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Jorge mauricio burgos ruiz magistrado ponente


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República de Colombia





Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

MAGISTRADO PONENTE

AL1568-2013

Consulta de Incidente de Desacato

Radicado No. 34892

Acta Extraordinaria No. 112

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013)

Resuelve la Corte la consulta de la providencia proferida el 14 de noviembre de 2013, por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA, en el incidente de desacato promovido por JOSÉ YOBANI PEDROZA PEÑARANDA, JUAN DE DIOS TARAZONA, ANA ISABEL ATUESTA, JUAN CHAPARRO PÉREZ, CAROLINA MANTILLA, MARÍA PÉREZ, VÍCTOR JULIO GARAY, ALCIDES ASCANIO, ANA ILSE MANTILLA MORANTES, DIOSELINA SÁNCHEZ ROZO, JAIRO ALFONSO TELLEZ, LUIS MORENO A., ISABEL PÉREZ ORTIZ, ALIRIO SANGUINO, PEDRO ELIAS ROMERO, SANDRO MILANES, MIRIAM ROJAS SANDOVAL, ARGELIO BUITRAGO, ELÍ CARVAJAL, ANA ELVIA PÉREZ, MARÍA DOLORES FLOREZ, MARÍA BELEN SANCHEZ, CECILIA PÉREZ, OLGA PATIÑO, TERESA SÁNCHEZ RUBIO, CARMEN TULIO PACHECO, MARTÍN LEÓN, JOSÉ E. MORANTES, CARLOS IVÁN ACERO ROLON, JUAN TARAZONA, LUIS FRANCISCO VERGEL, CARMEN CHAPARRO, LIBARDO CORREA, JOSÉ TRINIDAD CASTILLA, DOMINGO SANDOVAL,
ELBA GALAVIS SOTO, CAMILO MANTILLA, CIRO ALFONSO ASCANIO, LUÍS RAMÓN SANGUINO, FRANCISCO SÁNCHEZ, CECILIA GALAVIS SOTO, MARÍA ANGÉLICA RODRÍGUEZ, MIRIAN CLARO, LUZ MARINA ROPERO, OSCAR RIVERA, ROBERTO ORTÍZ RODRÍGUEZ, JULIÁN QUINTERO NAVAS,
MARITZA GELVEZ, YOLEÍDA GUERRERO, ADELAIDA ALBA BOTELLO, GILBERTO GELVEZ, DELMÍRA GARCÍA, PEDRO ELIAS PACHECO, PABLO ANTONIO GELVEZ, MARIA CLAUDIA ROJAS CARRILLO, JOSÉ MARÍA ESPINEL, JESÚS SÁNCHEZ, CELMIRA ALBA BOTELLO, RICARDO SEPULVEDA, JULIO VARGAS, EDILIA ACEROS, MARTA EUGENIA PÉREZ, AGUSTON PEÑA ORTIZ, LOURDES MORANTES, IVÁN MENDOZA ORTÍZ MARÍA RIVEROS, MARÍA VERA BARRAGÁN, GLORIA INÉS ACEVEDO GÓMEZ, MARÍA MARLENY MARTÍNEZ, OSCAR FABIÁN MORANTES, CAMILO MANTILLA, GERARDO RIVERA GARCÍA, OMAR VACA SOTO, ABEL RODRÍGUEZ, PEDRO MESA TORRES, ANA BENILDA PÉREZ, BEATRIZ SÁNCHEZ, ARNOLDO GALVIS, ROSALBA VERA, PEDRO ELÍAS CACERES, HÉCTOR VELÁSQUEZ, LUZ MARÍA MORALES, ANTONIO MARÍA VERA MORALES, MIGUEL ÁNGEL NAVAS, ELOÍNA VELÁSQUEZ, JOSÉ QUINTERO, ALEXANDER ORTIZ ROLON, ALEXIS SANGUINO, GERMAN NAVAS, LEYDI JOHANA VEGA, JOSÉ BOTELLO SÁNCHEZ, JESÚS EMEL ASCANIO, PEDRO ASCANIO, JOSÉ EDUARDO
VELÁSQUEZ MELO, FRANCELINA RAMÍREZ, ROSAURA
CASTILLA, JOSÉ DEL CARMEN LAZARO, PEDRO ELIAS VERA, LUIS ÁNGEL CONTRERAS
y otros más de los cuales sus firmas se observan ilegibles, mediante la cual dispuso sancionar por desacato al ALCALDE MUNICIPAL DE SARDINATA, al COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, al GOBERNADOR DEL NORTE DE SANTANDER y a los MINISTERIOS DE DEFENSA NACIONAL y HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

ANTECEDENTES

Manifestaron que presentaron acción de tutela contra los MINISTERIOS DE DEFENSA NACIONAL y DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA,  la POLICÍA NACIONAL, el MUNICIPIO DE SARDINATA, el JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA JURÍDICA DE LA NACIÓN, el DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL SECCIONAL NORTE DE SANTANDER, la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER, el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, el RECTOR DEL COLEGIO MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA, el PÁRROCO DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, el COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA, el PERSONERO MUNICIPAL, el PRESIDENTE del CONCEJO y PEDRO EMILIO MÁRQUEZ, Presidente de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL  SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE LAS MERCEDES y la OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS “OCHOA” DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, con el fin de que se ordenara “al Comandante de Policía del Departamento Norte de Santander, al Alcalde Municipal de Sardinata, la realización de un estudio técnico, en consenso con  los líderes y representantes de la población civil del Corregimiento el cual permita establecer la reubicación de la nueva sede de la Policía Nacional y sus respectivas garitas de vigilancia, en un lugar que mediante consenso y que estratégicamente se considere como el más apropiado para las partes”.


Que surtida la correspondiente actuación dentro de la acción de amparo constitucional que dio lugar al presente incidente, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en sentencia de 5 de abril de 2013, negó el amparo por improcedente; decisión que esta SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante providencia STL2093-2013 del 26 de junio de 2013, revocó para en su lugar conceder el amparo suplicado por los actores y por tanto “ORDENAR al Alcalde del Municipio de Sardinata, a la Policía Nacional, en colaboración y coordinación con la Gobernación del Norte de Santander y  los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, realicen las gestiones tendientes a trasladar o reubicar la Estación de Policía en un sitio de “Las Mercedes”, donde no constituya peligro para la vida y seguridad de la población en general, especialmente la infantil”.
El 5 de agosto de 2013, promovieron incidente de desacato contra la Nación - Ministerio Defensa Nacional, la Policía Nacional y el Municipio de Sardinata, al considerar que por parte de las autoridades accionadas no se ha dado el cumplimiento del fallo de tutela proferido por la Corte Suprema, trámite que en virtud del auto de fecha 28 de agosto de 2013, fue despachado en forma desfavorable al considerar el Tribunal que tanto el Alcalde de Sardinata como el Comandante del Departamento de Policía Norte de Santander han dado cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia, por cuanto el Concejo Municipal de Sardinata autorizó a la Alcaldía de Sardinata la donación de un terreno a la Policía Nacional el 24 de enero de 2013, protocolarizado mediante escritura pública el 25 de abril de 2013, es decir que pese a que dichas gestiones han sido anteriores a la decisión de tutela, también es cierto que de las documentales allegadas al proceso se observa que las accionadas han dado cumplimiento al fallo de tutela, pues demostraron las gestiones ante la Gobernación del Departamento del Norte de Santander, quienes se comprometieron a apoyar la cofinanciación de la construcción de la estación con $200.000.000,oo y, por su parte, el Comandante de la Policía ha realizado los diseños para el proyecto de construcción y posterior inscripción en el Ministerio del Interior.
Inconformes con la anterior decisión fue apelada por parte de los actores, la cual fue coadyuvada por el párroco de la zona, la Institución Educativa Monseñor Sarmiento Peralta y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de las Mercedes - Sardinata, mediante auto del 19 de septiembre de 2013, fue declarado improcedente tal mecanismo de impugnación y paso seguido se requirió nuevamente al Alcalde Municipal de Sardinata, al Comandante de la Policía Nacional del Departamento de Norte de Santander, el Gobernador del Norte de Santander y los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional y se dio traslado a las autoridades cuestionadas del escrito presentado por los incidentantes.
Mediante providencia de fecha 14 de noviembre de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dispuso sancionar por desacato con multa de 5 salarios mínimos, mensuales, vigentes para el año 2013, al Alcalde Municipal de Sardinata, al Comandante de la Policía Nacional del Departamento de Norte de Santander, a la Gobernación del Norte de Santander y a los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público.
Para adoptar esa decisión el Tribunal consideró, “si bien es cierto de las respuestas que se recibieron por los entes accionados en el curso del incidente de desacato y de la documental presentada se observa de las gestiones que se han efectuado por parte de ellas, también lo es, que la ALCALDÍA DE SARDINATA aún cuando hizo la donación del terreno a la Policía Nacional autorizado por el Concejo Municipal de Saldinata (fl.76, 220 al 225) el mismo es de fecha 24 de enero de 2013 y la escritura pública del 25 de abril de 2013 (fl. 65 a 68) es decir anterior a la decisión de la Honorable Corte Suprema de justicia, lo cual nos indica que en últimas no ha efectuado las diligencias pertinentes para dar cumplimiento al fallo de tutela, pues ya tenía pensado que la nueva estación de policía quedaría en el mismo sitio que fue destruida en anterior oportunidad. De la misma manera, los demás entes accionados como la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER, la POLICÍA NACIONAL han realizado trámites y gestiones para dar cumplimiento a la sentencia de tutela, no lo han hecho encaminada a proteger a la población civil y sobre todo la infantil como fue dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo de tutela, ya que a sabiendas que el terreno donado es el mismo donde quedaba anteriormente la estación de policía destruida guardaron silencio y no hicieron ver ello ante los demás organismos accionados, tendientes a buscar otra solución a la problemática presentada en el Corregimiento de Las Mercedes en salvaguarda de los derechos fundamentales de la población civil. De lo antes expuesto y aún cuando los entes accionados han tratado de realizar las gestiones tendientes a dar cumplimiento al fallo de tutela no lo han hecho a la fecha, poniendo en riesgo la integridad física de la población civil ante los reiterados hostigamientos efectuados por los grupos armados que se encuentran en esa región.
El Tribunal dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, remitió el presente incidente de desacato a fin de que se surta la consulta del mismo.


CONSIDERACIONES

La consulta, establecida en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, está instituida como un medio de protección de los derechos de la persona a la que se sanciona, para lo cual debe verificarse si efectivamente ésta cumplió o no lo dispuesto por el juez de tutela al amparar los derechos fundamentales, con el fin de evitar, igualmente, que tales decisiones queden en el terreno meramente teórico.


En el presente caso, el trámite incidental se inició ante la solicitud presentada por integrantes de la población civil de Sardinata corregimiento de Las Mercedes, el 5 de agosto del 2013, que culminó, en primera instancia, mediante decisión del pasado 14 de noviembre del mismo año en el que se sancionó por desacato con multa de 5 salarios mínimos, mensuales, vigentes para el año 2013, al Alcalde Municipal de Sardinata, al Comandante de la Policía Nacional del Departamento de Norte de Santander, a la Gobernación del Norte de Santander y a los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público.
Ahora bien, observa esta Sala Laboral que como juez constitucional de segunda instancia la orden dada a las autoridades judiciales accionadas fue la de realizar “las gestiones tendientes a trasladar o reubicar la Estación de Policía en un sitio de “Las Mercedes”, donde no constituya peligro para la vida y seguridad de la población en general, especialmente la infantil”.
A fin de observar si se ha realizado el cumplimiento del fallo proferido por esta Corporación, es necesario revisar las gestiones realizadas por parte de las Entidades a las cuales se les impuso la orden señalada, al respecto se observa a folios 184 a 189 del cuaderno de tutela respuesta en la que el Departamento de Policía del Norte de Santander, manifestó que “la Alcaldía de Sardinata DONÓ a la Policía Nacional, el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 260-245299, No. Catastral 02-00-0011-0006-000 y la escritura pública No. 174 de 25 de Abril de 2013, con el fin de dar cumplimiento a la parte motiva de la sentencia la cual toma fuerza al proteger la vida y seguridad, especialmente de la población infantil, por consiguiente el lugar de reubicación que se indica en la grafica se evidencia que es un sector residencial en el cual no hay existencia de establecimientos públicos tales como colegios puestos de salud, jardín infantil, por ende no significa riesgo inminente a la población civil y a la población infantil la cual su despacho busca proteger en derecho; aunado a lo anterior se antepone la sentencia No. T-139/93 de la Corte Constitucional sobre el principio de Solidaridad Social/ Derecho a la Paz”.
Por su parte la Gobernación de Norte de Santander, reiteró a folio 190 su apoyo para la cofinanciación de la Estación de Policía de las Mercedes con la suma de $200.000.000, para lo que indicó la realización de gestiones tendientes a inscribir tal proyecto ante Planeación Departamental; así mismo la Alcaldía de Sardinata indicó que ha realizado las gestiones necesarias a fin de poder reubicar la Estación de Policía para lo cual el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 003 del 24 de enero de 2013 lo facultó para ceder a título gratuito la propiedad atrás indicada.
Conforme lo anterior, avizora esta Sala de Casación Laboral que la orden impartida por esta Corporación fue acatada por parte de las Entidades incidentadas, pues tal como lo indica el numeral 2º del artículo 315 de nuestra Constitución Política, el Alcalde tiene como atribución “Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”, razón por la que en cabeza suya está liderar las políticas con el fin de cumplir los fines del Estado y por tanto salvaguardar la vida e integridad de su población, tal como lo consagra el artículo 2º de igual Carta Política.
Ahora bien, el fallo de tutela fue claro al indicar que dadas las circunstancias especiales de la población del corregimiento de Las Mercedes, se debía amparar los derechos fundamentales de los accionantes, con el fin de que las autoridades a cargo gestionaran de forma eficaz y rápida todas las actuaciones tendientes a reubicar o trasladar la Estación de Policía de Sardinata, gestiones que desde antes del fallo venían realizándose lo que no comporta una falta de cumplimiento por parte de dichas Entidades, como quiera que se observa por el contrario tanto la Policía Nacional como la Gobernación han realizado los trámites necesarios con el fin de efectivizar tanto el proyecto y los planos de la nueva estación como los dineros y la inscripción de tales ante la Dirección de Planeación Territorial.
No desconoce esta Sala la preocupación por parte de la población civil del corregimiento de Las Mercedes, que se ha visto involucrada en el conflicto armado el cual ha ocasionado la pérdida de vidas y la destrucción de establecimientos y viviendas de dicho sitio, sin embargo, es menester indicar que la Policía Nacional como “cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, tal como se establece en el artículo 218 de la C.P., y debido a su naturaleza preventiva debe tener la capacidad de reaccionar ágilmente para contrarrestar situaciones que amenacen la convivencia pacífica y por tanto comprometan el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, de ahí que la ubicación de las Estaciones de Policía deban ser evaluadas de forma estrategica, previa estimación general y específica de los riesgos que corre la población civil, lo que se observa ha sido gestionado por parte de las autoridades vinculadas en la presente acción, de lo contrario se pondría en una situación de indefensión a los habitantes de dicho corregimiento.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE

1.- REVOCAR la sanción que impuso la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta al Alcalde Municipal de Sardinata, al Comandante de la Policía Nacional del Departamento de Norte de Santander, a la Gobernación del Norte de Santander y a los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público.


2.- ENTERAR de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE



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