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La transferencia de condenados: nuevo instituto de la cooperación penal internacional


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LA TRANSFERENCIA DE CONDENADOS: NUEVO INSTITUTO DE LA COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

(Fundamentos, realidad y proyecciones de tal problemática contemporánea, todavía no abordada en la doctrina patria.)

Por horacio daniel piombo *

SUMARIO: 1. Avance dinámico de la cooperación penal internacional. 2. For­mación de un sistema enderezado a perfeccionar las instituciones de asistencia en la lucha contra el delito. 3. Dificultades ínsitas a la caracterización de la transferencia internacional de condenados. 4. Integración conceptual con las ramas del mundo jurídico operantes en la esfera internacional. 5. Caracteriza­ción del instituto, 6. Vinculación con figuras afines. 7. Orígenes de sus funda­mentos. 8. La extradición "post-sentencia" en los convenios concluidos por Francia con sus ex-colonias. 9. La ejecución de sentencias penales en el marco de la política estadounidense. 10. El tema en los Estados del Consejo de Europa. 11. Su perspectiva en los organismos internacionales. 12. Implemen-tación técnica de los convenios. 13. Ámbito de validez personal. 14. Condi­ciones. 15. Régimen de la ejecución. 16. Las potestades en orden ala extin­ción de la condena. 17. El comportamiento de los convenios en la praxis. 18. Valoración. 19. Promoción del instituto en el Derecho argentino.

1. El pensamiento jusinternacionalista destaca la existencia de "una verdadera revolución en el ámbito de la cooperación interna­cional", cuyas manifestaciones más salientes son la incorporación de nuevas figuras, la creación, de organismos específicamente destina­dos a plasmar esa colaboración y, lo que es "más importante", la generación de un clima favorable a su andamiento "que se abre paso día a día en las mentes de los individuos" y en el parecer "de las co­lectividades"1.

(*) Miembro correspondiente en La Plata (República Argentina).



1 GARZÓN CLARIANA, Gregorio, "Sobre la noción de cooperación en Derecho Internacional", en Revista Española de Derecho Internacional, i. 1976-1, pp. 51 y ss.

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Dentro del campo jurídico abarcado por los Derechos Penal y Procesal Penal en su dimensión internacional, la anotada revolución ha contribuido decisivamente a derribar añejos obstáculos nacidos de excluyentes concepciones en torno a la soberanía, al principio de reciprocidad que es su natural corolario, y a la territorialidad de la ley penal2. Esto, sin duda, permite enfrentar con mayores probabili­dades de buen éxito los desafíos de un mundo complejo, interco-nectado y cambiante, donde asume rol de cuestión política vital3 combatir la creciente criminalidad itinerante, especializada y organi­zada, así como dar satisfacción a las exigencias de una comunidad que reclama eficacia no sólo en la prevención sino también en el tratamiento de la delincuencia.

2. Fruto de tal actitud ha sido la generación de una variada ti­pología de acuerdos que adicionan al clásico instituto de la extradi­ción otras figuras que, al proyectarse autónomamente al campo de la praxis diplomática, contribuyen a enriquecer considerablemente las fuentes del Derecho Internacional Público contemporáneo4. Su corolario lo constituye la paulatina estructuración de un verdadero sistema universal, destinado a perfeccionar los institutos de preven­ción y represión del delito, de modo de evitar vacíos, desarmonías y conflictos que redundan en frustraciones e impunidad. Así, frente a las hipótesis de denegatoria de la entrega del inculpado, siempre posible ante la pluralidad de excepciones que reconocen los regíme­nes sobre extradición5, o ante la inconveniencia de trasladarlo inter-nacionalmente, se articulan hoy en día, en su caso, la ejecución de

2 Acerca de la territorialidad del Derecho punitivo y sus relaciones con ía opuesta
doctrina de la personalidad de la ley penal, consultar mi libro Extradición de nacionales,
Depalma, Buenos Aires, 1974, pp. 7 a 23, 33 a 54, y 129 y ss. Un panorama de las nuevas
tendencias en JESCHECK, Hans-Heinrich, "New forms of international legal assistance in
criminal matters", en Law and State, volumen 2, pp. 7 y ss.

3 Remito a mi trabajo inserto en Anales de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba, año 1989, pp. 57 y ss.

4 Vivo ejemplo de lo expresado en. el texto es lo tocante a nuestro país, donde en
breve lapso se aprobaron y ratificaron los convenios de asistencia judicial en material penal
del 9/12/1987 con Italia (ley 23.077), de extradición y asistencia judicial en materia penal
del 3/3/1987 con España (ley 23.708) y de extradición con Australia del 6/10/1988 (ley
23.729).

5 El Convenio europeo de extradición, suscripto el 13/12/1957, hace salvedad de
los delitos políticos y militares y tambie'n, aunque facultativamente, de los de orden fis­
cal, así como de aquellas infracciones que se hallen prescriptas y de las condenas que in-

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sentencias penales extranjeras6 y la remisión internacional de proce­dimientos7. A su vez, la instrucción de los procesos se ve respaldada por los convenios de asistencia judicial que facilitan la recolección de pruebas en el extranjero8, en tanto que el omnipresente objetivo de la readaptación social del sentenciado a pena privativa de libertad tiene ahora el auxilio de las figuras de la transferencia internacional de condenados9 y de la vigilancia extraterritorial de las personas be­neficiadas por la suspensión condicional de la pena10

frinjan el debido proceso o el principio "non bis in ídem", eximiéndose de la entrega a nacionales y condenados' a muerte. Excepciones semejantes en el Tratado de Montevideo de Derecho Penal Internacional de 1940, art 20. En doctrina ver la muy completa exposi­ción de BASSIOUNI, Cherif, International extradition, Oceana Publications, inc., Dobbs Feíry, New York, 1983, Capítulo VIII, passim.



6 Por ejemplo el Convenio del Consejo de Europa sobre el valor internacional de las
sentencias penales, suscripto en La Haya el 28 de mayo de 1970, que tiene por objeto faci­
litar la efectivización de las penas privativas de libertad, multas e inhabilitaciones, requi­
riendo para su aplicación que la sentencia se encuentre firme, que haya recaído en un debi­
do proceso y que el delito juzgado esté también penado por la ley del Estado requerido.
La ejecución, que debe salvaguardar el principio "non bis in ídem", puede ser denegada
por motivos de orden público u originados en la naturaleza política o militar de la infrac­
ción, por la existencia de discriminación en contra del condenado u objeciones de orden
procesal, hallándose supeditada, en el supuesto de sentencias dictadas en rebeldía, al omiso
ejercicio por el condenado de un recurso previo que permita la apertura de un nuevo juicio.
El enfoque doctrinal en ORTIZ DE LA TORRE, José Antonio, "la ejecución de senten­
cias penales extranjeras y el tratado hispano-dane's de 3 de febrero de 1972", en Revista de
Legislación y Jurisprudencia, t. 232, pp. 377 y ss.

7 V.gr.:: El Convenio del Consejo de Europa sobre remisión y continuación de los
procesos penales del 15 de mayo de 1972, que persigue extender la jurisdicción más allá
de las fronteras para conseguir la represión de los delitos y, al mismo tiempo, facilitar una
mejor justicia al ser el delincuente juzgado para cumplir la condena en el país donde reside
habitualmente.

8 Así, el Convenio Europeo de auxilio judicial en materia penal del 20/4/1959.

9 Enviamos a la mención de los principales instrumentos efectuada ut infi-a, párra­
fos 7, 8, 9 y 10.

10 Como exempla docens podemos acudir al Convenio europeo para la vigilancia de
condenados o de liberados bajo condición del 30/11/1964, que procura facilitar a los tri­
bunales la adopción de medidas de vigilancia sustitutivas de la privación de libertad en caso
de condenados que no tienen residencia en el país de la condena y que por esto pueden
eludir esas medidas al ser puestos en libertad. A tenor de su normativa, el Estado que ha
decretado la medida de vigilancia puede solicitar al Estado de residencia del condenado,
que asegure el cumplimiento de las medidas de vigilancia adoptadas en sustitución de la
prisión y que, en caso de incumplimiento de las condiciones compromisorias, ejecute la
pena de prisión que restara cumplir o la sustituya por otras cuando así lo autorice el Dere­
cho interno. La cooperación dentro de este marco convencional no procede cuando se
trata de delitos políticos o militares, o cuando la sanción se encuentre prescripta o haya

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  1. De las especies contemporáneas surgidas en el área de la
    cooperación o entreayuda, la transferencia internacional de conde­
    nados es la que mayores problemas suscita. Primordialmente, por­
    que siendo la figura de eclosión más reciente su implementación
    técnica no cuenta todavía con una asentada doctrina en relación a
    sus elementos básicos; pero también porque su origen causal obede­
    ce a factores de muy distinto origen no siempre armónicos entre sí.
    Esto, sin contar que los nexos que guarda con otras figuras afines
    la vuelve, en ocasiones, confundible y de contornos grises.

  2. La formulación de las notas distintivas de la transferencia de
    condenados nos lleva a procurar primariamente su anclaje concep­
    tual. Obvio es que se trata de una figura propia del Derecho Penal
    Internacional o sea de la rama del mundo jurídico que determina
    cuándo el supuesto de hecho que muestra un aspecto extranjero
    (nacionalidad del delincuente o de la víctima, lugar de comisión,
    etc.), está sometido al poder punitivo del Estado11. Empero, como
    su concreción práctica depende de actos de ayuda de otro Estado,
    la reglamentación en concernencia constituye lisa y llana asistencia
    judicial y administrativa internacional, subordinada a los principios
    propios del Derecho procesal general a cuyo ámbito pertenece, vale
    decir, eficacia, celeridad, economía y respeto por los valores en jue­
    go12. Por otra parte, la ejecución de la condena en ajena jurisdic­
    ción se liga al Derecho penitenciario, sea en su naciente faceta inter­
    nacional —hasta ahora circunscripta a las declaraciones universales
    de derechos humanos13 y a las Reglas mínimas de la O.N.U. para el

mediado amnistía, así como tampoco respecto de las condenas en rebeldía, o que no cum­plan los requisitos del debido proceso legal, o que violen el principio non bis in ídem.

11 JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, con adiciones de Dere­
cho español a caigo de S. Mir Puig y Muñoz Conde, Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1981,
t. I, pág. 220. Esta idea tiene su correlato en el campo del Derecho Internacional Privado,
al cual cada vez más se aproxima, en la definición del maestro Werner Goldschmidt sobre
la ciencia íusinternacionalprivatista (ver: Derecho Internacional Privado, 5a edición, De­
palma, Buenos Aires, 1985, pág. 31).

12 CAFFERATA ÑORES, José L, "Relaciones entre Derecho penal y Derecho
procesal penal", en Doctrina Penal, Año X (1987), pp. 209 y ss. La. mayoría de las leyes
procesales argentinas aluden explícitamente a los principios puntualizados" en el texto,
v.gr. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, arts. 34 y 36;
Código de Procedimiento Penal de la misma provincia, arts. 71 y 72.

13 V.gr.: art. 10 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, adoptado
por la Asamblea General de la O.N.U. mediante Resolución 3200 (XXI) del 16/12/1966,
aprobado por ley 23.313.

DOCTRINA 217

tratamiento de los reclusos14—, sea en su faz interna, desde que de­pendiendo su plasmación concreta de la concertación entre Estados, procede traer a cuento como antecedentes insoslayables los acuer­dos, típicos en los países federales, celebrados entre Estado.nacional y Estados particulares (provincias) sobre traslado y recepción de reclusos provenientes de una u otra jurisdicción15.

5. En una apreciación primaria y desprovista de matices, cabe entender por transferencia internacional de condenados la entrega de un sentenciado a pena privativa de libertad que el Estado que ha dictado la respectiva condena hace al.Estado- de la nacionalidad o residencia permanente del condenado —sea a requerimiento del sen­tenciado, sea a iniciativa de cualquiera de los países interesados— para que la condena pronunciada se cumpla en establecimientos car­celarios del último Estado con la finalidad de evitar los efectos nega­tivos de la extranjería o la falta de arraigo territorial en el período ejecutivo de sanción. Semejante desplazamiento configura, en la in-terrelación sistemática que forman delito, proceso y pena16, uno de los supuestos de extraterritorialidad del Derecho a través del reco­nocimiento y ejecución de sentencias penales extranjeras17; aunque exhibiendo particularismos en cuanto atañe a su télesis, dado que la doctrina de la ejecución extraterritorial fue, por el contrario, primi­geniamente pensada para evitar los inconvenientes irrogados por el



14 Adoptadas por el "Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente", celebrado en Ginebra (Suiza) en el año 1955, y
aprobadas por el Consejo Económico y Social de la O.N.U. en sus Resoluciones 663
(XXIV) del 31/VII/1957 y 2976 (LXII) del 31/5/1977 (texto en Derechos Humanos: Ins­
trumentos Internacionales, ed. Zavalía, Buenos Aires, 1986, pp. 182 y ss.)- Las vincula­
ciones internacionales del Derecho Penitenciario en el libro de Sergio García Ramírez,
La prisión, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, pp. 49 y 50.

15 Referencias a los convenios celebrados entre la Federación y las unidades autó­
nomas que componen los EE. UU. Mexicanos, pueden verse en GARCÍA RAMÍREZ, Ser­
gio: "Desarrollos recientes del penitenciarismo mexicano", en La Ley, t. 141, pp. 834 y
835. Con relación a la Argentina, cabe traer como ejemplo el convenio inserto en Revista
Penal y Penitenciaría, año XLVIII, 1983, Nos 187/190, p. 131.

16 MAPELLI CAFFARENA, Borja, "La autonomía del Derecho Penitenciario",
en Revista de Ja Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, volumen 11 (mono­
gráfico), 1986, p. 460.

17 Ver mi informe al Tercer Congreso Ordinario de la Asociación Argentina de
Derecho Internacional, Corrientes, 1975, publicado por la Institución organizadora en un
folleto de dieciocho páginas bajo el título "Reconocimiento y ejecución de sentencias
penales extranjeras".

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desplazamiento internacional de personas connatural a la extradi­ción de condenados. En cambio, desde el punto de vista procesal la ruptura con los procedentes es más notoria, puesto que significa una escisión entre cognición y ejecución, tradicionalmente unidas bajo el imperio de la lex fori, reservando para la primera etapa la clásica competencia territorial —que atiende en mejor medida Los intereses relacionados dado que se traduce en inmediatez probatoria y en mayor poder ejemplarizador de la sanción—, mientras que para la segunda hoy se reputa como más adecuada la competencia personal (nacionalidad o domicilio), atento los valores humanos comprometi­dos18, A su vez, desde el punto de vista penitenciario implica una "ejecución delegada" de la pena de prisión19, que transfiere múlti­ples potestades referidas a la vigilancia y tratamiento del sujeto pa­sivo.

6. Si partimos de la similitud en los actos materiales configura-tivos, existe marcado ligamen entre la transferencia de detenidos y la extradición, nexo que también se proyecta al ámbito normológi-co si tenemos presente que el instituto indicado en segundo lugar no es otra cosa que el comienzo de ejecución de una sentencia penal extranjera de condena o cautelar restrictiva de la libertad20. Empe­ro, dicho acercamiento no alcanza a las finalidades, toda vez que en la extradición prima el interés del Estado en cuya jurisdicción trami­ta el proceso, consistente en mantener enhiesta la función de retri­bución y satisfacción del orden jurídico yiolado por el delito, así como la de prevención general que asume el cumplimiento de la pena en la comunidad donde el violador de la ley cometió su agre­sión21. También el acto material de traslación vincula, aunque siem-



18 Infra, parágrafo 6. Cabe destacar que en el ámbito de la figura de mayor analo­
gía con la transferencia de condenados, se perfila una nueva tesitura exceptiva, esta vez en
favor de aquellos que al momento de cursarse el requerimiento de extradición fueran me­
nores de 18 años, respecto de los cuales el Estado de refugio puede sugerir, cuando estima­
re que la entrega es susceptible de perjudicar la readaptación social del reclamado, el retiro
de la solicitud presentada (Tratado argentino-norteamericano del 29/5/1970, art. 6).

19 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, Derecho Internacional Privado, Atlas, Madrid,
1977, t II, pp. 433/434.

20 SOKALSKI, W., "Exécution des jugements étrangers", en Revue Internationale
de DroitPenal, 1928, t. VI, pp. 262 yss.

21 Remito a mi trabajo "Teoría general del Derecho extradicional", en el volumen
Séptimo Curso de Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamerícano, Río de Ja­
neiro, C. J. L, 1980, pp. 209 y ss.

DOCTRINA


pre sin coincidencia en los fines, la transferencia con la remisión de detenidos que, bajo los acápites de "confrontación" y "extradición provisoria", se halla prevista en algunos convenios y leyes de extra­dición; pero en tanto la primera de tales figuras atiende al envío de personas para recepcionarles declaración o llevar a cabo reconoci­mientos o careos22, la segunda tiene por objeto morigerar los perjui­cios que provoca el diferimiento de la extradición con motivo de la pendencia de un juicio contra el inculpado en el país requerido (por ejemplo: acaecimiento de la prescripción), autorizando la entrega provisoria del delincuente, que debe ser reintegrado una vez sustan­ciado el proceso, quedando la extradición definitiva supeditada al agotamiento de las medidas procesales o ejecutivas pendientes23. Si, a su vez, tomamos como elemento comparativo el acto material de alejamiento del condenado del Estado cuyas autoridades dicta­ron la sentencia condenatoria, la transferencia se relaciona con la expulsión de delincuentes extranjeros peligrosos; figura ésta que fue ampliamente propiciada en pronunciamientos doctrinales colectivos de ñnes del siglo diecinueve y comienzos del presente24 y que hoy, con algunas restricciones nacidas del derecho de defensa en juicio, es acogida en la mayoría de las legislaciones25. Empero, la distinción

22 Por ejemplo, Tratado de extradición con Paraguay del 6/III/1877. aprobado por
ley 886, art. 17.

23 Tratado de extradición del 7/9/1893 entre Argentina y los Países Bajos, aproba­
do por ley 3495, art. 3; ley 1612, art. 7. Ma's modernamente el Protocolo del 11/3/1974,
que completa y modifica el Traído del Benelux sobre extradición y de asistencia judicial
en materia penal, prevé que una persona detenida en uno de los Estados miembros puede
ser transferida temporariamente al territorio de otro Estado miembro y también ser dete­
nida con miras a la ejecución de ciertos deberes judiciales en materia penal. En el caso del
artículo 33, una persona detenida puede ser transferida para una confrontación o una
reconstrucción o para ser oída en calidad de testigo o interrogado en calidad de prevenido.
El Estado tiene en esos casos la obligación de mantener la detención decretada en el Esta­
do extranjero y este último a computar la detención sufrida en el extranjero sobre la dura­
ción de la privación de libertad por sufrir en el territorio nacional (Bulle tin de l'Adminis-
tration Pénitentiaire del Ministére de la Justice del Reino de Bélgica, julio-agosto-setiembre
de 1982, pp. 265/6).

24 JESCHECK, Hans-Heinrich, "La influencia de la Unión Internacional dé Dere­
cho Criminal y de la Asociación Internacional de Derecho Penal, en el desarrollo interna­
cional de la Política criminal moderna", en Doctrina Penal, año 1981, p.463.

25 Esta expulsión es, por ejemplo, de aplicación generalizada entre los países
miembros de la Organización internacional de Policía Criminal (Revista internacional de
Policía Criminal, año 1987, pp. 405/7). La ley general de migraciones 22.439 establece
en su artículo 95, la expulsión del territorio argentino de los extranjeros que han sido
condenados a penas superiores a los cinco años de prisión.

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entre ambas es clara, puesto que en la expulsión el extrañamiento de la jurisdicción del Estado no obedece a la existencia de un nuevo lugar de cumplimiento de la sanción como en la transferencia, sino a la conveniencia de alejar a quien revela potencial peligrosidad para perturbar la convivencia pacífica en el país donde reside26. Desde luego que esa línea distintiva se torna menos neta cuando se trata de expulsiones de personas condenadas "dirigidas" hacia el Estado donde la pena pendiente de ejecución fue inflicta27; pero siempre operarán diferencias de finalidad y, a la postre, de fundamentos. Por último, si se pone el acento en el hecho de que el instituto puede dar lugar a una repatriación de reclusos en forma recíproca, se pone de manifiesto un dato que es común con un instituto del Derecho humanitario bélico, como es el intercambio de prisioneros28; inclu­so, algunos penitenciaristas mejicanos y juristas estadounidenses, teniendo presente modalidades de aplicación del Convenio indicado en el párrafo 9 de este trabajo que llevan a la entrega periódica y re­cíproca "en bloque" o "grupo" de condenados, denominan a la transferencia de condenados "intercambio de prisioneros"29. Sin embargo, no debe olvidarse que los prisioneros de guerra no son per­sonas condenadas, sino cercenadas en el goce de sus derechos por el estado de necesidad originado en el conflicto bélico, respecto de los cuales la repatriación es ajena a todo designio de "resocialización".

7. Factor movilizante del desarrollo del instituto en el ámbito europeo ha sido el considerable incremento de la población carcela­ria de origen extranjero. Las causas de tal acrecimiento se remontan a la segunda postguerra, en la que comenzó un proceso de acelera­ción en los desplazamientos de importantes grupos humanos que procuraron encontrar, ayudados por el progreso de los medios de transporte y el levantamiento de las barreras migratorias, mejores



26 CARROÑE, Fiancesca, "L'Espulsione dello straniero tra normativa internazio-nale e progetti di riforma", en Studi Senesi, vol. XCIX (III Serie), 1987, pp. 431 y ss.

Sobre esta modalidad: CARROÑE, op. y loe. cit.

Previsto, por ejemplo, en el viejo Reglamento de las leyes y usos de la guerra terrestre, art. 14 (SEMBEROIZ, Edgardo R., Derecho internacional de la guerra, ed. Círculo Militar, 1985, p. 214.

29 MARCO DEL PONT, Luis, Derecho Penitenciario, Cárdenas Editor y Distribui­dor, Ciudad de México, s/f., pp. 609 y ss. Cabe acotar que la publicación sobre tratados de los E.E.U.U., emplea esa denominación para identificar el Convenio de que se trata (T.I.A.S., volumen 8718, pp. 7401 y ss.).

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oportunidades laborales allende las fronteras de sus respectivos países, acompañando así a fenómenos de expansión económica de­nominados "milagros". A este fenómeno de cambio social se suma­ron corrientes de residentes temporarios por motivos turísticos y de estudio, así como refugiados30.

De tal manera, muchos de los países de Europa, antes pobla-cionalmente homogéneos, se transformaron en sociedades mültirra-ciales, donde el 10% o más de su población reconocía origen ex­tranjero. Con posterioridad, la recesión aparejada por la primera crisis del petróleo hizo de los advenedizos las primeras víctimas. Su pauperización y el aislamiento creado por tendencias racistas, originaron conflictos, tensiones sociales y carencias que inexorable­mente los empujaron al plano inclinado de la conducta desviada31. De ahí que en los últimos años, aproximadamente la cuarta parte de la población carcelaria europea occidental fuera extranjera, pro­porción que en Francia llegó al 28%32, mientras que la cantidad de detenidos foráneos a disposición de las fuerzas de seguridad au­mentó, tomando a Bélgica como ejemplo, en un 38,4% durante el lapso transcurrido entre 1974 y 197933. La "extranjerización" de los establecimientos penales trajo consigo una compleja problemá­tica, habida cuenta de que en la vida carcelaria el no nacional tiene en su contra, las más de las veces, el aislamiento que provocan las barreras lingüísticas y culturales, así como el distanciamiento de las relaciones afectivas34. Esto, desde luego, impulsó a criminólogos y penitenciaristas para la formulación de programas destinados a res-

Considerandos de las resoluciones de la XIa Conferencia de Ministros Europeos de Justicia (Copenhague, 21 y 22 de junio de 1978), en Información Jurídica, N° 20, octubre-diciembre 1978, pp. 1277 y ss. Asimismo: WILRYCX, F., "Le probléme des déte-nus étrangers", en Buüetin de l'Administration Pénitentiaire, Ministére de la Justice (Bélgi­ca), octubie-noviembre-diciembre de 1981, pp. 283 y ss.

31 WILRICX, op. y loe, cit. en nota 30.

El "Rapport General" de la Direction de TAdministration Pénitentiaire francesa correspondiente al ejercicio 1986, pp. 31 a 34, pone de relieve que la porción de extranje­ros en la población carcelaria .metropolitana alcanzó el 27,6 % al 1 de enero de 1987, sien­do su progresión la siguiente; 1977 (18%), 1978 (17%), 1979 (17%), 1980 (19%), 1981 (20% ), 1982 (23% ), 1984 (26% ), 1985 (27% ), 1986 (28%) y 1987 (27%). El mismo informe anota que predominan los detenidos originarios de África (68%), cuya proporción viene estable desde 1981, patentizando el incremento más rápido el correspondiente a los internos naturales de Asia (+ 130% entre 1983 y 1987).



33 WILRICX, op. cit., pp. 285/6. 3 Ver material citado en nota 30.

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tringir los aspectos negativos antes señalados35. Pero también tuvo como efecto, bajo la influencia de las doctrinas que se alejan de la idea de expiación o castigo para otorgar a la pena carácter reeduca­dor y de defensa social36, llamar la atención sobre la posibilidad de transferir a otro Estado la potestad ejecutiva, solución que venían ensayando desde 1963, en sus relaciones recíprocas, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlancia e Islandia37. Esto, en razón de que todo parece indicar que la readaptación social38 o "resocialización*'39 tiende a cumplimentarse mejor en "un medio familiar al condena­do" y no en un país en el que se encuentra por motivos circuns­tanciales y del cual generalmente "ignora lengua y condiciones de vida"40. Además, el ambiente nativo es el propicio, en virtud del

35 Tales soluciones se discutieron en simposios y seminarios, por ejemplo en el or­ganizado poi "Les Renconties Euiopéennes de la Probation" con la cooperación del Con­sejo de Europa y la Administración Austríaca de Establecimientos Penitenciarios, los días 21 y 25 de setiembre de 1981 (ver WILRICX, pp. 283 y 284).

Las posiciones extremas están descriptas por Antonio Beristain, Fines de la pena, Reus, Madrid, 1962, pp. 4 y ss. A su vez, el concepto de "defensa social" en CUELLO CALÓN, Eugenio, La moderna penologia, Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1958, pp. 26 a 28.



37 MARCO DEL PONT, op. cit., p. 609. No resulta casual que estos países hayan
principiado la plasmación del instituto, habida cuenta de que entre los tres primeros el
terreno estaba abonado desde 1948, año en que se vincularon por un convenio sobre reco­
nocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia penal (Recueil des Traites,
O.N.U., t. 27, pp. 117 y ss.). Cabe agregar que el convenio nórdico de 1963 sirvió de mo­
delo al hispano-dane's mencionado en nota 6.

38 Conforme: MARCHIORI, Hilda, Institución penitenciaria, Marcos Lerner Edito­
ra Córdoba, 1985, pp. 121/124, recogiendo una doctrina casi unánime en la ciencia peni­
tenciaria. La aplicación de esta doctrina en la legislación y la praxis de otros países en
GARCÍA VALDEZ, Carlos, "Derecho penitenciario de los países nórdicos y de otras co­
munidades europeas avanzadas", Revista de la Universidad Complutense de Madrid,
t. XVII, 1973, pp. 646, 653 y 665; MAPELLI CAFFARENA, Borja, Principios fun­
damentales del sistema penitenciario español, Bosch, Barcelona, 1983, pp. 6 a 196.

39 Sin perjuicio de lo expresado en el texto, cabe dejar constancia que la fun­
ción que aspira a expresarse con el concepto "resocialización", hoy en día ha sido
puesta en tela de juicio por criminplogos y penalistas (ver GARCÍA, Antonio - Pablos
de MOLINA, "La "supuesta función resocializadora del Derecho penal: utopía, mito
y eufemismo", en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, t. XXXII, fascículo III,
pp. 645 y ss.; FERNANDEZ MUÑOZ, Dolores, "La pena de prisión: problema de nues­
tro tiempo", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XXI, N° 61, 1988,
pp. 213 y ss.; NEUMAN, Elias, "La llamada readaptación social del delincuente. El art.
18 in fine de la Constitución Nacional y algunos aspectos de la realidad carcelaria en
nuestra Capital", en La Ley, 1.147, pp. 993 y 994).

40 SCHULTZ, Hans, "Rapport General Provisoire" presentado al Xo Congreso
Internacional de Derecho Penal, enRevueInternationale de Droit'Penal, 1968, p. 812.

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apoyo material y moral que pueden arrimar familiares y amigos41, para que el juez otorgue con mayor facilidad la liberación condi­cional, negada frecuentemente a los extranjeros en atención a "que su retorno al país de origen para sustraerse a la condenación es más que previsible"42, y de tal suerte para que los extranjeros no sufran, en mayor medida, penas privativas de libertad de cumplimiento efectivo43. Con tal sustentación, el instituto quedó vinculado al principio de humanidad, uno de los tres pilares básicos que' articu­lan la política criminal de un Estado democrático moderno44, cuyo afianzamiento legislativo principia en la década de los años sesen-

ta45.

8. Si bien uno de los dos motivos invocados para sustentar la plasmación normativa del instituto era la mejor readaptación social del condenado, no fue éste, oficialmente mencionado como factor causal, el que en realidad impulsó el primer ensayo de lo interpre­tado inicialmente como "un nuevo tipo de extradición"46, que ac­tuaba "post sentencia" y que a la postre se denominó "transferen-

41 Exposición de Motivos al Proyecto de Convención Interamericana para el
cumplimiento de condenas penales en el extranjero (CJI/Res. 10 1-0/87, aprobada en la
sesión ordinaria celebrada el 3/2/1987), En apoyo de lo señalado en el texto cabe citar
la opinión de la doctrina aseverativa de que el desiderátum de un tratamiento orientado
a la individualidad de cada penado requiere asignar un rol activo a la familia del detenido,
canalizando sus iniciativas y sugerencias, además de crear en ella conciencia de la respon­
sabilidad que le cabe en la recuperación del interno (MOLLARD, Roberto M., "Trata­
miento penitenciario personalizado", en La Ley, t. 1984-C, p. 1052).

42 JESCHECK, Hans-Heinrich, "Rapport Géne'ral Provisoire sur la question des
effets internationaux de la sentence pénale", presentado al Noveno Congreso Interna­
cional de Derecho Penal, en Revue Internationale de Droit Penal, 1963, 1° y 2° tri­
mestres, p. 215, con transcripción de estadísticas demostrativas correspondientes a Ale­
mania Federal. Conf.: Proyecto de Código Penal de ZANARDELLI, que excluía a los
extranjeros del beneficio de la libertad condicional por motivos idénticos a los enuncia­
dos en el texto (Digesto Italiano, t. XIV, p. 775).

43 WILRICX.op. cif.,p.287.

Los restantes son culpabilidad y estado de derecho (JESCHECK,, Tratado . . ., 1.1, pp. 29/36 y 38).



5 BACIGALUPO, Enrique, Derecho penal. Parte general. Hammurabi, Buenos Aires, 1987, pp. 104/106.

Frase pronunciada por Georges Levasseur en ocasión de realizarse la Tercera sesión del Comité' France's de Derecho Internacional Privado (BERLIET, Paul, reseña de esa reunión, realizada en marzo de 1968, en Revue Critique de Droit International Privé, 1969,1.1, pp. 203 y 204).


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