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Javier zapata ortiz aprobado Acta # 78


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Casación 34.750

ALEXÁNDER MORA GONZÁLEZ y

JOSÉ JAVIER ROJAS RUBIO

F


Proceso n.º 34750

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente:

JAVIER ZAPATA ORTIZ


Aprobado Acta # 78

Bogotá D.C., marzo nueve (9) de dos mil once (2011).




VISTOS:
Resuelve la Sala si admite o no las demandas de casación presentadas por los defensores de los procesados ALEXÁNDER MORA GONZÁLEZ y JOSÉ JAVIER ROJAS RUBIO.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1. El 8 de enero de 2005, en la calle 10ª #5-29 del Barrio Motilones de Cúcuta, varios hombres armados con armas de fuego que decían ser de las autodefensas, ingresaron a la vivienda del señor Édgar Omaña Rey, donde igual funciona una panadería de su propiedad. Allí, junto con su esposa y empleados, lo sometieron y despojaron de 3 millones de bolívares y 250 mil pesos.
Acto seguido, los delincuentes huyeron en el taxi Daewoo de placas URI 042 y, al intervenir los agentes de la policía Leopoldo Flórez Mora y Andrés Hernando Orozco Quintero, quienes casualmente patrullaban en motocicleta por el lugar, les dispararon. El primero perdió la vida a causa de un impacto en el corazón y el segundo quedó herido en sus piernas. Estos últimos sucesos ocurrieron en la calle 3ª con la avenida 1ª de la misma ciudad.
2. Al proceso, que se inició el 8 de enero de 2005, fueron vinculados mediante indagatoria, entre otros, JOSÉ JAVIER ROJAS RUBIO y ALEXÁNDER MORA GONZÁLEZ, a quienes, luego de la resolución de situación jurídica, la Fiscalía acusó el 4 de octubre de 2005 a título de coautores de hurto calificado, tentativa de homicidio agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas.
Los apoderados de los mencionados apelaron y el Fiscal de segunda instancia, por auto del 12 de septiembre de 2006, confirmó esas determinaciones.
3. Tramitado el juicio, el 26 de mayo de 2009 el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cúcuta los condenó a 36 años y 9 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años y a pagar solidariamente con la procesada DORIS MILDRED CASTILLO BALTA –a quien se le declaró cómplice de los mismos delitos y se le impusieron 18 años, 4 meses y 15 días de prisión-, el equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales por concepto de los daños materiales causados a los perjudicados con los atentados contra la vida.
4. Los defensores de los tres procesados apelaron ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Cúcuta, por intermedio del fallo recurrido en casación, dictado el 8 de febrero de 2010, decretó la nulidad de la actuación seguida contra DORIS MILDRED CASTILLO BALTA a partir de la resolución de acusación y confirmó en lo demás la sentencia impugnada.


LAS DEMANDAS:
Son casi idénticas. El único cargo formulado en las mismas por los casacionistas, se sintetiza a continuación:


  • Nulidad por motivación deficiente de la sentencia.

Se dejaron de contestar en las instancias los argumentos defensivos y de aducir los relativos “a los elementos dogmáticos que estructuran la conducta punible”, los cuales “deben ser materia de registro, manifestación y demostración en toda sentencia, especialmente en las de carácter condenatorio”. Dejar de lado “todos o algunos de ellos” puede acarrear un fallo insuficientemente sustentado.


En primera instancia se intentó estructurar la responsabilidad penal de MORA GONZÁLEZ “dejándose de lado la real y objetiva tipicidad de la conducta, donde imperan circunstancias antecedentes a la ocurrencia de estos hechos (actuación bajo amenaza e intimidación), para tangencialmente adecuarlos a los tipos penales endilgados, sin registrarse en el fallo las pruebas que así lo demuestren, que señalen la objetiva conducta dolosa y sobre todo la presunta intención dañina de este acusado de causarle daño al bien jurídico tutelado por el legislador, la vida del señor agente de la policía Leopoldo Flórez Mora”.
Desconocer pruebas de la defensa y tener en cuenta sólo las de la Fiscalía quebranta la igualdad entre las partes y produce falsa motivación de la sentencia. Sin embargo, “nada de esto” se analizó en el fallo, limitándose los juzgadores a deducir del fallecimiento del servidor público la antijuridicidad y la culpabilidad, “sin escudriñarse los aspectos de la actuación o participación” de los procesados “bajo insuperable coacción ajena”.
El a quo no motivó suficientemente “la tipicidad de la conducta” ni profundizó sobre la antijuridicidad material. El funcionario judicial, además, junto con el ad quem, no le respondieron a la defensa técnica. Se marginaron los temas tratados por los apoderados de los procesados en la audiencia de juzgamiento, al no debatirse prolijamente sus demostraciones. De un lado, que a MORA GONZÁLEZ, excluido por varios testigos como ocupante del taxi, se le confundió con otra persona. De otro, las pruebas recaudadas en esa diligencia no las valoró el Tribunal, admitiéndose sólo las de la Fiscalía, sobre las cuales se motivó falsamente la sentencia contra ambos acusados.
La sentencia condenatoria, en fin, carece de validez porque “no hubo ponderación probatoria para enrostrar con la certeza que exige el legislador” los cargos a los inculpados. En otros términos, se incumplió con la obligación de fijar el alcance de las pruebas en las cuales se fundamentó el juicio de responsabilidad penal, quebrantándose con ello los artículos 3, 6, 8,13, 232 y 238 del Código de Procedimiento Penal.
La irregularidad denunciada es trascendente pues no permitió el ejercicio cabal del derecho de contradicción.
La solicitud del censor es, pues, casar el fallo recurrido extraordinariamente, anular lo actuado y ordenar la tramitación de un nuevo proceso. Pidió, a la vez, “revisar, reconsiderar y modificar el quantum punitivo impuesto y rebajarlo a una justa proporción … conforme a los principios de racionalidad y proporcionalidad de la pena”.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. El recurso de casación, como en muchas oportunidades lo ha señalado la Sala, no es una tercera instancia del proceso penal ni un escenario apto para desaprobar de cualquier manera las conclusiones de la sentencia o el trámite procesal.
El mismo1 está limitado a los posibles errores susceptibles de cometerse en un proceso, los cuales se sintetizan en los motivos legales que lo hacen procedente, para el presente caso los previstos en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, con sujeción a la cual la defensa presentó el libelo.
Si la legalidad de la sentencia está condicionada a una actuación surtida con observancia del debido proceso y respeto de los derechos fundamentales de las partes, las irregularidades lesivas de la estructura procesal o de esas garantías hacen parte del objeto del recurso extraordinario y de acuerdo a como lo tiene definido la Corte, deben plantearse individualmente si son varias las ocurridas (teniendo en cuenta que el orden lo determina la capacidad invalidatoria de la irregularidad), definiéndose en cada caso el tipo de vicio denunciado –de trámite o de garantía—, el carácter sustancial del mismo, el momento procesal desde el cual se debe anular el proceso y la razón por la cual es necesario acudir a ese remedio extremo.
Las demás incorrecciones susceptibles de discutirse en casación están vinculadas al contenido de la sentencia, probatorio y jurídico.
Al examinar los medios de prueba el juzgador puede incurrir en errores de hecho o de derecho. Los primeros ocurren si deja de apreciar pruebas válidas que obran en el proceso o supone medios demostrativos (falso juicio de existencia), si tergiversa su contenido haciéndoles decir algo que objetivamente no dicen (falso juicio de identidad), o al apreciarlas con desbordamiento de las reglas de la sana crítica (falso raciocinio). Y los segundos, si toma en consideración pruebas inválidas o tiene como tales pruebas válidas (falso juicio de legalidad) o estima que la prueba tiene tarifa legal, no teniéndola, o estando sujeta a ella desconoce el valor o la eficacia probatoria asignada por la ley (falso juicio de convicción).
En todos esos casos la eventual violación de la ley sustancial es indirecta pues se produce a través del yerro en la apreciación probatoria y es deber de quien la postula precisar el tipo de error, identificar la modalidad y acreditarlo, sin soslayar la carga de demostrarle a la Corte que si no se hubiese presentado la orientación del fallo habría sido distinta, lo cual equivale a desvirtuar sus fundamentos.
Pero si es el contenido jurídico de la sentencia el objetado por el recurrente, le está vedado discutir la apreciación probatoria porque en esa hipótesis la transgresión de la ley es la consecuencia directa de un error estrictamente de derecho, originado en la aplicación indebida de la norma sustancial, en su falta de aplicación o en su interpretación errónea.
Por fuera de las comentadas irregularidades, previas al fallo o derivadas de él, resulta improcedente el recurso de casación y por tal razón es importante para el sujeto procesal demandante entender la lógica del proceso, reflejada toda ella en las causales legales dispuestas para la utilización del medio de impugnación extraordinario, las cuales, a diferencia de como se piensa, no sugieren la idea de un recurso técnico y hostil a la realización de sus propias finalidades sino de uno que en atención a su naturaleza rogada exige un mínimo de precisión y coherencia en la manera de la presentación del caso al Tribunal de Casación, ante el cual no puede venirse con vaguedades o a buscar análisis probatorios de instancia, sino con la claridad suficiente para expresar con toda naturalidad qué error trascendente cometió el juzgador y aportar los argumentos pertinentes para persuadir acerca de su ocurrencia.
Comprender lo anterior llena de contenido la exigencia legal de “claridad y precisión” en la enunciación de la causal de casación invocada en la demanda y en la formulación del cargo, prevista en el artículo 212-3 del Código de Procedimiento Penal de 2000 e insatisfecha de forma manifiesta en el presente caso a la censura presentada en las demandas.
2. Según los casacionistas, los juzgadores incurrieron en motivación insuficiente de la sentencia. Este defecto, que constituye error de actividad y cuyo efecto procesal es la invalidación del fallo, ocurre cuando se omite el examen de los fundamentos fácticos o jurídicos de la decisión judicial, o tiene lugar el mismo de manera tan precaria que imposibilita determinar la respectiva sustentación.
Ese abandono de las instancias que habría impedido el ejercicio cabal del derecho de contradicción, no lo acreditaron los censores. Dijeron generalidades sin contenido y cuando se refirieron al caso concreto dejaron clara su inconformidad principal con el alcance dado a los medios de convicción y, subsidiaria, con la cantidad de pena impuesta.
La Sala, una vez repasadas las sentencias del Juzgado de la causa y del Tribunal, ha establecido que algunas afirmaciones de los defensores no son ciertas. No es exacto decir, por ejemplo, que no se hayan respondido sus tesis.
De un lado, el a quo descartó sin dudar la supuesta intimidación a que fue sometido el acusado JOSÉ JAVIER ROJAS RUBIO, quien alegó estar trabajando el día de los hechos en el taxi URI 042 y haber sido obligado a transportar en él a los delincuentes.
Edgar Omaña Rey víctima de hurto –dijo el funcionario judicial en respaldo de su conclusión— asegura que por comentarios de sus vecinos el vehículo se encontraba estacionado en la esquina de la cuadra donde se encuentra ubicado su negocio de panadería. YOVANNY (sic) AGUDELO MONTAGUT vive o reside en la esquina de la cuadra donde funciona la panadería y vio que el taxi fue estacionado en la esquina y se encontraba encendido y describe al conductor como un señor gordo, de gafas transparentes como las que formulan los médicos. LUIS FERNANDO PEÑARANDA VILLAMIZAR vio cuando el taxi venía a alta velocidad al extremo que le tocó gritarle que cuidado con el niño refiriéndose a uno de sus hijos –menor de edad— que se encontraba en el andén montado en un triciclo y recuerda que no vio que lo llevaban o traían amenazado.
Igualmente es delatado por uno de sus compañeros en este caso RAMÓN ROMERO CASADIEGO quien asegura que el taxista se quedó en la esquina de la calle diez con sexta, subiéndose al vehículo DANNIS, ALEX y otro que no le sabe el nombre y él también se iba a montar pero no lo dejaron.
Por lo tanto no puede creerse en su versión de que su participación fue mera causalidad, obligado, utilizado o en el mejor de los casos asaltado en su buena fe”.
De otro extremo, en relación con el procesado ALEXÁNDER MORA GONZÁLEZ, una buena porción del pronunciamiento de la primera instancia estuvo dedicado a suministrar las razones para rechazar que siendo ajeno a los crímenes se le confundió con uno de sus autores.
La responsabilidad de ALEXÁNDER MORA GONZÁLEZ –expresó el despacho judicial al respecto—, radica en que igualmente aunque lo niega era uno de los ocupantes del vehículo, ya en la audiencia pública declara DEIVIS OMAR PEÑALOZA quien pretende exonerarlo de responsabilidad y trata de confundir a la justicia, diciendo que quien realmente participó y se conoce con el alias de ‘Alex o Dannis’ es JEAN CARLOS PEÑALOZA RODRÍGUEZ, presentándolo como supuesto hermano de ALEXÁNDER MORA GONZÁLEZ pero resulta que DEIBIS OMAR PEÑALOZA aparece como hijo de FELIPE PEÑALOZA, así como ALEXÁNDER MORA GONZÁLEZ figura como hijo también de un FELIPE PEÑALOZA aclarando DEIVIS que tienen un solo padre en común, para decir después que no son hermanos.
Más sin embargo no puede negar que en el transcurso del proceso se pudo constatar que la persona que corresponde al alias de ‘Alex’ es única y exclusivamente a ALEXÁNDER MORA GONZÁLEZ, nótese cómo el conductor ROJAS RUBIO reconoce que vía celular se comunicó con su amigo ‘Alex’ de quien dice no saber su apellido, tan solo que vive en el barrio La Campiña, no debe olvidarse que debidamente fue reconocido en diligencia de reconocimiento en fila de personas por el agente sobreviviente ANDRÉS HERNANDO OROZCO QUINTERO y por el igualmente procesado RAMÓN ROMERO CASADIEGO, quien colaborando con la justicia comunica los teléfonos de ‘Alex y Dannis’ como dos personas diferentes, pero hermanos entre sí y quienes resultaron heridos ‘Alex’ en una pierna y ‘Dannis’ en una mano”.
El ad quem apoyó las mencionadas deducciones del inferior jerárquico en la sentencia impugnada en casación –las dos hacen unidad jurídica dada su similar orientación—, quedando sin comprobación el yerro procesal alegado al pretenderse aducir como tal unas omisiones del juzgador inexistentes.
Si a lo precedente se adiciona que el supuesto desconocimiento de las pruebas aportadas por la defensa debió proponerse en un cargo distinto, por violación indirecta de la ley sustancial originada en falso juicio de existencia, y que el disgusto con la tasación punitiva también requería de censura aparte y acreditación del error probatorio o jurídico que condujo a imponer una sanción indebida a los acusados, resulta evidente la ausencia de aptitud del cargo para admitir la demanda. Así mismo, no hay lugar a casar de oficio el fallo pues no se advierte quebrantamiento alguno de los derechos fundamentales de los sujetos procesales que deba ser remediado por la Sala.
En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:
INADMITIR la demanda de casación presentada por los defensores de los procesados ALEXÁNDER MORA GONZÁLEZ y JOSÉ JAVIER ROJAS RUBIO.

Contra esta decisión no proceden recursos.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.




JAVIER ZAPATA ORTIZ

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ FERNANDO CASTRO CABALLERO

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria




1 . Así lo sostuvo la Corte en el auto de casación del 14 de febrero de 2006 (radicación 23.639) y se recordó en el del 14 de septiembre de 2009 (radicación 32.126).



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