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Jorge enrique espinosa táquez corte Suprema de Justicia


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República de Colombia

S
egunda instancia T.37081
JORGE ENRIQUE ESPINOSA TÁQUEZ

Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS
Magistrado Ponente:

YESID RAMÍREZ BASTIDAS

Aprobado Acta No.164.

Bogotá, D. C., junio diecinueve (19) de dos mil ocho (2008).



VISTOS:

Sería del caso que la Sala se pronunciara respecto de la impugnación presentada por la doctora Myriam Salazar Contreras, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social, contra el fallo proferido el 21 de abril del año en curso por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, a través del cual tuteló el derecho fundamental a la salud en directa conexidad con la vida en condiciones dignas del ciudadano JORGE ENRIQUE ESPINOSA TÁQUEZ, presuntamente vulnerado por la entidad recurrente y CAFESALUD EPS.




ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:


1. Señala el ciudadano referenciado que se encuentra afiliado en calidad de beneficiario desde el 18 de enero de 2005 al Sistema General de Seguridad Social a través de CAFESALUD EPS.


2. Agrega que debido a que su médico tratante le diagnosticó artritis psoriasica solicitó a la EPS autorice el medicamento Leflunomida para evitar la progresión de su enfermedad y mejorar su calidad de vida, pretensión que fue despachada desfavorablemente porque el medicamento está excluido del Plan Obligatorio de Salud -POS-.
3. En vista de lo anterior, JORGE ENRIQUE ESPINOSA TÁQUEZ acude al juez de tutela en procura de amparo para sus derechos fundamentales toda vez que el galeno que lo viene asistiendo le indicó que si no inicia el tratamiento con Leflunomida “…estará limitado a realizar sus actividades cotidianas y laborales”, además es una persona de escasos recursos y padre de dos hijos menores de edad.


TRÁMITE DE LA ACCIÓN :
1. Mediante auto del 19 de abril de 2008 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá avocó conocimiento y dispuso correr traslado a las entidades accionadas.
2. La apoderada judicial de CAFESALUD EPS se opuso a las pretensiones del actor porque considera que su actuar ha sido legítimo y ha prestado los servicios requeridos por el usuario de forma oportuna, además, éste no acreditó los requisitos previstos por la Corte Constitucional para inaplicar las normas del POS.
3. El Ministerio de la Protección Social señaló que el medicamento Leflunomida se encuentra excluido del POS, y para su autorización debe procederse a presentar el caso por parte del médico tratante ante el Comité Técnico-Científico, autoridad que determinará la viabilidad del mismo.
Agregó que en caso que la tutela prospere se niegue el recobro de la EPS ante el FOSYGA, y se ordene que el accionante sea atendido en la red púbica de salud o en las instituciones públicas o privadas con las cuales la entidad territorial competente tenga contrato.
4. Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad mediante sentencia del 21 de abril de 2008 tuteló el derecho fundamental a la salud del ciudadano JORGE ENRIQUE ESPINOSA TÁQUEZ y, en consecuencia, ordenó a la EPS CAFESALUD que suministre en forma adecuada y oportuna, los tratamientos, procedimientos y medicamentos que requiera el accionante de acuerdo con la prescripción de su médico tratante, aún cuando se encuentren excluidos del POS. Además facultó a la entidad demandada para que acuda en recobro ante el FOSYGA.
5. Con el fin de dar a conocer a las partes el anterior pronunciamiento, el 22 de abril de 2008 se libraron las respectivas comunicaciones1.
6. La doctora Myriam Salazar Contreras, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social impugnó la decisión y expuso las razones de su disentimiento con la decisión proferida por el a quo, no sin antes señalar que esa entidad fue notificada el “…28 del mismo mes y año…”, escrito que fue recibido en la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 7 de mayo del año en curso.2

CONSIDERACIONES DE LA CORTE :

1. El debido proceso es reputado como uno de los principales derechos de los ciudadanos, su noción se determina a partir del principio universal conforme al cual los procedimientos tienen por finalidad la realización del derecho material y que éstos deben estar sujetos a ciertas reglas. Lo anterior brinda transparencia a las actuaciones de las autoridades públicas y al agotamiento de las etapas determinadas de manera inequívoca en el ordenamiento legal.


En otras palabras, se exige que todo trámite, judicial o administrativo, incluido el mecanismo de amparo se ciña a las pautas constitucionales y legales que la rigen, observando a plenitud las formas propias de cada juicio.
2. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 31 inciso 1°, faculta a las partes a recurrir el fallo de tutela de primera instancia y para ello se ha establecido un término de 3 días.
Por otra lado, se tiene que si bien es cierto la naturaleza de la acción de tutela comporta informalidad y por lo tanto basta que se manifieste la intención de impugnar la decisión, ello no implica que deban desconocerse los principios del debido proceso.
3. En el asunto sub-exámine advierte la Sala que la impugnación fue presentada en forma extemporánea, pues tal como se aprecia a folio 77 del cuaderno del Tribunal, sólo hasta el 7 de mayo de 2008 la doctora Myriam Salazar Contreras, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social allegó memorial de impugnación sin tener en cuenta que el término para recurrir finiquitó el viernes 2 de ese mismo mes y año, pues la decisión le fue notificada, como ella misma lo reconoce, el lunes 28 de abril de este año, es decir, dejó transcurrir los tres días a que se refiere el artículo 31.1° del Decreto 2591 de 1991 sin que en ese interregno manifestara, así hubiera sido someramente, su intención de recurrir la providencia.
4. Así las cosas, no debió el a quo conceder el recurso sino enviar el expediente a la Corte Constitucional para la revisión eventual de la sentencia conforme a las previsiones establecidas en el numeral 2° de la disposición atrás referenciada.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión Penal de Tutelas,
RESUELVE
1. Declarar extemporánea la impugnación interpuesta por La doctora Myriam Salazar Contreras, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social, contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 21 de abril del año en curso, en consecuencia, se ABSTIENE la Sala de desatar el recurso. Y,
2. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo de primera instancia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

YESID RAMÍREZ BASTIDAS

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria

1 Folios 73 y ss. c. Tribunal

2 Folios 77 y ss. ib.



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