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Informe no. 99/12


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INFORME No. 99/12

PETICIÓN 1206-03

DECISIÓN DE ARCHIVO

BRASIL


8 de noviembre de 2012
Presuntas víctimas: Niños privados de libertad en la Unidad Araraquara, el Complejo Raposo Tavares, la Unidad Ribeirão Preto, la Unidad São José do Rio Preto y la Unidad São Vicente de la FEBEM
Peticionarios: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL/Brasil) y Comisión de Derechos Humanos Teotônio Vilela
Fecha de inicio del trámite: 20 de octubre de 2006
Violaciones alegadas: Artículos 1.1, 2, 4, 5, 7, 8, 17, 19, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la “Convención Americana”); artículos XI, XII, XIII y XV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.


  1. POSICIÓN DE LAS PARTES


A. Posición de los peticionarios


      1. El 26 de febrero de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la “Comisión Interamericana” o la “CIDH”) recibió las observaciones de los peticionarios sobre el fondo del caso 12.328, Adolescentes en custodia de la FEBEM contra Brasil1. En esa comunicación, además de formular observaciones sobre el fondo en lo que respecta a hechos y personas mencionados en el caso 12.328, los peticionarios presentaron información sobre distintos hechos y violaciones alegadas que no guardaban relación en cuanto al momento y el lugar en que se produjeron con los del caso 12.328. Concretamente, los peticionarios agregaron denuncias relacionadas con hechos que tuvieron lugar y supuestamente violaron los derechos humanos de niños privados de libertad en las unidades de Araraquara, Raposo Tavares, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto y São Vicente de la FEBEM.




      1. Los peticionarios afirman que, en esas unidades de unidades de internación de niños en conflicto con la ley, el Estado no garantiza el derecho a la educación, los agentes del Estado maltratan físicamente a los niños privados de libertad, incluso con métodos de castigo inadecuados, incomunicación prolongada, violencia sexual, golpizas, trato cruel e inhumano, tortura y violencia sistemática, se producen rebeliones con frecuencia y las condiciones de detención en general son inadecuadas. Asimismo, los peticionarios indican que, el 8 de noviembre de 2001, William Constantino Monteiro Santos, de 17 años, fue encontrado muerto por asfixia en una celda de la Unidad Ribeirão Preto de la FEBEM. En ese sentido, los peticionarios afirman que tales hechos constituyen violaciones atribuibles a la República Federativa de Brasil (el “Estado” o “Brasil”) contra los niños privados de libertad en dichas instituciones (“las presuntas víctimas”).


B. Posición del Estado


      1. En su respuesta del 12 de febrero de 2007, el Estado afirma que la petición es inadmisible porque no se han agotado los recursos internos, en conformidad con el artículo 46.1.a de la Convención Americana. De hecho, Brasil observa que los peticionarios no han demostrado prima facie y ni siquiera indican que se agotaron dichos recursos o que se intentó utilizarlos. Asimismo, el Estado observa que existen varias vías en el sistema judicial interno para obtener una reparación con respecto a los distintos hechos alegados por los peticionarios.




      1. En ese sentido, Brasil señala que, entre enero de 2000 y noviembre de 2006, el Estado inició 266 investigaciones administrativas relacionadas con malos tratos o torturas en Araraquara, Raposo Tavares, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto y São Vicente. Según el Estado, varias de estas investigaciones llevaron a despidos obligatorios, suspensiones y otras sanciones disciplinarias. El Estado afirma que 35 de esas investigaciones todavía están pendientes.




      1. Con respecto a los juicios penales, el Estado observa también que la Fiscalía ha tratado en varios casos de determinar la responsabilidad penal de agentes del Estado por hecho que tuvieron lugar en dichas unidades de la FEBEM. Muchas de estas actuaciones todavía están pendientes, mientras que otras condujeron a la aplicación de sanciones a agentes del Estado (por ejemplo, el castigo de empleados de la FEBEM por haber infligido malos tratos en Raposo Tavares).




      1. Por último, el Estado argumenta que la CIDH no tiene competencia ratione materiae para examinar peticiones en las cuales se alegan violaciones del artículo 26 de la Convención Americana.


II. TRÁMITE ANTE LA CIDH


      1. La Comisión Interamericana recibió la petición el 26 de febrero de 2003. Mediante una nota del 20 de octubre de 2006, la CIDH notificó al Estado sobre la petición y le dio un plazo de dos meses para que proporcionara la información que considerara apropiada. La CIDH también informó a las partes en el caso 12.328 que había decidido desglosar los distintos reclamos y tramitarlos en expedientes separados en el marco de la petición 1206-03, de conformidad con el artículo 29.1.c de su Reglamento, en vista de que en la comunicación de los peticionarios del 26 de febrero de 2003 se mencionaban hechos diferentes y se hacía referencia a personas y violaciones alegadas que no guardaban relación en cuanto al momento y el lugar en que se produjeron con los del caso 12.328.




      1. El Estado presentó su respuesta el 12 de febrero de 2007, y el 13 de marzo de 2007 la Comisión Interamericana la remitió debidamente a los peticionarios para que formularan observaciones dentro del mes siguiente a la fecha de remisión. Como los peticionarios no formularon observaciones sobre la respuesta del Estado, el 11 de febrero de 2009 la Comisión Interamericana reiteró su pedido anterior de información. El 15 de septiembre de 2009, como ya había vencido el plazo y no se había recibido la información, la CIDH señaló a los peticionarios que podía mandar archivar el expediente, de conformidad con el artículo 48.1.b de la Convención Americana. El 4 de mayo de 2012, los peticionarios presentaron una comunicación en la cual indicaban que habían perdido contacto con las presuntas víctimas y solicitaron que la CIDH archivara esta petición, de conformidad con el artículo 42 de su Reglamento.


III. FUNDAMENTOS PARA LA DECISIÓN DE ARCHIVO


      1. El artículo 48.1.b de la Convención Americana y el artículo 42 del Reglamento de la CIDH establecen que, antes de determinar la admisibilidad, la Comisión Interamericana debe verificar si existen o subsisten los motivos de la petición y, si considera que no existen o subsisten tales motivos, mandará archivar el expediente. Con respecto al desistimiento, el artículo 41 del Reglamento de la CIDH dice que el peticionario podrá desistir en cualquier momento de su petición o caso, a cuyo efecto deberá manifestarlo por escrito a la Comisión Interamericana, que podrá archivar la petición o el caso si lo estima procedente.




      1. Habiendo visto el pedido de desistimiento presentado por los peticionarios, en cumplimiento del artículo 41 del Reglamento de la CIDH, el artículo 48.1.b de la Convención Americana y el artículo 42 de su Reglamento, la Comisión Interamericana decide archivar la presente petición.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 8 días del mes de noviembre de 2012. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz, y Rose-Marie Belle Antoine, Miembros de la Comisión.




1 Véase CIDH. Informe N.o 39/02, Admisibilidad, Petición 12.328, Adolescentes en custodia de la FEBEM (Brasil), 9 de octubre de 2002.



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