Página principal

Julio enrique socha salamanca


Descargar 24 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño24 Kb.


TUTELA No. 57216
RONALD JHONATAN ARBOLEDA MOYA
PRIMERA INSTANCIA



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS


Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA



Aprobado Acta No. 444

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011).


VISTOS

Se pronuncia la Sala, en primera instancia, acerca de la demanda de tutela presentada por RONALD JONATHAN ARBOLEDA MOYA, contra las Fiscalías 45 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y 19 Especializada de la misma ciudad, en actuación que involucró a la Fiscalía 16 Especializada de la Unidad Nacional del Fiscalías contra el Secuestro y la Extorsión, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a “la libertad provisional”.




LA DEMANDA

Del confuso y extenso escrito de tutela presentado por el accionante RONALD JONATHAN ARBOLEDA MOYA se pueden extraer los siguientes hechos relevantes para efectos de determinar la procedencia del amparo constitucional deprecado:


1. Mediante resolución de 4 de noviembre de 2009, la Fiscalía 19 Seccional de Bogotá profirió acusación en contra del demandante ARBOLEDA MOYA y otros por el delito de secuestro extorsivo agravado.
Apelada la anterior decisión, la Fiscalía 45 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá en resolución de 3 de mayo de 2010, resolvió decretar la nulidad del proveído impugnado, por haberse vulnerado el derecho a la defensa y contradicción.
2. Una vez subsanada la actuación, la Fiscalía 16 Seccional -a quien le fue reasignado el proceso- presentó resolución de acusación en contra del accionante el 22 de febrero de 2011, providencia que fue únicamente apelada por el defensor del sindicado Juan Carlos Obregón Hurtado, lo que motivó el reenvío de las diligencias a esa Delegada, quien el 7 de julio siguiente confirmó la decisión de primera instancia.
3. El accionante RONALD JONATHAN ARBOLEDA MOYA fue privado de la libertad en cumplimiento a la orden de captura librada por la Fiscalía de primera instancia, según él, “en los primeros días del mes de enero de 2011”, siendo puesto a órdenes de la Fiscalía 19 Seccional de Bogotá y posteriormente a disposición del despacho 16 homólogo.
LA DEMANDA
Considera el actor que su actual privación de la libertad es ilegal, pues si la orden de captura que profirió el Fiscal 19 Seccional de Bogotá en su contra tuvo como sustento la resolución de acusación que se le dictó, al haber sido ésta declarada nula, la aprehensión se quedó sin sustento jurídico, pues al parecer la citada autoridad judicial no suministró información respecto a la invalidación de lo actuado decretada por su superior funcional.
Advierte que por su parte, el Fiscal 16 Seccional de Bogotá “ha pretendido resolver la situación jurídica fuera de términos” motivo por el cual, en anterior oportunidad formuló una acción de habeas corpus que no le prosperó, pues en “una decisión huérfana” el funcionario a quien le correspondió conocer de la misma “decide respaldar a estos funcionarios y al suscrito lo deja por fuera de la garantía constitucional del debido proceso y mi derecho de libertad el cual se conculcó y sigue siendo conculcado”.
Afirma que en la actualidad se le citó para llevar a cabo audiencia preparatoria, situación con la que no está conforme, pues considera que no se puede continuar con la actuación hasta que se le resuelva lo relativo a su libertad provisional.
Por todo lo anterior, solicita se le conceda el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad, “a la paz y tranquilidad en mi familia”, sin proponer una pretensión en concreto.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Avocado el conocimiento de la acción, se ordenó correr traslado de la demanda a las autoridades accionadas para que ejercieran el derecho de contradicción.


La Fiscal 45 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá corroboró la información suministrada por el accionante en el libelo demandatorio respecto a la actuación procesal que ha tenido lugar con ocasión de la investigación penal que se le adelanta, sin pronunciarse concretamente sobre los hechos de los cuales el demandante deduce la vulneración de sus derechos fundamentales. Aporta copia de las resoluciones de 3 de mayo de 2010 y 7 de julio de 2011.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Reiterada ha sido la jurisprudencia al señalar la improcedencia de este instituto de protección para adoptar y reemplazar decisiones propias del rito procesal ordinario, esto es, de aquellas que deben proferirse al interior de los procesos judiciales, pues para ellos el legislador ha dispuesto una amplia gama de garantías y mecanismos encaminada a que los intervinientes tengan la posibilidad de asegurar la efectividad de sus derechos y pretensiones.


Adicional a ello, cuando el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 señala expresamente la improcedencia de la tutela cuando existen otros medios de defensa judicial, está otorgando a la acción un carácter subsidiario y residual, que permite concluir que no fue dispuesta por el Constituyente de 1991 como herramienta facultativa, paralela o sucedánea de los procedimientos ordinarios establecidos en la ley.
La Corte Constitucional en torno al aspecto que viene de analizarse, en sentencia T – 418 de 2003, precisó:
“La acción de tutela es improcedente cuando el proceso no ha concluido y se pide la protección del juez constitucional para atacar providencias judiciales en trámite en las que se alegue una vía de hecho, por la sencilla razón de que no obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado en el trámite del proceso correspondiente, al no estar culminada la actuación, existen normas en el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender sus derechos. Es decir, la improcedencia de la acción de tutela, en estos casos, radica en al existencia de otro medio de defensa judicial, dentro del propio proceso. Si las anteriores razones se exponen respecto de procesos judiciales, con mayor razón resulta improcedente la acción de tutela, cuando se trata de atacar, por la posible ocurrencia de una vía de hecho, actuaciones administrativas, disciplinarias o fiscales, según el caso, que se encuentran en trámite…”
Tal situación resulta dable concluirla en el presente asunto en el cual se advierte que RONALD JONATHAN ARBOLEDA MOYA ha ejercitado a través de su defensa tanto material como técnica, las posibilidades de intervención establecidas en el estatuto procesal penal para hacer valer los derechos que estima conculcados, y ha obtenido respuesta fundamentada y oportuna en relación con las mismas, contando con la posibilidad de manifestar su inconformidad a través de los recursos ordinarios establecidos al interior del procedimiento penal, como efectivamente lo ha hecho.
En consecuencia, habida cuenta que el desacuerdo respecto de la interpretación de las normas que deplora el actor carece de entidad para tachar las determinaciones como causal de procedibilidad1, y evidenciándose que lo que se pretende a través de este medio es oponer su criterio al de los funcionarios judiciales, la demanda de tutela no está llamada a prosperar, habida cuenta que el Constituyente no le otorgó a esta acción el carácter de “tercera instancia” o de mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios.
Además es necesario reiterar, que el tema de discusión está circunscrito a un asunto estrictamente interpretativo de la ley, en punto de las decisiones que los funcionarios accionados adoptaron en ejercicio de su autonomía, circunstancia que imposibilita al juez de tutela para inmiscuirse en lo que, sin lugar a dudas, es tema propio y exclusivo de las autoridades competentes que actúan como jueces naturales, más aún si se tiene en cuenta que no se trata de un asunto cuyo cotejo objetivo permitiera dar la razón al demandante.
Acorde con lo que viene de verse, se confirmará la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE




1. Negar por improcedente, la acción de tutela promovida por RONALD JONATHAN ARBOLEDA MOYA, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
2. Notificar de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, si no fuere impugnado.

CÚMPLASE


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Corte Constitucional sentencia T-332 de 2006.



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje