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Jorge isaac rodelo menco primera instancia corte suprema de justicia


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TUTELA 35040

JORGE ISAAC RODELO MENCO

PRIMERA INSTANCIA




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA DE DECISION DE TUTELAS

Magistrado Ponente

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado en Acta No. 019

Bogotá, D.C. cinco (5) de febrero de dos mil ocho (2008).



VISTOS
Debidamente prevalida de competencia por virtud del Decreto 1382 de 2000 en concordancia con el artículo 42 del Acuerdo número 006 de 20021 Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, se pronuncia la Sala acerca de la admisibilidad de la demanda de tutela presentada por JORGE ISAAC RODELO MENCO, en contra de las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia.

ANTECEDENTES


1. Se sabe a través del libelo que el accionante adelantó proceso ejecutivo laboral ante el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá contra la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, encaminado a obtener el cumplimiento de las condenas impuestas mediante laudo arbitral de 15 de mayo de 1998, el cual fue objeto de homologación mediante providencia del 28 de julio de 1999 por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.


2. El 10 de abril de 2003, el Juzgado Catorce Laboral libró mandamiento de pago, decisión que fue recurrida por los apoderados de ambas partes.
Al ser remitidos los recursos en cuadernos separados, la Sala de Decisión Laboral se pronunció en dos decisiones diversas.
Así, mediante autos de 19 de septiembre de 2004 y 6 de mayo de 2005, confirmó la providencia recurrida en punto de la no inclusión de intereses moratorios y la revocó para en su lugar negar el mandamiento de pago.
Ante tal situación, el señor JORGE ISAAC RODELO MENCO acudió al mecanismo de amparo, pues en su criterio, mediante decisiones contradictorias el Tribunal resolvió dos veces los recursos de apelación interpuestos contra el mandamiento de pago de 10 de abril de 2003.
3. Demandó el actor en sede de tutela protección a su derecho fundamental del debido proceso presuntamente vulnerado con la decisión adoptada en sede del recurso de apelación.

Actuación conocida por la Sala de Casación Laboral, quien con proveído de fecha 6 de septiembre de 2005 la negó al concluir que “la tutela no es una tercera instancia a la cual puedan acudir los administrados a efectos de obtener una solución a sus conflictos de mero rango legal, o de debatir sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a los ritos propios del proceso ordinario o especial, o para solicitar que se deje sin efecto una decisión con fundamento en una interpretación normativa que simplemente no se comparte”.

4. Inconforme con la determinación allí contenida, el demandante la impugnó, correspondiendo desatar la misma a la Sala de Casación Penal, quien en sentencia de 18 de octubre de 2005, la confirmó2.

5. No satisfecho el libelista invocó una segunda acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura con idéntico norte, el que no es distinto a atacar en sede de tutela el auto de 6 de mayo de 2005 proferido por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que le resultó ajeno a sus pretensiones y por considerarlo violatorio de sus derechos fundamentales, sólo que en esta oportunidad decide involucrar las decisiones contenidas en el fallo de tutela del 6 de septiembre de 2005 de la Sala de Casación Laboral, que como ya se dijo fuera confirmado por esta Corporación el 18 de octubre del mismo año.

6. La doctora María Mercedes López Mora, Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, mediante auto de 14 de enero de 2008, siguiendo las directrices trazadas en el decreto 1382 de 2000, dispuso la remisión de la acción a esta Corporación, por lo que al encontrarse vinculadas las Salas de Casación Penal y Laboral, se impartió el trámite previsto en el artículo 44 del Reglamento General de la Corte, siéndole asignada por reparto de Sala Plena de la Corporación al doctor Jorge Luis Quintero Milanés, quien junto con los magistrados Alfredo Gómez Quintero, Sigifredo Espinosa Pérez, Yesid Ramírez Bastidas y Javier Zapata Ortiz se declararon impedidos para conocer, atendiendo a que uno de los cuestionamientos del actor recaía contra la providencia de 18 de octubre de 2005, por cuyo medio se confirmó la sentencia de tutela que se pronunció en forma desfavorable frente a las pretensiones de la demanda dirigida contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. El artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), aplicable por remisión al trámite de tutela, señala como una de las causales de impedimento, “que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisión se trata o hubiere participado dentro del proceso o sea cónyuge o compañero permanente, pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia que se va a revisar.”


2. Aplicado lo anterior al caso objeto de análisis, se tiene que la Sala de Casación Penal conoció por vía de impugnación del fallo proferido el 6 de septiembre de 2005 por la Sala de Casación Laboral, razón por la cual los hechos en que se funda la nueva acción de tutela resultan también comprensivos de aquéllos que se analizaran en dicha oportunidad y en consecuencia, es viable aceptar el impedimento de los magistrados que participaron en aquella decisión.
3. De conformidad con lo señalado por el inciso segundo del artículo 44 del Reglamento General de la Corte, la competencia para resolver lo que en derecho corresponda está atribuida a esta Sala de Decisión de Tutelas.
4. No obstante, la Sala considera que la presente acción no está llamada a prosperar, porque se trata del ejercicio temerario de la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta.
Es evidente que la presente tutela comporta una utilización desbordada y desmedida de esa acción constitucional, puesto que el tema que plantea ya había sido sometido a escrutinio del Juez competente, para el caso, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y decidido de fondo mediante sentencia de 6 de septiembre de 2005, la que al ser apelada, fue confirmada por la Sala de Casación Penal en proveído de 18 de octubre de 2005.
En efecto, como se reseñó anteriormente, el ciudadano JORGE ISAAC RODELO MENCO, ya interpuso una primera acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por los mismos hechos y con las mismas pretensiones, la cual le fue negada por la Sala de Casación Laboral, al considerar que la “tutela no es una tercera instancia a la cual puedan acudir los administrados a efectos de obtener una solución a sus conflictos de mero rango legal, o de debatir sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a los ritos propios del proceso ordinario o especial, o para solicitar que se deje sin efecto una decisión con fundamento en una interpretación normativa que simplemente no se comparte”.
Ahora, cuando han transcurrido más de dos años del proferimiento del fallo, acude nuevamente a la tutela para que se le amparen sus derechos constitucionales, con base en los mismos argumentos presentados en la primera acción, sólo que en esta oportunidad decide involucrar a las Salas de Casación Laboral y Penal, al considerar que incurrieron en vulneración a sus derechos fundamentales por no revisar “la violación de los derechos fundamentales constitucionales al aquí accionante, y menos confrontar la presunta existencia de la llamada vía de hecho judicial, tal como el aquí accionante lo solicitó en la primera tutela.”
5. Para esta Sala de Decisión de Tutelas, es claro que los argumentos esbozados por el accionante en las dos acciones de tutela, son idénticos, cuyo fin es que se decrete la nulidad del auto de 6 de mayo de 2005 por el cual el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá revocó el mandamiento de pago ordenado el 10 de abril de 2003, y en su lugar lo negó.
6. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
Ello es así, porque la tutela, como mecanismo que permite a las personas acceder a la administración de justicia, tiene que utilizarse de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia.
La Corte Constitucional, en sentencia T- 014 del enero 22 de 1996, al respecto señaló:
...según el decreto-ley 2591, puede el demandante incurrir en una conducta temeraria cuando promueve varias veces la acción de tutela con ocasión de unos mismos hechos, sin que exista razón valedera que la justifique.
Ya la ley, al exigir a quien interpone una tutela, la manifestación bajo juramento de que no lo ha hecho con anticipación, apoyado en los mismos hechos y razones de derecho (art. 37, inc. 2º, ídem), estableció la prohibición, que en la norma siguiente desarrolla y le atribuye consecuencias.
Esas consecuencias a que acaba de aludir, afectan al actor como a su apoderado....
En relación con el demandante, la temeridad puede conducir a que se rechace la demanda, cuando la situación detecta al momento de resolver sobre su admisión, o, que el negocio se decida mediante sentencia desfavorable, cuando el proceso consiguió todo su desarrollo.”
7. Es evidente que el señor JORGE ISAAC RODELO MENCO, utilizó en forma inadecuada la acción de tutela, comportamiento previsto bajo el nombre de “actuación temeraria” en artículo 38 del Decreto 2561de 1991, y que constituye en la práctica un acto de deslealtad con la administración de justicia.
Se concluye que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la improcedencia de la tutela, por haberse comprobado que la demanda que actualmente se somete a revisión es la misma que ya fue objeto de fallo, por lo cual debe darse aplicación al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, al no advertirse motivo que justifique el nuevo accionar.
8. En los términos del artículo 38 del Decreto 2191 de 1991, la temeridad se predica tanto del presunto afectado como de sus representantes, y en ambos casos genera como consecuencia el rechazo o la improcedencia de la acción de tutela.
Dicha medida extrema tiene fundamento en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política3. El primero, establece que las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en las gestiones que aquellos adelantan ante ésta; y el segundo, relativo a los deberes de las personas, entre ellos: no abusar de los derechos propios, y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Es que a través de demandas de tutela reiterativas también se atenta contra los principios de economía y eficacia, previstos en el artículo 209 de la Carta, generando un perjuicio significativo para la sociedad civil, en cuanto ve menguado el esfuerzo de los funcionarios judiciales por administrar pronta justicia, y también ante la posibilidad de que se expidan sentencias opuestas o discordantes frente a un mismo asunto.
9. En ese orden de ideas, se declarará que existe temeridad en la acción de tutela interpuesta por el señor JORGE ISAAC RODELO MENCO y consecuente con ello, se rechazará la acción.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas,
RESUELVE



1. Aceptar el impedimento presentado por los Magistrados Jorge Luis Quintero Milanés, Alfredo Gómez Quintero, Sigifredo Espinosa Pérez, Yesid Ramírez Bastidas y Javier Zapata Ortiz, para conocer de la demanda de amparo suscrita por el señor JORGE ISAAC RODELO MENCO.


2. Declarar que existe temeridad en la acción de tutela interpuesta por el señor JORGE ISAAC RODELO MENCO, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y las Salas de Casación Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
3. Rechazar la segunda solicitud de amparo elevada por el señor JORGE ISAAC RODELO MENCO.
4. Notificar de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
5. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

CÚMPLASE

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN

TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria.

1 El que adicionó el Acuerdo 001 de 2002, artículo 1 cuyo tenor es el siguiente: “(…)La que sea interpuesta contra la Corporación en pleno o contra Magistrados de distintas Salas será repartida al Magistrado que se encuentre en turno de la Sala Plena y la conocerá la Sala de casación Especializada de la cual forma parte dicho magistrado…”

2 Folio 233

3 Corte Constitucional, sentencia de tutela T-01 de 1997.



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