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La utopia keynesiana. Una vision general: 1936-1992


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LA UTOPIA KEYNESIANA. UNA VISION GENERAL: 1936-1992




José Toro Hardy. 1992

Venezuela constituyó durante varias décadas un caso digno de estudio de hasta dónde puede llegar el “paraíso keynesiano”. Desde que el país adquiere importancia internacional como nación petrolera, se pone en evidencia un hecho de singular significación: por haber heredado de la època colonial el sistema regalista español, en Venezuela el Estado es dueño de las riquezas del subsuelo, en otras palabras, es dueño del petróleo, del hierro y de todas las riquezas mineras con las cuales la naturaleza quiso dotar al país.

El súbito advenimiento de la riqueza petrolera produce una situación de características muy particulares: la existencia simultánea de un Estado rico y de una población pobre. Tal situación se hizo cada vez más evidente después de la década de los treinta y, en la medida en que se incrementaban los ingresos petroleros, aunque el nivel de vida de la población aumentaba en forma acelerada, el enriquecimiento del Estado crecía en términos aún mucho más acelerados. Así la característica resaltante a partir de la década de los cuarenta ha sido la de un Estado a la vez opulento y torpe, que intenta promover el desarrollo económico del país en base a actuaciones masivas aunque espasmódicas y poco coherentes, siguiendo un modelo de actuación por “el lado de la demanda”. A pesar de todas las críticas que pudieran hacérsele, los resultados de tales acciones han resultado bastante efectivas.

En efecto, según Asdrúbal Baptista, el producto nacional por habitante en 1920 alcanzaba apenas unos 147 dólares (US$ de 1970), lo cual ponía en evidencia que estábamos sumidos en la más absoluta miseria, pues el nuestro era posiblemente uno de los países más pobres del continente. Durante las tres primeras décadas de este siglo, la expectativa de vida en Venezuela apenas alcanzaba unos 34 años y la salud del pueblo se hallaba minada por el paludismo, la anquilostomiasis, las enfermedades gastrointestinales, la fiebre amarilla, el mal de chagas, la bilharzia, el cólera y tanton otros males endémicos que sería muy largo de enumerar.

La productividad de la población era en términos generales ínfima, pues nada cabía esperar de aquellos habitantes que en su inmensa mayoría eran analfabetos (75% de la población) y cuyas ocupaciones eran las características de los pueblos más atrasados.

Más del 75% de la población habitaba en asentamientos de menos 2.500 habitantes y se ocupaba en las labores del campo, basada en métodos de explotación que poco habían variado desde la época de la colonia. Se estima que más de un 50% de la población no estaba incorporada a lo que podía llamarse una “economía monetaria” , ya que vivían de lo que obtenían de sus conucos, o bien trabajaban para latifundios en los cuales los jornaleros agrícolas recibían su salario en forma de fichas.

Los principales productos agrícolas de exportación seguían siendo los mismos que se conocían desde antes de la independencia: café, cacao, añil, ganado y cueros. A ellos se habían incorporado una limitada lista de productos tales como la sarrapia, el caucho, plumas de garzas, oro, etc. El valor total de las exportaciones del país alcanzó en 1920 a unos 167 millones de bolívares.

Las vías de comunicación eran prácticamente inexistentes y con la excepción de las pocas carreteras construidas en la época de Gómez y tres o cuatro ferrocarriles obsoletos, el país seguía transitando por las mismas vías utilizadas desde siglos atrás: el mar y los ríos. Así, para ir desde Caracas a la zona de Barlovento, lo usual hasta la década del treinta era bajar a La Guaira y desde allí trasladarse por vía marítima hasta Carenero, utilizando goletas o dos heroicos barquitos que se llamaban el Colón y el Osún. También a Maracaibo se iba por mar, haciendo escala en Curazao. Para viajar a Ciudad Bolívar —uno de los centros más importantes del país gracias al caucho y la sarrapia— ya se utilizaban vapores que bordeaban toda la costa oriental del país para luego remontar el Orinoco, o bien se tomaba la vía terrestre que consistía en una polvorienta carretera de tierra que resultaba intransitable durante el invierno.

La educación se limitaba al meritorio esfuerzo realizado por maestras que impartían sus enseñanzas con increíble vocación de servicio y a algunos colegios regentados en su mayor parte por religiosos, pero cuyos denuedos apenas favorecían a un reducido sector de la población. La elitesca formación universitaria se reducía a sólo dos universidades ubicadas en Caracas y en los Andes, en las cuales el número total de estudiantes apenas superaba los 500.

Tal era la Venezuela de las tres primeras décadas de este siglo. Mientras tanto, ya el país se estaba transformando en un importante exportador de petróleo. En efecto, dentro de aquella sociedad rural y misérrima se venía desarrollando un “país paralelo”: la Venezuela petrolera. Bajo tales circunstancias nuestros gobiernos comprendieron que era necesario utilizar aquellas riquezas para elevar el nivel de vida de la población. El objetivo era transferir de alguna manera a la población los ingresos provenientes de los hidrocarburos.

Precisamente por aquella época, Keynes le estaba explicando al mundo cómo alcanzar objetivos similares a los que Venezuela pretendía: había que estimular la demanda agregada. Así, en el año de 1936, cuando en nuestro país finalizaba la dictadura de Gómez y se iniciaba un nuevo gobierno presidido por el general López Contreras, Keynes publicaba su famosa Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero (The General Theory of Employment, Interest and Money).

Advertía Keynes que correspondía al gobierno, como representación política de la sociedad, corregir los desequilibrios provenientes de las insuficiencias de la demanda agregada. Debía por tanto diseñar medidas tendientes a estimular un crecimiento de los diversos componentes del gasto agregado. Esto se podía lograr mediante la aplicación de políticas fiscales expansivas a través de un incremento en el nivel de los gastos gubernamentales. Bajo tales circunstancias, en la economía se produciría un conjunto de efectos que tenderían a actuar sobre el nivel de producción y del ingreso —conocidos como el “efecto multiplicador” que se traduciría en un mayor nivel de utilización de los recursos productivos.

Aquella teoría aparentemente tan bien estructurada parecía una panacea diseñada para resolver nuestros problemas. Con gran rapidez, Venezuela se transformó, quizás sin saberlo, en un “paraíso Keynesiano”.

Desde luego, las teorías del famoso economista y lord inglés habían sido desarrolladas para una realidad muy diferente. Su sistema de ideas fue concebido para lo que Robert Heilbroner calificaba en su obra Los Filósofos Mundanos como “el mundo enfermo de John Maynard Keynes”.

Su pensamiento giraba en torno a un mundo sumido en la Gran Depresión de los años 30, incapaz de funcionar de la manera armoniosa y equilibrada en que lo postulaban las enseñanzas clásicas. Se trataba de un mundo aquejado por una dolorosa situación de desempleo y empobrecimiento progresivo; afectado por una crisis tan severa que resultaba impostergable enfrentarla con medidas capaces de arrojar resultados a corto plazo. Sólo el aumento de la demanda agregada podía constituir el vehículo efectivo para darle inmediata ocupación al ejército de desempleados y poner nuevamente en funcionamiento las industrias paralizadas. Eran pues medidas de carácter fundamentalmente coyuntural que tenían por objetivo promover el pleno empleo.

En nuestro país no había una capacidad industrial ociosa (más aún, prácticamente no había industrias), ni una mano de obra capacitada pero desempleada, fenómeno que caracterizaban a las naciones afectadas por la Gran Depresión estudiada por Keynes. Había en cambio un Estado cada vez más rico en comparación con el resto de la población, lo cual constituía más bien una gran ventaja para la aplicación de las teorías keynesianas. En efecto, recurriendo a tales teorías, nuestros gobiernos de la época estaban en condiciones de construir el país, sin siquiera incurrir en los riesgos de caer en un déficit fiscal que, por lo demás, Keynes consideraba justificado. En Venezuela había simplemente que estimular —o más bien crear, para decirlo en términos más ajustados a nuestro caso— una demanda agregada. De esta forma, sobre la estructura económica inmóvil de aquella Venezuela que hasta ese momento había vivido dentro de los rígidos límites de una pobreza insuperable, se abalanza el poderoso empuje dinamizador proveniente del gasto público financiado por los ingresos de la renta petrolera.

El punto a partir del cual comienza a evidenciarse el acelerado proceso de desarrollo venezolano lo podríamos ubicar en 1940. Dos años antes. México —para la época el primer exportador mundial— había nacionalizado su industria petrolera, con lo cual la misma desaparece por mucho tiempo del panorama internacional. En consecuencia, al estallar la Segunda Guerra Mundial, el petróleo venezolano se transforma en un elemento estratégico de primer orden para las naciones aliadas.

Cabe recordar que Alemania carecía de petróleo propio. A fin de obtenerlo von Ribbentrop habìa firmado en 1939 un pacto de no agresión con Molotov, gracias al cual la URSS le enviaba 900.000 toneladas al año de petróleo a Alemania. Con ese petróleo, Hitler se apodera de casi todas las naciones de Europa Occidental. Cuando el Fühner decide invadir a Rusia en 1941, lo hace pensando en apropiarse de los ricos yacimientos petrolíferos de aquella nación. Se estaba luchando en una “guerra mecanizada” cuyo principal característica era un inmenso consumo de combustible. Alemania, por no disponer de fuentes seguras de abastecimiento (excepto la de los campos petrolíferos de Ploesti en Rumania, que eran fácil blanco de los ataque aéreos) tenía que cubrir sus necesidades en gran medida mediante la fabricación de un costosísimo carburante sintético elaborado mediante un proceso de hidrogenación del carbón.

Mientras tanto, los Ejércitos Aliados contaban con un abastecimiento abundante y continuo proveniente de los yacimientos venezolanos. Se ha dicho que más del 60% del combustible utilizado por los Aliados en su lucha contra el dictador nazi fue suministrado por Venezuela. Cabe afirmar que la Segunda Guerra Mundial fue ganada en las líneas de abastecimiento tanto o más que en los frentes de batalla. De esta forma nuestro país, que no derramó la sangre de sus ciudadanos en los frentes de lucha europeos, aseguró sin embargo la victoria aliada al proporcionar la sangre negra de su subsuelo para movilizar la inmensa maquinaria bélica que terminó por arrollar a la Alemania de Hitler.

Muchos pensaron que al terminar la guerra, la producción petrolera comenzaría a disminuir. Sin embargo, la realidad es que Venezuela fue uno de los países que resultó indirectamente más favorecidos por el Plan Marshall. Los esfuerzos para la reconstrucción de Europa en la època de la post—guerra requirieron de ingentes cantidades de energía, con lo cual nuestra industria petrolera atravesó por una etapa de intensa y creciente actividad.

Mientras tanto nuestro “modelo keynesiano autóctono” era de fácil aplicación. El Estado debía sencillamente gastar todo el dinero que le proporcionaba el petróleo en salubridad, educación, obras públicas, subsidios, etc. Pero aún así, era difícil gastarlo todo. Se recurrió entonces al expediente de “crear casi a partir de cero” un empresariado privado criollo. A través de la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Agrícola y Pecuario y otras instituciones crediticias gubernamentales se otorgaron financiamientos blandos a fin de estimular los sectores industrial, agricola, comercial y de servicio. A esos mismos empresarios se les cubrió con el manto protector del Estado, a fin de ampararlos de los azares e incertidumbres del mercado.

El país reaccionó de una manera asombrosa. En pocas décadas se estaba logrando lo que a otras naciones le había tomado siglos alcanzar. Los éxitos de nuestros gobiernos —democráticos o no— fueron extraordinarios.

En materia de salubridad, Venezuela se transformó en un ejemplo para todo el mundo. El paludismo había sido erradicado a finales de la década de los cuarenta, la fiebre amarilla casi desapareció, las enfermedades gastrointestinales se redujeron notablemente. Se construyeron grandes hospitales y maternidades, cuyos servicios se ofrecían en forma gratuita. El Seguro Social Obligatorio extendió poco a poco la seguridad social a la población trabajadora de las grandes ciudades y en otras poblaciones pequeñas se construyeron centros asistenciales y medicaturas rurales que prestaban atención médica también gratuita al resto de la población.

POBLACION RURAL VENEZOLANA

año

Rural

Urbana

Total

1920

1930


1940

1950


1960

1970


1980

1989


2.501.703

2.550.370

2.614.592

2.920.206

3.604.499

3.837.061

4.131.632

4.639.119



490.765

748.844


1.169.188

2.114.632

3.889.262

6.880.986

10.571.684

14.373.664



2.992.468

3.299.214

3.783.780

5.034.838

7.493.761

10.718.047

14.703.316

19.012.783



Fuente: Asdrúbal Baptista, Bases cuantitativas de la economia venezolana 1930-1989. Caracas, Ediciones María Di Mase, 1991.

En resumen, el crecimiento demográfico del país pasó a ser uno de los más elevados del mundo entero (alrededor de 3.5% interanual), ya que a una tasa de mortalidad tan baja que se acercaba mucho a la de las naciones más desarrolladas, se sumaba una tasa de natalidad tan alta que alcanzaba a las de las naciones subdesarrolladas. A ello habían que agregar el ejército de inmigrantes que venían a buscar suerte en un país con un futuro tan promisor.

Por otra parte, las elevadas tasas de crecimiento de la economía vinieron acompañadas por un rápido proceso urbanizador. De tal forma, para 1930, apenas el 17 por ciento de la población vivía en centros poblados de más de 2.500 habitantes; se trataba pues de un país rural. A finales de la década del 80, más del 76% de la población vivía en comunidades de más de 10.000 habitantes. Este atractivo por las ciudades que tendía a despoblar el campo venezolano, a pesar de sus consecuencias negativas, tenía al menos la ventaja de que la población se ubicaba en los centros donde más fácilmente podía recibir las facilidades educativas y sanitarias que el Estado quería proporcionarle.

Citaremos a continuación aunque sea algunos ejemplos de datos que ponen en evidencia las profundas transformaciones que experimentó Venezuela entre 1920 y 1989. Todas las cifras que se suministran están referidas a bolívares constantes de 1968, a fin de evitar las distorsiones que evidentemente se pondrían de manifiesto como consecuencia de las derivaciones que durante ese lapso ha experimentado el valor de nuestro signo monetario:

El PIB de la construción pasó de 95.5 millones de bolívares en 1920 a cerca de 8.000 millones de bolívares en 1980; el PIB correspondiente a servicios prestados por la administración pública pasó de 122,2 millones de bolívares en 1920 a 10.987.3 millones de bolívares en 1989; la formación bruta de capital fijo pasó de 206.6 millones de bolívares en 1920 a 24.982.7 millones de bolívares en 1980; las exportaciones totales pasaron de 235.4 millones de bolívares en 1920 a 13.775.9 millones de bolívares en 1989; las importaciones totales pasaron de 431.8 millones de bolívares en 1920 a 24.929.2 millones de bolívares en 1980; el comercio exterior de Venezuela, es decir, la suma de exportaciones e importaciones, se multiplicó cerca de 40 veces, al pasar de 667.2 millones de bolívares en 1920 a una suma de 25.810 en 1989.
Las cifras antes mencionadas —que insistimos están todas referidas a bolívares de 1968— parecieran corresponder dos países que no guardan ninguna relación entre sí. En efecto, la Venezuela de 1989 en nada se parece a la de 1920. Pocos países del mundo, si es que acaso alguno puede hacerlo, pueden mostrar una diferencia tan abrumadora en un lapso que escasamente llega a siete décadas. Todo ello sin duda, se debe a la contribución que aportó al país la industria petrolera.

Ahora bien, para facilitar la distribución de la riqueza petrolera entre la población, se creó un gigantesco aparato burocrático, cuya ineficacia siempre fue proverbial. Adicionalmente, reaccionando frente a las críticas que se formulaban contra la rigidez con la cual actuaban los despachos oficiales, se concebió la idea de crear instituciones independientes de la administración central, para que así pudieran actuar con más flexibilidad. El resultado fue un colosal aparato conocido con el nombre de “Entes de la Administración Descentralizada”, el cual para 1985 constaba de unas 400 instituciones que incluían institutos autónomos, empresas del Estado, empresas mixtas, fundaciones, etc.

Por sólo mencionar algunas, entre las 740 fundaciones que en 1992 se beneficiaron con aportes provenientes del Presupuesto Nacional que montaron a 2.281 millones de bolívares, cabe citar nombres tales como: “La Locha de Dios”, “Damas Barinitenses”, “Conciencia 21”, “Liga conta la Mendicidad”, “Fundación de Desarrollo Integral del Hombre Guayanés”, “Fundacoz”, “Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa”, etc., etc. No pretendemos con esto juzgar el valor de la labor social que tales instituciones pudieran estar realizando.

Desde luego, además de incontrolable, el monstruo de la Administración Pública y de sus entes descentralizados era fundamentalmente improductivo. Pero la productividad, rentabilidad o eficiencia eran criterios que parecían asumir un papel secundario. El objetivo primordial se cumplía a cabalidad: a través de ese portento burocrático de mil cabezas se distribuía, como ya se ha dicho, el dinero proveniente del petróleo a fin de estimular la demanda agregada. El hecho de que muchas de aquellas “empresas” del Estado arrojasen pérdidas extraordinarias, era un asunto que parecía carecer completamente de importancia y en todo caso a ningún político interesaba. De hecho, excluidos PDVSA, el Banco Central y el Fondo de Inversiones, las demás empresas del Estado arrojaron pérdidas que alcanzaron a 8.800 millones de bolívares en 1981 y 7.300 millones de bolívares en 1982. Tales montos representaban aproximadamente el 10% del presupuesto nacional para esos años. A medida que se acercaba la década de los noventa, aquellas empresas lograron lo que parecía imposible: aumentaron sus pérdidas de manera prodigiosa. En efecto, sus saldos en rojo dejaron de contarse bajo la forma de decenas de miles de millones para alcanzar cifras que se contabilizaban en centenas de miles de millones de bolívares.

El Estado, que como ya se dijo era dueño del petróleo y otras riquezas del subsuelo, decidió también reservarse para sí mismo un conjunto de actividades consideradas estratégicas, las cuales se desarrollaron bajo el calificativo de “empresas básicas”, concepto que fue originalmente concebido durante el gobierno de Pérez Jiménez y ampliamente expandido durante los gobiernos democráticos posteriores. Así, se estableció una gran industria petroquímica (IVP) y un numeroso grupo de empresas básicas en Guayana, adscritas estas últimas a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que tuvieron a su cargo el desarrollo de la explotación minera del hierro (Ferrominera Orinoco), la industria siderúrgica (SIDOR) y del aluminio (INTERALUMINA) cuyo potencial por lo demás siempre se consideró extraordinario. A tales empresas, por pertenecer al Estado, no se les exigía cumplir con los requisitos mínimos de eficiencia, ni se las penalizaba con el castigo natural que acompaña a la falta de la misma: la quiebra. Por tal razón, arrojaban en general grandes pérdidas.

La situación planteada con las empresas del Estado nos la comenta la profesora Janet Kelly de Escobar en un interesante trabajo denominado Las empresas del Estado: del lugar común al sentido común. En el mismo cita como ejemplo algunas de esas empresas:



Cuando por ejemplo vemos que una “empresa” como la Corporación de Mercadeo Agrícola (CMA) tuvo ingresos en 1980, de 1.700 millones de bolívares y gastos de 4.300 millones, difícilmente podemos considerarla como una empresa normal porque, en la práctica es un organismo del gobierno que administra ciertos subsidios. Igual ocurre con empresas del Estado como el Fondo Nacional del Café, el Instituto de Crédito Agropecuario o el Instituto Nacional de Puertos.
En materia de obras públicas y construcción en general, se inició en el país desde la década del cuarenta una actividad febril e incesante. En pocos lustros el país vio como su geografía era atravesada de extremo a extremo por las más modernas carreteras, autopistas, puentes y viaductos. Nuestros teleféricos eran los más elevados del mundo (Teleférico de Mérida), nuestras represas hidroeléctricas las más grandes (Guri), nuestros edificios de concreto los más altos (Parque Central) y , en general, nuestras obras de ingeniería eran admiradas internacionalmente. Todo esto se ajustaba perfectamente al modelo keynesiano. En efecto, al estimular la demanda agregada a través del gasto público, la actividad de la construcción experimentaba una enorme expansión la cual iba no solamente dirigida hacia la construcción de obras públicas, sino que paralelamente se experimentaba un rápido desarrollo en la satisfacción de las crecientes necesidades residenciales de uan población en franco crecimiento.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CONSTRUCCIÓN

(millones de bolívares de 1968)

Año

PIB de la Construción

Total de Producción

Inversión Residencial

Inversión no Residencial

1940

622.0

989,4

279.1

710.3

1950

2.465.6

3.922.1

630.1

3.292.0

1960

3.065.6

4.876.6

864.3

4.012.3

1970

4.343.0

6.908.4

2.420.1

4.488.3

1980

7.916.8

12.593.4

5.500.6

7.092.8

1989

3.972.9

6.319.7

1.124.0

5.195.7

Fuente: Asdrúbal Baptista, Bases cuantitativas de la economia venezolana 1930-1989. pag. 74

En el campo educativo los logros fueron igualmente notables. Se construyeron liceos y escuelas hasta en los más remotos lugares, en los cuales se cumplía con el compromiso constitucional de que la educación primaria y media fuese gratuita. Pero la educación no se limitó a los jóvenes. También se emprendieron ambiciosos programas de alfabetización para adultos. En un lapso asombrosamente corto —si se compara con el que tardaron otros países en alcanzar metas similares— nuestros índices de alfabetismo se reducían a pasos agigantados. La educación en Venezuela la integran dos componentes básicos: la educación formal (pre escolar, primaria, media y superior) y la educación no formal (INCE, ACUDE, academias comerciales, educación durante el servicio militar obligatorio, programas de educación transmitidos por radio y televisión, etc.). Los profesores Liliam Hung de León y Ramón Piñango afirman:


En lo que se refiere al proyecto político, durante los años 40 y desde la década de Pérez Jiménez, la movilización social y política del país ha tenido como uno de sus componentes principales la incorporación masiva de la población a la educación, lo que es evidente en la muy rápida expansión de todo el sistema educativo y en la eficaz elevación de las aspiraciones educacionales de gran parte de la población ... Se ha querido llevar la educación a todos y se ha logrado mejorar el acceso de la población a todos los niveles educacionales, a pesar de que cerca del 50% de los venezolanos son menores de 18 años. Vivimos en un país en el cual el 30 por ciento de la población está en el sistema educativo formal, cifra que para 1961 era del 20 por ciento. Más de 90 por ciento de la población en edad de recibir educación primaria está en la escuela, porcentaje que para 1961 era del 79 por ciento. Partícularmente significativo es el avance en educación superior ya que para ese año sólo 0,3 venezolanos de cada 100 recibìan educación superior, proporción que para 1981, es de más de 2 estudiantes por cada 100 habitantes. La distribución de la matrícula educacional muestra también cambios significativos ya que para 1961 el 12 por ciento de los estudiantes estaban en la educación media y menos del 2 por ciento en la superior, proporciones que para 1981 alcanzan el 21 y el 8 por ciento respectivamente.
Se construyeron numerosos universidades públicas, colegios universitarios e institutos politécnicos en varias ciudades del país, en los que igualmente se impartía educación gratuita, sin importar en modo alguno cual fuera el rendimiento de los estudiantes. La educación superior en las universidades privadas contó a su vez con subsidios por parte del Estado.

Para capacitar a los trabajadores se creó el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) en el cual, a través de un esfuerzo mancomunado entre empresas privadas y el Estado, se suministraron los más variados programas de formación a todos los trabajadores que lo deseasen, sin costo alguno para ellos.

Para contribuir a la solución de los problemas habitacionales de la población se creó el Banco Obrero —más tarde Instituto Nacional de la Vivienda— el cual construyó cientos de miles de viviendas que fueron entregadas a las familias de menores ingresos a precios subsidiados, sin que además se pusiese mayor empeño en cobrar las cuotas de amortización de los correspondientes préstamos hipotecarios.

La presentación de otros servicios públicos tales como los de agua y cloacas (INOS), teléfonos (CANTV), electricidad (CADAFE), gas (CORPOVEN), correos y telégrafos (IPOSTEL), puertos (INP), transporte aéreo (LAV y VIASA), etc, se extendieron también por toda la geografía, siempre contando con los infalibles subsidios públicos.

La empresa privada se desarrolló también a la par que las actividades públicas, al amparo del Estado. La industria de la construcción experimentó asombrosas tasas de crecimiento, alimentada por los ambiciosos programas de obras públicas y la necesidad de satisfacer la creciente demanda de viviendas de todos los sectores de la población. Al sector manufacturero, además de recibir los más generosos créditos blandos a través de la ya mencionada CVF y otras instituciones crediticias oficiales tales como el Banco Industrial de Venezuela y la Corporación para la Pequeña y la Mediana Industria, se le concedió la más amplia protección posible. Convencidos nuestros gobiernos de la necesidad y conveniencia de adelantar políticas de sustitución de importaciones, establecieron altos aranceles, contingentamientos y prohibiciones de importación de la más variada naturaleza, para proteger a la industria nacional de los albures de la competencia. Cuando las medidas anteriores no bastaban para garantizar su existencia, las empresas recibían además subsidios de forma de preservarlas de cualquier tipo de contingencias.

La agricultura, que también se venía desarrollando con rápida tasas de crecimiento, fue a su vez objeto del mismo tipo de protección. Adicionalmente se le concedieron todos los subsidios necesarios para la obtención de los insumos requeridos tales como fertilizantes, alimentos concentrados para animales, equipos, etc. Se le otorgaron créditos a tasas igualmente subsidiadas, créditos estos que ocasionalmente fueron íntegramente condonados para favorecer el desarrollo del sector. En fin, todo esto se consideró que formaba parte de una política indispensable para garantizar la seguridad alimentaria del país.

El sector financiero fue quizás uno de los que mayor nivel de desarrollo ha alcanzado. En la década del treinta los bancos del país casi se podían contar con los dedos de una mano. Hoy en día Venezuela dispone de una inmensa red de instituciones financieras dentro de la cual se cuentan infinidad de bancos comerciales, bancos hipotecarios, compañías de seguros, compañías de arrendamiento financiero, fondos mutuales, fondos de activos líquidos, entidades de ahorro y préstamo y, en resumen, todas las modalidades de sociedades que prestan los más avanzados servicios de tipo financiero, contando para ello con todas las facilidades que la tecnología moderna pone al alcance de las mismas.

Como tantas veces se ha dicho, todo este vigoroso proceso de desaroolo ha sido alimentado desde el principio por nuestra industria petrolera. El nacimiento de la misma se remonta al pozo Zumaque Nº 1 en 1914 y al reventón del “Barroso”, pozo este último que a inicios de la década del veinte reventó mientras lo estaban perforando, lanzando al aire en forma incontenible durante muchos días decenas de miles de barriles diarios de crudo. Este alarde publicitario atrajo hacia Venezuela las miradas de un mundo ávido de petróleo. A partir de ese momento el desarrollo de la industria fue extraordinario. Estimulada por situaciones internacionales tales como la nacionalización de la industria petrolera mexicana y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, nuestra industria de los hidrocarburos pasó a ocupar un lugar privilegiado. En poco tiempo habíamos pasado a ser el primer exportador mundial de petróleo. En la actualidad, con reservas probadas que superan los 60.000 millones de barriles, reservas probables y posibles que montan a unos 60.000 millones adicionales de barriles de crudos convencionales, con las reservas no convencionales de la faja petrolífera del Orinoco las cuales se estiman en 15 billones (1.5 x 1012) de barriles “in situ” (la mayor acumulación de petróleo que existe en el mundo), con reservas de gas natural que superan los 22.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, con una inmensa capacidad de refinación ubicada no sólo en el territorio nacional sino también en varios países del mundo, con una enorme red de distribución que solamente en el caso de los EEUU cubre el 7% del consumo de gasolina de ese país (el más elevado del mundo), con una capacidad de producción del orden de los 2.800.000 barriles diarios la cual va en ascenso y con importantísimos planes de crecimiento que podrán materializarse en la medida en que nos aboquemos a un programa de asociaciones con capitales privados nacionales y extranjeros, la industria petrolera venezolana se cuenta entre las más vigorosas del mundo entero.

En Venezuela el Estado es omnipotente y todopoderoso. Casi toda la actividad económica depende del presupuesto nacional o de los gastos de los entes de la administración pública descentralizada, que en su conjunto pareciesen alcanzar para cubrir (a pesar de las aseveraciones en contrario de la ciencia económica) prácticamente todas las necesidades.

Así a través de grandes obras públicas, transferencias y subsidios de todo tipo, una monumental maquinaria burocrática, ayudas y protecciones a todos los sectores, una amplia política de paternalismo estatal, controles e intervenciones del gobierno, empresas estatales y otros entes descentralizados de la Administración Pública, etc, en el país se instauró un peculiar sistema económico al cual se denominó “ Capitalismo de Estado”. Consistía en un sistema que poco se diferenciaba del socialismo, en el sentido de que a este último suele conocérsele como aquel en el cual el Estado es dueño de los medios de producción. Pues bien, siendo propietario de la industria petrolera y de las empresas básicas, el Estado venezolano es dueño de la parte más importante de los medios de producción del país.

Al mismo tiempo nuestro sistema reunía también las ventajas del capitalismo convencional, en el sentido de que excluidos los sectores reservados al Estado, los particulares podían ser dueños de sus propias empresas, contando además como ya se vio en toda la ayuda estatal para poder dedicarse tranquilamente a la explotación de las mismas. Al fin y al cabo Keynes consideraba que había un gran elemento de bienestar público en la ayuda a amplios sectores de la economía. Se trata pues de un sistema que muchos estaban dispuestos a calificar de ideal, que más que un paraíso podía calificarse de una “utopía keynesiana”.

Las políticas de demanda propiciadas por el célebre economista ganaban cada día más adeptos en Venezuela. Se trataba de una teoría cerrada sobre sí misma, de cuyo análisis parecen desprenderse relaciones de causalidad; los gastos del Estado se convierten en ingresos para los partículares; estos ingresos generan consumo; el consumo promueve la producción; la producción se transforma en nuevos ingresos, los cuales estimulan aún más el consumo dando lugar a mayores niveles de producción y así sucesivamente. Tal “espiral de crecimiento” basada en los gastos del Estado a la larga habría de traer gravísimas consecuencias, pero mientras tanto sus resultados inmediatos se manifestaban en cifras sólidas. Descontados los efectos inflacionarios, el consumo total del país (suma del consumo privado y del público) aumentó 17 veces entre 1040 y 1989, en tanto que ese mismo lapso la población aumentó en 5 veces.



Consumo total (millones de bolívares)

Año

privado

público

total

1930

3.909,5

434,0

4.343,5

1940

5.560,0

654,0

6.214,0

1950

10.883,1

1.630,1

12.513,2

1960

22.243,3

3.509,6

25.752,9

1979

35.320,5

6.133,8

41.454,3

1980

63.425,6

10.794,0

74.219,6

1989

61.040,2

13.352,7

74.392,9

Fuente: Asdrubal Baptista: Bases cuantitativas de la economia venezolana 1930-1989.

Adicionalmente, a las políticas de demanda se sumó el ingrediente de un populismo exacerbado, el cual acarrearía graves consecuencias, pues no pasaría mucho tiempo antes de que la sociedad entera se viera obligada a pagar la irresponsabilidad de sus dirigentes con una crisis de severas proporciones. De hecho en casi todos los cuadros que hasta ahora hemos visto, podemos observar que para el año 1989 la actividad económica en general había experimentado un grave revés con respecto a las cifras de 1980. El profesor Olaf Sievert de la Universidad de Sarrebruk y ex-presidente del Consejo de Expertos de la República Federal de Alemania afirma:


En la política de demanda se da la fascinación de lo tangible, máxime cuando se acomete la transformación de los gastos del Estado. Parece confiarse en que el aumento de los gastos públicos se convierta íntegramente en aumento de los gastos globales de la economía.... El político de demanda toma esto demasiado a la ligera. Incluye en sus programas de empleo dirigidos al equilibrio social todo cuanto las mayorías democráticas reclaman y favorecen: la igualdad social. Pero de este modo no soluciona los problemas, sólo los aplaza, en el peor de los casos los cubre, y en el más frecuente los agrava.

Vale la pena detenernos aquí para transcribir algunas cifras citadas por los profesores Naím y Piñango en El Caso Venezuela, relativos al impresionante éxito que alcanzaron las políticas de demanda en nuestro país:

Recordemos algunos datos. En su ensayo Escobar señala que el enviado “milagro alemán” significó que, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de Alemania creció entre 4 y 5 por ciento cada año. La economía venezolana creció al 7 por ciento durante 23 años.... Hung y Piñango, por ejemplo, indican que el número de instituciones de educación superior pasó de 9 en 1960 a 90 en 1981 y que el número de estudiantes universitarios aumentó más de 11 veces en ese mismo período. Pinto Cohen nos hace ver que la producción agrícola se multiplicó por 5 entre 1940 y comienzos de la presente década, creciendo a más de 4 por ciento cada año. En salud, las cifras incluidas por Galli y García muestran que el número de camas hospitalarias pasó de 15.000 en 1950 a 40.000 en 1980. Por su parte, el sector industrial multiplicó por 6 su tamaño entre 1950 y 1978, llegando a crecer a tasas cercanas al 9 por ciento cada año entre 1971 y 1978 (Bitar y Mejías), mientras que el número de ciudades con más de 20.000 habitantes pasó de 20 en 1950 a 65 en 1981 (Fossi). A su vez, el sector público pasó de tener, aproximadamente, 200.000 empleados en 1957 a 957.000 en 1981 (Hannot y Cova) mientras que el número de agencias bancarias aumentó de 80 a 1.300 entre 1950 y 1981.

Evidentemente, detrás de estas tasas de crecimiento —que en algunos casos constituyen marcas mundiales —están las crecientes presiones de una población en aumento y la posibilidad de responder a dichas presiones con fondos provenientes de la exportación de petróleo.

Por supuesto, dada su inspiración keynesiana, la política aplicada por el Estado se caracterizaba también, como ya se dijo, por un fuerte intervencionismo y controles de todo tipo. Keynes consideraba que había un gran elemento de bienestar público en las regulaciones al sector privado. En nuestro caso, el Estado que todo lo daba, se sentía con autoridad para controlarlo todo. Donde surgían fuerzas que pudiesen ser consideradas contrarias a los intereses públicos o que de alguna forma fuesen en detrimento del bienestar de las clases o grupos, el Estado se consideraba obligado a intervenir y a establecer reglas de conducta. Al fin y al cabo, el empresariado privado debía tener presente que su existencia misma dependía de la actitud benevolente del Estado, puesto que las garantías económicas establecidas en la constitución habían sido suspendidas desde el mismo día en que aquellas había sido aprobada.

En un trabajo titulado La Empresa Privada en Venezuela: ¿Qué pasa cuando se crece en medio de la riqueza y la confusión?, Moisés Naím afirma:

El conjunto de políticas, leyes, reglamentos, normas, instituciones, organismos y recursos financieros desplegados por el Estado venezolano para normar y regular la conducta de las empresas privadas constituyen, probablemente, uno de los más exhaustivos y abarcantes aparatos de regulación del mundo capitalista.
De esta forma, para proteger a los inquilinos de aumentos en las mensualidades, se aprobó una Ley de Alquileres cuyo resultado final fue desestimular totalmente la construcción de viviendas destinadas a tal fin. La “permisología” como comúnmente se le conoce en el país, se convirtió en uno de los “costos” que incidían en forma aguda en el precio final de las viviendas que se ofrecían en venta. Los trámites ante el Ministerio de Fomento y —si a ver vamos— ante todos los despachos públicos, se transformaron en una especie de tamiz por cuyo fino entramado sólo pasaban aquellos proyectos que cumplían con “todos los requisitos”. Los controles y regulaciones que a los más variados niveles de la administración pública debían ser superados para adelantar cualquier gestión, quedaban supeditados a la discrecionalidad de funcionarios que por lo demás estaban muy mal remunerados, pero cuyos cargos eran enormemente apetecidos.

Las tarifas de los servicios públicos prestados por empresas públicas o privadas quedaron reguladas por el Estado, pues se consideraba que cumplían con funciones de vital importancia para la comunidad. El libre juego de la oferta y la demanda también se consideró en infinidad de casos como contrario al interés de clases o grupos, de forma que prácticamente todos los precios se fijaban al arbitro no del mercado, sino del Estado. Incluso el precio de servicios tan poco estratégicos como el de barberías —por sólo mencionar uno— estaban regulados. En fin, un número increíblemente alto de los bienes y servicios que se prestaban en el país llegaron a estar regulados o subsidiados o ambos a la vez.

Por otra parte, la discrecionalidad de los funcionarios de la administración pública se transformó en uno de los elementos que más contribuyeron a estimular la corrupción. Aquellos burócratas que tenían en sus manos la capacidad de decisión dentro de la intrincada red de controles administrativos, llegaron a adquirir tal grado de poder que los transformaba en blancos pasivos o en obstáculos activos —de acuerdo con el estilo personal de cada uno de ellos— de toda suerte de manejos dolosos.

Mientras tanto aquellos mismos empresarios que se desarrollaron al amparo del paternalismo estatal, no cesaban de clamar que el intervencionismo del Estado los estaba asfixiando. Siendo maximizadores por definición, pretendían recibir todo el auxilio que el gobierno pudiese darles, pero al mismo tiempo, se negaban a aceptar la contrapartida que el Estado les exigía.

Al respecto, valdría la pena que alguien les recordase a esos empresarios que no se pueden ser “keynesiano” a la hora de exigir el apoyo y la protección del Estado y “monetarista” a la hora de correr con las consecuencias del intervencionismo estatal.

Desde luego, no quiere lo anterior decir que no existían en el país empresarios auténticos y consecuentes —para bien o para mal— con sus ideas. En momentos de hacer esta afirmación nos viene a la mente el recuerdo de empresarios como Don Henrique Pérez Dupuy (Fundador del Banco Venezolano de Crédito) o de Don Ricardo Zuloaga (fundador de la Electricidad de Caracas), por sólo mencionar dos hombres que ya han fallecido. Expresamente evitamos citar a muchos otros que aún viven, para evitar malas interpretaciones. Se trata de verdaderos empresarios “shumpeterianos” que con sus denodados esfuerzos contribuyeron y siguen contribuyendo al engrandecimiento y desarrollo de Venezuela.

En todo caso, para asombro de cualquier analista, los padecimientos económicos y sociales de Venezuela comenzaron a agravarse a partir de los dos substanciales incrementos que experimentaron los precios del petróleo. El primero de ellos ocurrió a finales de 1973 con motivo del embargo petrolero árabe, cuya consecuencia fue un aumento en los precios de petróleo, el cual pasó de 2 a 12 dólares el barril; posteriormente en 1979 a raíz de la caída del Shah de Irán, los precios volvieron a incrementarse llegando a superar los 34 dólares el barril en 1981. Como resultado de tales aumentos, los gastos del Gobierno también se incrementaron. Los mismos, que eran de unos 13.000 millones de bolívares para 1973, se triplicaron en apenas un año alcanzando a 42.000 millones en 1974. Para 1981, los gastos gubernamentales ya sobrepasaban los 90.000 millones de bolívares. Una década después el presupuesto nacional que se discutía en el Congreso superaba generosamente el billón de bolívares.

Si asombroso era el crecimiento de los ingresos del Estado, más asombroso aún fue en endeudameitno externo en que incurrieron nuestros gobiernos en ese mismo período. Para 1973 la deuda pública externa de Venezuela apenas alcanzaba a unos 1.200 millones de dólares. Veamos lo que al respecto nos dice Gustavo Escobar en un trabajo titulado El laberinto de la cconomía:

Al mismo tiempo que sucede este cambio, la deuda pública va aumentando rápidamente a pesar de los enormes incrementos en los ingresos ordinarios del gobierno. Las entidades descentralizadas —especialmente las empresas y los bancos del Estado— siguieron pidiendo prestado, no solamente en el país sino también en el exterior, en forma desordenada. Cada una de estas empresas e institutos autónomos hicieron uso del crédito externo para financiar sus gastos, tanto los corrientes como los de inversión. Otros organismos públicos hicieron uso del crédito externo para financiar programas de subsidios. El resultado es que ahora tenemos una deuda pública que se estima en 27.000 millones de dólares.
La actuación del Estado venezolano es comparable a la de algunos padres que no comprenden que a partir de un momento determinado sus hijos ya son capaces de tomar sus propias decisiones y deben decidir sus rumbos, asumiendo los riesgos que deriven de sus actuaciones. Si el padre se empeña en mantener una actitud sobreprotectora, lejos de beneficiar al hijo no hará otra cosa que perjudicarlo.

Nuestros gobiernos no comprendieron que alcanzadas ciertas etapas en el proceso de desarrollo económico de Venezuela, lo lógico hubiese sido el abandono progresivo de un paternalismo asfixiante que tendía asumir a los distintos sectores de nuestra sociedad en una actitud parásita. Todos los venezolanos sentimos que el Estado nos debe algo; todos pensamos que nuestros problemas nacen de la incapacidad del Estado para resolver las situaciones que se nos presentan.

De esta forma, un enorme porcentaje de nuestros industriales no aprendieron nunca a ser eficientes, pues eximidos de la necesidad de competir en los mercados, tenían una ganancia asegurada por la protección que les brindaba el Estado. Nuestros trabajadores, aunque cada vez más capacitados, rara vez sintieron la necesidad de esforzarse en sus labores. En efecto, si las propias empresas que los empleaban no ponían mayor empeño en mejorar sus niveles de productividad, para qué iban ellos a ser más papistas que el Papa. Por lo demás el Estado los amparaba con una legislación laboral no menos paternalista que la que brindaba a las empresas. El Estado mismo, que durante mucho tiempo dispuso de recursos que excedían a sus propias necesidades, fue quizás el que menos sintió la necesidad de ser eficiente. El petróleo alcanzaba para cubrir todas las necesidades del país. El resultado fue que nuestra economía se hizo cada vez más dependiente del petróleo.

Pero tal dependencia determinó que el destino mismo del país quedara vinculado a los vaivenes de los mercados mundiales del petróleo. Con frecuencia, nuestra economía se vio enfrentada a difíciles situaciones derivada de las irresponsables actitudes antes descritas; sin embargo, cada vez que nos acercábamos a situaciones que ya parecían insuperables, surgía alguna crisis en los mercados mundiales de los hidrocarburos que nos permitían aumentar nuestros ingresos petroleros y superar cada una de esas coyunturas.








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