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La Gaceta Nº 131 — Martes 9 de julio del 2013 proyecto de ley padición de un artículo 62 bis a la ley n.º 8422, ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública expediente N.° 18. 774 Asamblea legislativa


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La Gaceta Nº 131 — Martes 9 de julio del 2013

PROYECTO DE LEY

PADICIÓN DE UN ARTÍCULO 62 BIS A LA

LEY N.º 8422, LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Expediente N.° 18.774

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La corrupción es uno de los grandes males que afecta a las sociedades latinoamericanas. A partir del año 1980, se va a dar una mayor importancia a la denuncia de estos actos, ya que los medios de comunicación han jugado un papel protagónico por la difusión mediática con que han tratado estos temas y, por ello, la ciudadanía indignada se ha manifestado en las calles.

La corrupción puede ser abordada desde múltiples ópticas como, por ejemplo, la política, la sociología, la legalidad, la filosofía; sin embargo, debido a que es un tema bastante complejo es poco lo que se ha escrito e indagado como fenómeno social. La presencia de la corrupción denota un sistema poco eficiente para atender los trámites y las solicitudes que son puestas a su cargo; no obstante, es importante señalar que no hay corrupto sin corruptor, esta es una relación en la que uno depende del otro como su iniciador o complemento.

Este y otros delitos en la función pública en un estado social de derecho es una actividad sumamente reprochable, no solo porque conlleva una afectación a la hacienda pública, sino porque va en contra de la naturaleza de un estado en el que es necesario que los funcionarios sean honrados y eficientes.


El espíritu de la Administración Pública es el servicio a la ciudadanía. Ante el reclamo del soberano: “no taxation without representation”, que fue la génesis de la revolución de las trece colonias contra la monarquía británica, aunque en Costa Rica no tenemos una monarquía, sí tenemos una clase oligarca inmiscuida en la función pública, producto del amiguismo, la piñata política y el manejo clientelar que han promovido los partidos tradicionales, este tipo de prácticas han desatado grandes escándalos a nivel nacional como “El Herrerazo”, el caso ICE-Alcatel, el préstamo finlandés, la platina y otras vergüenzas para la gestión pública.
Por las razones mencionadas, así como para fortalecer la ética y la rendición de cuentas es necesario hacer una separación de los delitos contemplados en el título V de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y en los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal.
En la disciplina del Derecho es usual que todas las acciones prescriban; sin embargo, se han establecido diferenciaciones en aras de sentar responsabilidades para aquellos delitos de alta gravedad, prueba de ello son los crímenes de lesa humanidad, genocidio, terrorismo, etcétera. Estos crímenes tienen la peculiaridad de que pueden ser perseguidos de oficio y juzgados por el sistema internacional de justicia, constituido por el Estatuto de Roma permanentemente, mientras que los delitos cometidos contra la función pública solo pueden ser perseguidos por los sistemas internos y durante un período determinado.
Se podría pensar que un cambio de este tipo podría tener roces con la tendencia de la prescripción en el Derecho penal y con la aplicación del principio in dubio pro reo; sin embargo, al precisar en el objeto del proceso penal podemos desmitificar esta posición al señalar lo que estableció la Sala constitucional en la sentencia N.º 1739-92: “No es ocioso reiterar aquí que el objeto del proceso penal no es el de castigar al delincuente sino el de garantizarle un juzgamiento justo”.
Por lo anterior, este proyecto no riñe con la jurisprudencia constitucional en materia del debido proceso, ya que la reforma aquí planteada a la legislación penal lo que viene a modificar es la fase previa al proceso, pues la acción penal es el punto de partida de todo proceso de esta naturaleza.
Algunos estudios sobre la corrupción como, por ejemplo, la IV encuesta sobre la corrupción en la función pública de Costa Rica, realizada por el Dr. Jorge Poltronieri, en ciertos apartados, aparte de la crítica que se debe hacer a la corrupción, también le atribuye ciertos aspectos positivos como la consecución con celeridad de los fines perseguidos.
No podemos justificar de ninguna manera el logro de un determinado objetivo, si para ello se quebrantan los procedimientos establecidos por la normativa pública, esto porque conductas egoístas, como surgir en perjuicio de los demás, lo que hacen es dañar la moral y el orden social cuando se observa que los poderosos se vuelven cada vez más poderosos y los necesitados cada vez están peor, producto de la deficiencia en la ejecución adecuada de los programas de ayuda social.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:


ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 62 BIS A LA

LEY N.º 8422, LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 62 bis a la Ley N.º 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004. El texto dirá:

Artículo 62 bis.- No prescribirá la acción penal con respecto a los delitos contemplados en los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, así como los que señala el capítulo V de la presente ley.”

Rige a partir de su publicación.



Claudio Monge Pereira

DIPUTADO

21 de mayo de 2011

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

1 vez.—O. C. Nº 23003.—Solicitud Nº 101-00405-L.—(IN2013042766).


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