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La suplencia de la queja deficiente en el amparo: un análisis comparativo


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Según Burgoa, “el concepto ´queja´ ... equivale al de demanda de amparo, de donde se colige ... que ´suplir la deficiencia de la queja´ entraña ´suplir la deficiencia de la demanda de garantías´”18. Tal suplencia, a juicio de Burgoa, “puede ser deficiente... por omisión (falta o carencia) o por imperfección, de donde se infiere que suplir su deficiencia significa colmar las omisiones en que haya incurrido o perfeccionarla, esto es, completarla”.

Precisamente en función de aquellas características, la institución se ha mantenido por más de ocho décadas, y antes de ser restringida, ha venido ampliándose en sus alcances. En efecto, en todos estos años, la suplencia de la queja deficiente ha sufrido diversas reformas, que finalmente han concluido en albergar en su seno a 3 sub-principios: la suplencia del error, la suplencia de queja deficiente, en sentido estricto, y la suplencia de los agravios formulados en los recursos, como enseguida veremos.


a) Suplencia del error
El primero de los sub-principios, más antiguo incluso que el de la suplencia de la deficiencia de la queja, es el que se conoce en la doctrina mexicana como la “suplencia del error”.
Este fue regulado por primera vez en el artículo 42 de la Ley de 1882 y luego fue reproducido en el artículo 824 del Código Federal de Procedimientos Civiles mexicano de 1897, que “reprodujo la facultad de la suplencia del error de la garantía invocada por el quejoso, otorgando el amparo por la que realmente apareciera violada, pero agregándose expresamente que ´sin cambiar el hecho expuesto en la demanda en ningún caso, ni alterar el concepto del segundo párrafo del artículo 780´; precepto este último en que se prescribía la obligación del quejoso de expresar la fracción que de acuerdo con el diverso artículo 745 le servía de fundamento a su queja”19.
Y aunque hoy carezca de sustento constitucional, pues el artículo 107 de la Constitución de 1917 sólo alude a la suplencia de la queja, la doctrina es unánime en señalar que se trata de un sub-principio que forma parte de aquél.
La suplencia del error consiste en la facultad-deber del Juez del Amparo para corregir los errores u equivocaciones en los que el reclamante incurra en todos aquellos casos en los que haya efectuado una equívoca identificación del derecho constitucional violado (“garantía”, como se denomina en México), o bien del precepto constitucional que lo contenga, sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda.
Según el Tribunal Supremo Federal, la suplencia del error, previsto en el art. 79 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, “que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908”, opera en beneficio de cualquiera de los sujetos procesales del amparo y “su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente de los argumentos lógicos jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador –como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto (Tesis N°. 49/1996).
b) Suplencia de la queja deficiente
Al lado de la “suplencia del error”, se encuentra lo que denomina la doctrina mexicana “suplencia de la queja deficiente en sentido estricto”, que significa, a juicio de Burgoa20, la obligación del Juez de “no ceñirse a los conceptos de violación expuestos en la demanda de Amparo, sino que, para conceder al quejoso la protección federal, el órgano de control puede hacer valer oficiosamente cualquier aspecto inconstitucional de los actos reclamados.”
Se trata de una facultad que se otorga a los órganos jurisdiccionales competentes para examinar en su conjunto los agravios y conceptos de violación, de modo tal que, “a pesar de que el quejoso, en su demanda, no haya planteado o reclamado una cierta violación constitucional; sin importar que esa violación no se haya considerado e incluido en la litis del proceso; no obstante que el quejoso no lo haya mencionado en sus alegatos; el tribunal de amparo al momento de sentenciar –de plano y sin forma de sustanciación-, podrá o deberá, según sea el caso, suplir ese defecto o deficiencia de la queja, otorgando la protección constitucional por una razón o por un hecho que nunca se conoció y examinó en el proceso”21.
En este sentido, las principales características del principio son:

a) Constituye una excepción al principio de congruencia de las sentencias, pues el Juez del Amparo se encuentra autorizado para expedir un pronunciamiento más allá de los términos en los que se haya planteado la demanda.



b) Es una atribución que el juez debe realizar de manera obligatoria, si bien originalmente se la concibió sólo como facultativa.


c) Se trata de un principio procesal de carácter proteccionista, es decir, cuya aplicación sólo debe realizarse a favor del agraviado y nunca en su contra.


d) Es de carácter antiformalista, pues mediante su aplicación, el juez del Amparo está en la obligación de dispensarle tutela a los derechos constitucionales más allá de los requerimientos formales que imponen las reglas del proceso.
El Tribunal Supremo Federal mexicano, en diversas ejecutorias, ha tratado de delimitar sus alcances así como fijar la oportunidad de su aplicación. Así, por ejemplo, en la Tesis N°. XLI/1994, sostuvo que la aplicación de la suplencia de la queja “operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del reo, pero ello debe entenderse en el sentido de que para que tal suplencia se produzca, es necesario que se haya intentado la acción o recurso procedente. Esto es, en materia penal la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llevarse hasta el extremo de cambiar la litis planteada, ya que en el juicio de amparo impera el principio de instancia de parte, lo que significa que a ésta corresponde elegir e intentar, dentro de los recursos previstos en la ley, el que sea procedente”22.
De similar criterio es la doctrina, la que es unánime en reconocer que la suplencia de la queja procede siempre que no esté afectada por alguna causal de improcedencia. “Dicho de otra manera, en un amparo improcedente no se puede cumplir la obligación de suplencia por el órgano de control, pues sólo es susceptible de desempeñarse en cuanto a la cuestión constitucional planteada. (...) La suplencia obligatoria no autoriza al juzgador del amparo para salvar ninguna causa de improcedencia”23. Y es que si la vía escogida es improcedente, el juez no tiene la competencia para analizar la demanda o el recurso que se haya interpuesto.
Por otro lado, el Alto Tribunal mexicano ha señalado que no cabe aplicar dicho principio en beneficio del demandado: “De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo se advierte que, en ningún caso, el órgano de control constitucional (...) tiene la obligación o inclusive la potestad para suplir los agravios que se hagan valer en el mismo, pues en la Fracción VI del referido precepto se limita el ámbito de aplicación de la suplencia de los agravios, exclusivamente, al caso en que sea un particular el que interpone el recurso”. Y es que “la autoridad responsable no puede colocarse en ninguna de las hipótesis de hecho que dan lugar a la referida suplencia" (Tesis N°. CXLVII/2000).
Asimismo, el Tribunal Supremo ha señalado que la suplencia de la deficiencia de la queja se aparta del principio de estricto derecho (que en México es la denominación que se le da al principio de congruencia de las sentencias), permitiendo al juzgador llegar, “válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso” (Tesis N°. 49/1996).
Por supuesto que estos alcances de la “suplencia de la queja”, que sólo deja a la iniciativa del particular el inicio del proceso, pero no su desarrollo e inclusive el resultado (aunque se encuentre limitado por el hecho de que necesariamente tenga que favorecer al reclamante), no es un tema pacífico, pues su aplicación puede comprometer, y muy sensiblemente, al principio de congruencia de las sentencias, el derecho de defensa así como el derecho al juez imparcial24.

c) Suplencia de los agravios formulados en los recursos
Durante muchos años, los alcances del principio de la suplencia de la queja sólo comprendía a ésta, en su sentido estricto, y a la denominada suplencia del error. Sin embargo, con la reforma de 1986 a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplió su ámbito.

Dicho artículo 76 bis de la Ley Reglamentaria establece que “Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán de suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos (revisión, queja y reclamación) que esta ley establece”


Con el objeto de diferenciarla de la suplencia del error y de la suplencia de la queja en sentido estricto, la doctrina la ha denominado “suplencia de los agravios formulados en los recursos”. Según Alfonso Noriega25, esta modalidad de suplencia participa de las mismas características de la suplencia de la queja deficiente, esto es, se trata: a) de un instituto procesal de carácter proteccionista y antiformalista; y, b) tiene carácter obligatorio.
Sin embargo, a diferencia de aquélla, que “refleja una verdadera excepción al principio general de estricto derecho” y, por tanto, se realiza cuando el Juez del Amparo expide sentencia sobre el fondo de la controversia; el principio de “suplencia de los agravios formulados en los recursos” permite al Juez suplir los errores en los agravios en los que haya incurrido la parte reclamante al momento de interponer los diversos medios impugnatorios que se han previsto en el Juicio de Amparo.
De ahí que en un intento de diferenciarla de la suplencia de la queja en sentido estricto, se haya sostenido que mientras esta última “se trata de una institución jurídico procesal que rige la conducta del juzgador al momento de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado” y, por ello, que se trata de un “principio de las sentencias de amparo”26; la “suplencia en los agravios formulados en los recursos” funciona cuando “el tribunal de amparo resuelve algún recurso interpuesto por la parte que tenga carácter de quejoso” 27 (que es la expresión con que suele aludirse al “demandante” en el derecho mexicano).
De acuerdo con Ignacio Burgoa, la suplencia no incide en los recursos, sino en los agravios que ellos puedan anidar, y tiene la finalidad de revocar la resolución que se impugna. De ahí que no resulte viable que el juez supla los agravios del medio impugnatorio cuando el que se haya interpuesto sea improcedente o haya sido formulado extemporáneamente28.
Por otro lado, debe nuevamente recordarse que, en atención a que se trata de un principio de carácter protector, el principio no opera para suplir las deficiencias en las que pueda incurrir el demandado (autoridad responsable29) o el Ministerio Público, sino sólo a favor del “quejoso” o del tercero perjudicado con el acto que se cuestiona.
IV. La suplencia de las deficiencias procesales en el artículo 7 de la Ley N°. 23.506
En el Perú, un símil del principio mexicano, se ha creído que se encuentra regulado en el artículo 7 de la Ley N°. 23506, a tenor del cual “El Juez deberá de suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte reclamante, bajo responsabilidad. Igualmente dará preferencia en la tramitación a las acciones de garantía”.
Se trata de un principio cuya aplicación, al igual de lo que sucede en México, sólo puede realizarse en favor del afectado e, incluso, de un tercero que resultó perjudicado con el acto reclamado. No se extiende tal suplencia, como es evidente, al caso del demandado, ya que el artículo 7 de la Ley N°. 23506 sólo alude a la facultad de suplir las deficiencias procesales “en que incurra la parte reclamante”.
Asimismo, como también actualmente sucede en el país azteca, se trata de una atribución que debe realizarla el juez con carácter obligatorio y no de modo facultativo.
Derivado de la generalidad de la expresión “suplir las deficiencias procesales”, se discute en la doctrina si a través de dicho principio el legislador introdujo la institución de la “suplencia de la queja deficiente” en los mismos términos del que existe en el Juicio de Amparo mexicano.
Para unos, como Alberto Borea, nuestra “suplencia de las deficiencias procesales” no comprendería la posibilidad de que “el juez decida qué es lo que tiene que fallar”, ya que de ser así violaría el derecho constitucional de defensa del emplazado.30 Una perspectiva similar, en el sentido que la suplencia de las deficiencias procesales no autoriza a que el Juez altere los términos de la demanda (pretensión, causa petendi), se sostuvo, a su vez, en la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley que sirvió de base a la Ley N°. 23506. La intención del legislador de entonces fue evitar que el apego al formalismo ritual de nuestros jueces, derivado de una ideología en exceso privatística del proceso y la existencia de una legislación procesal anticuada, se utilizara como pretexto para evitar pronunciarse sobre el fondo de la controversia, no obstante tratarse de deficiencias que podían ser subsanadas dentro del mismo proceso31.
Sin embargo, también hay quienes, como Samuel Abad32, entienden que la suplencia de las deficiencias procesales, además de otros supuestos, comprende la suplencia de la queja deficiente mexicana en sentido estricto. A su juicio, si bien el amparo está sujeto al principio dispositivo, aquél está matizado por la presencia de la suplencia de la queja, que “brinda una activa participación al juzgador, quien de percatarse que la demanda es deficiente deberá de enmendar el error sin hallarse limitado a lo expresamente indicado por el actor”. Desde esa perspectiva, el juez del amparo peruano, al momento de sentenciar, no sólo estaría en capacidad de desvincularse de los agravios expresados por el recurrente, sino, incluso, para alterar la pretensión en todos aquellos casos en los que advierta un error o una omisión en el petitium, a fin de brindarle una protección eficaz a los derechos constitucionales que pudieran haber sido lesionados.
Como se verá más adelante, a nivel jurisprudencial incluso se ha comprendido supuestos no contemplados por la suplencia de queja mexicana. Por ejemplo, la subsanación de casos de manifiesta improcedencia (v. gr. la corrección del error en la interposición de los diversos medios impugnatorios) o la facultad de examinar una demanda promovida en un proceso que no corresponde (v. gr. la tutela de la libertad individual en un amparo).
Este último temperamento, en cierta forma, se ha justificado en el artículo 9 de la Ley N°. 25398, complementaria de la Ley N°. 23506. De acuerdo con dicho precepto, si el actor incurre en error al nominar la garantía constitucional que quiere ejercer (Habeas Corpus, Acción de Amparo, Habeas Data o la misma Acción de Cumplimiento), el Juez ante quien se presentó la demanda debería inhibirse y remitir los actuados al Juez competente.
Cuando se expidió la Ley N°.25398, con tal hipótesis concretamente se aludía a una típica causal de improcedencia de la acción, el derivado de la ausencia de un presupuesto procesal objetivo, como es la competencia judicial. En efecto, al 9 de febrero de 1992, fecha en la que se publicó dicha ley, sólo existían 2 procesos de tutela de derechos fundamentales (habeas corpus y el amparo), cuyo conocimiento correspondía a jueces distintos: jueces civiles para el amparo y penales para el habeas corpus. Sin embargo, al traer la Constitución de 1993 como novedad la introducción de 2 nuevos procesos, como son la acción de cumplimiento y el habeas data, y disponer sus respectivas leyes reglamentarias que éstos fueran tramitados conforme a las reglas del amparo, el ámbito de aplicación de la norma, sin dejar de constituir un supuesto de improcedencia de la acción (no tolerado por el principio mexicano33), ya no podía ser circunscrito al supuesto de incompetencia material del juez.
Y es que se ha pensado que tratándose de procesos que pueden ser conocidos por un mismo juez (habeas data, acción de cumplimiento y amparo), el error en la nominación del proceso podría ser suplido por el juez en el acto procesal de admisión de la demanda (v. gr. la admisión como un habeas data, de una demanda de amparo). A nuestro juicio, al igual de lo que sucede en México, creemos que, ante tal supuesto, en realidad, no debe operar el principio de la suplencia, ya que la aplicación de éste supone la utilización del proceso adecuado.

Menos, desde luego, debe proceder en aquellos casos de procesos conocidos por jueces materialmente incompetentes. En tal supuesto, en realidad, más que una aplicación del principio de suplencia de las deficiencias procesales, creemos que se trata de un supuesto de improcedencia de la acción, por carencia de un presupuesto procesal, como antes se ha anotado. En ese sentido, creemos, con Samuel Abad34, que el principio debe limitar el ámbito de su aplicación a “aquellas deficiencias que puedan ser sustituidas o superadas dentro del propio proceso” y “que no impliquen su traslado a otra autoridad judicial para imponerle una competencia no originaria”.


V. La suplencia de las deficiencias procesales en la jurisprudencia constitucional.
Serios problemas en la determinación de los alcances del principio, también se ha presentado en el seno de la jurisprudencia constitucional, tanto a nivel del Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional, como enseguida veremos.
a). Tribunal de Garantías Constitucionales
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