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Instituto federal electoral


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Lunes 22 de noviembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se desahoga la solicitud formulada por el C. Jorge Carlos Díaz Cuervo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del otrora Partido Socialdemócrata, relativa a la condonación de las multas impuestas al referido instituto político.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.- CG374/2010.



ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE DESAHOGA LA SOLICITUD FORMULADA POR EL C. JORGE CARLOS DIAZ CUERVO, PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL OTRORA PARTIDO SOCIALDEMOCRATA, RELATIVA A LA CONDONACION DE LAS MULTAS IMPUESTAS AL REFERIDO INSTITUTO POLITICO

Antecedentes

I. El cinco de julio de dos mil nueve se realizaron elecciones ordinarias federales para elegir diputados por ambos principios. En esta contienda electoral participaron los partidos políticos registrados ante el Instituto Federal Electoral, entre ellos, el otrora Partido Socialdemócrata.

II. El diecinueve de agosto de dos mil nueve, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones, respecto a los resultados de la elección federal electoral 2008-2009.

III. En sesión extraordinaria de veintiuno de agosto de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral efectuó el cómputo total y declaró la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional.

IV. El veintiuno de agosto de dos mil nueve, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo JGE76/2009 por el que emitió la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para Diputados por ambos principios.

V. Inconforme con lo anterior, el otrora Partido Socialdemócrata interpuso recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual fue radicado bajo el número de expediente SUP-RAP-269/2009, en el que se determinó revocar dicha resolución en lo que fue materia de impugnación, para el efecto de que el monto correspondiente al financiamiento público anual por actividades ordinarias permanentes, se entregara por el Instituto Federal Electoral al interventor del otrora Partido Socialdemócrata, para que fuera considerado dentro del activo susceptible de cubrir adeudos adquiridos por el citado instituto político anteriores a la fecha en que se determinó la pérdida de su registro.

VI. El veintisiete de octubre de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso del interventor del otrora Partido Socialdemócrata mediante el cual da a conocer la liquidación de dicho partido.

VII. El veintiuno de diciembre siguiente, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el interventor del otrora Partido Socialdemócrata dio a conocer la lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, por el que se convocó a las personas que consideraran les asistía un derecho como acreedores del partido en liquidación y se instauró el procedimiento para su reconocimiento.

VIII. El ocho de junio de dos mil diez el interventor presentó a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el informe de lo actuado, que contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora Partido Socialdemócrata, así como la lista definitiva de acreedores, mismo que fue sujeto de revisión por parte de dicha entidad revisora, siendo formuladas diversas observaciones mediante oficio UF-DA/5137/10 del veintiocho de junio de dos mil diez, las cuales fueron subsanadas por el interventor y mediante oficio sin número del diecinueve de julio de dos mil diez, presentó una segunda versión del informe referido.

IX. El veintiuno de junio de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante acuerdo CG267/2010 aprobó el informe de lo actuado y el balance de liquidación presentado por el interventor del otrora Partido Socialdemócrata.

X. Inconforme con lo anterior, el doce de agosto de dos mil diez, el C. Jorge Carlos Díaz Cuervo en su carácter de presidente del otrora Partido Socialdemócrata, impugnó el acuerdo CG267/2010 y solicitó la condonación de las multas impuestas por el Instituto Federal Electoral al referido instituto político, impugnación que fue resuelta por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-154/2010.

XI. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, determinando lo que a la letra se transcribe:

(…)

PRIMERO. Se sobresee en el presente recurso de apelación SUP-RAP-154/2010, promovido por Jorge Carlos Díaz Cuervo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del otrora Partido Socialdemócrata.

SEGUNDO. Se ordena reenviar al Consejo General del Instituto Federal Electoral el escrito de solicitud y sus anexos respectivos, presentados por Jorge Carlos Díaz Cuervo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del entonces Partido Socialdemócrata, para que conforme a sus atribuciones, emita la respuesta que en derecho proceda.

(…)”

Enfasis añadido

XII. El seis de octubre de dos mil diez, se recibió de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el escrito de solicitud y anexos presentados por Jorge Carlos Díaz Cuervo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del otrora Partido Socialdemócrata, para efecto de emitir la respuesta que en derecho corresponda, y

Considerando

1. Que el artículo 41, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Partidos Políticos son entidades de interés público, y que la ley determina las normas y requisitos para su registro legal.

2. Que en la base II del citado artículo 41, en su último párrafo señala que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los Partidos Políticos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

3. Que el artículo 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las causas de pérdida de registro de los Partidos Políticos, entre las que destaca la relativa a no obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1, del artículo 32 del Código citado.

4. Que el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción V del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales establece que una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1, del artículo 102 de dicho Código, el interventor deberá formular un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias y que dicho informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

5. Que el Instituto Federal Electoral, en el ejercicio de las funciones de fiscalización de los recursos públicos de los partidos políticos, se encuentra incluido en los conceptos abiertos de autoridades hacendarias federales y para fines fiscales, en virtud de que las autoridades hacendarias, están constituidas por todo órgano público que ejerce funciones dirigidas a la organización y administración de recursos públicos, donde se encuentra comprendido el aspecto relativo a la vigilancia en el uso y manejo de los mismos.

6. Que en el campo del derecho administrativo se ha reconocido que el poder o potestad del Estado se ejerce a través de distintas funciones; una de ellas constituye la función administrativa en donde se encuentra inmersa la función fiscalizadora del poder público, que comprende la recaudación de contribuciones y la distribución de recursos entre los órganos y entidades públicas, el control o vigilancia de tales recursos públicos, así como la investigación y comprobación relativa al control en el uso y manejo de los recursos públicos y, en su caso, la imposición de las sanciones administrativas que corresponda por infracciones fiscales.

7. Que la función fiscal del Estado, no sólo comprende la de recabar los ingresos públicos y distribuirlos entre las entidades a quienes se les encomienda el cumplimiento de funciones públicas, sino también la de realizar las actividades necesarias para su fiscalización, esto es, para vigilar, investigar y comprobar la correcta aplicación y manejo de esos recursos por las entidades u órganos a quienes se les asignan, y para sancionar, en su caso, las irregularidades por las infracciones fiscales advertidas.

8. Que el Instituto Federal Electoral, al llevar a cabo el control o fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos, cumple con una finalidad eminentemente fiscal, al vigilar, comprobar e investigar todo lo relativo al manejo de esos recursos, así como al instaurar el procedimiento administrativo sancionador respectivo; razón por la que, cuando desempeña tales funciones, realiza actuaciones de una autoridad de carácter hacendario, en la consecución de fines fiscales.

9. Que lo anterior ha sido materia de estudio por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-RAP 050/2001, que constituyó uno de los antecedentes para emitir la jurisprudencia número S3ELJ 01/2003 de rubro “SECRETO BANCARIO. ES INOPONIBLE AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALIZACION”, misma que puede ser consultada en la Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 29-30.

10. Que la naturaleza jurídica de las sanciones administrativas de carácter económico impuestas por el Instituto Federal Electoral, atendiendo a lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución identificada con el número SUP-RAP-133/2008 y su acumulada SUP-RAP-134/2008, son consideradas créditos fiscales, con base en los artículos 2, 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación.

11. Que en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, se define a los aprovechamientos como los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, incluyendo en esta figura a las multas, sanciones, recargos y gastos de ejecución.

12. Que en virtud de lo anterior, se concluye que, tanto las multas como la reducción de las ministraciones impuestas a los partidos políticos, son sanciones administrativas de carácter pecuniario que constituyen créditos fiscales, en términos de la legislación invocada.

13. Que por su naturaleza, los procedimientos de concurso mercantil comparten características con el diverso de liquidación de obligaciones de partidos políticos que pierdan su registro, por lo que en cierta medida son aplicables las normas que rigen al primero, precisando que la única forma de evitar el pago de créditos fiscales en los procedimientos de concurso mercantil, es la prevista en el artículo 146-B Código Fiscal de la Federación, en el que se contempla la opción de condonar parcialmente los créditos fiscales, artículo que es del tenor siguiente:

Artículo 146-b. Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil, siempre que el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores en los términos de la ley respectiva y de acuerdo con lo siguiente:

(…)”

14. Que del análisis del precepto legal de referencia, se desprende la imposibilidad para reducir o condonar el pago de la multas impuestas por el Instituto Federal Electoral a los partidos políticos, la cual señala como supuesto de condonación, exclusivamente a los créditos fiscales consistentes en contribuciones, mismos que son distintas a los aprovechamientos, estando comprendidos en éstos, las multas administrativas impuestas por el instituto en cita.

15. Adicionalmente, en las disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se advierte que en alguna de ellas se faculte al Consejo General del Instituto Federal Electoral para modificar las sanciones que haya determinado o para convenir con el liquidador los términos en que las mismas deben ser ejecutadas.

Dicho en otros términos, al haber sido interpuestos tanto por el otrora partido político Socialdemócrata como por el liquidador diversos medios de impugnación en los cuales se combatieron las sanciones que le fueran impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral al otrora partido político en cuestión, la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional electoral federal en donde confirmó las sanciones, trae como consecuencia que dicha determinación adquiera el carácter de definitiva e inatacable, atento a lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución federal.

De acceder a la petición, se violentaría el principio de definitividad; el artículo 186, párrafo primero, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es competente para resolver en forma definitiva e inatacable, sobre la determinación e imposición de sanciones. Así lo disponen también los artículos 3 y 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los cuales se advierte que el Sistema de Medios de Impugnación regulado por dicha ley tiene por objeto garantizar la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales, y establece que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables.

Los fallos no pueden ser modificados o variados, ni total ni parcialmente, de tal forma que alterar el monto de las sanciones, implicaría no solo modificar las sanciones impuestas del Consejo General del IFE al otrora partido político Socialdemócrata, sino también incidiría en las sentencias del Tribunal Electoral, lo que traería como consecuencia que se vulneraría el objeto mismo del sistema de medios de impugnación, el principio de definitividad, así como los principios de legalidad, certeza e imparcialidad que rigen la función electoral, además de ser contrario al principio de inmutabilidad consustancial de las sentencias.

En efecto, lo resuelto por un órgano jurisdiccional únicamente puede ser anulado, revocado o modificado por una ulterior resolución que dicte un diverso órgano jurisdiccional superior, que en el caso concreto no existe, toda vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y al respecto se ha sostenido que solamente dicho órgano jurisdiccional está facultado para determinar que sus sentencias son inejecutables, en tanto que una vez emitido el fallo adquiere la calidad de definitivo e inatacable.

En este sentido, es importante enfatizar que la materia electoral responde a una legislación específica que deriva de un proceso legislativo y de la Constitución federal, y que la Ley electoral federal no establecen la atribución para que el Consejo General del IFE, pueda modificar las sanciones que impone, ni las condiciones para ejecutarla. Por principio de orden y lógica jurídica una autoridad no puede variar sus propias determinaciones.

Conviene señalar que las sanciones de las que se solicita su cancelación o condonación, no fueron impuestas como resultado de alguna determinación a capricho de la autoridad administrativa, sino fueron producto de procedimientos legales seguidos con todas las formalidades esenciales, ya sea por algún procedimiento administrativo sancionador electoral o por medio de la resolución que recae a los dictámenes para la revisión de los informes anuales o de campaña, en los que vale decirlo, el partido político y en su caso, el liquidador acudieron a controvertir jurídicamente dichas sanciones a través de los medios de impugnación correspondientes, de tal forma que la conclusión del mismo con la materialización de la sanción, implica necesariamente que el partido político en liquidación, tenga que afrontar las consecuencias.

Los adeudos que el otrora partido político tiene con este Instituto, es una consecuencia inmediata derivada de la válida imposición de sanciones económicas. Es decir, se trata de la imposición de una sanción prevista en Ley, que a su vez, tiene como principio la protección de un bien jurídico, cuya violación y responsabilidad del sujeto, da lugar a la imposición de la propia sanción.

Atendiendo al Principio de legalidad, consistente en que “la autoridad sólo puede hacer lo que la ley expresa le faculta”, el Instituto Federal Electoral en todo momento y bajo cualquier circunstancia en el ejercicio de sus atribuciones y en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, debe observar escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita, así como las disposiciones legales que las reglamentan, razón por la cual, si el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no considera la figura jurídica de la cancelación o condonación parcial de los créditos fiscales consistentes en las sanciones administrativas impuestas a los partidos políticos infractores, esta situación no puede ser colmada por esta autoridad administrativa, ya que no existe disposición constitucional o legal que lo faculte, ni criterio jurisdiccional que permita sustentar alguna interpretación en el sentido que pretende el solicitante.

Los motivos y fundamentos en los cuales se sustentaron las sanciones impuestas aducen a las razones disuasivas y preventivas de la conducta, y cuya individualización de sanción consideró en su momento la capacidad económica del infractor, tal y como se constata incluso como ya se mencionó con las resoluciones que el Tribunal Electoral, confirmó.

Por lo anterior y en virtud de lo señalado en la sentencia relativa al recurso de apelación SUP-RAP 154/2010 dictada el seis de octubre del año en curso, mediante la cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conoció de la impugnación presentada por usted, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del otrora Partido Socialdemócrata, en contra de la resolución CG267/2010; en el que solicita la cancelación o condonación parcial de los créditos fiscales provisionados para su pago, con cargo al patrimonio del partido en liquidación, se emite el siguiente:

Acuerdo

PRIMERO: No es procedente la cancelación o condonación parcial de los créditos fiscales que fueron provisionados para su pago con cargo al patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, solicitada por el C. Jorge Carlos Díaz Cuervo, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del referido instituto político.

SEGUNDO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al C. Jorge Carlos Díaz Cuervo.

TERCERO. Notifíquese al Licenciado Dionisio Ramos Zepeda, para que en su carácter de interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del Partido Socialdemócrata en Liquidación, realice las acciones procedentes.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 27 de octubre de dos mil diez, por votación unánime de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita.



El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.


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