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Jorge enrique robledo castillo


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TUTELA No. 42934

JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO

República de Colombia




Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente:



JORGE LUIS QUINTERO MILANÈS

Aprobado Acta No. 219

Bogotá D. C., julio dieciséis (16) de dos mil nueve (2009).


V I S T O S

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por el accionante JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO, en relación con la decisión adoptada el 3 de junio de 2009 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por cuyo medio negó el amparo del derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por el Presidente de la República doctor ALVARO URIBE VELEZ.



ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCION

JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO en su condición de Senador de la República promueve demanda de tutela contra el Presidente de la República ALVARO URIBE VÉLEZ, en procura de amparo para el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992, para lo cual presenta como fundamento los siguientes hechos:

Refiere el actor, que el pasado 5 de mayo de 2009 elevó derecho de petición ante el señor Presidente de la República, a través del cual lo requería para que informara si sabía que sus hijos tenían intereses en la Zona Franca de Occidente, antes de adoptarse las decisiones del caso por parte de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, y si informó a los subalternos competentes sobre éste hecho.

Frente a tal solicitud se pronunció el primer Mandatario a través del Asesor de la Secretaría Jurídica el 11 de mayo siguiente, advirtiendo así que “es un tema que le compete a ellos, quienes manejarán directamente frente a cualquier inquietud que se requiera”. Inconforme con tal repuesta, el peticionario insistió en su requerimiento, sin embargo, el 13 de mayo hogaño se le informó que ya se había atendido su solicitud, anexando copia de la comunicación enviada para tal efecto.

En tales condiciones, el demandante solicita se ordene al demandado emita una respuesta de fondo a la petición elevada.


TRÁMITE DE LA ACCIÓN

La Corporación competente admitió la demanda de tutela y ordenó vincular a la autoridad accionada.


Al dar respuesta al libelo, la apoderada especial de la Presidencia de la República se opone a la prosperidad del amparo por cuanto no se evidencia vulneración alguna para los derechos fundamentales invocados en la demanda.


Para dar sustento a su respuesta, señala que no obstante la potestad que tiene todo Congresista para ejercer el control político sobre el que gobierna y respecto del que estime políticamente más conveniente desplegar la actividad de freno o limitación, dicha facultad debe ser adelantada invocando el ejercicio de la misma, como requisito mínimo exigible de garantía de libertad y de los derechos fundamentales de la autoridad pública que debe responder a la solicitud de informe en los términos del artículo 258 de la Ley 5ª de 1992.


Así, refiriéndose a caso concreto advierte, es necesario aclarar que es diferente ejercer el derecho fundamental de petición, cuya vulneración torna procedente la acción de tutela, que ejercer la facultad constitucional de control político respecto de la cual el mecanismo de amparo excepcional resulta improcedente, por lo que el accionante confunde la naturaleza del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, con la potestad que tiene como Congresista para solicitar el informe que considere a la primera autoridad del Estado en ejercicio de control político, y de alguna manera eleva un escrito que puede ser visto como desconocedor de las libertades públicas de la Rama Ejecutiva, así como de los derechos fundamentales de la persona a quien se le exige la absolución de unas preguntas que tocan asuntos de la órbita personal y en ese sentido, se puede concluir que el actor desconoció los términos en los que se debe y puede elevar un derecho de petición ante una autoridad pública del orden nacional.


Finalmente señala, si se aceptara que el Senador ROBLEDO CASTILLO acudió como cualquier ciudadano a ejercer su derecho de petición, el mismo no se formula como una pregunta en interés general sino que más bien parece, obedece a una manifestación de una omisión de un deber legal por parte del primer Mandatario, siendo que el derecho de petición no es una institución para lo que pretende, como quiera que existen organismos y autoridades de control que investigan a los funcionarios públicos que presuntamente desconocen sus deberes, no obstante las solicitudes elevadas por el actor fueron contestadas de manera oportuna. Adjunta a la respuesta copia de las comunicaciones emitidas para tal efecto.




EL FALLO DE TUTELA

Lo profirió la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 3 de junio de 2009 negando el amparo invocado, tras afirmar que de la lectura de los escritos de 5 y 11 de mayo de 2009 elevados por el actor, se deja entrever que el pedimento se efectuó en su condición de Senador de la República y en ejercicio del control político, circunstancia que conlleva la improcedencia de la acción constitucional, porque al estar en presencia de un procedimiento especial y reglado, en el evento de estar inconforme con la respuesta ofrecida, el interesado debe hacer uso de los mecanismos contenidos en la Ley 5ª de 1992, y no buscar a través de este mecanismo pretermitir el procedimiento allí establecido.


LA IMPUGNACIÓN


El accionante impugna la sentencia de tutela, para lo cual retoma los argumentos de la demanda, al tiempo que precisa, el derecho a participar en el control político es fundamental y el mismo se ejerce a través de la presentación de peticiones ante las autoridades públicas, de modo que no le asiste razón al Tribunal a quo cuando niega el amparo a partir de la diferencia que plantea entre las peticiones que realizan los congresistas en ejercicio de dicha función de control político y el derecho de petición. En ese sentido agrega, el hecho que la solicitud se haya elevado en ejercicio de su función como Senador, no implica que no lo haya hecho también con fundamento en el derecho fundamental de petición.

Concluye así, en los términos que lo ha destacado la Corte Constitucional (sentencia T-983A de 2004) el control político también ostenta el carácter de fundamental, y como tal, puede ser protegido a través de la acción de tutela siempre y cuando no exista otro mecanismo para hacerlo. En este caso, la evasiva del Presidente de la República desconoce su derecho al control político y el de la participación política de sus electores, frente a lo cual, contrario a lo señalado por el Tribunal, la Ley 5ª de 1992 no contempla ningún mecanismos para su protección.



PARA RESOLVER SE CONSIDERA

De conformidad con lo establecido en el artículo 1, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de la cual es su superior funcional, en actuación que comprende al Presidente de la República doctor ALVARO URIBE VELEZ.

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política para que mediante un procedimiento preferente y sumario, se protejan los derechos fundamentales cuando resulten transgredidos o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos establecidos en la ley, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se esté frente a un perjuicio irremediable que la haga procedente como mecanismo transitorio.

Del contenido material de la demanda de tutela, surge claro que la solicitud de amparo del Senador de la República JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO se dirige a que por vía de este excepcional mecanismo de protección, se conceda protección a sus derechos fundamentales de petición y ejercicio de control político que considera vulnerados por el Presidente de la República ALVARO URIBE VELEZ, a partir de la respuesta ofrecida a las peticiones elevadas el 5 y 11 de mayo anterior.

Sobre el particular es del caso recordar que la acción de tutela comporta un ejercicio concreto de control de constitucionalidad sobre una situación particular que tenga la capacidad de amenazar o vulnerar un derecho fundamental subjetivo.

Es por ello que, en orden a resolver la impugnación propuesta resulta útil precisar que en eventos como el que concita la atención de la Sala necesariamente ha de verificarse el origen de la solicitud sobre la cual se reclama un pronunciamiento de fondo, como así procedió el Tribunal a quo, pues será a partir de ello que se adoptará una decisión de cara a las causales de procedencia de la acción constitucional en el caso concreto.

Lo anterior, porque el ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política supone el interés general o particular de cualquier ciudadano y en ese contexto tiene una doble dimensión: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario y b) el derecho a obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relación a la cuestión planteada, mientras que la solicitud de informes consagrada en la Ley 5ª de 1992 es la que tiene cabida como mecanismo del control político que ostentan los Congresistas y por lo tanto su ejercicio está regulado por la mencionada normatividad.

Así, ninguna duda emerge en cuanto que las peticiones elevadas por el actor el 5 y 11 de mayo ante el Presidente de la República, si bien, aparecen formuladas en virtud del derecho de petición, de su contenido se extrae que obedecen al ejercicio de control político que como Senador de la República le asiste al peticionario.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en sus diversas manifestaciones, es un derecho de aplicación inmediata, y que, por dicha razón, su protección puede ser reclamada mediante la interposición de la acción de tutela. Así, en la Sentencia T-003 de 1992 precisó:

El derecho específico al ejercicio de cargos y funciones públicas merece protección, a la luz de la Constitución Colombiana, no únicamente por lo que significa en sí mismo sino por lo que representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado a lograr la efectividad de otro derecho -genérico- cual es el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a objeto de realizar la vigencia material de la democracia participativa.


Si ello es así, tal protección puede ser reclamada, en casos concretos, mediante el uso del mecanismo de la acción de tutela, concebida precisamente como medio idóneo para asegurar que los derechos trascienden del plano de la ilusión al de la realidad”.

Asimismo, en sentencia T-983A de 2004 destacó:

Este es precisamente el alcance que en la doctrina y la jurisprudencia le han otorgado al derecho de participación y, por ello, en el ejercicio de las funciones parlamentarias reconocidas a los Congresistas, se lo ha identificado con la denominación genérica del ius in officium. Tal como se señaló previamente, lo anterior significa que una vez se ha ejercido la libre configuración normativa, para determinar el alcance y los límites a los cuales está sujeto el ejercicio de la actividad legislativa (C.P. art. 151), particularmente, en cuanto al señalamiento de los derechos y atribuciones de los parlamentarios, éstos quedan integrados en el status propio del cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, reclamar su protección cuando consideren que injustificadamente se les ha privado de su legítimo ejercicio. Sin embargo, no cualquier violación al reglamento es susceptible de amparo, pues sólo poseen relevancia constitucional aquellas que produzcan efectos sobre el núcleo esencial de la función representativa parlamentaria, esto es, además de aquellas actividades que tienen relación directa con el ejercicio de las potestades legislativas, todas aquellas herramientas jurídicas que se otorguen a los parlamentarios para adelantar el control político a la actividad del Gobierno y a otras autoridades públicas del Estado.
(…)
Por lo tanto, en términos generales, cuando el demandante de tutela es un servidor público que reclama el derecho a ejercer una función propia de su cargo, con fundamento en su derecho de participación, el juez de tutela debe aplicar la Constitución, en consonancia con las disposiciones legales pertinentes”.(Destacado del Despacho.

Entonces, resulta evidente que si bien, el ejercicio de control político puede ser objeto de protección constitucional cuando quiera que resulte afectado su núcleo esencial, en el presente asunto debe decirse que los fundamentos sobre los cuales se funda la petición de amparo no permiten concluir que al actor se le ha privado injustificadamente de su legítimo derecho como Senador de la República, al punto de hacer imperiosa la intervención del juez constitucional en orden a obtener su salvaguarda, pues como bien se precisara en el fallo objeto de impugnación, en el evento de considerar el demandante, que la respuesta ofrecida por el Presidente de la República no satisface su pedimento, bien puede hacer uso de los mecanismos que le ofrece la Ley 5ª de 1992 para tal efecto, o en últimas, si lo estima pertinente, puede elevar nuevamente los requerimientos ante el Primer Mandatario con la expresa y clara manifestación de su motivación y fundamento legal, sin que sea éste el espacio, para, bajo el supuesto de conculcarse el derecho de petición, propiciar pronunciamientos frente asuntos cuyo trámite se encuentra expresamente regulado, pues repugna a la naturaleza de esta acción pública, erigida en mecanismo de protección de los derechos fundamentales, su utilización para tales fines.


Lo dicho en precedencia constituye razón suficiente para que la Sala confirme la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E:


1. CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones consignadas en la anterior motivación.
2.- NOTIFICAR de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión de esta sentencia.

Notifíquese y cúmplase.


JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS


MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS YESID RAMÍREZ BASTIDAS


TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria



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