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Leonardo romero olaya y o


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RADICACION: 1 9 6 3 7. CASACION

LEONARDO ROMERO OLAYA Y O



Proceso No 19637
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL

Aprobado acta No. 032

Bogotá, D. C., once de marzo del año dos mil tres.

Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación discrecional que presenta e invoca el defensor de los procesados LEONARDO ROMERO OLAYA y MARCO FIDEL GARRIDO, contra la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia por el Tribunal superior del distrito judicial de Neiva mediante la cual confirmó la dictada por el Juzgado quinto penal del circuito de esa misma ciudad, en la que le impuso al primero de los mencionados las penas principales de cuarenta y seis (46) meses de prisión, multa en cuantía de diez millones de pesos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la privación de la libertad, a consecuencia de hallarlo penalmente responsable del concurso de delitos de peculado culposo, cohecho impropio y falsedad en documento privado; y al segundo, las penas principales de treinta y seis (36) meses de prisión, multa en cuantía de siete millones trescientos mil pesos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena privativa de la libertad, a consecuencia de encontrarlo responsable del concurso de delitos de falsedad en documento privado y cohecho por dar u ofrecer.



Antecedentes.
1.- Los hechos materia de investigación y juzgamiento fueron declarados en el fallo de segunda instancia de la manera siguiente:

Al tomar posesión del cargo como Gerente de la Cooperativa Multiactiva SUR ANDINA, Héctor Trujillo puso en conocimiento de la Fiscalía el 16 de mayo de 1997, irregularidades en el manejo de la misma que comprometía dineros oficiales realizadas en la administración precedente ejercida por Néstor Hernández Arteaga.



Narra que utilizando la forma de CDAT con entidades estatales y particulares esas operaciones superaron los mil millones de pesos y, documentos en mano revela el giro de cheques por el gerente Hernández Arteaga por sumas que la Cooperativa no estaba en capacidad de cubrir. Entrevistados personalmente representantes legales de algunas entidades se sorprendieron por la colocación de dineros oficiales del orden nacional en cooperativas de la capacidad económica de SUR ANDINA y, en un viaje realizado a Bogotá tuvo conocimiento de las denominadas mesas de dinero manejadas por particulares que funcionan contactando a funcionarios del Estado que conozcan de la disposición de dineros de entes oficiales para depositarlos y, a su vez, con entidades financieras como cooperativas, cobrando comisión entre 5 y 10 puntos y reparten con los servidores públicos y la entidad financiera.
En el orden departamental, el Fondo Educativo Regional –FER- según información verbal obtenida, se utilizó el mismo mecanismo pagando bonificación a servidores públicos por la colocación de dinero.
Ordenada indagación preliminar se ordenó comisionar al Grupo de Delitos Financieros del CTI para la verificación de los hechos denunciados y practicada inspección judicial a los libros contables de la cooperativa SUR ANDINA por peritos del Grupo de Investigaciones del CTI de la Fiscalía, estableció:


  • El FER colocó en SUR ANDINA $ 2.041.410.819,oo a través de 13 de estos títulos entre el 29 de agosto y 16 de diciembre de 1996.


  • De ellos la Cooperativa no pagó al FER, capital ni rendimientos financieros correspondientes al título No. 104, constituido el 16 de diciembre de 1996 por valor de $ 208.937.682,oo, con vencimiento el 17 de enero de 1997.


  • Por estas transacciones el tesorero del FER –Leonardo Romero Olaya- recibió comisiones o intermediaciones financieras utilizando a terceras personas o nombres de ellas para ocultar al directo beneficiario, por valor total de $ 23.282.400,oo.


El mismo informe revela que las cuentas de cobro utilizadas para el pago de esas comisiones se presentan en computadora con el mismo estilo, letra y presentación y, según Luz Myriam Andrade Lozano –empleada de SUR ANDINA-, se elaboraron en la oficina de Hans César Vega, quien conocía a las personas cuyos nombres fueron utilizados, entre otros el de su propia madre Graciela Díaz de Vega y, los pagos hechos a Marco Fidel Garrido tenían como destinatario al tesorero del FER.
2.- Abierta la investigación por la Fiscalía sexta delegada ante los Juzgados penales del circuito con sede en Neiva (fls. 158), vinculó mediante indagatoria a NÉSTOR HERNÁNDEZ ARTEAGA (fl. 162), GUSTAVO SÁNCHEZ ORTIZ (fl. 166), LEONARDO ROMERO OLAYA (fl. 170), MARCO FIDEL GARRIDO (fl. 210), MAGDALENA MORERA REBOLLEDO (fl. 217) y JOSÉ DE JESUS MOTTA VARGAS (fl. 226), y la Fiscalía décima de la misma especialidad, a donde fueron reasignadas las diligencias, definió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de LEONARDO ROMERO OLAYA (la cual sustituyó por domiciliaria), NÉSTOR HERNÁNDEZ ARTEAGA (posteriormente sustituida por detención domiciliaria), MARCO FIDEL GARRIDO, HANS CÉSAR VEGA DÍAZ y GUSTAVO SÁNCHEZ ORTIZ, y medida de aseguramiento de conminación en contra de MAGDALENA MORERA REBOLLEDO y JOSÉ DE JESÚS MOTTA VARGAS (fls. 295 y ss.).
3.- Posteriormente, previa clausura del ciclo instructivo (fl. 37-2), el doce de febrero del año dos mil uno calificó el mérito probatorio del sumario profiriendo resolución de acusación en contra de los procesados LEONARDO ROMERO OLAYA por el concurso de delitos de peculado culposo, cohecho y falsedad en documentos; NÉSTOR HERNÁNDEZ ARTEAGA, por los de cohecho y falsedad en documentos; MARCO FIDEL GARRIDO, por los delitos de falsedad en documentos y cohecho; y HANS CÉSAR VEGA DÍAZ, por el de cohecho; al tiempo que precluyó la investigación respecto de MAGDALENA MORERA REBOLLEDO, GUSTAVO SÁNCHEZ ORTIZ y JOSÉ DE JESÚS MOTTA VARGAS (fls. 60 y ss.-2), mediante determinación que adquirió ejecutoria en esa instancia (fl. 92-2).

4.- Asumido el conocimiento del juicio por el Juzgado quinto penal del circuito, previa realización de la vista pública (fls. 152 y ss.), el veintidós de octubre del año dos mil uno puso fin a la instancia condenando a los procesados LEONARDO ROMERO OLAYA a las penas principales de cuarenta y seis (46) meses de prisión, multa en cuantía de diez millones de pesos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena privativa de la libertad; NÉSTOR HERNÁNDEZ ARTEAGA, a las de cuarenta y seis (46) meses de prisión, multa en cuantía de nueve millones de pesos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la privación de la libertad; HANS CÉSAR VEGA DÍAZ a las de treinta y dos (32) meses de prisión, multa en cuantía de siete millones trescientos mil pesos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la privación de la libertad; y MARCO FIDEL GARRIDO a las de treinta y seis (36) meses de prisión, multa de siete millones trescientos mil pesos e interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena privativa de la libertad; entre otras determinaciones, a consecuencia de declararlos penalmente responsables de los delitos imputados en el pliego enjuiciatorio (fls. 303 y ss.).


5.- Recurrida esta decisión por los defensores de los procesados LEONARDO ROMERO OLAYA, MARCO FIDEL GARRIDO y HANS CÉSAR VEGA DÍAZ, el Tribunal superior, por medio del fallo de segunda instancia proferido el catorce de diciembre siguiente, la confirmó íntegramente (fls. 11 y ss. cno. Trib.).
Contra este fallo, el defensor de los procesados LEONARDO ROMERO OLAYA y MARCO FIDEL GARRIDO manifestó interponer recurso extraordinario de casación discrecional “en procura de la garantía de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y libre acceso a la justicia”(fl. 30 vto.), el que fue concedido por el ad quem (fl. 32), y oportunamente presentó la correspondiente demanda (fls. 38 y ss.), sobre cuya admisibilidad se pronuncia la Corte.


La demanda.-

Después de identificar los sujetos procesales y la sentencia materia de impugnación, y de resumir los hechos y la actuación llevada a cabo en las instancias ordinarias del trámite, sostiene que la Fiscalía no pudo recepcionar los testimonios de Leidy Constanza Trilleras, María Rubiela Ramírez de Puentes y Adriana Puentes, “los que hubieran arrojado más claridad sobre el lícito pago de comisiones que les hiciera la Cooperativa Surandina Huila Ltda. Como esto no se cumplió, por presunción de hombre, que, tal como lo afirman Marco Fidel Garrido, Said Motta Gutiérrez y Graciela Díaz de Vega también lo hubieran expuesto dichos testigos”.


Agrega que como el juzgado de conocimiento y el Tribunal no “valoraron en toda su extensión y profundidad las declaraciones juramentadas de Said Motta Gutiérrez, Marco Fidel Garrido y de Graciela Díaz de Vega, obvio es concluir que a los procesados Leonardo Romero Olaya y Marco Fidel Garrido se les violaron sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, contraviniéndose de manera directa los artículos 29 de la Constitución Política y 81 de la Ley 180 de 1995”.
Con base en esto, seguidamente formula un cargo contra el fallo del Tribunal en el que lo acusa de ser directamente violatorio de las disposiciones últimamente mencionadas, “al no haber apreciado las pruebas demostrativas de la licitud de la conducta materia del proceso, lo cual condujo a que se tuviera como probada la responsabilidad penal de los procesados, sin estarlo, por los cargos formulados en la resolución de acusación”.
Sostiene que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 238 del estatuto procesal penal, las pruebas deben ser apreciadas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, siendo obligación para el funcionario exponer siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada una, afirmación que apoya en dos pronunciamientos de la Corte Constitucional algunos de cuyos apartes reproduce.
Concluye que los juzgadores no expusieron razonamiento alguno en torno a las declaraciones rendidas por Said Motta Gutiérrez y Marco Fidel Garrido, por lo que a sus asistidos se les violaron los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa.
Con fundamento en lo anterior solicita de la Corte casar la sentencia materia del recurso extraordinario, y absolver a los procesados LEONARDO ROMERO OLAYA y MARCO FIDEL GARRIDO de los cargos formulados en la resolución acusatoria (fls. 38 y ss.).

SE CONSIDERA:
Respecto de la casación discrecional, la jurisprudencia tiene establecido como exigencia consustancial a la naturaleza excepcional del instrumento, la necesidad de que el actor presente la fundamentación debida frente a los motivos que determinan la viabilidad de la admisión, relacionada con las posibilidades que para su interposición la ley otorga, ya sea para perseguir, por dicha vía, el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de un derecho fundamental presuntamente transgredido en las instancias, debiendo precisar clara y nítidamente, la razón o razones por las cuales el Juez de casación debe intervenir en un asunto sobre el que no concurren los presupuestos de la casación común.
De manera que si el motivo de inconformidad con el fallo de segundo grado estriba en aducir la violación de un derecho fundamental, el casacionista está obligado a desarrollar una argumentación lógica dirigida a patentizar el desacierto, siendo de su cargo demostrar el desconocimiento de una garantía por el quebrantamiento de la estructura básica del proceso o la actividad del juzgador, e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado y su concreto conculcamiento con la sentencia ameritada.
Compete al actor, además, cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 de la ley 600 de 2000, entre los que se incluye la necesidad de enunciar el motivo de casación en que se apoya la demanda, e indicar clara y precisamente los fundamentos fácticos y jurídicos del cargo o cargos que se formulen, los cuales inexorablemente han de corresponder a un desarrollo de las razones en que se funda la solicitud de admisión de la vía discrecional

En todo caso, es competencia exclusiva de la Corte, en ejercicio de su discrecionalidad, ponderar la fundamentación expuesta por la parte que acude a dicho instrumento, y decidir si admite o rechaza el trámite de la casación excepcional.


En el evento sub examine, se observa que la sentencia fue proferida por un Tribunal superior por delitos que señalan penas privativas de la libertad que en su máximo no alcanzan los ocho años, de lo cual se establece que contra la misma no procede la casación común; y que el sujeto procesal que invoca la discrecionalidad ejerció este derecho dentro de la oportunidad prevista, con lo cual tales aspectos pueden entenderse cumplidos.
No acontece igual, sin embargo, en lo referente a la obligación de fundamentar la solicitud frente al motivo que se invoca en orden a demandar la admisión de la casación discrecional por la Corte.
Si bien el casacionista aduce la violación de las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa, no es claro en precisar las razones fácticas y jurídicas que lo llevan a una tal proposición. Aunque pareciera que en un comienzo se orienta por denunciar violación al principio de investigación integral por no haberse recibido los testimonios de Leydy Constanza Trilleras, María Rubiela Ramírez de Puuentes y Adriana Puentes, los cuales, en su criterio “hubieran arrojado más claridad sobre el ilícito pago de comisiones que les hiciera la Cooperativa Surandina Huila Ltda.” por parte alguna precisa a qué claridad se refiere, qué habrían aportado dichas testigos, ni porqué el recaudo de sus testimonios producido en un plano de posibilidad y razonabilidad, habría permitido variar los supuestos fácticos en que se edificó la sentencia materia de impugnación, y por ende la declaración del derecho contenida en su parte resolutiva, en sentido sustancialmente distinto y opuesto.
Acontece además, que abandonando la premisa anterior, de manera contradictoria el libelista sostiene que los juzgadores no valoraron “en toda su extensión y profundidad las declaraciones juramentadas de Said Motta Gutiérrez, Marco Fidel Garrido y Graciela Díaz de Vega”, lo que permitiría suponer que el ataque ya no se funda en la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso y violación del derecho de defensa que suponen la ineficacia del juicio, denunciable con apoyo en la causal tercera de casación, sino en errores de apreciación probatoria que suponen la validez de éste y permiten el proferimiento de fallo de sustitución, con fundamento en la primera.
Con todo y estos desaciertos, de suyo suficientes para inadmitir al trámite la casación discrecional, en el desarrollo del único cargo que presenta, tampoco precisa el tipo de error probatorio cometido por los juzgadores, qué específicamente se establece de “las declaraciones juramentadas de Said Motta Gutiérrez y de Marco Fidel Garrido”, cómo las ponderó el Tribunal, cuál habría de ser su correcto entendimiento, ni cómo estos medios, apreciados individualmente y en conjunto con los demás sobre los que no concurre ningún tipo de desacierto, conduciría a modificar las conclusiones fácticas del fallo y, por ende, al proferimiento de la absolución que solicita.
Como quiera entonces que el actor omite fundamentar clara y precisamente la censura frente al motivo que invoca en orden a solicitar su admisibilidad por la Corte, y tampoco desarrolla un cargo concreto que corresponda al motivo de casación discrecional que invoca, resulta inexorable tener que inadmitir la demanda y disponer la devolución del diligenciamiento al Tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

R E S U E L V E:
INADMITIR la demanda de casación discrecional presentada por el defensor de los sentenciados LEONARDO ROMERO OLAYA y MARCO FIDEL GARRIDO.
Contra esta providencia procede el recurso de reposición.
Notifíquese y devuélvase al despacho de origen.
Cúmplase.

FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL

HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE


JORGE A. GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO


ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN


TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria




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