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Jorge alberto enriquez mantilla


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Extradición Rad. No.44764

JORGE ALBERTO ENRIQUEZ MANTILLA




República de Colombia

Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente
AP3067-2015

Radicación nº 44764

(Aprobado mediante Acta nº 198)


Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil quince (2015).
I. VISTOS
Resuelve la Sala las postulaciones probatorias presentadas oportunamente por el defensor del ciudadano colombiano solicitado en extradición JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA.

II. ANTECEDENTES

Mediante Nota Diplomática No. 0166 de 31 de enero de 20141 la Embajada de los Estados Unidos de América impetró la detención provisional con fines de extradición del señor JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos, de acuerdo con la Acusación Formal de Reemplazo No. 8:13-CR-331-T-30MAP de 16 de octubre de 20132, dictada por la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida.


Con fundamento en esa petición, la Fiscalía General de la Nación decretó, mediante Resolución de 4 de marzo de 20143, la captura de ENRÍQUEZ MANTILLA, la que se surtió el 25 de julio de la misma anualidad por miembros de la Policía Nacional en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá.
Por medio de la Nota Verbal No. 1849 de 19 de septiembre de 20144, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición de JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA.
A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficio DIAJI No 1897 de 19 de septiembre de 20145, dirigido a la Cartera de Justicia y del Derecho, conceptuó:
«Sobre el particular, es preciso señalar que, se encuentra vigente entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988. (…)
De conformidad con lo expuesto, en atención a que el tratado aplicable entre las partes no regula el trámite de extradición, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, la extradición estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano».
Por su parte, la Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, con oficio No. OFI14-0022469-OAI-1100 de 26 de septiembre de 20146, remitió a esta Corporación la solicitud de extradición con la documentación reunida.
La Sala, en decisión de fecha 28 de octubre de 2014, reconoció personería al defensor público del requerido JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA, así como dispuso surtir el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.

III. PETICIONES PROBATORIAS

La defensa técnica postula el recaudo del siguiente material probatorio:


1) Se oficie a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para que informe si contra el requerido por el Gobierno de los Estados Unidos, existen en Colombia procesos por hechos relacionados con narcotráfico.
2) Se oficie a la Fiscalía General de la Nación, para que informe si contra JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA existen procesos penales en Colombia, en caso positivo se allegue la información detallada de los mismos.
Por su parte el Ministerio Público solicitó se comunique a la Dijin de la Policía Nacional Seccional Bogotá a fin que se remita completo el informe de investigador de laboratorio de fecha 25 de julio de 2014, dirigido a la señora Intendente Ruth Milena Castellanos, como quiera que solo aparece un folio de dos que componen el mismo y en él se hace la interpretación de los resultados de identificación del requerido JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE


1. Las Pruebas en el Trámite de Extradición.
Tratándose de un concepto sobre la viabilidad de una extradición, conforme al artículo 502 de la Ley 906 de 2004, la Corte debe concentrarse en corroborar los siguientes aspectos: (i) demostración de la plena identidad del solicitado; (ii) validez formal de la documentación presentada como soporte de la solicitud; (iii) principio de doble incriminación; (iv) equivalencia de la providencia extranjera con la resolución de acusación colombiana; (v) cumplimiento de los tratados, si fuere el caso.
De otra parte, la Ley 906 de 2004 en el canon 139 señala el deber de rechazar de plano los «actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos», mientras que el artículo 359 ibídem dispone «la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba».
Así, la aducción y práctica de pruebas al interior del trámite de extradición se rige por las pautas generales que reglamentan el recaudo probatorio en el procedimiento penal, imponiéndose el análisis de la conducencia, pertinencia y utilidad de los medios de convicción solicitados7, de cara a los puntuales aspectos que la Corte debe abordar al emitir su concepto. De esta forma, si las pruebas impetradas no guardan relación con esos temas, versan sobre hechos notoriamente impertinentes o carecen de utilidad, deben ser desestimadas.
2. De la solicitud de pruebas.
Precisados los parámetros bajo los cuales corresponde adelantar la actividad probatoria en el trámite de extradición, procede la Sala a analizar, si en el caso concreto, las pretensiones de la defensa y el Ministerio Público pueden ser admitidas en tanto cumplan con los criterios de conducencia, pertinencia y utilidad.
2.1 De la existencia de otros procesos penales en Colombia por los mismos hechos que motivan la presente solicitud de extradición.
Solicita el defensor del requerido que se oficie a la Fiscalía General de la Nación a fin de que informe si contra JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA se adelanta en la actualidad proceso penal o investigación alguna por hechos relacionados con narcotráfico.
Es criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, que además de constatar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 493 y 495 de la Ley 906 de 2004, se debe verificar si en Colombia se profirió decisión con fuerza de cosa juzgada por los mismos hechos que sustentan la petición de extradición, tanto más cuanto, es imperativo salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso que a este respecto podría verse lesionado por desconocimiento del principio de cosa juzgada.
Sin embargo, también es una postura decantada de la Corte aquella según la cual, cuando se pretenda probar la supuesta vulneración del principio del non bis in ídem, quien alegue la existencia de un proceso penal en Colombia por hechos que son los que motivan la petición de extradición, debe solicitar la práctica de los medios probatorios idóneos con una concreción tal, que permita inferir de antemano dicha situación.
Sobre el particular, manifestó la Sala en el auto CSJ AP, 18 nov. 2009, rad. 32494:
La Corte ha venido sosteniendo que las pruebas orientadas a establecer si en contra de la persona solicitada en extradición se adelanta o se adelantó un proceso en Colombia por los mismos hechos, sólo son procedentes en la medida en que el memorial de solicitud de pruebas o el expediente suministren o contengan información específica que permitan inferir de antemano su existencia, y por ende, la eventual violación del principio del non bis in ídem.
El imperativo de verificar esta circunstancia se presenta en situaciones en las que existe evidencia que apunte a demostrar la eventual lesión del derecho fundamental al debido proceso por desconocimiento del principio de cosa juzgada, en la medida en que el afectado o su defensor informen que el asunto fue investigado y juzgado en Colombia y suministren la información relacionada con las autoridades judiciales colombianas que hubieren conocido de la actuación; o que por cualquier otro medio fundadamente se pueda suponer el ejercicio previo de jurisdicción, por ejemplo, porque la orden de captura con fines de extradición se cumple estando la persona privada de la libertad y resulte necesario establecer la razón por la cual se dispuso la limitación de ese derecho al requerido. -Negrita y subrayas fuera de texto-.
En el presente asunto, surge claro que la petición probatoria que a este aspecto se refiere, se sustenta en el simple interés del defensor de JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA de averiguar si existen otros procesos en su contra por las mismas conductas, sin que se cuente con información específica que indique que verdaderamente existen y que concluyeron con sentencia en firme, o con una decisión de idéntico valor vinculante también en firme, aspecto que sucede en igual sentido con la petición que se eleva en el numeral segundo como quiera que la misma está encaminada a conocer de la existencia de procesos penales en general que no guardan si quiera relación con el asunto debatido de forma que deviene impertinente, motivo que conlleva a decidir que las pruebas relacionadas en los numerales 1 y 2, deberán ser negadas.
2.2. Demostración de la plena identidad del solicitado
Solicita el Ministerio Público se oficie a la Dijin de la Policía Nacional, con el fin que se allegue en forma completa el informe de fecha 25 de julio de 2014 por medio del cual se procede a la plena identificación del requerido.
Visible a folio 6 del cuaderno adjunto se aprecia, como lo alega el Ministerio Público, el informe de laboratorio referente a la plena identidad de ENRÍQUEZ MANTILLA, no obstante el mismo consta de dos folios sin que haya sido remitido el segundo donde a la postre aparece la conclusión del informe, por lo que se hace necesario requerir a la Dijin para que remita éste de forma completa, máxime cuando la identificación del requerido es requisito indispensable para emitir concepto por esta Sala en el presente trámite.
3. Conclusión
Conforme la motivación que antecede, la Sala negará la solicitud de pruebas formulada por el defensor del requerido JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA, por ser impertinentes e inconducentes, en cuanto buscan demostrar requisitos que las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal, fuente formal que rige este trámite de extradición, no contempla.
En lo que atañe a la petición del procurador delegado, la Sala accederá a la misma por resultar pertinente.

V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE
1º. NEGAR por impertinentes las pruebas solicitadas por la defensa de JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA, de conformidad con la motivación que antecede.
2º. OFICIAR a la Dijin de la Policía Nacional Seccional Bogotá, para que remita de forma inmediata el informe de investigador de laboratorio de fecha 25 de julio de 2014 dirigido a la Intendente Ruth Milena Castellanos, referente a la plena identidad del requerido JORGE ALBERTO ENRÍQUEZ MANTILLA, como quiera que obra en el plenario de forma incompleta.

Notifíquese y Cúmplase




JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Presidente



JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

EYDER PATIÑO CABRERA

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



Secretaria

1 Fls. 25 a 29 carpeta anexa.

2 Fls. 136 a 140 carpeta anexa.

3 Fls. 14 a 16 ibídem.

4 Fls. 40 a 47 ibídem.

5 Fls. 30-31 ibídem.

6 Fl. 1 c.o.

7 Recuérdese cómo la Corporación tiene decantado que la prueba es conducente cuando ostenta la aptitud legal para forjar certeza en el juzgador, lo cual presupone que el medio de convicción esté autorizado en el procedimiento; es pertinente cuando guarda relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el juzgamiento; es racional cuando es realizable dentro de los parámetros de la razón y, por último, es útil cuando reporta algún beneficio, por oposición a lo superfluo o innecesario.



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