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Justizia, lan eta gizarte segurantza saila


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JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE

SEGURANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL




NOTA DE PRENSA

Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2007



Azkarraga destaca que las Empresas de Inserción están sirviendo para que los más necesitados encuentren un empleo.

Se han creado a través del programa 321 puestos de trabajo, a los que habría que sumar otros 308 relacionados con los anteriores, pero ‘no de inserción’
En la apertura de las Jornadas de evaluación de las Empresas de Inserción celebrada esta mañana en Bilbao, el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ha agradecido a los gestores de estas empresas el “esfuerzo durante años en el desarrollo de unos proyectos que miran de cara a personas en situación de exclusión o en riesgo de sufrirla”.
En esta línea, ha resaltado que “para lograr que nuestro país se haya convertido en punta de lanza de estas políticas sociales en el conjunto del Estado, no sólo se exigía el compromiso de los poderes públicos para hacer del autogobierno un instrumento de solidaridad, sino que los ciudadanos fueran realmente partícipes en la lucha contra la desigualdad”.
Joseba Azkarraga ha subrayado la necesidad de avanzar en el consenso político y social en esta materia, tal y como se hizo con ocasión de la aprobación de la Carta de Derechos Sociales y la Ley Contra la Exclusión, y “cuyo último paso -en esta carrera de fondo, en la que siempre deberemos de seguir avanzando, ha afirmado- ha sido el acuerdo suscrito con el Grupo Parlamentario Socialista”. Un acuerdo que se materializará, por ejemplo, en el incremento de la Renta Básica hasta el 88% del SMI. Además, el año próximo 14.000 pensionistas en estado de necesidad, en su mayoría viudas, podrán ser perceptores de Renta Básica y complementar su pensión hasta equipararla al SMI.
El consejero vasco ha manifestado que “nos mueve una máxima: La política social no debe ser sólo una política de rentas mínimas, paliativa de las situaciones más extremas. Creemos que debe ser una política que lucha contra la pobreza y la exclusión, especialmente a través del empleo”.
“Esta determinación –ha indicado- hace que las políticas sociales no sean meramente asistenciales, sino de inserción real. No hablamos de políticas de gasto, sino de inversión, porque se puede crear empleo, y empleo de calidad, desde la asistencia y los servicios sociales. Y eso se lleva a cabo formando y preparando a los colectivos que hoy perciben las rentas básicas y que, preferentemente, están formados por mujeres y jóvenes autóctonos y personas inmigrantes”.
Azkarraga ha recordado que el programa Auzolan y el de Empresas de Inserción nacieron para evitar la cronificación de las unidades de convivencia en la Renta Básica y, sobre todo, por la necesidad de ayudar a estas personas en su inserción laboral, y ha destacado que su Departamento seguirá coordinando y haciendo un exhaustivo seguimiento de estos itinerarios a través de los convenios de inserción. “Naturalmente, lo haremos en coordinación con organismos públicos que tienen que ver con la intermediación de empleo como pueden ser el INEM o Lanbide, aunque no les niego que la implicación del Gobierno español a través de su Instituto de Empleo es hoy muy escasa”, ha acotado.
Asimismo, ha expuesto los datos más significativos de la evaluación, “que refrendan la decisión que adoptamos en el 2002 cuando pusimos en marcha el programa de Empresas de Inserción”. El número total de puestos de trabajo creados a través del programa es de 321 (43 creados en 2003, 47 en 2004, 122 en 2005 y 109 en 2006). A estos puestos deberíamos sumar otros 308 empleos relacionados con los anteriores pero ‘no de inserción’, donde se incluyen los puestos de acompañamiento a la inserción.
También se ha dado una evolución positiva en cuanto a las entidades financiadas. Han pasado de las 9 de 2003, con un desembolso de 1,8 millones de euros, a las 40 empresas de 2006, con un montante de 7,9 millones. La previsión para 2007 es que podamos ayudar a 48 entidades, lo que supondrá un gasto de 7,5 millones de euros.
“Con ser estas cifras positivas, resulta aún más importante –ha subrayado- que sean los propios suscriptores de estos programas quienes mantengan que ésta es una buena fórmula para avanzar en su empleabilidad y poder encontrar un trabajo.
En su intervención, Azkarraga también ha destacado que el perfil de la persona que se participa en las Empresas de Inserción es el de una mujer (dos de cada tres son mujeres), de 37 años (cuatro de cada diez personas están entre los 31 y 40 años) y con menores a su cargo (7 de cada 10 son personas que viven solas y de ellas un tercio, la inmensa mayoría mujeres, tienen hijos e hijas a su cargo).
Antes de concluir, el consejero vasco ha adelantado que el próximo Plan Interinstitucional de Inclusión Social 2007-2009 (que próximamente será aprobado por el Consejo de Gobierno) ya recoge, entre sus objetivos estratégicos, el incremento y la mejora de los programas de formación y empleo destinados a las personas en riesgo de exclusión y promoción del acceso y el mantenimiento de estas personas en el mercado laboral.
El plan prevé, igualmente, reforzar e impulsar las políticas activas de empleo de estos colectivos. Una vía para ello serán los programas de colaboración entre nuestro Departamento y las asociaciones que trabajan en el ámbito de las personas con discapacidad. También ofreceremos incentivos económicos a las empresas para la incorporación de personas en riesgo de exclusión con un contrato estable y de calidad.
Además, se impulsarán nuevos programas de activación para el empleo destinados a perfiles específicos de personas en situación de exclusión y se promoverán políticas de rentabilización del empleo. Se prevé también impulsar la puesta en práctica de mecanismos que permitan el desarrollo y la viabilidad de las iniciativas de inserción laboral.
Son propuestas que se acompañan de la incorporación de nuevos recursos en el campo de la financiación, con particular atención a la Banca Ética o la introducción de nuevas cláusulas sociales que permitan a las Administraciones Públicas valorar las empresas formadas por personas en riesgo de exclusión.



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