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Juicio por jurados populares en la Nueva Gales de la Patagonia


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Juicio por jurados populares en la Nueva Gales de la Patagonia.

Por: José Sáez Capel

Alejandra Patricia Marques

Hemos pensado al escribir esta ponencia para el IVº Seminario Nacional e Internacional de Derecho penal y criminología1 en Homenaje al Profesor David Baigún, no sólo que hoy el juicio por jurados legos tiene plena actualidad, sobre todo luego de la sanción, hace poco tiempo, de la nueva ley de la Provincia de Córdoba sino además porque, la única oportunidad que este sistema de resolución de conflictos funcionó con anterioridad en la República, más allá de la manda constitucional, ha sido en la Patagonia, región que también integra ésta, la provincia que vio nacer a nuestro homenajeado; de ahí el tema de la comunicación.


Hasta bien entrado el siglo XIX, el territorio de la hoy Provincia del Chubut estaba poblado por mapuches y araucanos, siendo simbólica la autoridad de gobierno federal. Hasta que, en 1865 desembarcó en las costas del Golfo Nuevo un contingente de 153 colonos galeses que se asentaron primero en la costa, fundando la población de Trerawson (hoy ciudad de Rawson) en homenaje al entonces Ministro del Interior de la Administración Mitre, que promoviera su ingreso al país. Para extenderse hacia el oeste y más tarde hacia el sur, al incorporarse nuevos contingentes de inmigrantes.
Al decir de Alun Davies2, la empresa a la vez audaz, chapucera y más bien magnífica que fundara la colonia en el valle inferior del río Chubut, entonces un desierto remoto y virtualmente deshabitado, constituye uno de los episodios más famosos y bien documentado de la historia moderna de Gales.
La Colonia realizaba los ideales de Alberdi; inmigrantes que llegaban al Nuevo Mundo en busca de libertad y felicidad, amantes de la música coral, de la lectura y de la poesía, los galeses no derramaron sangre aborigen. Establecieron pacíficas relaciones con los indios y, tras algunos fracasos iniciales por desconocimiento del régimen de lluvias y del río, realizaron una magnífica obra de ingeniería construyendo canales de riego para hacer posible la agricultura.
Como refiere el reverendo Mathews (1954) “Son cuatro congregaciones” y enumera “Los Congregacionistas, los Metodistas Calvinistas, los Baptistas y la Iglesia Episcopal Anglicana” con lo que demuestra que, el desarrollo religioso cumplía una función crucial y disciplinaria en la organización de Y Wladfa, testimonio de lo cual, es la cantidad de capillas3 que, aún hoy, se encuentran en la zona de Trelew, Gaiman y Dolavon.
La historia real encuentra su explicación, apartándose del mito y la gesta, en las motivaciones económicas, políticas y religiosas que legitimaron la emigración. Ya en 1845 Federico Engels, en su clásico libro: La situación de la clase obrera en Inglaterra, explicaba de modo implacable la despiadada economía capitalista y frente a semejante panorama, algunos galeses que veían mutilada su cultura, prohibida su lengua y con tenían problemas religiosos, consideraron a nuestra Patagonia uno de esos rincones abandonados del planeta, al decir de John Baur4; la esperanza de estos pioneros era crear una Nueva Gales (Y Wladfa) en la que la lengua y la cultura de aquella nación y el protestantismo inconformista estuviesen protegidos de influencias extrañas, en especial inglesas.
Desde 1865 y hasta luego de dictada la ley 1532 de territorialización, los galeses se gobernaron de acuerdo a sus propias leyes. El Reglamento Constitucional5 que se dieron creaba un Poder Legislativo ejercido por un Consejo de doce representantes (Capítulo I, art. 1º) que eran elegidos anualmente en forma conjunta (Cap. I, art. 2º) en elecciones que se llevaban a cabo el 1º de noviembre de cada año, requiriéndose para tal cargo haber residido un año en la Colonia y figurado en el padrón por igual periodo.
Este Consejo debía sesionar una vez por mes o con más frecuencia si ello fuere necesario ( Cap. I, art. 5º) siendo juez de la corrección de las elecciones y de la idoneidad de sus miembros. Las facultades legislativas eran compartidas con el gobernador, que tenía la facultad de observar sus leyes.

El Poder Ejecutivo era desempeñado por un ciudadano con el título de Gobernador, era electo por un año (Cap II, art. 1º), debía haber residido dos años en la Colonia y haber figurado en el padrón por igual lapso (Cap. II art. 2º) el que en caso de ausencia o incapacidad debía ser reemplazado por el secretario General ( Cap. II art. 3º) y de quedar vacante algún cargo, a excepción del de gobernador, entre dos elecciones, quedaba autorizado para cubrir transitoriamente el mismo y convocar dentro del plazo de diez días de producida la vacante a elecciones a tales fines ( Cap. II, art. 6) además estaba facultado por el art 5º del Capítulo II de la Constitución de la Colonia a citar las milicias, los famosos rifleros del Chubut.


En sendos Capítulos se establecían las facultades y obligaciones del Secretario General, el Tesorero y el Contador de la Colonia, ocurriendo lo propio con las elecciones, que se reglaban en 11 artículos.
En cuanto a la administración de justicia, el Reglamento Constitucional prescribía que todas las causas judiciales de la Colonia serían tratadas en un tribunal de Justicia, ante un Juez y un jurado de doce miembros; que oía la acusación y la defensa y pronunciaba sentencia, aunque las partes en litigio estaban facultadas, si así optasen, a tratar su causa en presencia exclusiva del juez”. (Capítulo III, Arts. 1, 2 y 3). Este Juez, permanente, debía ser elegido individualmente por sufragio universal, al igual que el Gobernador.
La Ley de Administración de Justicia6 dictada, con una técnica legislativa propia del Commonweath, establecía las acusaciones en dos categorías: pleitos y transgresiones. Definiendo al primero como el reclamar derechos retenidos o quitados y el propósito del jurado, en tales casos era reparar los daños y perjuicios. En este tipo de pleitos, al igual que los de naturaleza civil, las partes se denominan demandante y demandado7. En tanto que a la trasgresión8 la define como el daño intencional a la propiedad o persona, lo que coincidiría a lo que conocemos como derecho represivo, en este tipo de juicio las partes se denominaban acusado y acusador.
Esta ley consideraba a las transgresiones de tres grados. En el Grado I incluía: a) estupro b) abuso de confianza c) falsificación documental y d) el homicidio, en dos categorías de homicidio y asesinato.
En el grado II incluía: a) La violación nocturna de domicilio b) incendio intencional c) la traición d) encubrimiento personal y 5) falso testimonio. En tanto que en el grado III establecía: 1) amenizas y la calumnia 2) una especie de contravención a la que calificaba como de travesura molesta 3) agredir a persona 4) riña 5) robo y encubrimiento real.
Para las tres formas de trasgresiones se establecía las penas de multa, prisión o deportación, siendo que las circunstancias del hecho determinaban el castigo. Las penas tenían un fin de prevención especial a la vez que preventivo general, su propósito era “reformar al infractor o reo” y “advertir a los demás”, por lo que se tenían en cuenta los antecedentes para mensurar el castigo a imponer.
Los testimonios dudosos o incompletos, eran tenidos como insuficientes para la aplicación de la pena.
En tanto que en los pleitos (de naturaleza no penal) la idea era considerar los derechos que se pretendían, teniendo en cuenta la pérdida sufrida y la mejor forma de reparar o amigar a las partes. Por tal motivo en ellos tenían dos distintas formas de juzgados, por una parte el denominado Tribunal de arbitraje y por el otro, el Tribunal de jurados.
El primero, con competencia en pleitos de hasta cinco libras esterlinas se formaba con el Juez, funcionarios administrativos y el presidente del Consejo, en número de tres. Su procedimiento era oral y actuado, siendo recurrible pero afianzando con quince chelines como garantía de los gastos (artículos 1, 2, 4 y 5.
Ante este Tribunal de arbitraje tramitaban las infracciones 1,2,3 y 4 del Grado III, salvo que demandaran una pena de multa superior a una libra esterlina, que era la pena máxima que podía aplicar este tribunal arbitral.
El Tribunal de jurados para pleitos por sumas mayores y por las infracciones no atribuidas al Tribunal de Arbitraje, a cuyas actas hemos hecho ya referencia, estaba normado en los artículos 6 a 9 ibídem.
Los doce jurados eran sorteados de la lista de electores, omitiendo “todo nombre que tenga relación con el juicio (art. 6 y 14) debiendo ser el magistrado quien, por medio del alguacil notificaba del juicio a cada uno de los doce, con por lo menos tres días de anticipación, siendo eliminado de dicho padrón electoral por un año y multado con cinco chelines, al que no compareciere justificadamente, por causa de enfermedad o fuerza mayor.
Las partes podían recusar con causa a los jurados (art. 15). En tanto que las resoluciones era tomadas por el voto de ocho de esos ciudadanos, los dos tercios (2/3) del total, eran entregadas por escrito al juez, quien procedía a su lectura. Hasta que ello no acontecía ningún integrante del jurado podía ausentarse del Tribunal, siendo además que, ellos podían formular preguntas aclaratorias a los testigos, todas las veces que fuere menester (art. 16 ibídem)
Las parte podían hacerse representar, y corrían con el diligenciamiento de la prueba de testigos, sólo en caso de que fueran remisos, se los hacía comparecer con el alguacil y se los sancionaba con cinco chelines de multa.
Era la parte o su defensor quien interrogaba a los testigos y finalizada la prueba algaba, de bien probado, ante el jurado. Los juicios eran orales y públicos, siendo el magistrado quien resolvía toda cuestión que se suscitara, ponía orden en las audiencias pudiendo expulsar y/o multar a quienes incurrieran en mala conducta o desobediencia. Llevaba un libro con los relatos y quejas (el existente el museo y al que referimos más adelante)
Además tenía facultades de hacer comparecer ante él a cualquiera que alterare el orden o pusiera en peligro la paz o la tranquilidad pública, aún sin existencia de acusación formal, convocando al Tribunal de arbitraje o al de jurados, según corresponda (art. 23) Debía además percibir las multas, rindiendo cuenta de ellas al Secretario de la Colonia cada seis meses, el 1º de marzo y el 1º de octubre, procediendo ha hacer entrega de ellas al tesorero de la misma (art. 24).
El alguacil tenía facultades de notificador y de oficial de justicia, era carga pública, empero percibía un pago por las diligencias que efectuaba y el que se rehusara a desempeñar tal cargo, por sí o un representante, perdía como los jurados renuentes, el derecho a figurar en la lista de lectores por una año y debía pagar una multa de cinco chelines. Además podía hacerse asistir por cuatro o más guardias que lo secundaban en caso de necesidad, y ante desacato la persona incurría en una trasgresión (menor) del Grado III
El procedimiento ante ambos Tribunales era de tipo acusatorio: “El demandante o el acusador, personalmente o por medio del defensor, relatará el litigio, interrogará testigos, y cumplido esto se dirigirá al jurado. El demandado o acusado, por último, personalmente o por defensor, dará explicaciones, interrogará testigos y se dirigirá al jurado” (Art. 19).
En el Museo Regional de Gaiman se encuentra el libro contable, en el que confeccionaban las actas9 en idioma galés – del que tenemos un juego de fotocopias - que dan cuenta de los procesos llevados a cabo por este grupo de inmigrantes, entre 1872 y 1879; en las capillas donde también se desarrollaba la vida social de la Colonia.
Al promulgarse la Ley N° 1532 de Territorios Nacionales (1884), delimitó territorialmente el Chubut, estableció sus autoridades e instituyó los Juzgados de Paz y los Juzgados Nacionales. Apenas tomado posesión de su cargo, el Gobernador Fontana llamó a elecciones, para elegir autoridades del primer Municipio del Chubut, en la población de Gaiman, a orillas del río, a treinta kilómetros de su desembocadura. La elección se llevó a cabo el día 31 de Julio de 1885 por voto universal y secreto, adelantándose así a la ley de Inglaterra de 1884 y a nuestra ley Sáez Peña de 191210.
Los gobernadores Eugenio Tello (1895) y Carlos O´Donnell (1898) eran católicos que veían con malos ojos a las confesiones protestantes, hijos de esa generación que con un pensamiento católico unificador y adversos a la educación étnica, en cierta forma trataron de erradicar la autonomía religiosa, lingüística y administrativa de esa comunidad. Lo que aunado a la escuela pública, el servicio militar obligatorio y los cambios demográficos, contribuyeron a la integración de los jóvenes galeses a la Nación Argentina.
La puesta en marcha hoy, de un nuevo sistema procesal, autoría del profesor Julio J. B. Maier, que instituye un procedimiento acusatorio con juicio oral, público y ante un tribunal de ciudadanos legos (Ley 4556) importará, a nuestro criterio, la recuperación histórica de una de las más antigua y queridas tradiciones republicanas del Chubut, junto a los eisteddfod11 y él Y ddraig goch12 que hoy ondea junto a la enseña de Belgrano.


BIBLIOGRAFÍA.



BAUR, J. E. – “The welsh in Patagonia : An exemple of nationalistic migration” En: Hispanic American History Review. N.Y. nov. 1954 nro 24, 4.
HERRERA, J. R. - El devenir del enjuiciamiento penal. Del modelo histórico a un novísimo proceso penal en la Patagona. Santa Fe. Rubinzal – Culzoni, 2003.
HUGHES, W. M.Memorias de. – A orillas del Río Chubut en la Patagonia. Esquel. Editorial El Regional, 1993.
JONES, l.La Colonia Galesa. Historia de una Nueva Gales en el Territorio del Chubut en la República Argentina. Sudamérica. Rawson. Editorial El Regional, 1993.
LIBRO DE ACTAS de juicios por jurados conservado en el Museo Galés de Gaiman. (Chubut)
MAIER, J. B. – « Exposición de motivos » C.P.P de la Provincia del Chubut Ley 4566. Edición Oficial..
MATTHEWS, A. (Reverendo)Crónica de la Colonia Galesa de la Patagonia. Buenos Aires. Editorial Raigal, 1954.
PÉREZ GALIMBERTI, A. - “La reforma procesal en la Provincia del Chubut”. En: INECIP. http:www.inecip.org/cdoc.htm
SMITH, J. & HOGAN, B.Criminal Law. – Eighth edition. London, Edimburgh, Dublin. Butterworths, 1996
V.V.A.A.Una frontera lejana. La colonización galesa del Chubut (1865-1935) Buenos Aires. Fundación Antorchas, 2001.
ZAMPINI, V. – “Chubut Siglo XIX. Una década de juicio por jurados” En: Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal. Año 8 nro. 14. Buenos Aires. Ad Hoc, 2002.


1 Universidad nacional de La Pampa. Santa Rosa, octubre 21/23 de 2004.

2 DAVIES, A. – en su reseña del libro Y Wladfa de R. Williams, en: Margannwg. 7, 1973 p.137.

3 Fueron diecisiete las capillas en las cuales se celebraba culto en idioma galés, seis de ellas eran Congregacionistas: Tair, Helygen, Moríah, Drofa, Dulog, Gaiman, Bethesda. Cuatro pertenecía a los Metodistas Calvinistas: Trelew, Tryki, Bryn, Gwyn, y Glan Alaw; hubo tres Unionistas: Bryn Crown,Doloban y Tierra Salada; dos pertenecientes a la Iglesia Episcopal de Gales en Trelew y Llanddewi y dos de la Iglesia Independiente o Congregacionistas: Esquel y Colonia DEL Valle 16 de octubre, no pudimos confirmar la existencia de otra en la zona de Colgué Huspí, tal vez debido a la poca existencia y muy dispersa de galeses.

4 BAUR, J. E. –  “The Welsh in Patagonia: An exemple of nationalistic migrations” En: Hispanic American History Review, 23. 4 noviembre de 1954 pág. 468.

5 El original en idioma galés, se encuentra en la Biblioteca Nacional de Gales, siendo publicado por primera vez en el periódico Baner ac Amserau Cumru, en julio 12 de 1871.

6 Esta norma fue sancionada el 18 de octubre de 1872, siendo Lewis Jones presidente de los doce, promulgada el 24 de octubre del mismo año, por el gobernador Thomas Davies. El primer juicio lo efectuó el juez Robert Thomas, el día 23 del mes siguiente, en los autos Hughes Cadfan, Hugh c/ Jones, Lewis, condenando a éste último a pagar dos libras y 1º peniques por el precio de unas ventanas.

7 El Libro de Actas que obra en el Museo de Gaiman, correspondiente a 1872/1873 se puede leer el juicio entablado entre Williams R Jones c/ Lewis Davies en el que se disputaba la propiedad de unas maderas, allí el jurado estableció, en fecha diciembre 11 de 1872, que era su opinión unánime que la madera era propiedad del actor y que como era el primer caso de esta clase que se les presentaba, se multaba al demandado Lewis Davies a pagar una multa de cinco chelines ( en la Colonia, se utilizó moneda del UK) por alterar la paz (alteración de la tranquilidad pública), lo que debería pagarse de inmediato. En el libro consta que así ocurrió. Además fue opinión de la mayoría de jurado que debería darse al actor una compensación de veinte chelines, que Lewis Davies, tenía plazo hasta 1º de enero de 1874, bajo pena de ser multado por cinco libras esterlinas. Integraron el jurado: R. Hudghes, E. Davies, R. Williams, T. Jones, D. Williams, J. Roberts, R. J. Harries, H. Hughes, J. Bery y G. Hughes. El Juez fué Robert Thomas.

En fecha julio 22 de 1873 obra un acta del jurado, presidido por Rhyddach Hughes, en el litigio entre Hellín Williams y John Doyle, en el que se resolvió que este fuera multado en la suma de media corona por tomar la ley en sus propias manos. También que las partes deben mantenerse en paz el uno con el otro, pues caso contrario se los multará en la suma de cinco libras a cada uno. Además John Doyle debería pagar la multa antes del fin de semana.



8 Con fecha abril 26 de 1873 obra otra acta que refiere a una trasgresión., entre el capitán Nelson O´Brein y sus tripulantes del barco Felis.

Consta en la misma que: 1º - J. Doyle dejó el barco sin autorización y fue negligente en su deber como oficial y estar expuesto a ser castigado de acuerdo con las leyes británicas. 2º - Que J. Doyle fue hallado culpable de amenazar la vida del capitán Nelson O´Brein y también amenazar destruir el barco si no se le pagaba a él su sueldo y se cancelaba su contrato en el Chubut. 3º - En cuanto al robo en el barco Felis, el jurado opina en forma unánime que es obra de la tripulación del barco. 4º - Que J. Doyle y algunos tripulantes deben ser multados en la suma de diez libras o ser colocados en grillos si alteran el orden público mientras el barco esté en el río

El primer veredicto del jurado que consta en el citado libro, tiene fecha noviembre 23 de 1872, actuando J. Griffiths como presidente y en el que es opinión del jurado que H. Hughes debería recibir el precio usual de artesano o sea cinco (no dice de que moneda) por día ya que no se hizo ningún contrato referente al precio de las ventanas. Juzgan que dos libras y diez peniques es un precio suficiente por el tiempo que llevó hacerlas y la deuda debería ser pagada de aquí al 28 de febrero de 1873, por mano del juez.

Todas las transcripciones del idioma galés, se han hecho casi literalmente y respetando los giros utilizados en las referidas actas.



9 La forma de confección de las actas es semejante, en ellas figura el nombre del Juez, los autos, fecha de la audiencia, el veredicto del jurado y nombre de sus integrantes y el ciudadano que lo presidía.

10 PEREZ GALIMBERTI, A. – La reforma procesal penal en la Provincia del Chubut. En: INECIP. http://www.jbecip.org/cdoc.htm

11 Juegos florales de carácter anual, que hoy día se efectúan en idioma castellano y galés.

12 Dragón rojo rampante, símbolo del nacionalismo galés.





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