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Jorge mauricio burgos ruiz magistrado ponente


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República de Colombia





Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

MAGISTRADO PONENTE:

Tutela No. 41363

Acta No. 1
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013).
Decide la Corte la impugnación interpuesta por LUIS JOSÉ LÓPEZ ORTÍZ contra la providencia proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA el 17 de octubre de 2012, dentro de la acción de tutela que promovió el recurrente, en representación de JOSÉ DOMINGO DÍAZ SUÁREZ contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBÚ y la DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, a la que se vinculó el DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, el JEFE DE NARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL NORTE DE SANTANDER, el JEFE DEL GRUPO DE ATENCIÓN A QUEJAS POR ASPERSICIÓN, el JEFE DEL ÁREA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, el JEFE DEL ÁREA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS DIRAN y el COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN QUEJAS POR ASPERSIÓN.

I -. ANTECEDENTES
1. El actor solicita el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, “doble instancia” y “vía de hecho”, los cuales considera vulnerados a su abuelo, a quien representa, por las autoridades accionadas.
Luis José López Ortiz, en representación de su abuelo, José Domingo Díaz Suarez, manifestó que éste tenía tres hectáreas de cultivos de yuca, plátano y maíz; que en 2009, por parte del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, le fumigaron sus siembras con glifosato; que para ese entonces Díaz Suarez se quejó ante el Corregidor de La Gamarra, Municipio de Tibú, quien tomó una declaración juramentada y envió cuatro fotos a la Alcaldía, y a su vez, ésta remitió el reclamo a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, para que respondieran por los daños causados.
Expresa que su abuelo esperó un tiempo pero no recibió razón por parte de la Alcaldía, ni de la citada Dirección, pese a que contaban con su lugar de residencia, además que por lo peligroso de la zona, su representado no podía desplazarse al Municipio para indagar por el trámite.
Aseguró que en julio de 2012, al tener ya conocimiento del proceso y de los perjuicios ocasionados a su abuelo, pues los cultivos eran su única fuente de ingreso, envió derecho de petición a la Dirección de Antinarcóticos “solicitando copias de los radicados que reposaban en la base de datos de dicha entidad y su total información para la indemnización de mi abuelo por los daños causados”; que en respuesta se le envió copia del oficio No. 6480 de 19 de octubre de 2009, con el que la Policía Nacional le solicitó a la Alcaldía de Tibú las coordenadas del lugar fumigado, pero la Alcaldía no le comunicó nada a su abuelo para reportar tal información; que además se le allegó copia del oficio No. 2816 de 1 de abril de 2010, en el cual anuncian el cierre del caso y ordenan a la Administración Municipal notificar al afectado.
Narró que lo sorprendió la información porque era deber de la Alcaldía darle a conocer a su abuelo el trámite de la queja; que éste se quedó esperando el dinero por el resarcimiento de los perjuicios sufridos, lo cual no fue posible por negligencia de aquella.
Aduce que no es justo que se le cause daño a una persona, cuando el deber de la administración es ayudar a quienes carecen de recursos económicos; y que los cultivos fumigados eran legales y estaban a 2.500 metros de la finca vecina donde sí había siembras ilícitas.
Por lo anterior, solicita al Juez constitucional amparar los derechos fundamentales invocados y, como consecuencia de ello, “que reinicien el proceso a fin de que indemnicen a mi abuelo por los daños ocasionados en sus hectáreas, ya que es una persona de la tercera edad y ya no tiene los medios para trabajar”.

2. Mediante providencia de 17 de octubre de 2012, la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA, negó el resguardo solicitado tras considerar “…que las accionadas no se sustrajeron a la obligación y trámites contemplados en la ley en el evento de la procedencia o no de la reparación del daño, pues ante la inactividad del quejoso por el transcurrir del tiempo sin efectuar manifestación alguna por el mismo, la DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS…se vio en la obligación de requerirlo para solicitar más información sobre la ubicación del predio en el cual se dio el presunto daño a los cultivos, situación que se demuestra por el Grupo Atención Quejas por Aspersión de la Policía Nacional, que hizo a través de los avisos citatorios que fueron fijados por el Corregidor Especial de la Gabarra para las fechas del 29 de noviembre de 2009, como el 10 de mayo de 2010, no evidenciándose entonces vulneración de derecho fundamental alguno…”. Agregó que no se vislumbra la existencia de un perjuicio irremediable; que no se violentó el debido proceso, pues, dentro del trámite de la queja, se intentó informar al quejoso que se requería más información y éste guardo silencio, no encontrando la Sala que se hayan negado o desconocido garantías procesales al presuntamente afectado.


Finalmente, el Tribunal se refirió a la inobservancia del requisito de inmediatez, por haberse acudido a la tutela luego de tres años interpuesto el reclamo por la fumigación de los cultivos.
3. Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugnó, bajo el argumento de que su abuelo no pudo darse cuenta del aviso citatorio que fue fijado por el Corregidor, pues no sabe leer ni escribir, y que debió habérsele ubicado en la dirección o teléfono, que de antemano conocían las autoridades para reportarle la suerte de la queja.

II-. CONSIDERACIONES
Pretende el impugnante que se revoque el fallo de tutela por considerar que sí existió infracción al debido proceso en el trámite del reclamo interpuesto por su abuelo, José Domingo Díaz Suarez, con ocasión de la fumigación que con glifosato hicieran a sus cultivos en 2009. La afectación la hace consistir en que el quejoso no fue informado del trámite impartido a su reclamación, y el proceso terminó por desistimiento tácito, cuando lo cierto es que debió habérsele comunicado al respecto en la dirección que se conocía en la Alcaldía Municipal de Tibú.
Pues bien, revisado el expediente allegado para su estudio y decisión, se constató que efectivamente a la solicitud de indemnización se le dio el trámite de rigor, esto es, fue recibida en la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Área Erradicación Cultivos Ilícitos, el 15 de julio de 2009; que luego de su análisis, a la luz de la Resolución No. 0008 de 2007, surgió la necesidad de establecer el lugar exacto de ubicación de los cultivos afectados, y por ello, con tal fin, se ofició el 19 de octubre de 2009, a la Alcaldía de Tibú para que por su intermedio se requiriera al interesado con el objeto de que complementara información.
En la respuesta a la acción de tutela, la Dirección de Antinarcóticos explicó que el 2 de febrero de 2010, recibió oficio de 15 de enero del mismo año, en el que la Secretaria de Gobierno de Tibú expresó que no pudo hacer llegar el oficio al interesado y remitió copia del edicto.
En el expediente obra copia del aviso citatorio a José Domingo Díaz Suarez, fijado en el Despacho por el Corregidor Especial de la Gabarra y respuesta de éste a la Dirección de Antinarcóticos y a la Alcaldía de Tibú, respecto de la petición de notificación al interesado.
Ante la ausencia de adición a la solicitud, la Policía Nacional, en observancia a las normas del Código Contencioso Administrativo, aplicó el desistimiento tácito y declaró terminado el trámite por Auto No.2816 de 1 de abril de 2010. Conforme a lo narrado por la Institución accionada, el 22 de junio de 2010, recibió el oficio No. 725 del 10 de junio, con el que la Secretaria General de la Alcaldía remitió los avisos citatorios, y advirtió que el edicto para notificar la terminación de la actuación se fijó entre el 10 y el 24 de mayo de 2012.
Lo anterior deja entrever que las convocadas impartieron el trámite pertinente a la petición indemnizatoria de quien en esta acción es representado por Luis José López Ortiz. Fue así como se pidió adicionar la queja con datos determinantes para establecer la procedencia o no del reclamo, pero ante la ausencia de pronunciamiento por el interesado, se procedió a finiquitar la actuación, sin que de ello se desprenda una afectación a las garantías de estirpe Superior de que es titular Díaz Suarez, pues los pronunciamientos de la Dirección de Antinarcóticos, le fueron debidamente comunicadas, ante la imposibilidad de realizar notificación personal.
Ahora bien, no se entiende cómo ante la trascendencia del reclamo, el interesado no hizo seguimiento al mismo ante el Despacho del Corregidor de la Gamarra, si es que por lo temible de la zona, no podía desplazarse hasta el Municipio de Tibú, como lo narra el tutelante, pues lo que aflora del expediente es que se presentó la queja en 2009 y solo hasta 2012, el denunciante, a través de su nieto, se preocupó por conocer el estado de la misma. Tal circunstancia denota falta de interés por parte de José Domingo Díaz Suarez, lo que no puede ser enmendado con la interposición de una acción excepcional reservada a casos de agresión actual o amenaza inminente de derechos fundamentales.

En tales condiciones y sin ser necesarias más consideraciones, se confirmará el fallo impugnado.


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1-. CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA, el 17 de octubre de 2012, dentro de la acción promovida por LUIS JOSÉ LÓPEZ ORTÍZ, en representación de JOSÉ DOMINGO DÍAZ SUÁREZ, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBÚ y la DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA.
2-. COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3-. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO


LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS C ARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE




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