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Jesús vall de rutén ruiz magistrado ponente sc11151-2015


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ


Magistrado ponente

SC11151-2015

Radicación n° 66001-31-10-002-2005-00448-01


(Aprobada en sesión de veintiocho de abril de dos mil quince)
Bogotá D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015).

Decide la Corte el recurso de casación formulado por Eugenia Salazar Schadlich contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia, de fecha 14 de diciembre de 2011, dentro del proceso que instauró contra John Jairo Castaño Torres.


I. ANTECEDENTES
A. Mediante demanda sustituida (fls. 35 a 49, cdno.1), pretende Eugenia Salazar, de modo principal, que se declare la nulidad del testamento contenido en la escritura pública número 5514 otorgada en la notaría primera de Pereira el 17 de noviembre de 2004 por Patricia Salazar Schadlich, por haber existido dolo de John Jairo Castaño Torres para obtener el consentimiento de la otorgante; que se reconozca a la demandante como heredera de Patricia Salazar en su calidad de hermana de ésta, que la demandante acepta la herencia con beneficio de inventario; que se condene al demandado a devolver a los herederos de la causante todos los bienes que recibió de manera ilegal como efecto el testamento, junto con los frutos de los bienes que recibió como efecto del testamento, así como el valor indexado de los bienes recibidos como efecto del mismo y que haya enajenado.
Como primera pretensión subsidiaria pidió que se declare la nulidad del referido testamento por haber existido demencia de la testadora al momento de otorgar su consentimiento testamentario. Y como segunda pretensión subsidiaria reclamó que se declare la indignidad del heredero testamentario John Jairo Castaño por haber obtenido la disposición testamentaria mediante actuaciones dolosas y en consecuencia, que se declare la nulidad del testamento por esa indignidad del heredero. Estas pretensiones subsidiarias vienen acompañadas de las mismas pretensiones consecuenciales referidas en la pretensión principal.
B. Como fundamentos fácticos, la demanda narra en forma secuencial y prolija, los hechos que en sentir de la demandante hacen que el testamento hubiese sido otorgado en estado de incapacidad de la testadora, y a su vez mediando dolo del heredero testamentario, los cuales se centran en diversos episodios constitutivos, según la actora, de grave trastorno mental que la señora Patricia Salazar Schadlich comenzó a presentar desde el año 2002, así como en conductas calificadas por aquella de dolosas, atribuidas al demandado John Jairo Castaño (quien además era el liquidador de la sociedad en la que tenía participación la causante) y atinentes a visitas continuas de este y su esposa a Patricia Salazar, aparición de recibos aparentemente firmados por esta que sin embargo un perito declaró eran falsos, retiros de dineros de Patricia Salazar, entre otros puntos, todos ellos agravados por el derrame cerebral que padeció la causante antes de otorgar el acto testamentario.
C. Admitida la demanda por el Juzgado 2° de Familia de Pereira, despacho al que por reparto correspondió el conocimiento del asunto, el demandado, notificado del libelo, en tiempo se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos admitió algunos y negó o precisó otros como los referentes a los padecimientos que en el escrito genitor se le atribuyen a Patricia Salazar, de los que afirmó que los superaba fácilmente con los medicamentos que efectivamente se le suministraban; y las conductas constitutivas para la actora de maquinaciones dolosas del demandado, para las cuales ofreció explicaciones, también negándolas.
Adujo como excepciones las que denominó «temeridad y mala fe» y «presunción de capacidad».
D. Tramitada la instancia dentro de los extremos reseñados, el a quo puso fin a la misma con sentencia denegatoria de las pretensiones. Además, tuvo por probadas las excepciones de fondo propuestas por el demandado (temeridad y mala fe y presunción de capacidad) y declaró próspera la objeción hecha al primer dictamen pericial realizado por el Instituto de Medicina Legal, «mas no por error grave, sino porque no se logró demostrar la falta de juicio de la prestadora en el instante de configurar el documento» (fl. 284, cdno. 1).
E. Contra la anterior decisión, la parte actora formuló tempestivamente recurso de apelación. El Tribunal, al desatarlo, resolvió confirmar la providencia.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
A. En lo suyo, destaca el ad quem que la sentencia del Juzgado debió abordar las pretensiones en el orden en que ellas fueron relacionadas (nulidad por dolo, por incapacidad y por indignidad del heredero testamentario) no obstante lo cual aclara que de todas se ocupó el a quo y las desechó porque «no se demostró la insanidad mental de Patricia Salazar al momento de testar, ni las maniobras fraudulentas que se le imputaron a John Jairo Castaño» (fl. 35, cdno. 7).
B. Indica el Tribunal que todas las pretensiones giran en torno a la incapacidad por demencia de Patricia Salazar para plasmar su voluntad testamentaria. Alude a los artículos 1061 y 1062 del Código Civil y aborda seguidamente el examen de la primera pretensión (nulidad por dolo), de la cual señala que, tal como lo concluyó el juzgado de primera instancia, el haz probatorio no refleja ninguna maniobra fraudulenta realizada por el demandado con el fin dirigir a su favor la voluntad de la causante; que el demandado, desde cuando fue designado por aquella como su apoderado, se preocupó por el bienestar de la causante, sin que puedan catalogarse de artimañas las visitas frecuentes que junto a su cónyuge le hacía a Patricia, que explica por las circunstancias personales en que la hallaron desde cuando le confirió ese poder, pues estaba prácticamente abandonada por su familia.
Asimismo, se refiere a la falsedad de recibos que la demandante alega como parte de la conducta dolosa del demandado, descartada por la Fiscalía General de la Nación.
Pasa a mencionar las alegaciones atinentes a dineros retirados por el demandado, sobre los cuales la actora reconoció que buena parte se emplearon en gastos de Patricia, para indicar el ad quem que tal proceder no configura una malintencionada gestión del demandado, siendo más bien una mera conjetura sin soporte probatorio.
En cuanto a que este se presentara como tutor de Patricia Salazar, indica el juzgador colegiado que es un término que utilizó uno de los médicos que la atendió, «que poco de extraordinario tiene en vista de que en realidad él era para entonces su apoderado general» (fl. 39).
Referente a que John Jairo Castaño aislara a Patricia Salazar en sus últimos días sin permitirle contacto con su familia, el Tribunal dice que no hay ninguna evidencia en el proceso y más bien, de acuerdo con la prueba testimonial, indica que de las hermanas tan sólo Eugenia la visitó de manera muy esporádica, «pero no porque se le impidiera, sino porque su relación con ella no era afectiva» (ib.).
C. En relación con la pretensión de nulidad por incapacidad mental de la testadora, memora el juzgador de segunda instancia que de las dos causales atinentes al punto y previstas en el artículo 1061 del Código Civil, la que interesa al caso es la que se refiere a que al momento de testar no estuviese en su sano juicio la causante, causal que explica con jurisprudencia de esta corporación, en la que se destaca la necesidad de probar una perturbación patológica que suprima la libre determinación de la voluntad concomitante a la celebración del acto.
Da por acreditado que Patricia Salazar sufría de tiempo atrás un trastorno mental afectivo bipolar en grado I, en relación con el cual destacó las explicaciones que el especialista en psiquiatría Rafael Patrocinio Alarcón Velandia trajo al proceso, quien, luego de exponer que este padecimiento generalmente comienza a temprana edad y que una persona con el debido cuidado puede llegar a etapas tardías de su vida, manifestó que en el caso de la testadora, «como ella recibió los recursos necesarios, el ‘impacto cognitivo de su enfermedad no era muy grave’, por lo menos hasta el mes de septiembre de 2004, que fue la última vez que la atendió antes del accidente cerebrovascular» (fl. 42).
Recalca que justamente para ese mes de septiembre, Patricia Salazar sumó a su trastorno un accidente cerebrovascular, aceptado por las partes, haciéndose constar en la historia clínica que el 28 de septiembre fue valorada por el doctor Vela, se le suministró el tratamiento en la Clínica los Rosales y el 5 de octubre que «la enfermedad actual’ de la paciente consistía en un ‘cuadro de cefalea súbita, deterioro de conciencia, afasia e imposibilidad para caminar’» (fl. 42).
Indica que el juzgado a quo había concluido que los dictámenes del Instituto de Medicina Legal no eran determinantes, pues al paso que el primero se refirió a una «certeza razonable» de que para los meses de octubre y noviembre 2004 Patricia no gozaba de condiciones mentales plenas, el segundo precisó que esa certeza razonable pasó a serlo en términos probabilísticos, dado que la certeza absoluta se tendría sólo si un profesional la hubiera examinado al firmar el testamento. Conclusiones estas que el Tribunal acoge
en cuanto a que si la certeza de la insanidad de Patricia para la fecha de confección del testamento no era absoluta, sino probable, era menester acudir a la restante prueba recaudada particularmente a los testimonios, técnicos o no, de la que emerge que ella, no obstante sus enfermedades, no perdió las facultades mentales para comprender lo que hacía en ese momento (fl. 43).
Resalta las declaraciones de los psiquiatras que en el mes de agosto de 2004 trataron a Patricia, doctores Rafael Patrocinio Alarcón y Fernando Vela de los Ríos, y en particular el primero por haber sido el que trató a la testadora antes de que se presentara ante el notario para firmar. Del primero indica que si bien fue enfático en cuanto a que el trastorno bipolar eventualmente puede hacer perderle la capacidad para el manejo sobre sí misma «en un episodio maníaco o depresivo» (fl. 44), en agosto de 2004 estaba afectivamente estable, con problemas de memoria de corto plazo y episodios de tristeza; que el 3 de septiembre la halló normal aunque con actitud negativa consigo misma; que en diciembre la volvió a atender por un cuadro de manía con agitación psicomotora, exaltación y confusión. El Tribunal resalta que a este testigo se le preguntó
si de acuerdo con la asistencia psiquiátrica que prestó a la paciente consideraba que para el 17 de noviembre de 2004 podía ella estar en uso de sus facultades mentales para otorgar testamento, respondió que era difícil saberlo porque hasta el 7 de septiembre sólo presentaba un trastorno depresivo con rasgos ansiosos y ligero deterioro cognitivo. Y frente al trastorno afectivo bipolar, señaló que no todos los casos son iguales en cuanto a la administración de los bienes se refiere y que en el caso de Patricia, hasta la fecha indicada la afectación de su capacidad mental era leve aunque su juicio y su capacidad de análisis eran insuficientes; en su concepto, dijo, parcialmente podría tener cierto grado de incapacidad para manejar sus bienes. Más adelante agregó que en las condiciones de Patricia, su manipulación podría depender de que se presentara una crisis depresiva o maníaca, pues en el primer caso la capacidad de manejo de sí misma sería débil, no en el segundo, en tanto que en los periodos intercríticos pacientes como Patricia son muy normales, lo que no supo él, es si la testadora, para el 17 de noviembre de 2004, estaba maníaca, depresiva o normal (fls. 44 y 45).
Agregó que el doctor Alarcón afirmó que Patricia «puntó satisfactoriamente» (fl. 45) en un examen científico que le practicó para determinar su autonomía e independencia; que desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre no era una persona fácil de influenciar pero que no sabía si en diciembre era ello así, por no haberla atendido.
Pasa a examinar la declaración del neurocirujano Pablo Fernando Vela de los Ríos, quien atendió a Patricia la primera vez el 28 de septiembre de 2004 por cuanto había sufrido un accidente cerebrovascular y luego, la segunda vez, en el mes de diciembre por secuelas neurológicas secundarias a dicho accidente. Precisó que cuando el 5 de octubre de 2004 se le dio de alta en el primer episodio, era una mujer alerta y consciente pero con afasia y sin posibilidad de mover el brazo y la pierna derechas y que en cuanto al segundo, «el deterioro comenzó cuatro o cinco días antes del mes de diciembre» (fl. 46).
En relación con el siquiatra Osvaldo Castilla Contreras, el Tribunal indica que este declarante se entrevistó con algunas personas que estuvieron presentes al momento del otorgamiento del testamento, así como con el doctor Alarcón, de lo cual concluyó que para el 17 de noviembre de 2004 Patricia no estaba en crisis, que estaba en período inter crítico, que las secuelas del accidente cerebrovascular fueron físicas y no mentales, deducción a la que llegó por cuanto la testadora pudo comunicarse con el notario y los testigos el día en que otorgó testamento.
D. Concluye el colegio judicial que el estado mental de Patricia no pudo determinarse con claridad para el día 17 de noviembre 2004, que no puede sostenerse que el accidente cerebrovascular le hubiera impedido comunicarse con otras personas, pues el notario se dio cuenta de que ella fue quien expresó su voluntad y mantuvo una amena conversación con los testigos y el notario, como lo dieron a conocer los primeros. Por lo demás, agrega, el notario -quien dejó constancia del cabal juicio con que se presentó Patricia a su despacho- tuvo el buen tino de advertir la dificultad de la testadora para firmar por lo que dejó constancia de que ella utilizó su mano izquierda, cuestión perfectamente posible según uno de los especialistas.
Enlaza los testimonios de los especialistas con las declaraciones de otras personas (Marta Inés Ochoa de Jaramillo, Rafael de Jesús Jaramillo Correa, Jairo de Jesús Ospina Rodríguez, Luz Dary Ruíz Agudelo, Claudia Mónica Ospina Ruíz, Edilson Bedoya Ruíz, María Nubiola García Giraldo, Mónica María Mosquera Rentería, Beatriz Liliana Pérez Triana, Christian Liber Ospina Ruíz, Carmen Cilia Villegas Arcani y Sandra Viviana Alegría Muriel) a quienes califica de contestes en cuanto a que Patricia Salazar nunca perdió sus facultades para comunicarse con los demás y sus conversaciones eran coherentes.
La descalificación que en el escrito de apelación hace la impugnante en relación con las versiones de Jairo de Jesús Ospina y su familia, en vista de que el primero faltó a la verdad cuando desconoció la denuncia que formuló contra Patricia Salazar, es abordada por el Tribunal de manera detallada para concluir, con apoyo en otras probanzas, que aquél testigo (cuya firma en el denuncio se comprobó que no era de él) no formuló querella como tal, en la medida en que fue un convidado de piedra en la diligencia que se llevó a cabo ante la Fiscalía con ocasión de agresiones y daños que le imputaban a Patricia. En consecuencia, no acepta la tacha de sospechoso que hace la parte demandante al testigo Jairo de Jesús Ospina y su familia.
Alude el Tribunal a pormenores de otras declaraciones, deteniéndose en una prueba que califica de determinante, consistente en el interrogatorio que absolvió la demandante, en el que afirmó que tres semanas antes de enfermarse Patricia la estuvo visitando y para esa oportunidad estaba bien, aunque presentaba dificultad para caminar y hablar. Concluye el ad quem entonces que «nada de extraordinario tendría, que si para esa fecha estaba lúcida, también lo estuviera unos días antes cuando se suscribió el acto testamentario» (fl. 53).
De todo lo anterior concluye el sentenciador que la prueba que pide el artículo 1061 del Código Civil para demostrar la incapacidad a que se refiere su numeral tercero, debe ser fidedigna, plena y certera acerca de que para la época de la elaboración del testamento la otorgante no se hallaba en su sano juicio. Pero que en el presente caso de la prueba documental, testimonial y pericial ello no se desprende, por lo que la presunción de capacidad se mantiene incólume.
En cuanto a la segunda pretensión subsidiaria, indica que si esa causal de indignidad se apoya en maquinaciones fraudulentas del demandado, como estas quedaron descartadas, asimismo decae dicha pretensión.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN. CARGO ÚNICO
Con fundamento en la causal primera de casación, se acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria de modo indirecto de las normas contenidas en los artículos 549, 1025 numeral 4°, 1061, 1062, 1083 del Código Civil, así como los artículos 95, 101 parágrafo 2° numeral 2° ejusdem, 174, 175, 187, 194, 222 del Código de Procedimiento Civil. Esta violación normativa es, en consideración del censor, producto de errores de hecho cometidos por el Tribunal por falta de valoración de los dictámenes periciales, las actas de junta de socios de la sociedad Salazar Schadlich S. en C. y las testimoniales que se encarga de precisar.
Luego de una ambientación teórica sobre aspectos probatorios, incluyendo la pertinencia y conducencia de la prueba pericial en los asuntos como los de este proceso («es la prueba única pertinente y conducente válida para determinar la prosperidad o no de las pretensiones de la demanda dentro del trámite materia de litis, así como, es la prueba única y de soporte dentro del procedimiento regular del trámite interdicción conforme a lo previsto en el artículo 659 del Código de Procedimiento Civil», fl. 38, cdno. Corte), el recurrente, con miras a fundamentar su cargo, reproduce fragmentos del informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del que destaca la afirmación del experto según la cual
se puede afirmar con un nivel de certeza razonable, que la señora durante el mes de octubre, noviembre del año 2004 no gozaba de condiciones mentales plenas para dicernir (sic) la realidad externa y autodeterminarse por enfermedad psiquiátrica complicada con enfermedad cerebrovascular. Los síntomas que esta enfermedad genera no necesariamente pueden ser detectados por personas sin entrenamiento médico (fl. 39, cdno. Corte).
Agrega el recurrente que como ese dictamen fue objetado por error grave, hubo de practicarse otro en el proceso, el cual también refleja la prosperidad de las pretensiones, por cuanto el experto Ricardo Sarmiento García, psiquiatra forense del mismo Instituto de Medicina Legal, afirmó que
es importante dejar claro que los cuadros psicóticos como el que se menciona presentó la señora Patricia a principios de diciembre, no inician con una sintomatología repentina sino que la recaída suele darse con síntomas previos progresivos, generalmente síntomas depresivos y por lo tanto, por lo menos desde finales de noviembre o antes ya se venían presentando síntomas.
Dijo además el experto que
si bien no hay historia clínica que nos documente el estado mental de la señora Patricia en el momento en el que se firmó las escrituras (noviembre 17 de 2004) con base en la información anterior es posible inferir en términos probabilísticos (ya que la certeza completa se tendría sólo si un profesional la hubiera examinado al momento de firmar) que aunque la paciente no estuviera en un estado demencial, en estado de manía o de psicosis para dicho momento, sí presentaba unas condiciones desfavorables en su estado mental y que son relevantes al momento de tomar una decisión legal, como lo son el haber sido siempre una persona dependiente durante los últimos años, requiriendo protección de otros por su condición mental, el presentar desde hace mucho tiempo un cuadro afectivo bipolar que la hace muy susceptible a mantener una inestabilidad emocional. Se daban otras condiciones desfavorables como los síntomas depresivos que se describen y que pudieron verse agravados por la sensación de soledad ante el distanciamiento familiar” (f. 41, c. Corte).
Argumenta la censura que las anteriores conclusiones siguiendo en ello al a quo, no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal, por lo que se aplicó a examinar otras probanzas en las que también, dice, incurrió en errores fácticos el ad quem.
Comienza con el testimonio de Jairo de Jesús Ospina Rodríguez, quien afirmó que la causante Patricia Salazar era una persona absolutamente normal, que nunca lo agredió a él o a su esposa y que él jamás denunció a la testadora. Aduce el recurrente que al proceso se allegó copia de la denuncia que este testigo instauró contra Patricia Salazar, documento que fue tachado de falso y así lo declaró el Tribunal. Indica que en el incidente de tacha de falsedad «se probó a través de testimonios, incluido el fiscal de conocimiento, que el señor Jairo de Jesús Ospina, sí había denunciado a la causante por las agresiones hechas a él, que estuvo avalando la colocación de la denuncia, lo que pone en evidencia su falsedad en su testimonio» (fl. 43). Afirma que «concurren en el decir mentiroso» del testigo la esposa de ese declarante y los hijos.
De la declaración de Iván Darío Piñeros Botero resalta que atestigua que Patricia Salazar permanentemente realizaba actos impropios de una persona en sus cabales. Sin embargo, acota la censura que el juez descartó esas afirmaciones por cuanto no había constancia de ello en las historias clínicas de la testadora y los restantes testigos negaron tales hechos. Además, se indaga acerca de cómo puede el Tribunal dar credibilidad a testigos (se refiere a Jesús Ospina, luz Dary Ruíz, Claudia Mónica Ospina, Liber Ospina, Edilson Bedoya Ruiz) de escaso nivel educativo, «a quienes se les puso en evidencia respecto a su decir contrario a la verdad mediante el documento tachado de falso y no probado como tal» (fl. 44, cdno. Corte). Menciona que «no sobra recordar» (ib.) el testimonio del médico psiquiatra Gustavo Álvarez Cardona quien en compañía del abogado Adolfo Tous Salgado fue llevado para que examinara a la causante sobre su posible enfermedad mental.
En cuanto a la declaración de Miguel Guillermo Largacha Villegas, tachado de sospechoso por el demandado por ser compañero permanente de la actora, dice la censura que son coincidentes sus afirmaciones con las del señor Piñeros. Alude a que el juez al pronunciarse sobre la tacha de sospecha indicó que el sólo hecho de ser compañero permanente de la demandante no es motivo para dudar de su decir, pero concluyó que tenía interés directo por lo que no tuvo en cuenta este testimonio. A lo anterior replica el recurrente indicando que no existe prueba de ese interés directo.
Pasa a la declaración del psiquiatra Gustavo Álvarez Cardona de quien dice que afirmó que la causante era una persona incapaz de administrar sus bienes por su larga enfermedad mental.
En lo tocante a la declaración del médico Rafael Patrocinio Alarcón Velandia, señala que el juez de instancia la tergiversó al indicar que aquel había sostenido que no había encontrado deterioros cognoscitivos moderados o graves «y hasta ahí llega a su análisis. Cuando con los dictámenes periciales se demuestra todo lo contrario» (fl. 45).
Resalta el hecho de que el demandado se presentó ante este profesional como tutor de la señora Patricia Salazar, calificativo que al juez le pareció normal no obstante que aquél fuese abogado. Resalta que ese testigo afirmó que la de cujus tenía problemas de memoria, actitud negativa, bloqueos en el curso del pensamiento, ideas de suicidio muy prevalentes, afecto deprimido, inestable, juicio insuficiente y parcialmente podría la causante tener algún grado de incapacidad para administrar sus bienes pues “tenía un tutor que la ayuda[r]a” (fl. 45). Remata que, no obstante lo anterior el Tribunal no valoró la prueba de manera correcta y por el contrario adujo que este testigo había concluido «que la causante estaba simple y llanamente bien» (ib.).
Vuelve sobre lo que califica de engaño al médico Alarcón realizado por el demandado al presentársele como tutor de Patricia Salazar, para aseverar que así logró acceder a una información reservada como es el diagnóstico de la paciente, proceder doloso que le permitió saber la difícil situación mental de la causante y su susceptibilidad de ser manipulada. De aquí concluye el recurrente que este proceder doloso no fue visto por el Tribunal.
Seguidamente alude al estado en que el médico Alarcón encontró a la paciente el 10 de diciembre de 2004, esto es, 23 días después de haber firmado el testamento y bajo los cuidados del demandante: estado febril, deshidratación grado 1 a 2, edematizada en miembros superiores e inferiores, escoriaciones, laceraciones.
En cuanto al dicho de Sandra Viviana Alegría, compañera del demandado, resalta su afirmación sobre que debieron hospitalizar a la causante porque el médico Alarcón indicó que los medicamentos suministrados no estaban haciendo efecto en la paciente. Agrega que si se observa que este médico había dicho que con la medicación adecuada la paciente podía posiblemente mejorar, se demuestra el descuido a la testadora «cuando el abogado de confianza de ella ya había logrado su fin de ser su heredero universal» (fl. 46).
De todo lo anterior, arguye la censura que el sentenciador de segundo grado no estudió la prueba indiciaria a pesar de ser tan grandes los hechos, ni mucho menos los concatenó con el decir del doctor Pablo Vela, quien afirmó que la causa primaria del estado de la causante era una intoxicación exógena, frecuente en pacientes con depresiones y psicosis severas.
En punto de las declaraciones de Marta Inés Ochoa Jaramillo y Rafael de Jesús Jaramillo Correa, no obstante reconocer que declararon que Patricia tuvo un comportamiento normal en los pocos días en que se hospedó en el hotel que administraban, la censura se detiene en la alusión de ellos a la repentina aparición de la abogada Carmen Cilia Villegas, quien conoce a la causante, se hace cargo de ella, y quien se puso en la tarea de redactar y aprovechar la situación de manipulación en que se encontraba la causante para que suscribiese el testamento.
En cuanto a María Nubiola García Giraldo y Mónica María Mosquera Rentería, quienes atendieron a la causante, la impugnante resalta que eran personas de extracción humilde y conocidas del demandado; que indicaron que este la visitaba todos los días, que el doctor Alarcón dejó de hacerlo desde principios de octubre hasta diciembre. Agrega que el juez no vio que estas dos testigos se beneficiaron económicamente del testamento pues el demandado les obsequió bienes muebles dejados por Patricia Salazar.
A modo de enlace resumido de las diferentes falencias, señala la censura que el demandado utilizó el vínculo afectivo que tenía con personas a las que puso al servicio de Patricia como las auxiliares, la abogada que preparó el testamento, contrató los médicos y así logró que la causante, en estado de incapacidad suscribiera su última voluntad, consiguiendo además los testigos instrumentales (Leonora González Escobar, Fernando Montoya Franco y Victoria Eugenia Vega Trujillo), a los cuales califica de «más que anómalos en todos los hechos bajo observación» (fl. 48), pues indaga cómo puede explicar
el despacho que los testigos de un documento que va a otorgar la señora Patricia Salazar, en el que va a disponer de su patrimonio cuyo valor es de varios miles de millones, y cuyo único beneficiario es el señor John Jairo Castaño, acá demandado, sean los amigos de este, sean convidados por él, sin saber ellos ni siquiera a qué iban, no obstante que quien elaboró el testamento fue la doctora Carmen Cilia Villegas, también amiga del demandado, y presentada a la causante por él (fl. 48).
Vuelve sobre el dictamen médico legal en lo tocante a que allí se indicó que no era fácil para una persona común notar el estado de absoluta inconsciencia de los actos de la causante, para indicar que era fácil entonces poner a personas que desconocieran del estado de la causante y sólo tuvieran contacto con ella en el pequeño lapso del otorgamiento del testamento, proceder que califica la censura de coincidente con maniobras del demandado tendientes a su único beneficio.
Arguye la impugnante que siendo el médico legista una persona experta, capacitada para determinar la situación de un paciente frente al derecho (a diferencia del médico tratante que lo único que quiere es recuperarlo) debió dársele prevalencia a su dictamen frente a las percepciones directas de los testigos. Además, se refiere a la valoración que hizo el Tribunal al testimonio del doctor Osvaldo Castillo Contreras, quien declaró en el curso de la objeción por error grave del dictamen pericial, e indicó que solo tuvo en sus manos unos pocos documentos.
Finalmente y con miras hacer notar circunstancias que agravan de dolo que le atribuye al demandado, alude la censura a la ética de éste por su condición de abogado de profesión.
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