San José, a los dieciséis días del mes de junio de mil novecientos ochenta y tres.
Ejecútese y publíquese
LUIS ALBERTO MONGE

El Ministro de Justicia y Gracia,

CARLOS JOSÉ GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ


Actualizada al 24-11-98. GV. JC
Rige: 8-7-1983
Vigencia: 8-7-1983


Departamento de Servicios Parlamentarios

Unidad de Actualización Normativa.




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