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Jorge luis lozano anaya


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República de Colombia

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Tutela No. 48.757

JORGE LUIS LOZANO ANAYA

Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente


Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÈREZ

Aprobado acta N° 201.


Bogotá, D.C., veinticuatro de junio de dos mil diez.


VISTOS
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el accionante JORGE LUIS LOZANO ANAYA contra el fallo proferido el 1° de junio de 2010 por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, mediante el cual le negó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso, presuntamente vulnerados por la FISCALÍA 22 ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO- UNAT.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN


1. Los hechos objeto de solicitud de amparo constitucional fueron consignados en el fallo proferido por el a quo de la forma como sigue:


Relata el actor que el 29 de marzo de 2009, la Fiscalía 22 Unidad Nacional Antiterrorismo le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por la presunta comisión del delito de Concierto Para Delinquir Agravado.
Indica que con ocasión de ello, una vez abierto el debate probatorio, su defensor solicitó los testimonios de los señores CAMPO ELÍAS DE LA ROSA GONZÁLEZ, GABRIEL ALVARADO URANGO y JORGE LEÓN PINZÓN ARANGO, quienes se encuentran recluidos en la penitenciaria la Picota por los mismos hechos, los cuales fueron denegados por el Fiscal, tras considerar que por ser sujetos procesales están inhabilitados para declarar.
Informa que los testimonios de las personas atrás referidas resultan de vital importancia para su defensa. En consecuencia, señala que elevó solicitud ante el Fiscal 22 Especializado de la Unidad Antiterrorismo se diera trámite ante el correspondiente Juez Penal del Circuito, al correspondiente control de legalidad propuesto en su oportunidad, pese a ello, la referida autoridad se pronunció al respecto manifestándole que se abstendrá de realizar el respectivo trámite hasta tanto se decidan todas las apelaciones interpuestas en su oportunidad, lo cual considera es una flagrante violación al debido proceso, toda vez que las decisiones respecto a la libertad deben tomarse de manera inmediata sin dilaciones injustificadas.
Insiste en que la autoridad accionada, a la fecha de reparto de la presente acción constitucional, esto es el 20 de mayo de 2010, no ha dado inicio al trámite de control de legalidad solicitado, negando sin justificación alguna la solicitud de pruebas de la defensa, resaltando que ha incumplido con su deber constitucional de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable del sindicado, decisiones éstas que desconocen el debido proceso y, en consecuencia, generan una vía de hecho.
Por lo anterior, solicita se conceda el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, consecuentemente, se ordene su libertad inmediata subsidiariamente, así como que se ordene el trámite inmediato de la solicitud de control de legalidad, y también se ordene la prueba testimonial de los señores GABRIL ALVARADO URANGO, CAMPO ELÍAS DE LA ROSA GONZALEZ y JORGE LEÓN PINZÓN ARANGO.”
2. Al trámite de primera instancia acudieron las autoridades accionadas, cuyas respuestas el a quo sintetizó así:
La Fiscalía 22 de la Unidad Nacional Antiterrorismo –UNAT- adscrita a la Estructura de Apoyo de la Parapolítica, en escrito del 25 de mayo de 2010, informa al Tribunal que en efecto el día 29 de mayo del año en curso, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al señor JORGE LUIS LOZANO ANAYA por la presunta comisión del delito de Concierto Para Delinquir Agravado.
Allega copia de la Resolución del 16 de Abril de 2010, donde niega la prueba testimonial solicitada por la defensa del señor JORGE LUIS LOZANO ANAYA – testimonios de los señores CAMPO ELÍAS DE LA ROSA GONZÁLEZ, GABRIEL ALVARADO URANGO y JORGE LEÓN PINZÓN ARANGO- afirmando que éstos se encuentran vinculados al proceso que se sigue igualmente al actor, razones por las que no pueden ser oídos en declaración.
Agrega que el accionante es investigado por haber participado en reuniones del Proyecto Político con el Bloque Elmer Cárdenas BEC de las AUC, basado en pruebas documentales referentes a las actas de reunión y la declaración del señor HUMBERTO ATEHORTUA SALINAS alías “JUAN DIEGO”, así como por haber participado en consulta popular para la escogencia de precandidatos a la Alcaldía de San Juan de Urabá la cual fue organizada por el Bloque Elmer Cárdenas BEC de las AUC y, no como lo entiende la defensa del mismo, por haber sido coordinador del proyecto político.
Indica que se abstuvo de iniciar el trámite de control de legalidad solicitado por la defensa del actor, toda vez que no llena los requisitos establecidos en el artículo 392 de la ley 600 de 2000, esto es, la mención de la causal y argumentación de la misma.
Argumenta que las decisiones adoptadas en el proceso seguido en contra del señor JORGE LUIS LOZANO ANAYA se encuentran ajustadas a la Constitución y a la ley, razón por la cual no es cierto que las mismas sean producto de una vía de hecho que atente contra el debido proceso del mismo.
Mediante el oficio F 22 UNAT N° 005043 del 25 de mayo del 2010, adiciona la respuesta atrás referida, y para el efecto allega auto del 23 de octubre de 2009 en donde el Juez Penal del Circuito Especializado de Quibdó, manifiesta que para que se admita el trámite del incidente de control de legalidad a la medida de aseguramiento impuesta al accionante se requiere que dicha decisión se encuentre debidamente ejecutoriada, reposando sobre el particular el oficio 130 del 10 de mayo del año en curso, informando dicha particularidad y, además, que las sentencias judiciales no surten ejecutorias parciales.
Por las razones anteriormente expuestas solicita se denieguen las pretensiones de la parte actora.”
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo calendado el 1° de junio de 2010, negó la protección reclamada arguyendo que el accionante cuenta al interior del proceso penal que se adelanta en su contra, con medios de defensa judiciales idóneos, incluso, la determinación de abstenerse de iniciar el trámite incidental de control de legalidad se encuentra surtiendo el recurso de apelación incoado; además, consideró que la decisión de negar los testimonios invocados se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico, es justa y razonable.
4. Inconforme con el fallo proferido por el a quo, en el acto de notificación, el accionante lo impugnó sin exponer las razones de su disenso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación, dado que la misma se promueve contra un fallo de tutela proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, respecto de la cual se ostenta la condición de superior funcional.

Ahora bien, recuérdese que la acción de tutela opera como un mecanismo eficiente de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que ellos resulten vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que determina la ley. Instrumento constitucional que guarda armonía con los artículos 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2.


Siendo la tutela un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de “ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”3 que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional4.
Tan exigente es, que según la doctrina constitucional los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, ameritan:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.”.5
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Los anteriores requisitos, se insiste, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 08 de junio de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mentadas providencias en el sentido que cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida “… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto” (C-590 de 2005) –Subrayas fuera del original-.
Su cualidad habilitadora, en el caso de los primeros, hace que su ausencia repercuta en la declaratoria de improcedencia de la acción.
Para la Sala no está por demás indicar que cuando la acción de tutela se dirige contra providencias judiciales, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales de procedibilidad que esta Corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional, que en reciente pronunciamiento expresó:
La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar –Negrillas y subrayas fuera del original- Sentencia T-780 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
Baste entonces con que se incumpla uno de los requisitos de habilitación tan profusamente expuestos en esta providencia, para relevar al juez de tutela del estudio de fondo del asunto puesto a su conocimiento.
La acción de tutela presentada por JORGE LUIS LOZANO ANAYA está encaminada a cuestionar la decisión de la Fiscalía 22 Especializada de la UNAT de negarle la práctica de unos testimonios, concretamente porque se trata de otros procesados dentro de la misma causa, lo que en su criterio es determinación que desconoce sus derechos fundamentales y constituye una vía de hecho, ya que no se ajusta al ordenamiento legal.
En orden a resolver la pretensión de amparo, la Sala de manera reiterada ha puntualizado que las especiales características de este instituto subsidiario y residual de protección imposibilitan que se acuda a él para obtener que el juez constitucional intervenga de manera indebida en procesos en curso, pues tal proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró el mecanismo, desconociendo los principios de independencia y autonomía que rigen la actividad de la Rama Judicial de acuerdo con lo previsto en el artículo 228 de la Carta Política.
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la actuación procesal a la cual se refiere el accionante se encuentra en trámite, motivo suficiente para la improcedencia del amparo demandado puesto que dentro de dicho proceso penal cuenta con medios idóneos de defensa judicial para reclamar el amparo de las garantías que considera conculcadas, para lo cual, a través de su defensor, bien puede insistir en la práctica de los testimonios que demanda, escenario en el cual puede exponer todos postulados que considere de interés frente al desarrollo del proceso, no obstante, agotados los mecanismos de defensa que el procedimiento le brinda, debe acoger las determinaciones que se adopten.

Conforme a lo anterior, la acción de tutela deviene impropia cuando en el decurso de un trámite procesal, ordinario o especial, se alega el presunto quebranto de algún derecho fundamental, cuyo restablecimiento es imperioso buscar al interior del mismo proceso mediante los mecanismos allí dispuestos, como en efecto puede hacerlo el actor, a través de su apoderado o directamente, mas no por la vía de la acción de tutela que, por su naturaleza residual y subsidiaria, no es constitutiva de una instancia adicional y menos puede converger a manera de instrumento paralelo o alternativo desquiciador de los procedimientos ordinarios.


Si se admitiera que el Juez de tutela verifique la juridicidad de los trámites, o los supuestos desaciertos en la apreciación de las pruebas o en la interpretación de las normas jurídicas por los funcionarios judiciales, no sólo se desconocerían los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, de independencia y sujeción exclusiva a la ley, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural, y las formas propias del juicio penal contenidos en el artículo 29 Superior.
Recuerda la Corte que la acción pública no constituye un mecanismo adicional ni alternativo a los consagrados en la legislación ordinaria; por el contrario, se trata de un instrumento residual, preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o una amenaza inminente por la acción u omisión antijurídica de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en la ley, y, en este orden de ideas, procede cuando el afectado no dispone de otro medio eficaz de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, conjunto de hipótesis que en el caso que se examina no convergen.
Al respecto es necesario tener en cuenta que conforme a las previsiones establecidas en el inciso 4° del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
“Sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
En el mismo sentido, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, dispuso:
La acción de tutela no procederá (…) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.”
En virtud de las disposiciones indicadas, se tiene que la acción de tutela se funda en el principio de subsidiariedad, es decir, que por regla general sólo procede cuando el accionante ha agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa judiciales previstos por el legislador para obtener la protección de los derechos presuntamente vulnerados.

Vistas así las cosas, se reitera que en este evento la acción de tutela resulta ser manifiestamente improcedente como quiera que lejos está de ser concebida como un procedimiento paralelo del medio judicial ordinario previsto en la ley, criterio igualmente sostenido por la Corte Constitucional al establecer que:


“La acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene establecido medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para asegurar la protección de los derechos y las garantías fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situación, se estaría quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la figura de la acción de tutela.6
Según lo expuesto, en este asunto no se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción cuando se formula frente a una providencia o actuación judicial en trámite, de manera que se confirmará la decisión del juez colegiado de tutela en primera instancia de negar el amparo constitucional solicitado por JORGE LUIS LOZANO ANAYA.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley,


RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo impugnado.
SEGUNDO.- NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN

TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria

1 Aprobado mediante Ley 74 de 1968

2 Aprobada mediante Ley 16 de 1972

3 Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-1343/01|



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