Página principal

Julio enrique socha salamanca


Descargar 31.82 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño31.82 Kb.



TUTELA 64451

SEGUNDO FERMÍN MORENO FAJARDO

IMPUGNACIÓN




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No.9

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013)



VISTOS

Procede la Sala a pronunciarse en relación con la impugnación interpuesta por el accionante SEGUNDO FERMÍN MORENO FAJARDO, respecto del fallo de tutela proferido el 1° de noviembre de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por cuyo medio negó el amparo de sus derechos fundamentales de petición, acceso a la administración de justicia, trabajo y propiedad que estima le están siendo vulnerados por el Juzgado 8º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de la misma ciudad.



FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Los hechos que dieron lugar a la petición de amparo constitucional fueron resumidos por el a quo así:


Refirió la demanda que el señor Moreno Fajardo es propietario de un bus de servicio público, de placas SHK-273, que estuvo involucrado en un proceso penal (2006-0376) por unas lesiones personales culposas, ocasionadas por Jorge Montenegro, conductor para la época de los hechos materia de esa actuación y quien fue condenado, el 6 de septiembre de 2010, por dicha conducta punible por parte del Juzgado Cincuenta y Siete Penal Municipal de Bogotá.
Agregó el libelista que su Representado no fue vinculado en el trámite, ‘ni en la sentencia’, como tercero civilmente responsable. Sin embargo, el juzgado, al emitir el fallo, no se pronunció sobre la entrega definitiva del rodante.
Manifestó que, como en el certificado de tradición del automotor aparece la restricción o limitación provisional decretada por ese estrado, el 28 de febrero de 2012, solicitó al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la entrega definitiva, la cual fue contestada negativamente por cuanto ese despacho no era competente para levantar o decretar medidas de esta clase, petición que era del resorte del Juzgado de primera instancia.
Indicó que, como el Juzgado Cincuenta y Siete se extinguió, frente a dos peticiones, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial respondió de una forma ‘simplista’ que desconoce el paradero del expediente.
Consideró que las respuestas dadas no son satisfactorias, no concretan la situación sobre la entrega del bien, lo que se convierte en una violación al acceso a la administración de justicia y afecta el derecho de propiedad al no poder realizar actos de comercio. Adujo que el juzgado ejecutor puede resolver la solicitud porque tiene el expediente para hacer cumplir la sentencia y las situaciones accesorias que se presenten.
Explicó que la falta de solución también afecta el derecho al trabajo del señor Moreno Fajardo, por cuanto, aparte de ser su fuente de ingresos, los vehículos que cuenten con procesos judiciales no pueden ingresar al Sistema Integrado de Transporte.
Solicitó resolver favorablemente la acción, ordenando a las entidades demandadas que resuelvan de fondo la petición para detener el perjuicio irremediable que su representado padece”.
2. Avocado el conocimiento de la acción, el Tribunal de instancia ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que ejercieran el derecho de contradicción.
2.1 El Juez 8º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá informó que ese despacho vigila la actuación con radicado 110014004027200600276, en la cual el Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá, mediante sentencia emitida el 6 de septiembre de 2010, condenó a Jorge Montenegro Morales a la pena principal de 4 meses y 24 días de prisión y multa de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de lesiones personales culposas.
Frente a las pretensiones de la demanda de tutela promovida en su contra, afirmó que mediante memorial de 28 de febrero de 2012, el apoderado del señor SEGUNDO FERMÍN MORENO FAJARDO solicitó la entrega definitiva del vehículo de placas SHK-273, el cual estuvo involucrado en el proceso penal al que se hizo alusión y que actualmente figura con nota de entrega provisional en su certificado de tradición.
En atención a lo solicitado, prosigue, ese juzgado en auto de 21 de marzo de 2012 se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno pues a su juicio, en aplicación del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, carece de competencia para levantar o decretar medidas cautelares sobre bienes de los sujetos procesales, no obstante, en dicho pronunciamiento, dispuso el desglose de la petición y ordenó su remisión de manera inmediata al juzgado fallador, quien sí es competente para tramitar lo solicitado.
2.2 El Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá-Cundinamarca, no se pronunció oficialmente sobre la demanda de amparo impetrada en su contra, sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al comunicarse telefónicamente con “un empleado de la Oficina de Apoyo Judicial” obtuvo que “el Juzgado Cincuenta y Siete Penal Municipal de Bogotá fue suprimido por disposición de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y que los procesos que fueron fallados por el mismo, fueron remitidos al Archivo Central de dicha corporación”.1
Además de lo anterior, manifestó el a quo que la Dirección Ejecutiva Seccional, a la que el demandante requirió para la entrega definitiva del rodante y el desarchive del proceso debido a la extinción del juzgado referido, indicó que “se procedió a la búsqueda en carpetas, libros índices, libros radicadores, archivo magnético y físico del Juzgado 57 Penal Municipal, … sin lograr con la ubicación del expediente ya que en las carpetas entregadas por dicho Juzgado aparece el proceso relacionado en el paquete 42 de procesos enviados a Ejecución de Penas, pero al momento de realizar la búsqueda no se ubica el expediente ya que el funcionario encargado de la bodega de Fontibón manifiesta que en esa bodega los paquetes llegan hasta el 34”.
LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia de 1° de noviembre de 2012, denegó el amparo constitucional deprecado, efecto para el cual argumentó que ninguna de las autoridades demandadas incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante en tanto que le ofrecieron una respuesta oportuna a las peticiones por él formuladas, independientemente de que con las mismas se hubieran colmado sus expectativas.


A lo anterior agregó que es del resorte del demandante “hacer las solicitudes pertinentes por el extravío del proceso original, para que la Dirección Ejecutiva Seccional le informe cuál juzgado asumió las funciones del extinto 57 Penal Municipal de Bogotá y resuelva sobre la solicitud de entrega definitiva o, de ser el caso, designe uno para tal fin”.

LA IMPUGNACIÓN


Notificada la sentencia, el apoderado del accionante la impugnó alegando que resulta inexplicable que la administración de justicia no le resuelva de fondo sobre el presunto extravío del expediente y la reasignación de la causa en la cual se le impuso una medida cautelar a un vehículo de su propiedad, a otro despacho judicial para efectos de que se resuelva sobre su levantamiento.

Por lo demás, reitera los argumentos expuestos en la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE


1. En el evento que ocupa la atención de la Sala, el problema jurídico planteado en la presente acción se concreta en determinar si con la ausencia de una respuesta concreta acerca del paradero del expediente número 2006-00267 en el que se le impuso una medida cautelar a un vehículo de propiedad del accionante, así como de la autoridad judicial competente para resolver sobre su levantamiento se están vulnerando sus derechos fundamentales de petición, acceso a la administración de justicia, entre otros.


2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al resolver la acción de tutela en primera instancia, consideró que al señor SEGUNDO FERMÍN MORENO FAJARDO no se le están vulnerando sus garantías superiores en el entendido de que las autoridades judiciales y administrativas accionadas le respondieron de forma concreta, en la medida de sus posibilidades y competencias, las peticiones por él elevadas, frente a las cuales se le informó que por encontrarse -al parecer- extraviado el expediente y no conocerse la autoridad judicial a la que le fue reasignado el conocimiento del proceso, ninguna otra solución distinta a la de dar a conocer tal situación les era exigible.
3. Inconforme con la decisión, el accionante la impugnó afirmando que no se puede dejar en la incertidumbre la resolución de su petición y más aún, la materialización del derecho de acceso a la administración de justicia que reclama para que se le defina sobre el levantamiento de la medida cautelar que fue impuesta sobre un vehículo de su propiedad.
4. Para efectos de resolver la controversia, se habrá de precisar en primer lugar, que ante la falta de respuesta concreta y precisa por parte de las Oficinas Judicial o de Archivo Central respecto del paradero o destino que tuvo el expediente No. 2006-00267, no es dable que el juez de tutela ordene a priori la reconstrucción de la foliatura, pues para que ello proceda, se deberá tener certeza -a través de información oficial- que el proceso se extravió definitivamente.
5. En segundo lugar, se habrá de determinar sobre quién recae la obligación de dar cuenta del proceso penal a que se viene haciendo alusión, encontrando que por disposición del Consejo Superior de la Judicatura, al ser suprimido el Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá, los procesos que allí se hubieran fallado fueron remitidos a la oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá-Cundinamarca.
En ese orden, es deber funcional de la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca recibir los procesos provenientes de los despachos que fueron suprimidos y remitir los expedientes ora a la oficina de Archivo Central, ora a la oficina de Apoyo Judicial para efecto de la reasignación de las causas que allí se estuvieran adelantado.
6. Así las cosas, emerge con claridad que la dependencia competente para emprender la búsqueda y dar razón de la ubicación del expediente radicado bajo el número 2006-00267 que se tramitó ante el Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá, es el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, doctor Carlos Enrique Másmela González, a quien se le impartirá la orden de adoptar las medidas a que haya lugar para lograr la ubicación de la citada causa penal, o en su defecto, de haber declinado en la búsqueda del expediente, expida certificación oficial en la que se haga constar la pérdida definitiva de la foliatura, con el fin de que el demandante, si así lo decide, promueva el incidente de reconstrucción, en tanto que no es del resorte de las autoridades judiciales y administrativas accionadas ordenar oficiosamente tal actuación, toda vez que según lo dispuesto en el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil, ésta sólo procede a solicitud o petición de la parte interesada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. Revocar el fallo impugnado para en su lugar, conceder el amparo del derecho de acceso a la administración de justicia del accionante SEGUNDO FERMÍN MORENO FAJARDO.
2. Ordenar al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, doctor Carlos Enrique Másmela González, o quien haga sus veces, que dentro del término de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión, adopte las medidas a que haya lugar para lograr la ubicación del expediente No. 2006-00267, o en su defecto, de haber declinado en su búsqueda, emita certificación oficial en la que se haga constar la pérdida definitiva de la foliatura, con el fin de que el demandante, si así lo decide, promueva el incidente de reconstrucción.
2. Notificar de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este proveído.

CÚMPLASE


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

1 Fl. 60 c.o. tutela 1ª instancia.



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje