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John jairo ruiz bejarano


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República de Colombia

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Tutela No. 42.084

JOHN JAIRO RUIZ BEJARANO

Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL




Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 145.
Bogotá, D.C., veinte de mayo de dos mil nueve.

VISTOS
Decide la Sala la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 3 abril de 2009 por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, mediante el cual amparó los derechos fundamentales a la vida digna y salud deprecados por el señor JOHN JAIRO RUIZ BEJARANO, en contra de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y los COMANDANTES DE LA SÉPTIMA BRIGADA, DE LA CUARTA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO y el BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 20 GENERAL SERVIEZ.
LOS ANTECEDENTES Y LA ACCIÓN
1. Los hechos objeto de amparo constitucional y las pretensiones del actor, fueron consignados en el fallo de primer grado de la forma como sigue:
1. Manifiesta el accionante que fue reclutado por el Ejército para prestar el servicio militar obligatorio como soldado campesino desde el 2 de enero de 2008 y fue destacado para patrullar en jurisdicción del municipio de Cabuyaro. Agrega que en junio sufrió una caída a causa del peso del morral de campaña y del armamento, quedando desde el accidente con fuertes dolores en su columna vertebral y pierna derecha; por esta razón, y a pedido de su madre, fue enviado a prestar guardia a la Estación de la Reforma a la salida del túnel de Villavicencio donde permanece de pie por varias horas al día, lo que ha empeorado su salud. Señala que ha sido atendido médicamente, aunque mediante consultas con mucho tiempo entre una y otra, y su diagnóstico es de posible “discopatía lumbar”, sin embargo, requiriendo tratamiento quirúrgico, le suministran solo calmantes y el dolor persiste.
Por tanto, recurre a la tutela en busca de protección a sus derechos fundamentales y solicita como consecuencia, que sea ordenado brindarle una atención médica oportuna y adecuada, conforme la Sentencia T-534/92, y realizarle Junta Médico Laboral para su evaluación y fijación de incapacidad y en caso de que se dictamine que no es apto para continuar prestando el servicio militar, entregarle libreta militar de primera categoría. ”
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante fallo del 3 de abril de 2009, amparó los derechos constitucionales fundamentales al señor RUIZ BEJARANO, razón por la que ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que proceda de inmediato a ordenar el examen TAC al actor y posteriormente sea remitido con el resultado a valoración con el ortopedista a efecto de definir su tratamiento.
Como fundamento de su decisión, el a quo señaló que si bien el problema de salud del accionante no evidencia la presencia de un peligro inminente de muerte, la acción constitucional resulta procedente, toda vez que su ejercicio se extiende a eventos en los cuales las afectaciones a la salud de las personas ponen en riesgo su subsistencia en condiciones dignas, circunstancia que cobija la situación del actor, pues el dolor que lo agobia afecta su calidad de vida, razón por la que requiere con urgencia el TAC solicitado por el ortopedista con el propósito de definir el tratamiento o procedimiento a seguir para la recuperación de su salud.
Y en relación con las demás pretensiones del actor – retiro del servicio militar y entrega de libreta militar de primera- estimó que la tutela no se constituía en el mecanismo para su reclamación dado que no ostenta el carácter de sustitutivo ni supletorio del medio ordinario establecido en la ley como lo es el trámite previsto en el Decreto 1796 de 2000.
4. El apoderado especial del accionante, presentó escrito de impugnación, ya que conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-366 de 2009, la orden dada por el a quo debe adicionarse y ampliarse en el sentido de conminar a la accionada para que le brinde al señor RUIZ BEJARANO un tratamiento integral hasta que logre la recuperación de su salud.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

La Sala confirmará la decisión impugnada, pero adicionando la orden suministrada en primera instancia para disponer que la entidad accionada no sólo efectúe el TAC necesario para determinar la enfermedad padecida por el actor, sino que suministre todos los exámenes y tratamientos requeridos por él para recuperar su salud y calidad de vida.


Sobre las obligaciones de las Fuerzas Militares respecto de la salud de quienes prestan el servicio militar obligatorio la Corte Constitucional en sentencia T-114 de 2008 precisó que la prestación del servicio militar corresponde al cumplimiento de una obligación de origen constitucional cuyo sustento se encuentra en el artículo 95-3 superior, que establece como deber de las personas apoyar “a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales” y, con mayor especificidad, en el artículo 216 de la Carta que contempla el deber de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan y defiere a la ley la determinación de “las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”.
La incorporación a filas hace recaer sobre las respectivas autoridades militares especiales obligaciones relativas a la protección y al cuidado de la salud de los soldados y esas obligaciones tienen particular relevancia en atención a las características propias de la actividad militar que requiere la realización de grandes esfuerzos y se desarrolla dentro de un severo régimen de dirección y disciplina, dadas las finalidades constitucionales de la fuerza pública1.
El carácter obligatorio de un servicio que se exige coercitivamente y el riesgo inherente a las labores que cumplen quienes lo prestan, justifican el derecho del soldado aquejado por alguna dolencia o enfermedad a reclamar de los organismos de sanidad de las Fuerzas Militares la atención médica necesaria durante el tiempo indispensable y, a la vez, fundan la obligación que tienen las mencionadas dependencias castrenses de brindar esa atención y de disponer cuanto se requiera para el cumplimiento de funciones de prevención, protección y rehabilitación en beneficio de su personal2.
Consta en el expediente que el señor John Jairo Ruíz Bejarano fue reclutado para la prestación obligatoria del servicio militar, y que, hallándose activo en el Ejército Nacional sufrió una caída, presentando algunos inconvenientes en su salud como consecuencia de la misma. No obstante lo cual, e incluso cuando sigue prestando sus servicios a dicha institución, no le han sido ordenados los exámenes pertinentes para obtener un diagnostico y determinar el tratamiento a seguir, cuestión que atenta gravemente contra sus derechos fundamentales. Y es que el derecho a la salud debe ser evaluado ante la luz de la consecución de una vida digna y el servicio ha de ser prestado de manera oportuna, completa e ininterrumpida en el marco que establece el Estado Social de Derecho.
Razón le asiste al recurrente cuando solicita que la orden impartida por el funcionario de primera instancia sea adicionada para que la Dirección de Sanidad proporcione el servicio de salud en los términos precitados, razón por la cual se accederá a tal petición.
Por lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado mediante el cual el Tribunal Superior de Villavicencio amparó el derecho a la salud de Jhon Jairo Ruíz Bejarano adicionando la orden suministrada en el sentido de precisar que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional deberá efectuar todos los exámenes necesarios para diagnosticar la enfermedad padecida por él y suministrar los medicamentos y tratamientos que requiera con ocasión de la misma, de manera integral, para que recupere su salud y disfrute de una vida en condiciones dignas.

SEGUNDO: Notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria



1 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-824 de 2002. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-762 de 1998. M. P. Alejandro Martínez Caballero.


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