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La suplencia de la queja deficiente en el amparo: un análisis comparativo


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Innumerables han sido las veces en los que el error en la denominación del medio impugnatorio han sido corregidas en aplicación de la suplencia de las deficiencias procesales por los jueces del Poder Judicial.


En particular, en la segunda mitad de la década de los noventa, ello sucedió con la identificación del recurso extraordinario, que se confundía con el recurso de casación, contemplado para acceder al Tribunal de Garantías Constitucionales creado por la Constitución de 1979. Como se ha anotado, en la doctrina mexicana un supuesto semejante no podría ser objeto de suplencia, dado la clara improcedencia del medio impugnatorio promovido.

Un temperamento muy particular, es el que señaló la Sala Penal de Vacaciones de la Corte de Arequipa en los autos “Mario Bolaños Figueroa c/ Tercera Sala Penal de Arequipa” (Reg. N°. 2003-330). Tras expedirse una sentencia desestimatoria en primera instancia, el afectado interpuso su recurso de apelación, obviando precisar las razones por las cuales la interponía. Sorprendentemente, la Sala de Vacaciones indicaría “que la suplencia de las deficiencias procesales a que obliga el artículo 7 de la ley 23.506, no tiene la extensión que permita sustituirse a la parte en la obligación de ésta de fundamentar su recurso impugnativo, precisando el agravio o error que lo motiva”, por lo que declaró insubsistente el concesorio del recurso.




Evidentemente, la suplencia de las deficiencias procesales rechaza cualquier comprensión del principio que, en vez de optimizar un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia constitucional, opta por apelar a un rigorismo y formalismo propio del proceso civil. La suplencia de los agravios de los recursos, que implícitamente se encuentra comprendido en nuestra suplencia de las deficiencias procesales, exigía del juez que analice los agravios ocasionados por la resolución impugnada y no que la rechace, so pretexto de que ello podría constituir una sustitución de la actividad procesal del afectado.

VI. Iura novit curia peruano y la suplencia del error del Juicio de Amparo mexicano


Una interpretación sistemática del ordenamiento procesal permite concluir que dentro de la suplencia de las deficiencias procesales no se encuentra lo que en México se denomina “suplencia del error”, pues, como ha puesto en evidencia Samuel Abad43, entre nosotros sus alcances se encuentran comprendidos bajo el principio iura novit curia, según el cual “los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada” (art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil)44.
No obstante, han sido diversas las oportunidades en las que el Tribunal Constitucional lo ha entendido como parte de la suplencia de las deficiencias procesales. Así, por ejemplo, en los autos “Ananias Becerra Sánchez c/ Municipalidad distrital de José Leonardo Ortíz” (Exp. N°. 0509-2000-AC/TC), el Tribunal sostuvo: “de conformidad con el artículo 7 de la ley 23506..., el juzgador constitucional se encuentra obligado a suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte reclamante, bajo responsabilidad; dicha facultad es conocida por la doctrina como el principio de suplencia de queja. La suplencia de las deficiencias procesales comprende la obligación del juez de subsanar los errores en que pueda incurrir el demandante. En el presente caso, en cuanto a los extremos referidos en el sexto fundamento, éste ha cumplido con fijar la materia de su demanda y, al señalar los fundamentos de derecho, ha incurrido en error que el juez está en la obligación de subsanar por aplicación del principio iura novit curia, incorporado expresamente en el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil...”
Asimismo, al igual de lo que ha sucedido con la suplencia de la queja deficiente, el iura novit curia no siempre ha sido aplicado en el sentido más adecuado. En algunos casos, supuestos típicos de suplencia de la queja fueron considerados como si de la aplicación del iura novit curia se tratara. En otros, pese a la improcedencia del medio de defensa, como la equivocación de la excepción promovida, éstas han sido subsanadas alegándose la aplicación de dicho principio.
Así sucedió, por ejemplo, en los autos “Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo c/ Municipalidad de Chiclayo” (Exp. N. 0945-1999-AC/TC) o en los autos “Cecilia Navas Rondón y otros c/ Credifondo S.A.” (Exp. N°. 1030-1999-AA/TC). En el último de los casos mencionados, sostendría: “Que, sin perjuicio de los fundamentos que preceden, este Tribunal, de conformidad con lo establecido por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en aplicación del principio iura novit curia, respecto del extremo de la contestación de la demanda en que Credifondo S.A. Sociedad Administradora de Fondos Mutuos de Inversión en Valores, trata la excepción de convenio arbitral como una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa; se entiende que el medio de defensa empleado por la demandada antes mencionada es el (de) convenio arbitral”.
Es importante notar que, pese a lo que antes se ha indicado en torno a la incorrecta inserción de este principio dentro de la suplencia de las deficiencias procesales, en estos dos últimos casos, la aplicación indebida del iura novit curia no se hizo a favor de la parte reclamante, como impone el artículo 7 de la ley 23506, sino, precisamente, a favor de las entidades demandadas. Lo que desde luego no es incorrecto, pues la facultad de suplir el derecho objetivo no especificado o el error en su nominación, es un deber que el juez debe realizar con independencia de la posición que tengan las partes en el proceso.
Sin embargo, el caso más interesante de aplicación del iura novit curia en el seno de un proceso constitucional, tal vez lo constituya el realizado por el Tribunal en los autos “Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín c/ Comunicaciones y Servicios S.R.L” (Exp. 0905-2001-AA/TC). En dichos autos, el Tribunal pretendió justificar que los alcances de la aplicación del iura novit curia constitucional no viola el principio de congruencia de las sentencias, “por el hecho de que el juez constitucional se pronuncie por un derecho subjetivo no alegado por la demandante”.
Allí se demandaba, entre otros, la protección de los derechos a la libre contratación y estabilidad en el empleo. No obstante, el Tribunal señalaría que, en realidad, los derechos eventualmente lesionados serían los de credibilidad y buena reputación, “sobre los que el Tribunal se detendrá a analizar” (fun. Jur. N°. 2). Según el Tribunal Constitucional, “una de las particularidades de la aplicación del principio iura novit curia ... es que la obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo involucra, simultáneamente, la correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel. Y ello es así, pues sucede que el derecho subjetivo constitucional está, a su vez, reconocido en una norma constitucional, norma ésta, como la del inciso 7) del artículo 2° de la Constitución, que es indisponible para el juez constitucional y que, en consecuencia, aunque no haya sido invocada, debe aplicarse.”
No cabe duda que un pronunciamiento de esa naturaleza, suponía prima facie una lesión del tradicional modo de comprender al principio de congruencia que, como anota Francisco Esquiaga45, “exige que se contesten tanto el petitum (lo que se pide), como la causa petendi (los fundamentos factuales y jurídicos que sustentan lo que se pide)”.
La cuestión, por cierto, no ha sido un tema que haya pasado por desapercibido a la doctrina procesal constitucional más importante. Para algunos, como Constantino Mortati, “el principio iura novit curia, que en los otros procesos importa la atribución al juez de un poder ilimitado en la individualización de las normas por aplicar a los hechos deducidos por las partes, no es invocable en los procesos constitucionales, dado que en estos tal individualización constituye la causa petendi de la acción46”.
Para otros, en cambio, el error en la indicación de la disposición constitucional lesionada no podría ser corregida por el juez, pues, la alegación de que tal disposición ha sido lesionada constituye el “hecho constitutivo de la res in iudicio deducta, que funda en concreto el ámbito de la competencia decisoria de la Corte”47.
Y es que si suele normalmente admitirse que los jueces constitucionales y, en particular, el Tribunal Constitucional, gozan de libertad plena para interpretar las disposiciones constitucionales, no puede perderse de vista que, en los procesos constitucionales, cuando se afirma que un acto o una norma afectan determinados derechos fundamentales reconocidos en otras tantas disposiciones de la misma naturaleza, el hecho antijurídico, sobre cuya legitimidad está llamado a juzgar el juez del amparo o del habeas corpus, consiste precisamente en la violación de esa disposición constitucional por obra de un acto o una disposición de ley. De manera que ella se presenta como la causa petendi de la pretensión, sobre el cual, naturalmente, el iura novit curia no podría incidir. Y es que si el iura novit curia faculta a los jueces suplir el derecho que las partes invocan erróneamente, ello no justifica que esos mismos jueces puedan introducir en el debate, ex officio, pretensiones no articuladas ni debatidas.
Sin duda, una expresión de esa correcta aplicación del iura novit curia –si alterar el contradictorio- es el que realizó el Tribunal Constitucional cuando, por ejemplo, se le solicitaba la tutela del derecho reconocido en artículo 2, inc. 23, de la Constitución (derecho a la “legítima defensa”), no obstante que en los “fundamentos de hecho” se expresaba que el acto reclamado lo agraviaba pues lo había dejado en estado de indefensión. Evidentemente, tal pretensión no era garantizada por el derecho nominalmente invocado, sino por el de defensa, garantizado en otro precepto constitucional, como el art. 139, inc. 3 que el Tribunal Constitucional aplicó.
Sin embargo, ha habido casos donde se alteró el contradictorio. Ello ocurrió, por ejemplo en el “Caso Encuesta a boca de urna” (STC recaída en el Exp. N°. 001-2001-AI/TC), si bien en un proceso de inconstitucionalidad de leyes. Allí se planteó la inconstitucionalidad del artículo 181 de la Ley Orgánica Electoral, en el entendido que ella había introducido una limitación a la difusión de las encuestas a boca de urna. Pues bien, una vez realizado el debate entre ambas partes, que versó sobre si era razonable o no que se haya limitado la difusión de tales encuestas, cuando el Tribunal tenía que resolver, advirtió que del dispositivo impugnado no se derivaba aquel tema, sino una limitación a la difusión de otro tipo de encuesta, la denominada “encuestas basadas en el muestreo de actas electorales”, sobre los cuales finalmente se pronunció, pese a que sobre el tema no había girado el contradictorio en el proceso.
Ciertamente, nada de lo hasta ahora dicho debe llevar a suponer que el principio en referencia no sea aplicable a los procesos constitucionales y, en especial, a los de tutela de los derechos fundamentales. Sin embargo, creemos que cuando éste deba ser aplicado, su aplicación no debe disponer de los motivos de impugnación. Como dice Pizzorusso48, si se considera la aplicación del iura novit curia con referencia al proceso constitucional, no debe perderse de vista que, en cierto sentido al menos, ´derecho´ aquí es también la disposición o norma constitucional que funge con el rango de parámetro y, por ello, el principio de congruencia exige una aplicación del iura novit curia con las “limitaciones inherentes a la referencia de la impugnación sobre los ´motivos´”49.
Precisamente por ello, en algunos ordenamientos, se han introducido reglas bastantes precisas para evitar una alteración tan dramática del contradictorio. Es ese el caso, por ejemplo, del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español, que autoriza al Tribunal apartarse de la calificación jurídica de los recurrentes, pero estableciendo un procedimiento previo, que deje a salvo la garantía del contradictorio.50. Señala dicho artículo 84 de la LOTC que “El Tribunal, en cualquier tiempo anterior a la decisión, podrá comunicar a los comparecidos en el proceso constitucional la eventual existencia de otros motivos distintos de los alegados, con relevancia para acordar lo precedente, sobre la admisión o inadmisión y, en su caso, sobre la estimación o desestimación de la pretensión constitucional”
VII. Hacia una re-definición de los alcances de la suplencia de las deficiencias procesales
Todos los problemas que se han podido detectar en la aplicación de la suplencia de las deficiencias procesales, tal vez obedezcan al tratamiento desvinculado de la Teoría General del Proceso que se ha hecho del principio. Pero también obedece a la exacerbación de la idea que el proceso constitucional es esencialmente un instrumento de actuación de los valores constitucionales, de modo que sus reglas sólo vinculan al juez constitucional, en la medida que ellas no se opongan a la completa actuación de aquellos. Tal concepción, ciertamente, reduce las reglas del proceso constitucional a un mero procedimiento y recuerda lo que en sus años de gestación sucedía con otras ramas procesales.

Sucede, sin embargo, que detrás de las reglas del proceso constitucional se encuentra, como ocurre en cualquier disciplina procesal, ciertas garantías de los sujetos que participan en él. Y es que, como anotaba Inhering, “aunque la libertad, por dar el más libre vuelo a la voluntad, y la forma, por reducirla desde el punto de vista formal, parecen contradictorias, están, sin embargo, en dependencia mutua y reacción oculta (...) El pleno auge de la idea de libertad coincide con el reinado tiránico de la forma (...). Enemiga de la arbitrariedad, la forma es hermana gemela de la libertad"51.
Por otro lado, no se puede dejar de considerar, además, que en el respeto de las reglas procesales se esconde también la propia condición de órgano jurisdiccional del juez de los derechos fundamentales así como la legitimidad de su actuación. Como se ha indicado, “La predeterminación y el respeto de las reglas procesales, suficientemente articuladas y precisas (...) en un Estado de Derecho, parece ser un aspecto, en cierto sentido, incluso más importante que los preceptos, por así decirlo, sustanciales”52, porque en ellas subyace una serie de garantías y derechos constitucionales de las partes y, además, porque ellas “limitan y legitiman la actividad de los jueces constitucionales”53.
Tales observaciones, desde luego, tampoco deben constituir un cómodo pretexto para auspiciar el formalismo o para promoverlo. Y es que la existencia de principios, como el de la suplencia de las deficiencias procesales en la regulación de los procesos constitucionales, constituyen una importante vía para alertar que, en el Estado Constitucional de Derecho, el proceso y sus instituciones no se justifican por sí mismos, sino en la consecución y protección de unos principios y derechos que lo trascienden.
Es precisamente desde estas últimas coordenadas, donde debe realizarse una reelectura del principio de la suplencia de las deficiencias procesales. Un principio que, como se desprende de su propio objeto (la suplencia de las deficiencias procesales), debe entenderse, en sentido estricto, como suplencia de los “actos procesales”.
Desde esta perspectiva, el principio de suplencia de las deficiencias procesales se encontraría estrictamente vinculado a la facultad del juez de suplir los “actos procesales” irregulares que se puedan realizar dentro del proceso constitucional. No, desde luego, de cualquier clase de actos. El artículo 7 de la ley 23506 implícitamente distingue, en razón de las personas o sujetos que los realizan, esto es, basado en un criterio subjetivo, entre actos procesales de las partes y actos procesales del juez. Y, entre los primeros, a los actos de la “parte reclamante” de aquellos que pueda practicar quien funge de demandado. Ciertamente, la obligación judicial de subsanar los actos procesales irregulares sólo alcanza a los practicados por la parte reclamante.
De otro lado, el artículo 7 de la ley 23506 no distingue qué clase de actos procesales son pasibles de ser subsanados por el juez. En ese sentido, siguiendo un criterio aceptado en el derecho procesal, creemos que esos actos susceptibles de ser subsanados por el juez comprende a los de iniciación, desarrollo y conclusión del proceso.
Asimismo, la facultad de suplir los defectos de los actos procesales recae sobre lo que la doctrina procesal denomina presupuestos, requisitos o condiciones que la ley les impone para que éstos puedan adquirir eficacia. Sobre el particular, debe decirse que la ley 23506 no contiene una disposición general que regule la forma y el modo de dichos actos procesales. Sin embargo, lo hace en relación con algunos de ellos (v. gr. con la demanda de habeas corpus en el artículo 13 de la ley 23506); y ha previsto, cuando así no lo hubiese hecho, que son de aplicación supletoria las reglas del Código Procesal Civil y la del Código de Procedimientos Penales (artículo 33 de la ley 25398).

De ahí que pueda señalarse que la facultad de suplir las deficiencias procesales, en concreto, se dirija a subsanar, cuando fuera posible, los vicios en que incurran los actos procesales practicados por el quejoso, esto es, aquellos donde se evidencia “la ausencia de algunos requisitos, condiciones y presupuestos que se exigen para su realización”54, naturalmente siempre que con ellos no se afecten principios y derechos constitucionales de la otra parte en el proceso.
Ese fue el sentido y el contexto en el que se dictó la Ley 23506. Esto es, la existencia de una cultura en el que la nulidad de un acto procesal no obedecía al propósito de proteger un interés constitucionalmente relevante, sino siempre a favor de la ley55. Es decir, durante la vigencia de normas procesales, como las del Código de Procedimientos Civiles de 1912, en las que se había consagrado, como dice Binder56, la “ideología del ritualismo” o, lo que es lo mismo, el empleo “de la forma como un modo de asignación de legitimidad del proceso”, en el que primaba una defensa hueca de las formas y donde, por tanto, se había dotado de personería jurídica a la llamada “nulidad por la nulidad misma”.
El principio de suplencia de las deficiencias procesales pretende, precisamente, que la cultura de la defensa del ritual sea dejada de lado y, en sustitución de ella, se consolide la del “juez de los derechos fundamentales”; esto es, que por encima de las formas, se dispense una tutela efectiva y eficaz de los derechos constitucionales.

Ahora bien, que el principio haya tenido como telos proteger al agraviado de la ideología del ritualismo y, por tanto, de los efectos de su instrumentalización por el agresor (pero también del mismo juez), hoy no resulta errado afirmar que su utilización, a su vez, ha de efectuarse en la medida que con ella no se lesionen los derechos constitucionales de orden procesal de la otra parte.


De ahí que, a efectos de determinar qué actos procesales pueden ser objeto de la suplencia, no sea inútil distinguir los actos procesales viciados en actos defectuosos, actos inválidos y actos nulos. Los primeros son aquellos que se realizan sin que concurran todos los presupuestos, requisitos y condiciones que determinan su admisibilidad, pero que no generan afectación de principios o de derechos procesales constitucionales de relevancia y, por ese hecho, son inocuos. Los actos inválidos, por su parte, son aquellos que si bien no se han producido con los requisitos y condiciones que la ley prevé, y pese a haber afectado derechos y principios constitucionales, sin embargo, pueden ser reparados o subsanados, por sí mismas o eventualmente por medio de la intervención del Juez57. Y, finalmente, los actos nulos son aquellos que no pueden ser reparados por haber comprometido seriamente derechos constitucionales de las partes o principios constitucionales del proceso.
Desde esta perspectiva, la suplencia de las deficiencias procesales de la parte reclamante obligaría al juez a desplegar su actividad sanatoria básicamente sobre los denominados actos inválidos, evitando que éstos puedan terminar constituyéndose en actos nulos. Y no comprendería a los actos defectuosos, pues la inocuidad de la irregularidad no sólo no puede distraer al juez sobre la finalidad que tiene el proceso, sino tampoco lo obliga a suplirlo, precisamente en razón de su intrascendencia. Tampoco sobre los actos nulos que, en dicha lógica, no pueden ser suplidos toda vez que se encuentran en franca oposición a los derechos constitucionales de la otra parte o lesiona principios fundamentales que informan al proceso58.
VII. El principio de congruencia y los procesos constitucionales
Finalmente, si la aplicación del iura novit curia en los procesos constitucionales genera intensos debates, no menos problemática son, como se ha visto, los efectos de la aplicación del principio de suplencia de las deficiencias procesales en el esquema y con los alcances de la suplencia de la queja deficiente mexicana, pues, como se anticipara, aquella constituye una excepción al principio de congruencia de las sentencias. Y es que la suplencia de la queja permite al Juez disponer sobre los términos de la pretensión, el acto que causa agravio, así como de los fundamentos mismos de la lesión del derecho constitucional. Y si en México ello se ha aceptado, pese a considerarse atentatorio al principio de estricto derecho, y aún al derecho de defensa, es porque la suplencia de la queja allí se encuentra constitucionalizada. Evidentemente, ese no es el caso del amparo peruano ni de ningún otro proceso constitucional, en los que la suplencia de las deficiencias procesales sólo se ha recepcionado en el plano legal.
Como se ha dicho, el artículo 7 de la Ley 23506 sólo autoriza a los jueces a remover las deficiencias de orden procesal que en el desarrollo del proceso se pueda advertir, pero no a modificar el petitorio de la demanda. Como se sabe, una de las garantías naturales en el ejercicio de la labor jurisdiccional, a parte de que los procesos no puedan nunca iniciarse ex officio, sino siempre a instancia de parte interesada; es que también las sentencias (constitucionales) deban ser congruentes, “esto es, ...mantener y respetar la más estricta correspondencia entre ‘demanda’ y ‘pronunciamiento’, entre lo que se solicita y aquello que se resuelve...no fallando ni ultra petitum, o más allá de lo pedido, ni extra petitum o cosa distinta de lo pedido, ni con otro apoyo que no sea el de la causa petendi, es decir, el de aquellos fundamentos en los que la demanda basó su solicitud”59.
No precisamente se observa el principio de congruencia, si el Juez, so pretexto de tener un activo protagonismo en la defensa de los derechos constitucionales, puede disponer del petitorio de la demanda, los fundamentos fácticos en que basó el actor su pretensión, o tal vez traer al proceso un acto no impugnado por el demandante.
El problema no sólo es que se trata de una incorrecta interpretación del artículo 7 de la ley 23506, pues junto a ella se anexa un tópico que desde una perspectiva constitucional-procesal es de muy difícil solución: la contradicción del principio de la suplencia de la queja con otros derechos constitucionales, como la defensa e, incluso, el derecho a la imparcialidad del juez60.
Como antes se ha dicho, si en México, la suplencia de la queja, no obstante encontrarse en franca contradicción con el principio de congruencia, ha sido aceptada y aún justificada por la totalidad de la doctrina, es porque se encuentra incorporado expresamente en la Constitución Federal (art. 107, Fracción II). Ello no precisamente sucede en el caso peruano, donde ni se encuentra en la Constitución, y aún cuando pueda incorporarse en la legislación procesal constitucional, unos alcances así del principio no parecen compadecerse con el derecho al debido proceso del emplazado. Y es que no puede perderse de vista que aún los procesos constitucionales, son procesos en los que si bien no existen “partes” en el sentido procesal del término, esto es, como defensores de intereses subjetivos, sí actúan como defensores de intereses legítimos. “Una desviación sustancial entre la sentencia y los términos en que el (petitorio) se ha planteado, supone una completa modificación de los términos del debate procesal, que lesiona al derecho a la tutela judicial efectiva por indefensión...”61. Vicente Gimeno Sendra lo ha dicho así: “En el proceso moderno, la evidencia, presupuesto ineludible de la sentencia, no puede surgir sino del contradictorio, del choque dialéctico entre la pretensión y su antitético pensamiento, esto es, la defensa. La vigencia, pues, del principio constitucional de contradicción resulta ser consustancial a la idea misma de proceso, y sería, por tanto, atentatorio a la misión de...(los jueces constitucionales), de protección de los derechos fundamentales, que dicho(s)...(jueces) garantizaran la aplicación de tales principios constitucionales en los procesos ante los tribunales ordinarios, y que, por el contrario, (ellos) mismos no los observara(n) en la tramitación de sus distintos procedimientos constitucionales”.62
Por ello, es que, salvo el caso de México, la formulación del principio de suplencia de la queja no ha sido recogida con los alcances que se le han dado entre nosotros, no ya en procesos cuya finalidad es resolver controversias que se amparan en la legalidad ordinaria, sino aún para el caso de los procesos constitucionales que tienen por finalidad proteger derechos fundamentales. Al contrario, intentos de esta naturaleza, han sido duramente cuestionados. Luis María Diez-Picazo, por ejemplo, ha destacado la existencia de una filosofía subyacente a intentos como éste, ciertamente incompatibles con el sistema de valores de las democracias constitucionales: “El proceso, aún el constitucional, con todas sus notas peculiares, sólo pueden iniciarse por iniciativa de parte, y en función del petitorio que propongan en su pretensión (demanda). A los jueces constitucionales no les corresponde decidir cómo deberían plantear los demandantes su pretensión, sino tutelarlos o no, pronunciándose sobre los términos de la
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