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J. L. M. de R c/ F. R. O s/ Alimentos


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J.L.M. de R c/ F.R.O s/ Alimentos
DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL:
La Cámara Primera Civil y Comercial, Sala Tercera de La Plata, confirmó -en lo que aquí interesa la senten­cia de Primera Instancia que hizo lugar a la demanda de alimentos y estableció que el accionado debe cumplir con su obligación desde la fecha de su interposición -12 de julio de 1991- (fs. 436/440).
Contra el pronunciamiento se alza la actora, en representación de su hijo menor con asistencia técnica, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs.441/451).
Denuncia violación de los artículos 264, 265, 267, 268, 4027 del Código Civil; 34 inc. 4 del Código Procesal Civil; 31, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional, de la doctrina legal y errónea aplicación de los artículos 375 del Código Civil y 641 del Código Procesal Civil y Comercial.
La recurrente, luego de destacar el origen legal de la obligación alimentaria paterno filial como parte de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad que vienen desde la concepción, la que no está sujeta a la prueba de la necesidad por parte del reclamante, con cita de la normativa de fondo respectiva, expresa que la Cámara crea en el caso una suerte de caducidad de la acción de pleno derecho para reclamar los alimentos con retroactividad al nacimiento del menor.
Para ello -dice se basa en la presunción de falta de necesidad por la inactividad de la actora, sin ad­vertir que tal petición no se efectivizó junto con la demanda de filiación extramatrimonial porque el impedimento era de origen legal -falta de legitimación para accionar hasta tanto se inscribiera la sentencia respectiva.
Agrega que es equivocada la apreciación de la Cá­mara en cuanto a que nada impedía reclamarlos durante la sustanciación del juicio de paternidad, cuando la misma aparece "prima facie" verosímil, pues ello no se daba en el caso.
Alega que el "a quo" contradice la doctrina de V.E. que establece "que el derecho a las cuotas atrasadas sólo se pierde por prescripción, la que no corre contra los menores de edad cuando su representante legal es el deudor de la obligación", así como la que sienta en concordancia de la doctrina nacional, que menciona, respecto a que "la demora de la madre en reclamar lo adeudado no es oponible cuando los beneficiarios son los menores de edad, pues no puede hacerse cargar sobre los verdaderos acreedores -los alimentados la omisión de quien los representa" (Ac. 34.904 en D.J.B.A., Tomo 132 diario del 14/5/87).
Distingue la agraviada las figuras de prescrip­ción y caducidad, para destacar que ésta se produce sobre el reclamo judicial tendiente al cobro de cuotas no pres­criptas; sostiene que el derecho alimentario nace con el menor y sigue hasta que éste alcanza la mayoría de edad, por lo tanto -aduce no puede el juzgador con fundamento en una disposición procesal -641 del Código de Procedimiento Civil y Comercial limitar el reclamo alimentario a la fecha de interposición de la demanda.
Afirma que las normas sustantivas no pueden violar las de fondo en la materia, que son las que prevalecen conforme lo establecido por el art. 31 de la Constitución nacional y no resulta óbice para ello la disposición contenida en el artículo 375 del Código Civil, pues ella se refiere a los alimentos provisorios sin que se instituya un límite temporal de la sentencia de alimentos. Por ende, es­tima que la fundamentación en el mencionado texto es erró­nea.
Propicio la desestimación del recurso.
La sentencia se apoya en el claro texto de la ley (art. 641 del C.P.C.), conforme al cual admitida la preten­sión alimentaria el juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará abonar por meses anticipados, desde la fecha de interposición de la demanda..
Ahora bien, la demandante sostiene la inaplicabilidad de la norma procesal precitada, articulando una doble argumentación: 1º) A su criterio, la cuestión ha de regirse por la normativa de fondo (art. 264, 265, 267, 268 y 4027 del Código Civil), fundamentalmente porque el conjunto de deberes y derechos emergentes de la patria potestad han sido atribuídos a los padres desde la concepción de los hijos (art. 264 cit.). Concluye entonces que al consagrarse en lo sustancial ese punto de partida para la obligación alimentaria, el Código Procesal no ha podido retacear o minorizar tal derecho, pues de otro modo quedaría vulnerado el principio de supremacía que emerge del art. 31 de la Constitución nacional y su sistema. 2º) Paralelamente, ex­cusa su falta de actividad entendiendo que hasta tanto no se hubiese dictado la sentencia filiatoria carecía de legitimación para demandar.
Sobre lo primero, entiendo que se confunden dos ordenes de cuestiones diferentes, dos órbitas diversas en las que giran respectivamente la consagración del derecho alimentario en favor de los hijos, por un lado, y la implementación concreta y específica de ese derecho así atribuído en abstracto, por el otro. Me explico: el Código de fondo, hundiendo sus raíces en la propia naturaleza de las cosas y preservando valores esenciales, ha instituido la obligación alimentaria desde el momento mismo de la concep­ción. Esta definición ineludible constituye una pauta general para disciplinar conductas, para que en el desenvolvimiento normal de la vida de relación todos y cada uno sepan a qué atenerse permitiendo el funcionamiento espontáneo del derecho sin necesidad de intervención jurisdiccional. Asimismo, esa plataforma jurídica es la que tendrá en cuenta el Juez en caso de requerirse su intervención por no seguirse un acatamiento idóneo. El Código Procesal, de su lado, precisamente contempla los casos patológicos, aquellos en los que no ha mediado un cumplimiento voluntario de las obligaciones, en donde se hace necesario promover un proceso para que luego de obtenida la necesaria certeza la jurisdicción establezca cuál es la conducta debida.
Por eso la acción no es lo mismo que el derecho subjetivo material alegado ante los tribunales de justicia, ni son equivalentes en absoluto ambos conceptos. La acción y el derecho son dos entidades jurídicas independientes, habiendo señalado Carnelutti que uno de los capítulos mas interesantes de la historia del derecho es el que concierne al desarrollo de esta autonomía ("Instituciones", trad. Sentis Melendo, t. I, p. 316), afirmándose incluso que de la independencia entre acción y derecho deriva la existen­cia misma del derecho procesal como disciplina jurídica (Couture, "Fundamentos", 3a ed., p. 63). Y así, la acción termina siendo un derecho público subjetivo cuyo objeto consiste en la prestación de la actividad jurisdiccional, cualquiera sea el contenido, favorable o desfavorable, del fallo en que esa prestación se concrete (Palacio, "Derecho Procesal Civil, t. I, p. 373 y sgts). Finalmente ese poder de provocar la actividad jurisdiccional constituye un supuesto de la actividad procesal previo a la misma, perteneciente en todo caso al derecho constitucional, si se quiere, -peticionar a las autoridades, pero que requiere ser complementado con otra noción ahora sí estrictamente procesal. Me refiero al concepto de pretensión, que cabe definir como el acto en cuya virtud se reclama ante un ór­gano judicial y frente a una persona distinta, la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación (Guasp, "La pretensión procesal", en Revista de Derecho Procesal, 1951 - I, p. 359).
Los desarrollos que preceden permiten sostener que el objeto del proceso es la pretensión, y que la regulación de todo lo que a ella concierna -incluidos los efec­tos de la demanda efectivamente promovida constituye materia estrictamente regida por el derecho procesal. De allí que bien ha podido el art. 641 del Código Procesal Penal, instalar el punto de partida de la percepción de la cuota alimentaria en el momento de interposición de la demanda, sin que con ello quede lesionado el sistema que en abs­tracto ha conformado el Código Civil, y sin que tampoco resulten vulneradas las normas constitucionales que cita la recurrente.
Sobre lo segundo -la demora en introducir la pretensión -, la sentencia señala concretas circunstancias que no han sido refutadas en el recurso. Así, pone de manifiesto que se obtuvo clarísima verosimilitud en el derecho al conocerse la pericia genética cumplimentada en el juicio filiatorio (fs. 436 vta.), constituyendo ésta una de las tantas circunstancias que habrían permitido motorizar un reclamo alimentario con fijación cautelar de alimentos provisorios (confr. Alberto J. Gowland, "Alimentos provisorios en el juicio de reconocimiento de filiación " en E.D. t. 148, p. 435 y sgts.).
Estimo, en definitiva, que la sentencia no quebranta las normas que se dicen violadas, ni tampoco la doc­trina legal de V.E. que se cita, pues esta última refiere a cuotas alimentarias ya fijadas, supuesto diverso al de autos.
Tal es mi dictamen.-
La Plata, 9 de agosto de 1995 - Eduardo Néstor de Lázzari.
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, Hitters, Pisano, Laborde, Salas, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 56.647, "Justo, Lidia María del Rosario contra Ferrer, Raúl Oscar. Alimentos".
A N T E C E D E N T E S
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó el monto de la cuota alimentaria justipreciada y la confirmó en cuanto a que la misma es exigible a partir del 12 de junio de 1991.
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T I O N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I O N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
1. En lo que interesa destacar, dado el alcance del recurso traído, la Cámara fundó su decisión en que:
a) Si bien el derecho a reclamar alimentos se apoya en el emplazamiento en el estado de hijo, nada impedía a la actora peticionar dicha asistencia alimentaria para el menor, paralelamente con el juicio de filiación sin necesidad de esperar -como lo hizo la íntegra tramitación del juicio de filiación.
b) Aún cuando no se hubiese dictado sentencia declarando la filiación, el hijo extramatrimonial puede reclamar alimentos, si la paternidad del demandado aparece prima facie verosímil.
c) La demandante no pidió alimentos provisorios a pesar de tener expedita la vía para reclamarlos estando en trámite el juicio de reconocimiento de paternidad, y más precisamente desde octubre de 1990, cuando tuvo conocimiento del resultado de la pericia inmunológica.
d) Los alimentos deben abonarse desde el día de la promoción del presente juicio, conforme al principio general establecido en la normativa de fondo y forma que retrotrae los efectos de la condena al momento de la demanda.
2. Contra dicho pronunciamiento se alza la actora por vía de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación a los arts. 31, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional, 264, 265, 267, 268 375 y 4027 del Código Civil y 34 inc. 4º y 64l del Código Procesal Civil y Comercial.
Aduce en suma que:
a) La Cámara crea frente al caso de litis, una suerte de caducidad de la acción para reclamar los alimen­tos del menor desde el nacimiento, estableciendo que nada impedía a la actora reclamarlos durante la sustanciación del juicio de filiación.
b) Si no hubo petición judicial anterior no fue producto de una inactividad negligente sino por impedimen­tos de orden legal, ya que la actora, al no aparecer prima facie verosimil la paternidad del demandado, no poseía tí­tulo que la legitimara a promover la demanda hasta tanto se inscribiera la sentencia de filiación. Estas particularidades de la causa hacen inaplicable el art. 641 del Código Procesal Civil.
c) La Cámara se aparta de la doctrina legal que emana de la causa Ac. 34.904 según la cual el derecho a las cuotas atrasadas en concepto de alimentos sólo se pierde por prescripción.
d) La fundamentación del fallo en el art. 375 del Código Civil resulta errónea pués se refiere a los alimen­tos provisorios, sin que establezca el límite temporal de la sentencia.
e) La sentencia atacada otorga prevalencia a las normas procesales sobre las expresas disposiciones contenidas en el Código Civil acerca de la obligación alimentaria de los padres respecto de sus hijos menores derivada de la patria potestad, y que surge desde la concepción de éstos.
3. El recurso debe prosperar.
Las circunstancias de autos son las siguientes:
El 6 de diciembre de 1988 la actora inició contra el demandado una acción de reconocimiento de paternidad en nombre y representación de su hijo Raul Jonatan que había nacido el 1º de febrero de ese año.
El 25 de octubre de 1990 se agregó a la causa el resultado del estudio inmunogenético realizado a las partes (fs. 164/174) y el consecuente allanamiento del accionado a la pretensión acaecido el 14 de noviembre de 1990 (fs. 176).
El 26 de febrero de 1991 se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda de reconocimiento de paternidad entablada.
El 12 de junio de 1991, la actora inició el juicio de alimentos que nos ocupa.
La Cámara en su fallo hoy cuestionado hizo lugar a los alimentos reclamados a partir de la fecha de interposición de la demanda y no desde el nacimiento del menor como la actora pretendía. Concluyó que es factible admitir la demanda de alimentos provisionales que hayan sido pedidos durante la sustanciación del juicio de filiación cuando el derecho invocado fuera verosimil, por lo que la actora pudo no haber postergado el reclamo hasta el dictado de la sentencia de filiación como lo hizo.
La quejosa si bien aceptó tal conclusión entendió que su parte no se encontraba en dicha situación justamente por carecer su derecho prima facie de verosimilitud al momento de demandar; y que tan fue ello así que el demandado negó categóricamente tanto la paternidad que se le atribuía como haber mantenido relación íntima alguna con la actora.
Es sobre este punto que versa el principal ataque del recurrente a la sentencia en examen. Considera éste que las circunstancias reseñadas tipifican un supuesto de ex­cepción que impide aplicar la normativa general del art. 641 del Código Procesal Civil y Comercial segun la cual los alimentos concedidos son debidos desde la fecha de interposición de la demanda.
Asiste razón a la actora.
I. El vocablo alimentos comprende "todo lo necesario para la vida de la persona necesitada" (Mazeaud, Henry Leon et Jean, Lecciones de Derecho CivilEJEA, Buenos Aires, 1959, Parte I, Vol. IV, LECCION LXII, p. 147 Nº 1208; conf. Lehman, Heinrich, Derecho de Familia, Vol. IV, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953, p. 397, y Es­criche, Diccionario razonado de Legislación y Jurispruden­cia, París, 1869).
A su turno, el fundamento último de la obligación alimentaria es el deber de solidaridad social, recortado y limitado en torno a la familia (los Mazeaud se refieren a una obligación derivada de la solidaridad familiar, op. cit. p. 134).
Es decir que principios tan sólidamente vinculados con la dignidad del ser humano, como son el derecho a la vida y la solidaridad social sustentan con igual firmeza lo que en rigor constituye un derecho natural para aquél que requiere el alimento, que el legislador ha convertido en derecho positivo, elevando la exigibilidad moral al rango coactivo de deber jurídico (conf. Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, La obligación alimentaria: deber jurídico, deber moral, coedición de Ed. Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. 1989, P. 10).
II. Pero como ha señalado un alto tribunal americano "los casos relacionados con alimentos de menores están revestidos del más alto interés público" (Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ex Parte Negrón Rivera, 87 JTS 114 (9 diciembre 1987), página 5303 JTS y casos allí citados; López v. Rodríguez, 88 JTS 40 (15 abril 1988), pág. 5694 JTS).
Esta primigenia consideración tiene marcado arraigo en nuestra práctica jurídica, donde el Derecho de Menores ha alcanzado un tan frondoso como saludable desarrollo, impulsado por juristas y realizadores de la talla de Luis Agote, Juan Carlos Landó, Julio Alfonsín, Jorge Eduardo Coll, Julio Herrera, Carlos de Arenaza y másadh recientemente Rafael Sajón y Daniel Hugo D' Antonio, a partir de la ley 10.903, sancionada en 1919, que reguló el Patronato de Estado según lineamientos que básicamente aún per­duran.
Es que, como señala Luis Diez Picazo (Familia y Derecho, Ed. Civitas, Madrid, 1984, p. 172) "en esta materia se ha producido, en los ordenamientos jurídicos moder­nos, una inflexión determinada para el tránsito de la figura del hijo menor al menor sin más, abstracción hecha de sus connotaciones familiares. Se produce también el trán­sito del tratamiento del menor en el Derecho Civil, donde, como estado y condición de la persona tenía su asiento, a todo un conjunto tuitivo de normas que se generaliza por doquier... Como síntoma de este tránsito, no me parece casual que el art. 39 Const. (española), párrafo 2º, enfatice que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos y que en su apartado 4º diga que los niños gozarán de la protección prevista en los Acuerdos internacionales que velan por sus derechos" "vivimos sin duda en una cultura que trata de otorgar una especial protección a los niños, que es indudablemente una protección jurídica. Las cláusulas en las que se contempla el beneficio y el interés de los hijos, referidas, según es lógico, a los hijos menores de edad, se han reiterado en el Código Civil después de las Reformas de 1981. La consagración más clara de la idea se encuentra en el párrafo 2º del art. 154, según el cual la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, lo que, por una parte modaliza la potestad y su ejercicio y hace inadmisibles los actos que entrañan beneficio exclusivo del titular. La misma idea se reitera des­pués en muchos otros artículos del Código" (ps. 173/174 op. cit.).
Estos conceptos son plenamente válidos, mutatis mutandi para nuestro ordenamiento jurídico y trasuntan sin duda una tendencia universal.
Sobre esta última, baste señalar la intensísima actividad legislativa internacional desarrollada en las úl­timas décadas en materia de minoridad como consecuencia de la cual se sancionaron instrumentos de marcada trascenden­cia aun en el plano del derecho interno, tales como el Pacto de San José de Costa Rica (año 1969), la Convención sobre Derechos del Niño (ONU, 1989), las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), por citar sólo las de mayor reper­cusión en las legislaciones nacionales.
Entre nosotros, con posterioridad a la sanción del Código Civil, las leyes 10.903, 11.357, 13.252, 14.367, 14.394, 19.134 y 23.264 innovaron profundamente en materia de filiación y patria potestad, a la vez que la sanción de la reforma de nuestra Carta Magna en 1994 al incorporar con jerarquía constitucional el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre derechos del Niño, entre otros ins­trumentos internacionales, a los que previamente se había prestado adhesión, y consagrar medidas de acción positiva en favor de los menores y de seguridad social para los con­cebidos, (art. 75 incs. 22º y 23º), marcó con trazos indelebles profundas líneas de desarrollo del Derecho de Familia y la Minoridad.
Para Rafael Sajón (Derecho de Menores, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 29) "lo identificatorio de este nuevo orden jurídico de menores es que es un derecho tuitivo, finalista y de orden público, traducido hoy en los modernos códigos de menores, en los estatutos y leyes específicas (en Brasil el Estatuto del Niño y la Adolescencia, 1990; Guatemala; Ecuador; Bolivia; Perú; Colombia. Leyes Tutelares de Menores en Venezuela, Uruguay, Argentina o Chile)", legislación que "coloca al menor expresa o implí­citamente como sujeto prevalente de derechos. Establece la aplicación preferente de esta normativa específica en los casos conflictivos de leyes" (ejemplifica Sajón el art. 20, ap. 4º de la Constitución Española de 1978, que declara im­plícitamente este principio cuando dice: "Estas libertades, la de expresión, la de creación y la de cátedra, tienen su limitación en el derecho a la protección de la juventud y de la familia". La Constitución brasileña de 1988 y el Es­tatuto del Niño y del Adolescente del Brasil (ley 8069, 13-VII-1990) recogen las expresiones "interés supremo del menor" (prioridad absoluta) que expusiéramos sistemáticamente desde 1947 en lecciones de Derecho de Menores".
III. Hemos traído esta reseña porque consideramos con profunda convicción que en el caso de los alimentos en­tre padres e hijos menores, los mismos tienen su fuente en la patria potestad (conf. Belluscio, Augusto César"Manual de Derecho de Familia" -4ª ed.- Depalma, Bs.As. 1986, Tº II, Nº 539, p. 319; Guastavino, Elías P., "Régimen de visitas en el Derecho de Familia", J.A., 1976-I-654). El español Pablo Beltrán de Heredia de Onis, de un modo semejante señala, en alusión a las obligaciones que emanan del nº 1 art. 155 del Código Civil español, que impone a los padres (que ejerzan la patria potestad) con respecto a hijos no emancipados el deber de alimentarlos, educarlos e instruir­los (colocado en aquella parte del Libro I sobre la patria potestad) y del art. 143 (colocado en el Libro I en los alimentos entre parientes), que "son distintas las fuentes de ambas obligaciones alimenticias. La obligación de los padres de alimentar a sus hijos no emancipados tiene su fuente en el hecho de la generación y se configura jurídicamente como un efecto personal de la patria potestad. Y ello con independencia de un estado de necesidad en el hijo..." ("La obligación de alimentos legales entre parien­tes" Tº III, núm. 3, Universidad de Salamanca, 1958, p. 16). Más adelante agrega "el verdadero fundamento de la obligación de los padres de alimentar e instruir a sus hijos no emancipados teniéndolos en su compañía, está en el hecho de la generación como un efecto personal de la patria potestad" (p. 31) para expresar de modo parcialmente coin­cidente con lo que antes señaláramos que "En realidad y en derecho estricto con la obligación alimenticia se tutela un interés privado, individual, que tiene su fundamento en el derecho a la vida configurado como un "derecho de la personalidad" ... "entre estos derechos de la personalidad se encuentra el derecho a la vida y se encuentra en un lugar preeminente ya que ... sin él no cabe la existencia ni el disfrute de los demás bienes. Y este derecho a la vida (es) el verdadero y único fundamento de la obligación alimenticia" (p. 33).
BelluscioZannoni separan claramente en el caso de padres e hijos la obligación alimentaria que surge del art. 367 que refiere a los hijos mayores de edad o menores emancipados, de la obligación asistencial emergente de la patria potestad (arts. 265, 267, 268 y concs., C.Civ.) ("Código Civil y Leyes Complementarias Comentado, Anotado y Concordado", Tº II, Astrea, Buenos Aires, 1979, comentario al art. 267, par. 1, p. 99, con cita de Busso II, com. al art. 567, nº 2, p. 557 y art. 367, par. 4 p. 270; id. art. 370, par. 1 p. 275; conf. Borda, "Tratado de Derecho Civil Argentino, Familia", Tº II, 2ª ed. Perrot, Buenos Aires, 1959, Nº 1247, p. 387: los menores tienen derecho a los alimentos, no surgiendo la obligación de los progenitores de la relación de parentesco sino del deber de crianza y educación que pesa sobre ellos. López del Carril agrega que, si bien el deber alimentario descansa en la patria potestad no es menos cierto que reconocen una fuente común que es la paternidad y/o la maternidad, al punto que la pérdida -hoy privación de la patria potestad deja subsis­tente la obligación alimentaria -"Derecho y Obligación alimentaria", Abeledo Perrot, Bs.As., 1981, ps. 305/6, con cita en sentido concordante de Busso, Tº II, p. 558 y Planiol, Marcel"Traité élémentaire de Droit Civil", Tº I, p. 518; de Julliot de la Morandiere, quien señala que "la obligación alimentaria con respecto a los descendientes menores de edad tiene una fisonomía particular"- "Precis de Droit Civil", Tº I, Nº 467; y de Jean Carbonnier para el cual "El estudio sociológico de la obligación alimentaria exige una perfecta delimitación de los supuestos de la misma; nadie duda de que las obligaciones que atañen a los ascendientes no presentan idénticos matices sociológicos y psicológicos que la que se predica con respecto a los des­cendientes". Derecho Civil, Tº I, V. II, p. 420 (id. p. 308). Agrega López del Carril que el derecho del menor surge de las normas que regulan los derechos y deberes de la patria potestad y no son de aplicación los arts. 367 y ss. del Código Civil (p. 308). Establece luego una serie de diferencias que resaltan el régimen especial y propio de la obligación alimentaria respecto de hijos menores: la obligación alimentaria no tiene quantum fijo, ya que la misma se desarrolla en todas sus facetas, de acuerdo a las posibilidades económicas de los padres y dentro del hogar paterno (p. 306). En el mismo sentido, Jacqueline Rubellin de Vichi -Los derechos del niño y su familia en el derecho positivo francés, en "Derecho de Familia", Revista interdis­ciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia -1990- 4 -Abeledo Perrot pto. 2º p. 85 -sostiene que la obligación de manutención -art. 203- no contiene reciprocidad, a diferencia de la obligación de alimentos -205-).
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