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Jorge gallego vera


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TUTELA Nº 18.869

HOSSER MONTEALEGRE HERNÁNDEZ,

JAIRO MARULANDA ISAZA y

JORGE GALLEGO VERA


República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta N° 113

Bogotá D. C., diez (10) de diciembre de dos mil cuatro (2004).


V I S T O S
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta, a través de apoderada, por HOSSER MONTEALEGRE HERNÁNDEZ, JAIRO MARULANDA ISAZA y JORGE GALLEGO VERA contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 2° Penal del Circuito de Leticia (Amazonas) y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, por presunta lesión a sus derechos constitucionales.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1.- En extenso escrito, la apoderada de los actores demanda el amparo de derechos tales como el debido proceso, la libertad personal y la defensa, para lo cual penetra en una amplia exposición acerca del proceso penal a través del cual fueron condenados, así como también del soporte del fallo condenatorio.


Aseguró la demandante, lo que se corrobora con las copias que de varias piezas procesales se allegaron con el libelo, que por hechos sucedidos en la localidad de Barranquillita, en el Departamento del Amazonas el 10 de marzo de 1988, en la que se masacraron cruel y despiadadamente a varias personas y otras quedaron otras heridas, se dio inicio a una investigación penal, la que luego de sucesos procesales el Juzgado 81 de Instrucción Criminal de Bogotá profirió resolución de acusación contra varios de los implicados y cesó todo procedimiento en favor de HOSSER MONTEALEGRE HERNÁNDEZ, JAIRO MARULANDA ISAZA y JORGE GALLEGO VERA.
Avanzada la tramitación penal y en el decurso de la misma, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en decisión del 4 de abril de 1990, resolvió revocar la cesación de procedimiento y en su lugar acusó a HOSSER MONTEALEGRE HERNÁNDEZ, JAIRO MARULANDA ISAZA y JORGE GALLEGO VERA como presuntos autores y responsables de los delitos de plurales homicidios agravados y homicidio agravado en el grado de tentativa.
En estas condiciones, el Juzgado 2° Penal del Circuito de Leticia, al que se asignó la actuación, en sentencia del 15 de septiembre de 1993, condenó a los acusados, entre ellos los ahora accionantes, a la pena de 30 años de prisión, monto que fue modificado por el Tribunal Superior de Cundinamarca, pues en fallo del 24 de noviembre de 1993 confirmó la sentencia condenatoria y tasó la pena de 29 años y 8 meses de prisión.
2.- Las críticas de la demandante, apoderada de los actores, comienzan por advertir que el fallo condenatorio proferido por el Juzgado de Leticia, confirmado por el Tribunal Superior de Cundinamarca, posee serias inconsistencias probatorias que asemejan la determinación a una vía de hecho, no sin antes revelar que se resquebrajó el derecho a la defensa al no procederse a la debida notificación de piezas procesales de suma importancia.
Al respecto, sostiene que deponencias tales como las de María García Muinane, Blanca Idalí Villareal y José López Metuno, no podían servir de sustento a la condena, pues resultaban siendo contradictorios, mentirosos e irreales. Dice que la primera era indígena y por ende resultaba sugestionable a tal punto que se la indujo a señalar a los actores como supuestos responsables de los actos criminales.
También concluye que “... los demás testigos ...” no se les ha debido entregar crédito alguno como para arrojar una “injusta” condena.
Por ello, reclama la intervención del juez de tutela a efectos de que se deje en vigor la cesación de procedimiento que inicialmente se dictó a favor de los accionantes en el año 1989, pues lo actuado con posterioridad está viciado y no puede tener vida jurídica, dejándose en libertad inmediata a los mismos.


LA CORTE CONSIDERA
1.- Es claro que la presente demanda de amparo constitucional que eleva la libelista a raíz de la supuesta violación de los derechos constitucionales de sus defendidos, la enfila contra un trámite penal que finalizó con sentencia condenatoria, dada su abierta controversia, entre otras cosas, a la valoración probatoria.

2.- Con base en las copias que se allegaron de las correspondientes sentencias y otras piezas procesales, se efectuó la reclamada evaluación constitucional.

3.- Aunque la acción de tutela se instituyó para garantizar de manera inmediata la protección de los derechos fundamentales en caso de flagrante o manifiesta violación o amenaza por autoridad pública o, excepcionalmente, por los particulares, no puede tomársela como la panacea para la solución de todos los problemas o diferencias que surjan en las relaciones jurídicas de los ciudadanos o de éstos para con el Estado.
Es claro que la queja constitucional se dirige contra el fallo condenatorio, o sea, una actuación judicial que se encuentra ejecutoriada. En estas condiciones, es del caso reiterar el criterio ampliamente divulgado por la jurisprudencia constitucional de la Sala, que la acción de tutela contra actuaciones judiciales y proveídos de este mismo talante resulta, de manera general, improcedente.
Un mecanismo residual y supletorio por esencia como lo es la tutela, no puede suplantar las vías ordinarias, precisamente por cuanto ellas son garantía de orden en un Estado Social de Derecho, sin que la acción de tutela sirva de excusa para debatir, controvertir o censurar la actividad judicial suplantando las facultades, discrecionalidad y autonomía del juez natural.
La tutela fue creada por el legislador constitucional de 1991 como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, pero no como acción omnímoda ni, por ende, supletoria de los cánones ordinarios para la solución de los conflictos entre el Estado y los particulares o entre éstos.
Además, es claro que los demandantes contaban con la posibilidad de acudir a la censura a través de la casación, si no lo hicieron o dejaron vencer los términos no puede el juez de tutela entrar a remediarlo. Innumerables han sido las oportunidades en que se ha dicho que el juez constitucional no puede entrar a pronunciarse cuando se dejaron pasar por alto las posibilidades de elevar, dentro del trámite ordinario, la controversia que ahora pretenden efectuar a través de la tutela, sin que este medio sea la puerta para una intromisión o una revisión indiscriminada del trámite.

La intromisión del juez de tutela más lejana se advierte cuando de una lectura de las decisiones judiciales que ahora se cuestionan, se encuentra que los funcionarios judiciales hicieron una extensa y detallada argumentación fáctica y jurídica que deja a un lado la posibilidad de apreciar un decisión carente de motivación, argumentación y justificación, es decir, no se aprecia la concurrencia de una vía de hecho.


Por último, es del caso relievar que a mas de diez años desde el momento en que supuestamente se lesionaron los derechos constitucionales de los accionantes con el proferimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca, éstos vengan a reclamarlos de manera evidentemente tardía, pues aunque la ley no señala un término de caducidad de esta acción constitucional, aparece obvio que debe incoarse en un término razonable, en orden a evitar que se convierta en factor de inseguridad jurídica.
Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional:
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción.
En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su “inmediatez”:
La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: … la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.1 Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.
En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente (resaltado fuera de texto) a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión (resaltado fuera de texto) …” (Sentencia T-418/2000).
En estas condiciones, la pretensión de amparo se desestimará.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,



R E S U E L V E

1.- Negar la tutela reclamada por la apoderada de los accionantes HOSSER MONTEALEGRE HERNÁNDEZ, JAIRO MARULANDA ISAZA y JORGE GALLEGO VERA, conforme a las anteriores motivaciones.


2.- En firme esta determinación, remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.- Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.
Cúmplase.

HERMAN GALÁN CASTELLANOS

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO


EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA

TERESA RUÍZ NÚÑEZ

Secretaria

1 Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia Nº T-1. Abril 3 de mil novecientos noventa y dos (1992)



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