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Jorge toro duque corte suprema de justicia sala de casaci


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TUTELA 1ª instancia 39.426

JORGE TORO DUQUE



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

-SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1-

MAGISTRADO PONENTE


AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

APROBADO ACTA Nº 330

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008).




ASUNTO

Se resuelve la acción de tutela promovida por Jorge Toro Duque, quien acude a través de apoderado judicial, contra la Fiscalía 44 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y la Fiscalía 200 Seccional de la misma cuidad, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.


Del inicio de la actuación se enteró a José Isel Salcedo, denunciado dentro del sumario objeto de cuestionamiento.

ANTECEDENTES



1. La situación fáctica y la tutela instaurada
1.1. Jorge Toro Duque, obrando a través de apoderado judicial, denunció a José Isel Salcedo por falsa denuncia, debido a que la investigación que originó su queja terminó con resolución inhibitoria.
El 20 de junio de 2007 la Fiscalía 200 Seccional profirió resolución inhibitoria por atipicidad de la conducta. La determinación fue confirmada el 15 de julio de 2008 por la Fiscalía 44 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
1.2. A juicio del peticionario, las autoridades demandadas incurrieron en vía de hecho por lo siguiente:
El inhibitorio dictado inicialmente por la denuncia que en su contra formulara José Isel Salcedo se soportó en dictamen pericial del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía, que comprobó la inexistencia de las conductas delictivas que se le endilgaban.
Las fiscalías demandadas no podían decidir prematuramente que la conducta desplegada por José Isel Salcedo carecía de dolo o que era atípica, pues su deber era detenerse en las consecuencias de lo declarado por Salcedo y analizar las contradicciones en que incurrió tanto en la primera como en la segunda ampliación de denuncia.
La delegada ante el Tribunal incurrió en impropiedades, pues confundió su nombre con el de su apoderado.
Solicita dejar sin efecto las dos resoluciones proferidas y en su lugar se inicie la correspondiente investigación.
Aporta fotocopia de las resoluciones mencionadas.
2. La respuesta de las autoridades judiciales
2.1. La Fiscal 44 manifestó no haber vulnerado el debido proceso porque la decisión cuestionada la adoptó conforme a la normatividad procedimental. Aportó copia.
2.2. La Jefe de Unidad Delitos de Administración Pública la eficaz y recta impartición de justicia comunicó que la Fiscal 200 Seccional se encuentra incapacitada, por lo que ella asume su defensa.
Sostuvo que consta en el expediente que en la decisión inhibitoria adoptada en primera instancia se examinó la versión libre rendida por José Isel Salcedo, así como la resolución Inhibitoria adoptada en oportunidad anterior por la Fiscalía 134 Seccional.
Aportó fotocopia de la versión libre y sus anexos, de la resolución inhibitoria proferida inicialmente por la Fiscalía 134 Seccional, de la inhibitoria dictada por la Fiscalía 200 Seccional y del escrito de apelación propuesto por la apoderada suplente de la parte civil.

CONSIDERACIONES



1. El asunto a resolver
Con fundamento en los antecedentes narrados, la Corte debe determinar si las fiscalías demandadas vulneraron los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia del peticionario, al inhibirse de abrir instrucción con base en la denuncia presentada por él en contra de José Isel Salcedo.
2. La tutela contra providencias judiciales tiene carácter excepcional
La excepcionalidad que rige la acción de tutela contra providencias judiciales descansa en el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial. Esa es la razón para exigir a quien la interpone el cumplimiento de ciertos requisitos, unos genéricos que habilitan su interposición, y otros específicos que posibilitan la procedencia misma del amparo.
Solo una vez superadas las exigencias genéricas, es posible que el juez constitucional verifique el fondo mismo del asunto que se le plantea, esto es, si la decisión cuestionada adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución.
Las determinaciones judiciales gozan de presunción de acierto y legalidad, y no es admisible que por cualquier causa los interesados pretendan remover la cosa juzgada o desconocer el criterio que, apoyado en la autonomía judicial reconocida en la Carta Política, fue plasmado por el fallador.
3. El caso concreto
El actor afirma que la tutela es procedente porque no existe otro medio de defensa judicial para lograr el amparo. La Sala pudo comprobar que ciertamente agotó los recursos que legalmente procedían. Adicionalmente, que la acción fue promovida dentro de un término oportuno, razonable y justo. Sin embargo, olvidó explicar cómo el asunto discutido resulta de relevancia constitucional, cómo se afectaron sus derechos fundamentales, cómo la irregularidad que plantea tiene en sí misma un efecto decisivo o determinante en la decisión que impugna y cuál fue la actuación abiertamente arbitraria e irrazonable desplegada por los funcionarios judiciales.
Debido a que el amparo no es instancia adicional a las ordinarias y el juez constitucional no fue instituido para revisar las actuaciones y decisiones del ordinario, es imprescindible que el interesado exponga en forma precisa cuál fue el error protuberante y cómo se afectaron injustificadamente sus derechos fundamentales.
La autoridad judicial goza de un amplio poder para valorar el material probatorio existente, para analizar las circunstancias particulares del caso y para decidir cuál es la solución que habrá de adoptar. Si bien en el ejercicio de su labor puede incurrir en una manifiesta e irrazonable valoración probatoria, o en un error flagrante de apreciación, para que el amparo resulte viable, el interesado tiene la carga de demostrar con suficiencia que ello tuvo lugar.
En esta ocasión el peticionario no cumplió con su deber de ilustrar con suficiencia al juez constitucional, y la Sala no advierte irrazonabilidad o arbitrariedad en las decisiones cuestionadas.
Si bien la Fiscalía Delegada ante el Tribunal al relatar los argumentos del recurrente incurrió en un error respecto al nombre del accionante, ello no comporta afectación de sus derechos, porque claramente se evidencia que se ocupó sobre su recurso y sobre la denuncia por él instaurada. Así mismo, consideró que de la actuación surtida y de la decisión inhibitoria adoptada en oportunidad anterior no se desprendía que José Isel Salcedo hubiese actuado con dolo. Para concluir ausencia de intención dañina, del dolo en el comportamiento denunciado por el accionante y, por ende, la atipicidad de la conducta, señaló:
“Nótese que mediaron circunstancias que hacen explicable la decisión de denunciar los hechos pues JOSE ISEL SALCEDO poseía documentación e información que lo llevó a pensar que se hallaba frente a irregularidades en el manejo de la administración de la ciudadela comercial Metrópolis y que ciertas contrataciones comportaban indebidos manejos, lo que en el contexto de su función de veedor lo llevó a emprender acciones que él consideraba adecuadas.
De esto da cuenta la cita fáctica que realiza la Fiscalía seccional 134 dentro del proceso 796349, cuyos términos anuncian que el copropietario y a la vez delegado de la asamblea general de copropietarios, JOSE ISEL SALCEDO, como veedor e integrante de la comisión de apoyo y acompañamiento, con funciones y atribuciones precisas y en tal calidad, ha denunciado la falta de claridad en el manejo de recursos, de donde ‘infiere la presunta existencia de hechos delictivos relacionados con lo económico y contable.
Bien ha dicho la jurisprudencia y la doctrina que no puede exigirse al particular que califique inequívocamente la calidad de delito que puedan tener los hechos puestos en conocimiento de las autoridades ya que aquella función corresponde al Juzgador, funcionario del Estado encargado de determinar si los hechos se adecuan a las descripciones de la ley penal”. (Texto resaltado en el original).
Lo anterior pone de presente que la determinación se adoptó luego de un análisis detallado de la situación fáctica y con apoyo en argumentos que no resultan autoritarios ni arbitrarios.
Finalmente, es importante advertir que la resolución inhibitoria no hace tránsito a cosa juzgada, pues si surgen pruebas nuevas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para la adopción de esa decisión, el peticionario puede pedir su revocatoria.
Por las precedentes consideraciones se negará el amparo propuesto.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE



Primero. Negar la tutela interpuesta por Jorge Toro Duque.
Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

Magistrado Ponente



SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Magistrado

Magistrado


TERESA RUIZ NÚÑEZ


Secretaria



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