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Jorge antonio castillo rugeles


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente:

JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

Santafé de Bogotá Distrito Capital, treinta (30) de mayo de dos mil (2000)



Ref: Expediente No. 0084
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Ortega (Tolima) y Primero de Familia de Tuluá (Valle), en relación con la atribución para diligenciar la demanda de alimentos instaurada por LA DEFENSORIA DE FAMILIA DEL ESPINAL, en nombre de la menor MELISSA HERNANDEZ JIMENEZ, frente a ERNESTO HERNANDEZ LOZANO.
ANTECEDENTES:
1. Correspondió al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ortega (Tolima), aprehender conocimiento de la demanda de alimentos formulada por la mencionada Institución, en nombre de la citada menor y frente al padre de ésta, de quien se dijo tenía su residencia en esa misma localidad. Se afirmó, así mismo, que el aludido Juzgado era competente “por la naturaleza del asunto y el domicilio de la menor”.

2. Enterado el demandado del auto admisorio de la demanda, constituyó apoderado y se opuso a ella. Varios días después, se realizó la audiencia de rigor, habiendo fracasado todo intento de conciliación, motivo por el cual, acto seguido, se decretaron las pruebas pedidas por las partes.


Posteriormente, la madre de la menor allegó un escrito en el cual solicitaba la remisión del expediente al Juzgado de Familia pertinente de Tuluá (Valle), aduciendo que había fijado su domicilio, junto con sus hijos, en dicha localidad, petición a la cual accedió el juzgado de conocimiento, apoyándose en lo que, en su parecer, prescriben los artículos 139 del Código del Menor y 8° del decreto 2272 de 1989.
3. El Juzgado Primero de Familia de dicha ciudad, al cual fue atribuido el asunto en el nuevo repartimiento, declaró, así mismo, su falta de competencia para diligenciarlo, argumentando, de la mano de jurisprudencia de esta Corporación, que por virtud del principio de la “perpetuatio jurisdictionis”, la variación del domicilio del menor no altera la competencia del Juzgado remitente, razón por la cual ordenó enviar el expediente a esta Corporación, para que se decidiera el conflicto en esos términos planteado.

C O N S I D E R A C I O N E S:
1. Por mandato del artículo 139 del Código del Menor, “...Los representantes legales del menor, la persona que lo tenga bajo su cuidado y el Defensor de Familia podrán demandar ante el Juez de Familia o, en su defecto, ante el Juez Municipal del lugar de residencia del menor, la fijación o revisión de alimentos, que se tramitará por el procedimiento que regulan los artículos siguientes. El Juez, de oficio, podrá también abrir el proceso...”. Esto es, que el citado texto consagra un fuero especial de competencia en materia de alimentos pretendidos en interés de un menor, fuero que está determinado por el domicilio que éste tenga en el momento de presentación de la demanda. Empero, como insistentemente lo ha puntualizado la Corte, tal circunstancia no apareja que posteriores modificaciones del mismo tengan la virtualidad de modificar o variar la competencia territorial de ese modo asignada, ello en aplicación del principio de la “perpetuatio jurisdictionis”.
Desde luego que la adopción del aludido foro en favor del menor encuentra sólida justificación en la necesidad de facilitarle el ejercicio del derecho de acción, sin que, en manera alguna, los beneficios que de tal ventaja se derivan impliquen la derogación del susodicho principio fundamental del procedimiento, razón por la cual, cualquier modificación del domicilio del menor demandante no determina una variación a la competencia, pues ésta ha sido establecida desde la presentación de la demanda.
En este orden de ideas, es obvio concluir que le estaba vedado al Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ortega (Tolima), declarar su incompetencia para seguir conociendo de este asunto, so pretexto de que la madre del menor anunció una variación del domicilio de este, puesto que la correcta aplicación del tantas veces mencionado principio de la "perpetuatio jurisdictionis" se lo impide.
En consecuencia, se infiere que corresponde al predicho Juzgado seguir conociendo del presente asunto.
D E C I S I O N:
En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, R E S U E L V E:

Es el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ortega (Tolima), el competente para seguir conociendo del proceso de alimentos iniciado por LA DEFENSORIA DE FAMILIA DEL ESPINAL, en nombre de la menor MELISSA HERNANDEZ JIMENEZ, frente a ERNESTO HERNANDEZ LOZANO.


Remítase el expediente a dicho despacho y comuníquese al Juzgado Primero de Familia de Tuluá (Valle) esta decisión.

Notifíquese.




SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
MANUEL ARDILA VELASQUEZ

NICOLAS BECHARA SIMANCAS


JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES


CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO


JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ


JORGE SANTOS BALLESTEROS




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