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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIV, al artículo 8, de la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos


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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV, AL ARTÍCULO 8, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, CON BASE EN LAS FACULTADES QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ME PERMITO PRESENTAR ANTE ESTA HONORABLE ASAMBLEA EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV, AL ARTÍCULO 8, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.



Exposición de Motivos.

En México lamentablemente la Política ha encontrado un sentido erróneo, pues es vista como el sendero más corto para acceder a la riqueza material. Desde la época colonial los virreyes compraban a las oligarquías regionales y a los clérigos para que, en contubernio, pudieran dar cierta estabilidad política a las diversas zonas que conformaban nuestro inmenso territorio en ese entonces. Durante la época de los liberales se gozó de cierto júbilo de principios honorables, me refiero a la época que Daniel Cossío Villegas denominó “La República Restaurada”, donde como ejemplo más emblemático tenemos al presidente Benito Juárez García, quien decía que no era posible sostener una República más que con la honestidad de los servidores públicos y con la austeridad republicana. Lamentablemente el legado de esta grandiosa generación de servidores públicos y pensadores, fue echada por la borda durante el régimen de Porfirio Díaz, quien como todos sabemos, creó un sistema político entorno a su persona, y la única manera de sostenerlo era mediante el otorgamiento de prebendas y regalías para los amigos, los compadres, los grandes empresarios y a la subordinada clase política que éste sistema engendraría.

Con todo y los principios revolucionarios de justicia social, la corrupción, el influyentismo y la impunidad, por parte de la elite política revolucionaria, fueron una fiel reproducción de esta larga tradición. Baste recordar la emblemática frase de “no hay quien resista un cañonazo de 50 mil pesos”, pronunciada por el general Álvaro Obregón cuando compró a diputados, para que éstos aprovechando sus cargos pudieran servir con comodidad a los intereses del caudillo.

Y estas prácticas tan nocivas para la vida pública del país fueron reproducidas con gran ahincó, gracias al poder omnímodo que el presidente de la República tuvo. Esto posibilito que el presidente, con ayuda del partido oficial monopolizara el poder a través de un sistema hecho de calculados equilibrios, pesos y contrapesos, esta solución fue más perfecta, más institucional que la de Díaz. Pero ¿a acosta de qué?, a costa de una política de privilegios, estímulos y créditos, para empresarios y miembros de la clase política, que ésta a su vez la reproducía en pequeña escala.

Como casos de influyentismo en los gobiernos del PRI tenemos -solo por dar algunos casos, ya que la lista sería inmensa - los jugosos negocios privados que Jorge Díaz Serrano –como director de PEMEX- hacía al amparo del poder público, y de este modo sacaba ganancia de los contratos con empresas petroleras extranjeras, algo que la Constitución prohíbe. En el mismo sector energético tenemos el caso impune y vergonzoso del año 2000, denominado PEMEXGATE.

Sin embargo, una política de esta naturaleza, por más elástica y flexible que sea, tiene un límite: una y otra vez las contradicciones entre los distintos grupos o entre uno de esos grupos y el gobierno se acumulan y enconan. Entonces, como lo muestra la historia el régimen acude a medidas severas y aun a la represión. Pero además, y quizá este es el tema que más nos importa ahorita, es que se desvían y se pierden recursos que se esfuman por el caño de la corrupción. Dichos recursos son imprescindibles para llevar a cabo tareas prioritarias en materia de salud, educación vivienda y programas sociales.

La pasada y la actual administración panistas siguen gobernando con las mismas estructuras de ese régimen tan corrupto y caracterizado por el tráfico de influencias. Es más, parece que esas prácticas que tanto criticaban las reproducen con mayor descaro los panistas. Sólo por ejemplificar, es menester señalar que no hace muchos años el mismo Diego Fernández de Cevallos –ex candidato presidencial y senador por parte del PAN- ganó un juicio a la Secretaria de la Reforma Agraria a favor de los herederos de Gabriel Ramos Millán, por cerca de 199 millones de pesos pagaderos a 30 millones por año. Este proceder, lo hizo siendo entonces Senador; aprovechó su cargo para litigar en contra de las instituciones.

A pesar de esto, el señor goza de una “impecable” impunidad y una reputación decorosa en los círculos más viles de la clase política mexicana. Por consiguiente tiene el descaro de volver a hacer actos tan viles, pues hay que decir que en el más reciente litigio que éste personaje tuvo junto con el ex titular de la PGR, Antonio Lozano Gracia, va a generar un quebranto al erario público de cerca de 1,500 millones de pesos.

Y agreguemos, los casos de influyentismo en que el ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada, incidió para favorecer a los Bibriesca. Aunado a los contratos que, siendo secretario de energía, el actual presidente de la República, Felipe Calderón, le otorgó a su cuñado, Diego Zavala, para beneficiarlo en el negocio del sector energético. Y para no desentonar hay que recordar cuando el ex secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, siendo entonces legislador del PAN, hizo triangulaciones turbias para beneficiar a su familia en el negocio de los energéticos.

Además, también en plena administración panista, el año pasado en su Informe Global de Corrupción, Transparencia Internacional, calificó a México con 3.5 puntos, a sólo 2.1 de Somalia, el país más corrupto. Mientras que Dinamarca, el país menos corrupto, obtuvo 9.4 puntos. Según el mismo informe, México ocupó el lugar número 2 en América, respecto al porcentaje de población que fue víctima de sobornos, sólo detrás de Haití.

En suma, la misma Organización para las Naciones Unidas (ONU) señala a la corrupción como una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades y valores democráticos, la ética y la justicia, al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la Ley.

Entonces, debemos emprender una lucha contra la corrupción, donde la honestidad sea el eje de un cambio verdadero, en donde además, se pueda fundar la autoridad para exigir a los demás el cumplimiento de sus deberes. Y es que la honestidad permite hacer más con menos, y despierta la colaboración y la confianza social hacia el gobierno. Creemos firmemente que los malos gobernantes y la corrupción es lo que más ha dañado al país. Y en el asunto que aquí nos ocupa, compañeros legisladores, la corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica. Por ende, el combate a ésta es un imperativo moral, pero también un instrumento para liberar y aprovechar una fuente abundante de recursos para el desarrollo de nuestro país.

Debemos aprender de casos como la legislación del Estado español, donde se prohíbe expresamente invocar o hacer uso del cargo público para el ejercicio de actividades privadas. La unión europea llama a sus Estados miembros a que legislen a fin de prevenir los conflictos de intereses imponiendo las restricciones apropiadas para evitar la contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras su renuncia. Al respecto de este último punto, hay que preguntar ¿no fue acaso éste el caso de Francisco Gil Díaz?, quien al terminar su cargo en la Secretaria de Hacienda, hoy es presidente de una compañía telefónica y es consejero de un Banco Extranjero.

Si no actuamos ahora, la corrupción de los funcionarios públicos puede escalar hasta terminar en penosas tragedias, como la ocurrida en Sonora en donde el influyentismo, la corrupción, la injusticia, y la impunidad son denominadores comunes en la percepción de la población sobre este caso, mientras tanto las autoridades tratan de fabricar culpables y de encontrar alguna excusa que los excluya de sus responsabilidades frente a los lamentables hechos, producto de este circulo vicioso de la política mexicana que propicia la corrupción y el influyentismo.

La presente iniciativa busca introducir como una obligación de los servidores públicos, el no ostentarse con su carácter de servidores públicos en negocios particulares, que no tengan relación con su encargo.

Por los motivos antes expuestos y fundados, someto a la consideración de esta Honorables asamblea, la presente iniciativa con:



PROYECTO DE DERECTO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV, AL ARTÍCULO 8, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXIV, al artículo 8, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

(…)

XXIV. Abstenerse de  ostentar el empleo cargo o comisión para el ejercicio de  negocios privados o públicos  ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión;  de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

……………………………………………



TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.



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