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Informe-resumen jurídico del auto resolutivo, de fecha 30 de octubre de 2014, del juzgado criminal y correccional federal 1, buenos aires (república argentina). Consecuencias y subsiguientes actuaciones


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INFORME-RESUMEN JURÍDICO DEL AUTO RESOLUTIVO, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2014, DEL JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1, BUENOS AIRES (REPÚBLICA ARGENTINA). CONSECUENCIAS Y SUBSIGUIENTES ACTUACIONES

1.- Contenido de la Resolución Judicial. Por medio de Auto resolutivo de fecha 30 de octubre de 2014 el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (Argentina), en la causa número 4.591/2010, seguida por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio de 1977, se ha procedido a la imputación de una serie de delitos a un total de veinte personas, así como a ordenar su inmediata detención preventiva con fines de extradición a efectos de recibirles declaración indagatoria en dicha causa.


Las personas imputadas, la calificación jurídica de los hechos que se les imputan y las penas que les corresponden de conformidad con el Código Penal argentino son las siguientes:
1.- ANTONIO CARRO MARTINEZ, LICINO DE LA FUENTE, ANTONIO BARRERA DE IRIMO (fallecido recientemente), JOSE MARIA SANCHEZ- VENTURA PASCUAL; ALFONSO OSORIO GARCIA; JESUS QUINTANA SARACIBAR; CARLOS REY GONZALEZ, JOSÉ UTRERA MOLINA, FERNADO SUÁREZ GONZÁLEZ, RODOLFO MARTÍN VILLA, JESÚS CEJAS MOHEDANO, y ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO.
Delitos de homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas. A estos delitos le corresponde, a cada uno de ellos, la pena de prisión perpetua.
A Antonio Troncoso de Castro se le imputa, además, la comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa que tiene prevista una pena de 15 a 20 años de prisión.

2.- JESÚS GONZALEZ REGLERO; RICARDO ALGAR BARRÓN; FÉLIX CRIADO SANZ; PASCUAL HONRADO DE LA FUENTE; JESÚS MARTÍNEZ TORRES; BENJAMÍN SOLSONA CORTÉS Y ATILANO DEL VALLE OTER.

Delitos de torturas. A cada uno de estos delitos les corresponde una pena de 8 a 25 años de prisión.
A Atilano del Valle Oter se le imputa, además, un delito de homicidio agravado en grado de tentativa que tiene prevista una pena de 15 a 20 años de prisión

3.- ABELARDO GARCIA BALAGUER, delito de sustracción de un menor de diez años.
A este delito le corresponde una pena de 5 a 25 años de prisión.
Todos los delitos son calificados como crímenes contra la humanidad por lo que la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal.

2.- Orden de detención preventiva y extradición.



  1. Orden de detención preventiva.

El Juzgado ha acordado tomar declaración indagatoria a cada uno de los imputados como paso previo, en su caso, a su procesamiento. A dicho efecto ha resuelto emitir órdenes internacionales de detención, con fines de extradición, para que sean detenidos allí donde sean hallados.


En atención a que presumiblemente todos los inculpados residen en España ha resuelto, de conformidad con las posibilidades que prevé el Tratado de Extradición entre Argentina y España, cursar orden urgente de detención preventiva a las autoridades españolas a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
La Ley 4/1985, de Extradición Pasiva española establece que una vez cursada y recibida la orden de detención preventiva, por las autoridades competentes se debe proceder a la detención de los reclamados, poniéndolos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que esté de guardia en un plazo no superior a 24 horas. Éste debe proceder a decretar la prisión provisional de los requeridos o bien disponer su libertad adoptando medidas cautelares para evitar su fuga como son: vigilancia de domicilio, orden de no ausentarse de un lugar determinado sin la autorización del Juez, orden de presentarse periódicamente ante la autoridad designada por el propio Juez, retirada de pasaporte y prestación de fianza.


  1. Extradición

Una vez que el Juzgado argentino sea notificado acerca de la detención de los requeridos, o en su defecto de las medidas cautelares adoptadas, contará con un plazo de 40 días para solicitar formalmente la extradición.


La solicitud de extradición debe solicitarse por vía diplomática, o directamente por escrito del Ministro de Justicia de la parte requirente (Argentina) al Ministro de Justicia español. Si se solicita por vía diplomática será el Ministerio de Asuntos Exteriores el que remita al de Justicia la solicitud de extradición.
En el plazo de ocho días el Ministro de Justicia deberá elevar al Gobierno propuesta motivada sobre si ha lugar o no a continuar en vía judicial el procedimiento de extradición.
El Gobierno, a través del Consejo de Ministros, debe adoptar su decisión dentro del plazo de quince días y si éste no se pronunciara, podrá hacerlo el Ministro de Justicia en su nombre en el plazo de los tres días siguientes a la expiración del término anterior.
Si el acuerdo fuera denegatorio se pondrá en conocimiento de las autoridades argentinas.
Si el Gobierno acuerda la continuación del procedimiento en vía judicial, como lo ha hecho en los casos de González Pacheco y Muñecas, debe remitir el expediente de extradición al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que atendió de los trámites de la detención previa.
Éste debe ordenar que comparezcan ante él las personas reclamadas a efectos de informarles acerca de la solicitud de extradición y de que manifiesten, con expresión de sus razones, si consienten la extradición o se oponen a ella. Si se oponen, como ocurrirá previsiblemente, el Juez Central de Instrucción debe elevar el expediente a una de las secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que, una vez celebrada la correspondiente vista pública, resuelva respecto a si concede o deniega la extradición solicitada.
Si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acuerda la extradición, nuevamente el Gobierno español tiene la última palabra y decide finalmente si extradita o no a los requeridos.
Si se denegara la extradición, sea en vía judicial o gubernativa, se debería juzgar a los imputados en el Estado español, en virtud del principio de derecho internacional aut dedere aut iudicare (o extraditas o juzgas), de carácter imperativo para los dos Estados parte en el procedimiento de extradición.


3.- Medidas interesadas por el Ministerio Fiscal en su dictamen y sobre las que el Juzgado aún no se ha pronunciado.
Durante el pasado mes de octubre, y después de cuatro años sin que en la causa penal se produjera actuación alguna por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público emitió un dictamen de más de trescientos folios, en los que interesaba no sólo la imputación de la mayor parte de las personas que finalmente fueron imputadas por el Auto resolutivo del Juzgado de fecha 30 de octubre de 2014, al que nos hemos referido, sino que además interesaba que se practicaran una serie de medidas probatorias entre las que conviene destacar las siguientes:
Se libre exhorto internacional a fin de que:


  1. Se remita copia autenticada de toda la documentación, tanto de los archivos oficiales como los reservados, existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento del ex Presidente Lluís Companys i Jover.




  1. Oportunamente se evalúe la posibilidad de concurrir in situ a la ciudad de Barcelona y comparecer a la Cárcel Modelo de Barcelona, donde estuvieron detenidos el nombrado Lluís Companys i Jover y Salvador Puig Antich, entre tantas otras víctimas.




  1. Se evalúe la pertinencia de concurrir al Castillo de Montjuic, Barcelona, con el objeto de conocer el lugar donde se llevaron a cabo parte de los hechos de los que fuera víctima Lluís Companys i Jover junto a miles de personas y se obtenga información al respecto.




  1. Se requiera a las autoridades del Archivo Histórico Provincial de Málaga que remitan en soporte digital toda la información relativa a los represaliados mencionados en la causa durante el período de tiempo fijado como objeto de investigación.




  1. Se requiera a las autoridades del Archivo Histórico Nacional y al Centro Documental de la Memoria Histórica que remitan en soporte digital toda la información que obren en sus registros respecto de las víctimas mencionadas en autos y sus legajos -que obren en soporte informático-.




  1. Se evalúe la pertinencia de concurrir in situ a la Comunidad Autónoma de Galicia, visitar las fosas comunes y el campo de concentración de Camposancos; así como las Fosas de Avilés.




  1. Se ordene la exhumación de los restos de varias personas asesinadas y fallecidas durante el período precitado, así como proceder a la apertura de diferentes fosas comunes en las que se encuentran dichos restos.




  1. Se requiera a los Arzobispados la remisión de la documentación que obre en sus registros relativa a la colaboración de la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 y, específicamente, la referida a los religiosos católicos que fueron objeto, por parte de dicho Estado, de persecución, sanción, cárcel y tortura.




  1. Se reciba declaración testimonial a diferentes testigos respecto de los hechos relacionados con la detención y ejecución de Salvador Puig Antich,




  1. Se acuerden múltiples declaraciones testimoniales de víctimas.




  1. Se tomen las medidas de prueba pertinentes que conduzcan a la apertura de la fosa de San Lorenzo del Escorial, búsqueda e identificación de víctimas.




  1. Se solicite a la Ciudad del Vaticano que remita toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia Española en la creación de la cárcel de Zamora.




  1. Se evalúe la viabilidad de disponer las medidas de prueba sugeridas en el Protocolo de investigación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de estado sucedido en Argentina.

A la vista de lo anteriormente expuesto, desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), en la que se integran más de doscientos querellantes (personas físicas y organizaciones), manifestamos lo siguiente:


  • Nuestro beneplácito con las medidas de prueba solicitadas por el Ministerio Fiscal en su dictamen, y el impulso que representan para la tramitación de la causa, esperando que por parte del Juzgado se acuerde lo más pronto posible su práctica.

  • Nuestra profunda satisfacción con el contenido del Auto resolutivo de 30 de octubre de 2014 por medio del que se imputa la comisión de diversos delitos, en un contexto de crímenes de lesa humanidad, a un total de 20 personas pertenecientes o vinculadas a la dictadura franquista, incluidos 8 ministros.




  • Nuestra sincero agradecimiento a la judicatura argentina porque su actuación supone un paso trascendental en la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas.




  • Nuestra exigencia al Gobierno español y a las autoridades judiciales y policiales para que colaboren con la justicia argentina y, en consecuencia:




  • Procedan a cursar los órdenes de detención preventiva con fines de extradición de los 19 imputados vivos.




  • Procedan a conceder los pedidos de extradición que se solicitarán o, en su defecto, a juzgar a los imputados en territorio español.




  • Procedan a cumplimentar los exhortos y auxilios judiciales internacionales interesados por la justicia argentina cada vez que estos se produzcan.



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