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La suplencia de la queja deficiente en el amparo: un análisis comparativo


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Edgar Carpio Marcos*


LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO: UN ANÁLISIS COMPARATIVO




  1. Introducción

Desde hace un tiempo, el Tribunal Constitucional ha venido afirmando que entre los principios que informan a los procesos de tutela de los derechos fundamentales, se encuentra el de la “suplencia de la queja deficiente”.


Según el Tribunal, dicho principio “subyace, aunque no se identifica, a lo preceptuado por el artículo 7 de la Ley N°. 23506, que alude específicamente a la denominada suplencia de deficiencias procesales”; y, además, constituye un “principio implícito de nuestro derecho procesal constitucional”, que se sustentaría “en el preeminente valor de los derechos cuya tutela se pretende” así como en el “principio pro actione1. En otro precedente, éste más próximo en el tiempo que el anterior, el Tribunal Constitucional ha ido un poco más lejos y ha sostenido que la suplencia de la queja se desprendería del “artículo 7 de la Ley N°. 23506 (así) como del artículo 9 de la Ley N°. 25398”2.
Más allá de que se trate de un principio expreso o implícitamente formulado; que se derive o no de lo previsto en los artículos 7 de la Ley N°. 23506 y 9 de la Ley N°.25398, lo cierto del caso es que en el derecho comparado3, con excepción del juicio de amparo mexicano, éste no ha sido recepcionado con los alcances con los que al parecer lo ha efectuado nuestro Tribunal Constitucional4. Y ello tal vez sea consecuencia de que los alcances del principio, por muy encomiables que puedan ser sus propósitos, puede terminar con hacer de la giurisdizione costituzionale della libertá5 una auténtica “justicia constitucional autoritaria”.
Por ello, no creo que resulte ocioso detenernos en indagar sobre el origen de la suplencia de la queja deficiente, sus alcances, la relación con el iura novit curia constitucional, así como lo que en nuestro ordenamiento procesal constitucional se ha venido en denominar la “suplencia de las deficiencias procesales”.

II. Origen de la suplencia de la queja deficiente y el Juicio de Amparo mexicano

La suplencia de la queja deficiente, como un principio que informa a las sentencias expedidas en el Juicio de Amparo, se haya regulado en el segundo párrafo de la Fracción II del artículo 107 de la Constitución mexicana de 1917. Originalmente se la previó con un ámbito reducido de eficacia, circunscrito sólo al campo penal. Señalaba dicho precepto constitucional que “La Suprema Corte (...) podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa, o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación”6.


Con el tiempo, y tras sucesivas reformas constitucionales (1951, 1962, 1974 y 1986), los alcances del principio se han enriquecido, dejándose actualmente en manos del legislador ordinario la determinación del ámbito de eficacia de la suplencia de la queja. En efecto, actualmente el segundo párrafo de la Fracción II del artículo 107 de la Constitución mexicana establece que “En el juicio de amparo deberá de suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución”.
Dicho precepto constitucional ha sido desarrollado por el artículo 76 bis de la Ley Reglamentaria, que prevé que “Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

II. En materia penal, la suplencia operará aún ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.

III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta Ley.

IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.

V. A favor de los menores de edad o incapaces.

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o particular recurrente una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa”7.
Más allá de cuáles sean sus alcances –sobre lo que luego volveremos-, debe señalarse que en la doctrina mexicana existe una atizada controversia sobre los antecedentes de la suplencia de la queja.
Para Juventino Castro8, por ejemplo, dicho principio “nació súbita e inexplicablemente” en la Constitución de 1917, “sin indicios de su fundamentación histórica o doctrinaria”. De similar idea es Armando Chávez Camacho, para quien “la suplencia de la queja no tiene historia, como sucede con las damas decentes y con los pueblos felices”9.
Otros, sin embargo, consideran que el antecedente de dicho principio se encuentra en el artículo 82 de la Ley Orgánica de 1882, reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, a tenor del cual se establecía10 que “La Suprema Corte y los Juzgados de Distrito, en sus sentencias, pueden suplir el error o la ignorancia de la parte agraviada, otorgando el amparo por la garantía cuya violación aparezca comprobada en autos aunque no se haya mencionado en la demanda”11. Ignacio Vallarta, que participó en la redacción de la Ley de 1882, justificaría la inserción del principio citando una ejecutoria de 6 de julio de 1875, en la que la Corte Suprema sostuvo que “aún a falta de expresa designación de garantías, los jueces de Distrito y especialmente la Corte, ampararán por la que hubiere sido violada, si de la relación de los hechos presentada por el interesado, y de las constancias de autos se dedujera la violación”12.
Por su parte, Alfonso Trueba Urbina ha criticado como de “vehemencia nacionalista” aquella tendencia de ciertos autores mexicanos que pretenden demostrar que el juicio de amparo es un proceso cuyas instituciones carecen de “principios jurídicos que la fundamenten”. A su juicio, si la suplencia de la queja deficiente es “una facultad otorgada a los jueces para imponer, en ciertos casos, el restablecimiento del derecho violado sin que el actor o quejoso haya reclamado de modo expreso la violación”13, entonces, ella está vinculada a aquel capítulo de la teoría general del proceso en torno a la extensión y límites del poder de los jueces y a los principios –inquisitivo o dispositivo- a los que se encuentra sujeto el proceso.

Aunque esta apreciación de Trueba Urbina sea hoy la tendencia dominante en el derecho procesal constitucional latinoamericano, esto es, estudiar las instituciones del proceso de amparo bajo las orientaciones que proporciona la Teoría General del Proceso, es evidente que cuando surgió la “suplencia de la queja deficiente”, ésta se construyó de espaldas a la entonces joven corriente científica del derecho procesal14; es decir, como un medio que, con independencia de las formas, asegurara una efectiva protección de los derechos constitucionales del afectado.


III. Alcances de la suplencia de la queja deficiente mexicana
La doctrina mexicana (Juventino Castro15, y con él los amparistas mexicanos más calificados16) es unánime en considerar que se trata de una “institución procesal constitucional de carácter proteccionista y antiformalista..., que integra las omisiones parciales o totales de la demanda de amparo presentada por el quejoso, siempre a favor y nunca en perjuicio de éste...”17 .

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