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Jose f. Hernandez carrillo corte suprema de justicia sala de casacion penal


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*IMPUGNACION TUTELA 8.362

JOSE F. HERNANDEZ CARRILLO





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado ponente:

Dr. ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON

Aprobado Acta No. 172


Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil (2.000).



1. ASUNTO
Desatar la impugnación interpuesta por el apoderado de José Fernando Hernández Carrillo contra el fallo de 16 de agosto de esta anualidad, mediante el cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de tutelar el derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los Juzgados 36 Penal Municipal y 37 Penal del Circuito de la misma ciudad.


2. FUNDAMENTOS DE LA ACCION
José Fernando Hernández Carrillo interpuso, a través de apoderado, acción de tutela contra las sentencias que en primera y segunda instancia profirieran los Juzgados 36 Penal Municipal y 37 Penal del Circuito de Bogotá respectivamente, mediante las cuales fue condenado a la pena principal de seis (6) meses de arresto, como autor de la contravención especial de lesiones personales dolosas, de las que fue víctima Mauricio Atara Díaz.

El accionante considera que en los aludidos fallos los funcionarios de instancia incurrieron en una vía de hecho, pues omitieron efectuar una apropiada y justa valoración de la prueba sobre “las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se causaron dichas lesiones, a más de no tener en cuenta las múltiples contradicciones del querellante, y de su esposa y cuñado” (f. 9).


Agrega que los juzgadores de instancia omitieron investigar lo favorable y desfavorable a los intereses del procesado, y valorar la prueba en conjunto, pues de haberlo hecho, muy seguramente habrían admitido la existencia de una legítima defensa.

3. EL FALLO RECURRIDO
Luego de verificar que Hernández Carrillo fue vinculado al proceso contravencional distinguido con el número 20-0014, y condenado de conformidad con lo dispuesto en las normas sustantivas y adjetivas aplicables al caso concreto, como son las leyes 81 de 1993 y 228 de 1995, y el Código de Procedimiento Penal, el a-quo ratificó la legalidad de las dos sentencias cuestionadas por vía de tutela, al concluir que “en momento alguno los despachos demandados incurrieron en vías de hecho, ya que con las mismas, lo que hicieron fue resolver definitivamente la situación jurídica del aquí accionante, conforme al imperio de la Constitución y la Ley” (f. 38).
La improcedencia del amparo la fundó en la ausencia de vulneración a los derechos fundamentales del peticionario, y en la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que efectivamente acudió el defensor cuando recurrió la sentencia de primera instancia.

4. LA IMPUGNACION
En escrito presentado ante esta instancia, el apoderado judicial del tutelante admitió que “si bien es cierto, existe certeza de que las lesiones personales ocurrieron, no así, de que la responsabilidad de las mismas, sea del procesado JOSE FERNANDO HERNANDEZ CARRILLO, puesto que para obtener dicha certeza, con base en el debido procesamiento formal de la prueba, ésta, conforme al artículo 254 del C. de P. P., debe considerarse, no sólo separadamente, sino también en conjunto con las demás”.
Precisó el impugnante que para el establecimiento de la autoría de las lesiones los juzgadores de instancia se limitaron a hacer eco del dicho del denunciante, su esposa y cuñado, sin ponderar en debida forma la versión del procesado.

5. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Improcedente resulta el cuestionamiento que por vía de tutela pretende hacer el accionante contra las sentencias condenatorias de primer y segundo grado proferidas por los Juzgados 36 Penal Municipal y 37 Penal del Circuito respectivamente, pues una tal posibilidad implicaría la perversión del debido proceso penal con una tercera instancia que, al revivir un debate en debida forma clausurado con la revisión que por virtud de los recursos interpuestos por el accionante se hizo del fallo de primer grado, desconocería el carácter vinculante de los fallos proferidos con arreglo al debido proceso por el funcionario competente, debidamente ejecutoriados, y por ende con fuerza de “cosa juzgada”.
La interpelación por parte del juez de tutela de la valoración racional que de las pruebas hicieron en su oportunidad los jueces del proceso -como lo pretende el impugnante-, además de generar inseguridad jurídica por el desconocimiento de la fuerza vinculante de los fallos definitivos, entraña la vulneración flagrante de la independencia y autonomía que ostentan quienes al administrar justicia en un Estado Social y Democrático de Derecho “sólo están sometidos al imperio de la ley” (arts. 228 y 230 de la Constitución Política).
La improsperidad del amparo, deducida a partir de estas premisas, la corrobora la racional fundamentación de las sentencias cuya controversia ahora se pretende por vía de tutela, pues sentada la imposibilidad jurídica de revisar extraprocesalmente las decisiones con que culminó el proceso, resulta oportuno advertir que la condena motivo de inconformidad del accionante no emerge como el producto del capricho o la arbitrariedad de los juzgadores –de donde se descartan las vías de hecho en que se sustenta la acción de tutela-, sino de la crítica ponderación individual y de conjunto de cada uno de los testimonios de las personas que presenciaron los hechos, los que igualmente fueron racionalmente cotejados de cara a las indagatorias de los sindicados, para así concluir:
“Ante este panorama probatorio, no resulta viable el reconocimiento de la justificante a favor del querellado José Fernando Hernández Carrillo, pues los medios de prueba aducidos al proceso, conllevan a pregonar, como ya se dijo, que las lesiones que infirió a Mauricio Atara Díaz, no fueron el resultado de su intención de proteger un derecho propio, sino del ánimo de ocasionarle daño en el curso de una riña” (f. 25 c.p.).

Así las cosas, habiendo sido interpuestos por el accionante los instrumentos establecidos en aplicación del debido proceso para controvertir la voluntad de la jurisdicción -recuérdese que interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado-, y descartadas las vías de hecho que infundadamente pregona, ha de precisarse, para ratificar la denegación de la acción de amparo, que ésta no constituye una instancia adicional a través de la cual prolongar indefinidamente el debate sobre la fuerza persuasiva de los medios de convicción, adelantado y clausurado con arreglo al debido proceso.


Demostrada como se halla la improcedencia de la protección constitucional invocada contra dos sentencias debidamente ejecutoriadas, y cuya racional motivación, como ha quedado expuesto, excluye las vías de hecho, la Sala confirmará la providencia objeto de impugnación.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE
1. CONFIRMAR integralmente el fallo recurrido.
2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional, una vez en firme esta providencia, para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
EDGAR LOMBANA TRUJILLO

FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CORDOBA POVEDA


CARLOS A. GALVEZ ARGOTE JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO


MARIO MANTILLA NOUGUES CARLOS E. MEJIA ESCOBAR


ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON NILSON E. PINILLA PINILLA


TERESA RUIZ NUÑEZ

Secretaria

Vence: Oct. 5/2000

Magistrado Ponente:

DR. ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON



Tutela

Proyecto: Oct. 3/2000



Abogado Asistente: Camilo Montoya Reyes.





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