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La suplencia de la queja deficiente en el amparo: un análisis comparativo


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Durante el lapso de funcionamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales fueron pocas las veces en las que se tuvo la ocasión de señalar los alcances del artículo 7 de la Ley N°. 23506. Probablemente el debate más relevante con relación al tema, fue el que se presentó en los autos “Saturnino Retuerto Susanibar c/ Segundo Juzgado de Tierras de Lima”35. No tanto por lo que el Tribunal en cuanto órgano resolviera, sino por el interesante debate que se suscitó entre sus magistrados.

Así, por ejemplo, para el Magistrado Nicanor Silva Salgado, a través del art. 7 de la Ley N°. 23506 se habría “innovado” nuestro ordenamiento procesal, en la medida que dicha disposición obligaría a los jueces “legalmente a la aplicación del principio de investigación judicial”. Según dicho principio, “el juez no queda(ría) ligado a las partes, sino, por lo contrario, autoriza(ría) para hacer lo que ellas no han querido o no han sabido proponer”. No obstante asignarle tales alcances, al fundamentarla, sostendría que ésta se sustenta “en los viejos principios jurídicos iura novit curia y damihi factum, dado tibi ius”. Es decir, según Silva Salgado, el principio de suplencia de las deficiencias procesales comprendería a la suplencia de la queja, y ambos, a su vez, representarían una concretización del iura novit curia36.


Distinta sería la opinión de los Magistrados Rodríguez Domínguez y Aguirre Roca, para quienes la suplencia de las deficiencias procesales sería equivalente a la suplencia de la queja prevista en el derecho mexicano. Y comprendería incluso el error procesal de “presentar una demanda ante órgano incompetente”, siempre que éste se practique en “beneficio del reclamante” y nunca en su perjuicio.
De percepción distinta fue el Magistrado Osores Villacorta. A su juicio, la interposición de la demanda ante un juez incompetente, no puede ser subsanada por el juez “aplicando el artículo 7 de la ley 23.506, porque no se trataba de suplir simples deficiencias procesales sino de encarrilar la acción desde su inicio según sus debidos trámites”. Y es que, como antes se ha dicho, una condición para que pueda operativizarse el principio es, como lo ha sostenido el Tribunal Supremo mexicano, que “se haya intentado la acción procedente, de acuerdo con los preceptos legales aplicables”.
b). Tribunal Constitucional
Similares problemas se ha podido advertir en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Desde el inicio de sus actividades, en efecto, el Supremo Tribunal no ha sido muy preciso en esclarecer el sentido de esta noble institución. Así, por ejemplo, en los autos “Eduardo Leturia Romero c/ Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” (Exp. N°. 234-1995-AA-TC), un típico supuesto de suplencia de la queja terminó analogándose al iura novit curia, no sin antes indicarse que este último principio estaba regulado por el art. 7 de la ley 23.506 y el art. 9 de la Ley 25.398.
Sostuvo el Tribunal “que es potestad de este Colegiado aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, como sucede en el presente caso en que el demandante, al interponer su demanda de amparo, invoca inadvertidamente la inconstitucionalidad del Decreto Ley N° 25.446, debiendo entenderse como la inaplicabilidad de la misma al caso específico del actor, (...) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 23.506 y el artículo 9 de la ley 25.398, concordantes con el principio consagrado en el artículo 7 del Título Preliminar del Código Procesal Civil y el artículo 184, inciso segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial”37.
Evidentemente, no se trataba de una omisión o error en la denominación de la norma jurídica aplicable. Tampoco se trataba de una supuesta corrección de la pretensión pues la “inaplicación” que el Tribunal sostiene como su deber corregir sólo puede efectuarse una vez advertida la inconstitucionalidad de la norma, a partir de un análisis de compatibilidad entre 2 normas de distinta jerarquía 38.
En ciertas ocasiones el Tribunal Constitucional ha dejado entrever que la suplencia de las deficiencias procesales comprendería a la queja deficiente. Ello es posible advertirse en los autos “Helio Belleza Bullón c/ Victoriano Nuñez Medina y otro” (Exp. N°. 051-2001-HC/TC). En tal caso, el Tribunal Constitucional advertiría que, pese a tratarse de un proceso de hábeas corpus, no se había acreditado la lesión del derecho a la libertad individual, como se había sostenido. No obstante, entiende que “de los hechos expuestos en la demanda y el escrito ampliatorio del accionante, se infiere que existiría en dicho contexto un presunto acto lesivo del derecho de propiedad, cuya tutela no puede ser obviada por el juez constitucional, aún cuando el accionante no haya planteado su demanda en esos términos o los haya planteado o percibido de manera deficiente”.
A juicio del Tribunal, el juez tiene “el deber de examinar todos y cada uno de los actos que eventualmente resulten lesivos de los derechos constitucionales del accionante, si del contexto de hechos expuestos y acreditados por él se infiere fehacientemente la existencia objetiva y concreta de los mismos” (Fund. Jur. N°. 4). Advierte el Tribunal que este deber del juez del amparo se deriva del principio de “suplencia de la queja deficiente”, mismo que subyace al principio de suplencia de las deficiencias procesales, si bien entre ambos no hay identificación plena. Es decir, para el Tribunal la suplencia de las deficiencias procesales comprendería a la suplencia de la queja deficiente.
No obstante, más adelante, al justificar su criterio, señalaría que “la vigencia de este principio en nuestro ordenamiento se sustenta, además, en el preeminente valor de los derechos cuya tutela se pretende y por cuanto el principio pro actione impone que el juez constitucional, en lugar de optar por alternativas que supongan el estrechamiento del derecho de acceso a la justicia, máxime a la justicia constitucional, debe acoger aquellas que impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del mismo”.
Si bien, como antes se ha expuesto, la suplencia de la queja se ha justificado, entre otras cosas, por la dimensión objetiva de los derechos constitucionales39, no se puede decir que éste se encuentre relacionado o pueda ser legitimado bajo los alcances del principio pro actione. Este último constituye un principio que modula los alcances de las restricciones o limitaciones de los que pueda ser objeto el derecho de acceso a la justicia, mientras que la suplencia de la queja deficiente es un principio que se ha vinculado como circunscrito sólo a las sentencias de amparo.
Una identificación similar entre la suplencia de las deficiencias procesales y la queja deficiente es posible advertir en los autos “Abel Cabrera Melo c/ 54 Juzgado Civil de Lima” (Exp. N°. 1120-2002-HC/TC) y en “Magaly García Zamora c/ Hospital de Apoyo Chepén y otros” (Exp. 933-2000-AA/TC). Pero a diferencia de los anteriores, en este último el Tribunal intenta fijar los alcances de la suplencia de las deficiencias procesales: “la deficiencia procesal a la que alude el precitado artículo 7° -señala el Tribunal- puede comprender, cabalmente, un error relativo a un presupuesto procesal como es el que respecta a la competencia y, en tal sentido, susceptible de ser oportunamente enmendado. El mencionado principio de nuestro derecho procesal constitucional impone el deber que tiene el juez de enmendar las omisiones o las deficiencias en las que, eventualmente, haya incurrido el demandante, ello con el propósito de que se pueda facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional, dado que, además, el principio pro actione impone que el juez, en lugar de optar por alternativas que supongan el estrechamiento del derecho de acceso a la justicia, máxime a la justicia constitucional, como sería la de declarar improcedente una demanda por un error del recurrente respecto a la competencia territorial, deba acoger aquellas que impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del derecho referido. Autoriza o refuerza esta interpretación el hecho de que, como proyección aplicativa del mismo principio, el artículo 9 de la ley 25398 imponga al juez el deber de remitir al competente cuando se haya incurrido en un error de denominación de la acción de garantía” (Fund. Jur. N°. 2).
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