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La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo establece, en su artículo 23


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Orden de 20-07-2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se autoriza la implantación de los programas de Garantía Social en Centros Públicos, en las Modalidades de Iniciación Profesional y Para Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales, durante los cursos 2000-2001 y 2001-2002.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo establece, en su artículo 23.2 y 3, que las Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de programas específicos de Garantía Social, dirigidos a aquellos alumnos que hayan abandonado la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria sin alcanzar los objetivos correspondientes. Establece también que la finalidad de dichos programas es proporcionar a estos alumnos una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios, especialmente en la Formación Profesional Específica de grado medio, a través de la prueba de acceso a los correspondientes ciclos formativos.


En el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, se establece que los alumnos cuyas necesidades educativas especiales se asocien a condiciones personales de discapacidad podrán cursar los programas de Garantía Social en régimen de integración en los grupos ordinarios o en una modalidad específicamente organizada para ellos, igualmente con el fin de proporcionarles una formación básica y profesional que facilite su acceso al mundo laboral.
Por otra parte, el Real Decreto 229/1996, de 28 de febrero, regula los aspectos relativos a la ordenación de las actuaciones de compensación educativa dirigidas a prevenir y compensar las desigualdades de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo de las personas, grupos o territorios en situación de desventaja por factores sociales, económicos, geográficos, étnicos o de cualquier otra índole personal o social.
A tal efecto, y con el fin de facilitar la reinserción en el sistema educativo de los jóvenes que lo deseen, o bien posibilitar el principio constitucional de acceso a un puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles para aquellos que decidan incorporarse a la vida activa, la Consejería de Educación y Cultura, una vez generalizada la Educación Secundaria Obligatoria, dicta la Orden de 20 de junio de 2001 (Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 77, de 6 de julio ) por la que se establece la regulación de los programas de Garantía Social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejercicio de las facultades asumidas en virtud del Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, que reguló el traspaso de funciones y servicios en materia de educación no universitaria desde la Administración del Estado a la Junta de Comunidades de Castilla La- Mancha, con efectividad desde el 1 de enero del año 2000.

De acuerdo con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto 24/2001 de 27 de febrero por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación y Cultura, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/97



de 5 de septiembre del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla La-Mancha, esta Consejería ha resuelto:
Primero.
Autorizar el desarrollo de los programas de Garantía Social en su ámbito de gestión, durante los cursos 2000-2001 y 2001-2002, relacionados en el Anexo que se acompaña.
Segundo.
El desarrollo de los programas autorizados durante el curso 2001-2002, deberá atenerse a lo dispuesto en la Orden de 20 de junio de 2001 (Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 77, de 6 de julio), por la que se establece la regulación de los programas de Garantía Social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tercero.
Se autoriza a la Dirección General de Centros Educativos y Formación Profesional, así como a la Dirección General de Recursos Humanos, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas normas sean precisas para la aplicación de la presente Orden.
Toledo, 20 de julio de 2.001
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Fdo.: José Valverde Serrano.


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