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Jorge galindo guzman corte suprema de justicia sala de casaci


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Tutela 1ra Instancia: 53.680

JORGE GALINDO GUZMAN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA NÚMERO 1 DE DECISIÓN DE TUTELAS

MAGISTRADO PONENTE

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO


APROBADO ACTA No.
Bogotá, D. C., catorce (14) de abril de dos mil once (2011).

MOTIVO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Galindo Guzmán contra el Juzgado 9° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre.




ANTECEDENTES



1. Hechos.
1.1. El señor Galindo Guzmán fue capturado el 25 de agosto de 2005 en el Municipio de Candelaria-Valle en virtud de la sentencia condenatoria emitida1 en su contra por un extinto Juzgado Regional de Bogotá, por violación del artículo 33 de la Ley 30 de 1986. La decisión cobró ejecutoría cuando el Tribunal Nacional resolvió el recurso de apelación el 16 de junio de 1998.
1.2. Ante el Juzgado 9° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá solicitó la prescripción de la pena impuesta (8 años y 6 meses), la cual fue negada mediante auto del 2 de febrero de 2009.
1.3. Interpuesto el recurso de apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad resolvió confirmar la negativa, el 22 de febrero de 2010.

2. Fundamentos de la acción.
Considera el accionante que las autoridades accionadas incurrieron en vía de hecho al negar la prescripción de la sanción penal supuestamente por querer beneficiarme de su propio dolo.
Refirió que: “Cierto es que le (sic) fenómeno de la prescripción se ha configurado a mi favor, cierto es que la extinción de la sanción por esa vía debe ser aplicada y cierto es que los funcionarios de manera tozuda quieren configurar en mi contra una causal inexistente de interrupción de la prescripción para negar la anhelada extinción pero sus argumento (sic) sus equivocados y débiles, por eso igualmente cierto que ante la inefable posición de los accionados el único mecanismo por demás residual para el respeto de mis derechos es la Acción de Tutela.”

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS
La Sala Penal del Tribunal de Bogotá solicitó que se declare la improcedencia del amparo invocado por el accionante.
Indicó que el actor se vale de este mecanismo constitucional para reabrir una discusión jurídica y probatoria que fue concluida en las instancias ordinarias, buscando de esta manera enervar los efectos de las decisiones que le fueron adversas.
Además, no se satisface el requisito de inmediatez, pues la providencia emanada por esta Corporación fue proferida hace más de un año.

CONSIDERACIONES
La Sala negará la solicitud de amparo por cuanto los accionados tienen razón en su negativa de conceder la pretensión del accionante. Las razones son siguientes:
1. Ha sido reiterada la posición de la Sala en sostener que cuando por vía de tutela se cuestiona una decisión judicial es necesario que en el caso concreto se verifique el cumplimiento de las causales genéricas y específicas establecidas por la Corte Constitucional.
En efecto, las determinaciones judiciales, ya sean sentencias, autos interlocutorios o resoluciones que ponen fin a una actuación, gozan de presunción de acierto y legalidad, sin que resulte admisible que ante la inconformidad de los interesados se reabra ante el juez constitucional un debate ya concluido, o desconocer el criterio que, apoyado en la autonomía judicial reconocida en la Carta Política, fue plasmado por el operador judicial.
En ese orden, tan sólo se ha admitido la viabilidad del amparo cuando el accionante demuestre en forma clara que la decisión adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución.
Adicionalmente, es preciso que se cumplan unos requisitos genéricos que habilitan su interposición, esto es, que a) el asunto discutido resulte de relevancia constitucional y afecte derechos fundamentales; b) el interesado haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; c) se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; d) la demanda se presente dentro de un término razonable, oportuno y justo (principio de inmediatez); e) se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; f) se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y, además, que esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible, y g) no se trate de sentencias de tutela2.
En el caso en estudio, una vez examinada las decisiones judiciales cuestionadas, se puede constatar que el actor recurre a la acción de tutela para cuestionar un asunto que ya fue clausurado por conducto del principio de la doble instancia, y que además, hizo tránsito a cosa juzgada.
Aceptar la discusión planteada por el señor Jorge Galindo Guzmán, le imprimiría a la acción de tutela una connotación de tercera instancia para revivir controversias que fueron debidamente finiquitadas e iría en contravía de la seguridad jurídica de las decisiones judiciales proferidas al amparo de la ley.
Adicional a esto, observa la Sala que los argumentos expuestos en los autos por medio de los cuales fue negada la prescripción de la sanción penal, no se muestran absurdos o arbitrarios, todo lo contrario, se encuentran debidamente soportados y fundados tanto en los medios de prueba obrantes en la actuación como en la normatividad aplicable al caso.
El artículo 89 del Código Penal refiere que la pena impuesta en la sentencia prescribe en el término fijado en ella o en el que faltare por ejecutar, a su turno, el artículo 90 de la misma normatividad señala que el término de prescripción de la pena privativa de la libertad se interrumpe con la captura del condenado o fuere puesto a disposición de autoridad competente.
Con base en la anterior reseña legal y contrario a lo sostenido por el tutelante, observa la Sala que el fenómeno de la prescripción de la sanción penal no ha operado a favor de Galindo Guzmán, por cuanto fue interrumpido con su captura el 25 de agosto de 2005.
Recuérdese que la pena impuesta quedó ejecutoriada el 16 de junio de 1998, lo que significa que para evitar su prescripción, el condenado debía ser capturado antes que transcurrieran los 8 años y 6 meses por los que fue condenado (16 de diciembre de 2006), lo que efectivamente ocurrió.
Por lo anterior, es claro que el actor busca cuestionar el raciocinio jurídico de los jueces, y con ello intentar por tercera ocasión revivir un debate que fue adverso a sus interés.
Algo más, aunque formalmente no se estableció término para incoar el amparo constitucional, es claro que ello no puede tener lugar en cualquier tiempo, con independencia de la fecha del acto presuntamente violatorio de derechos. La jurisprudencia ha sostenido que su ejercicio debe materializarse en un plazo razonable y prudencial con el fin de no generar inseguridad jurídica ni lesionar injustificadamente el principio de cosa juzgada.

En las diligencias consta que los autos cuestionados datan del 2 de febrero de 2009 y 22 de febrero de 2010, y que la demanda de tutela fue presentada el 5 de abril de 2011, esto es, después de transcurrido más de un año. Tal circunstancia hace, sin duda, improcedente esta acción.

Lo anterior, son razones suficientes para declarar la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE



1. Negar la tutela interpuesta por el señor Jorge Galindo Guzmán.
2. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN



TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria





1 Fecha de la sentencia 16 de marzo de 1998.

2 Fallos C-590 de 08 de junio de 2005 y T-950 del 16 de noviembre de 2006 de la Corte Constitucional.




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